El tiempo suele pasar muy lento para quienes sufren en carne propia crisis como la venezolana; parece que hubiera sido ayer cuando el hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, anunció medidas para frenar la devaluación de la moneda local, el bolívar fuerte, y sacar al país sudamericano del remolino hiperinflacionario en el que se ahoga. En realidad, su Programa de Recuperación Económica está por cumplir cien días (17.8.2018) sin honrar su promesa de robustecer el poder adquisitivo de la población ni corregir las distorsiones financieras que el oficialismo le endilga a una “guerra” supuestamente librada por empresarios, políticos y Gobiernos extranjeros contra la “Revolución Bolivariana”. Eso sostienen analistas consultados por DW.

Entre otras iniciativas, el “Plan Soberano” de Maduro incluyó una brusca devaluación de la moneda que elevó la tasa oficial de 240.000 a 6.000.000 de bolívares fuertes por dólar; la sustitución del vapuleado bolívar fuerte por el bolívar soberano, que exhibe cinco ceros menos que su predecesor; el encumbramiento del petro, la criptodivisa local, como unidad de cuenta nacional; el incremento del salario mínimo de 50 a 1.800 bolívares soberanos; un nuevo sistema de precios “anclados al petro”, cuyo valor gira alrededor de los 60 dólares, según el Gobierno venezolano; la atenuación de los férreos controles cambiarios vigentes desde 2003; el aumento del precio de la gasolina; y cambios impositivos que presuntamente apuntan a reducir el déficit fiscal.

Imágenes de estanterías vacías en comercios desolados se han convertido en emblemas de la crisis venezolana.(Archivo)

La cosecha de Maduro

“Lo que Maduro logró fue que cerraran sus puertas definitivamente algunas de las pequeñas y medianas empresas que habían sobrevivido milagrosamente tanto a los controles financieros como a los niveles inversamente proporcionales de la inflación y la demanda. El Gobierno nunca dijo explícitamente que ese fuera su propósito, pero yo creo que consiguió lo que ha querido desde hace tiempo: afianzarse progresivamente como el único gran proveedor de bienes y servicios en Venezuela para que su población dependa totalmente de él”, comenta el sociólogo Héctor Briceño, actualmente de paso por la Universidad de Rostock. Briceño es profesor en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), adscrito a la Universidad Central de Venezuela.

“No es sólo que la inflación no disminuyó, sino que aumentó hasta diluir por completo la capacidad de compra del sueldo mínimo que el Gobierno aumentó en agosto. A estas alturas todo el mundo sigue sin entender cómo funciona el petro, del cual se dijo que resolvería buena parte de los problemas nacionales. El Gobierno ofrece la criptomoneda, pero no ha abierto un mercado donde haya algo más que oferta; el petro no es canjeado ni por productos ni por otras monedas. Al respecto lo que hay es una gran confusión”, subraya Briceño. Y, ¿qué hay de las ganancias que Maduro alega estar haciendo con la explotación del oro en el Arco Minero del Orinoco, un territorio que abarca el norte del estado Bolívar y partes de los estados Amazonas y Delta Amacuro?

“El Arco Minero le está rindiendo dividendos al régimen, pero esos no son recursos destinados a satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, sanear la infraestructura o frenar el deterioro acelerado de los servicios públicos fundamentales. La riqueza que genera el Arco Minero será distribuida entre los cazadores de renta de la élite chavista porque eso es lo que la mantiene en pie”, esgrime Briceño. El pasado 1 de noviembre, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, advirtió que todo ciudadano estadounidense que comerciara con oro exportado de Venezuela sería sancionado. Washington acusa a la cúpula del chavismo de “saquear” los recursos naturales de la nación para llevar a cabo transacciones ilícitas y perpetuarse en el poder.

