El encuentro, a final de mes en Buenos Aires, puede ser el escenario del primer encuentro entre el ultra brasileño y Trump

Michel Temer y el presidente electo de Brazil, Jair Bolsonaro. ERALDO PERES AP

El presidente brasileño en funciones, Michel Temer, ha invitado a Jair Bolsonaro, su homólogo electo, a la cumbre del G20 que tendrá lugar a finales de mes en Buenos Aires. Si el ultraderechista, que en enero tomará posesión como jefe de Estado de la mayor economía latinoamericana, acepta este gesto de buena voluntad del Gobierno que le precede, tendrá en la capital argentina un estreno diplomático de primera línea.

Si acepta, Bolsonaro se enfrentaría a una serie de encuentros más o menos incómodos a la vista de las declaraciones que ha dado en los últimos meses. Se encontraría al presidente argentino Mauricio Macri, a quien ha desconcertado diciendo que Mercosur no será la prioridad de su Administración y anunciando que su primer viaje al extranjero será a Chile y no a Argentina. El presidente chileno, Sebastián Piñera, alabó hace un mes —entre la primera y la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas— la política económica ultraliberal que propone Bolsonaro.

El ultraderechista también podría conseguir la fotografía que más anhela: junto a Donald Trump. Pretende buscar una relación especial con Estados Unidos. El magnate republicano y su Administración lo han recibido con entusiasmo. En el pasado jueves, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que Bolsonaro y el conservador Ivan Duque, presidente de Colombia, son «líderes con ideas afines en países clave».

Roces con China y Egipto

Bolsonaro aún no ha anunciado quién será su canciller y en los círculos diplomáticos de Brasil —uno de los brazos más tradicionales del Estado brasileño—, hay cierta preocupación de que lo haga lo antes posible para contener los daños que se pueda a hacer a socios internacionales durante la transición. El mandatario electo ha emitido declaraciones contradictorias. La incertidumbre preocupa a Buenos Aires porque el Mercosur se encuentra en negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio. Habrá un nuevo encuentro para abordar el tema antes del fin de año y el panorama es complicado no solo por la transición en Brasil: también por los lobbies proteccionistas en Europa y de algunos sectores.

Con China, la conversación ha sido, hasta ahora, áspera y con idas y venidas. Bolsonaro cuestionó en campaña las cuantiosas inversiones del gigante asiático en Brasil, aunque ha dicho que quiere aumentar el comercio. Pekín supone el mayor superávit de la balanza comercial brasileña, de la orden de 20.000 millones de dólares.

Jair Bolsonaro también irritó al mundo árabe cuando anunció que quería emular a Trump y trasladar la embajada de Brasil en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Poco después del anuncio, Egipto suspendió una misión comercial encabezada por el actual canciller Aloysio Nunes y Bolsonaro anunció el pasado martes que la decisión del cambio de la embajada «aun no está tomada».

EL PAÍS

El Gobierno del presidente electo presenta una ley que regula la producción, la venta y el consumo de cannabis para aprobarla a mediados de 2019

Producir, comprar y consumir marihuana en México será legal en poco tiempo. Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, presentó este jueves una iniciativa de ley en el Senado que regula la producción, la venta y el consumo de cannabis. Fuerza mayoritaria en el Congreso, Morena no debería tener demasiados problemas para aprobarla. Expertos consultados por EL PAÍS estiman que los legisladores tardarán unos meses en sacar adelante la norma, lo que podría concretarse a mediados de 2019.

La Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis nace como una respuesta a las políticas prohibicionistas, imperantes en la región desde hace décadas. En México, la producción y el tráfico ilegal de marihuana son parte esencial del conflicto entre el Gobierno y las mafias de criminales y entre los propios delincuentes. Decenas de miles de personas han muerto en los últimos años en el país y otras han desaparecido, producto de la llamada guerra al narcotráfico. Eliminada la marihuana de la lista de sustancias perseguidas en México, el próximo Gobierno espera bajar los índices delictivos.

Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación [equivalente a ministra del Interior] de López Obrador, se encargó de presentar el proyecto en el Senado. “Tenemos que replantear la política de drogas en nuestro país. Es momento de cambiar, porque siempre han sido un discurso polémico. El combate frontal [al narcotráfico] a través de las armas solo ha producido más muertes en nuestro país. No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas, sino de la regulación del cannabis”, dijo.

El camino político de la regulación va en paralelo al judicial. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de un ciudadano, que denunciaba que varios artículos de la Ley General de Salud referentes al cannabis atentaban contra su derecho a desarrollarse plenamente como persona. Era el quinto fallo de la Corte en el mismo sentido. Se establecía así jurisprudencia al respecto, situación que abre el camino para que el Alto Tribunal ordene al Congreso que elimine tales artículos de la ley. La iniciativa de Morena supera el fallo de la Corte y no solo elimina la prohibición sino que regula el mercado del cannabis.

Sánchez Cordero ha insistido estos días en que la ley es muy completa, pues no solo legaliza la marihuana sino que regula todo el proceso de producción, consumo, exportación y usos posibles.

En materia de autoconsumo, el proyecto establece que las personas adultas podrán cargar hasta 30 gramos de marihuana; podrán cultivar sus propias plantas -hasta 20- y cosechar como mucho 480 gramos al año. Se prevé la aparición de cooperativas productoras, que tendrán hasta 150 socios. Estas podrán producir 480 gramos por socio al año y los consumidores estarán autorizados a fumar en público siguiendo reglas parecidas al tabaco. El texto prevé sanciones contra la venta de marihuana a menores. La iniciativa permite también la producción de cannabis para la venta, previa licencia. Además, se prevé la elaboración para uso industrial, médico y terapéutico.

Las terapias con medicamentos a base de componentes de la marihuana abrieron el camino hace tres años a la legalización de la sustancia para uso medicinal. Familias de todo el país empezaron a hacer lobby en el Congreso para instar a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, les permitiera importar este tipo de remedios. Eran personas con enfermos de epilepsia, cáncer… En algunos casos lo consiguieron, aunque la comisión entorpeció la importación en general. Solo daba permisos particulares. Con la nueva ley, este dejaría de ser un problema.

El Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, cuya creación prevé la ley, se encargará de desarrollar los reglamentos para la producción, comercialización y consumo del cannabis y, en general, de hacer cumplir la normativa.

Queda por resolver qué ocurrirá con los presos de la marihuana, ciudadanos detenidos o condenados por posesión de cannabis. Según datos de Morena, el 62% de presos con los que contaba México en 2012 estaban en la cárcel por delitos contra la salud, es decir, narcotráfico. De ellos, el 58% permanecían recluidos por temas relacionados con la marihuana. En 2011, también según Morena, existían 1.509 reos sentenciados por consumo o posesión de cannabis, lo que significa que no tuvieron intención de traficar.

Otro tema es quién o quiénes obtendrán licencias para producir marihuana y quién se beneficiará con los impuestos a la producción y la venta. El académico Froylán Enciso, experto en política de drogas, declaró en una entrevista con un medio local estos días que la ley debe compensar a