Deudas pendientes

El economista Alejandro Márquez Velázquez, del Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI), adscrito a la Universidad Libre de Berlín, profundiza en la materia. “A Maduro le interesa que empresas extranjeras se dediquen a actividades extractivistas en el Arco Minero para poder cobrarles impuestos en dólares y pagar la deuda externa, que, aparte de la hiperinflación, es la otra cuestión que tiene a su Gobierno entre la espada y la pared: sus pagos retrasados ya ascienden a 6.300 millones de dólares. Pero esa ‘fiebre del oro’ ha dado pie a conflictos políticos nada desdeñables. Después de todo, la Constitución establece que las concesiones para explotar los recursos naturales deben ser aprobadas por el Parlamento y allí la mayoría está en manos de la oposición”, explica.

Esa constelación de factores ha llevado a que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente –todos chavistas– que Maduro llamó a elegir el 30 de julio de 2017 –contraviniendo los requisitos de la Carta Magna– usurpen las funciones de los legisladores designados por voto popular e ignoren tanto la violencia criminal como los daños ambientales registrados en las inmediaciones de las minas. Por otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente no ha sido reconocida por las democracias occidentales y eso aumenta el riesgo económico de las compañías que invierten o podrían invertir en el Arco Minero. A esos dolores de cabeza del Ejecutivo venezolano se suman otros, como la urgencia de reducir el déficit fiscal.

“Aunque las estadísticas oficiales dejaron de ser publicadas hace años, se estima que el déficit fiscal equivale a un 20% del Producto Interno Bruto. Ese déficit se ha abultado debido a la suspensión de los tributos que solía pagar la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, señala Márquez Velázquez. Con la intención de contribuir a que PDVSA volviera a levantar cabeza, se le eximió de pagar impuestos; y para compensar lo que PDVSA dejó de aportarle al Estado, se decidió aumentar el Impuesto al Valor Agregado y el costo de la gasolina. “No obstante, el incremento del precio del combustible aún no se ha consumado”, alerta el experto de Berlín al describir el círculo vicioso en el que están atrapados Maduro y sus asesores.

El desplome de la industria petrolera venezolana arrastra consigo al Estado caribeño.

Cruda historia la del crudo

“Entre finales de 2014 y 2016, Maduro podía echarle la culpa de la situación a la caída de los precios del petróleo. Ahora, cuando el crudo vuelve a cotizarse en entre 60 y 70 dólares por barril, es evidente que la crisis es agravada por la falta de inversión en la industria petrolera. Venezuela está produciendo poco más de un millón de barriles de petróleo diarios –hace cuatro años producía tres millones– y no logrará superar esa marca a corto plazo precisamente porque no le alcanzan las divisas a mano para importar maquinaria y mantener los pozos petroleros activos. El default selectivo en que ha caído el país lo pone al margen del mercado financiero internacional y le impide tener acceso a los dólares que necesita”, arguye Márquez Velázquez.

Maduro se esmera en persuadir al Gobierno chino de que invierta en el ámbito petrolero venezolano y lo reanime. “El ‘oro negro’, que sigue representando el 96% de las exportaciones venezolanas, es la principal fuente de divisas de la nación. La pregunta clave para el Ejecutivo es cómo darles impulso a otros rubros para diversificar las exportaciones. Bajo otras circunstancias, el sector privado local tendría potencial para vender sus mercancías y servicios en el extranjero, pero el control estatal del cambio de divisas, que ata de pies y manos a los empresarios, sigue en pie. La flexibilización del control cambiario impuesto hace ya quince años no tuvo lugar tras la entrada en vigor del ‘Plan Soberano’,” lamenta el economista.

También se presumía que la introducción de la criptomoneda nacional, el petro, redundaría a favor de la economía. Ese no fue el caso. “Es por eso que continúa habiendo una diferencia bastante grande entre el valor que las autoridades venezolanas le asignan al dólar y el valor que se le da en el mercado negro”, observa Márquez Velázquez. “Mientras tanto, la inflación sigue su curso ascendente: los índices que publica el Parlamento, de mayoría opositora, apuntan a que la tasa de inflación mensual fue del 150% en julio y superó el 200% en agosto”, acota. Por su parte, el mercado paralelo parece tener vida propia: los productos disponibles en los comercios siguen encareciéndose como si la economía local hubiera sido dolarizada.

DW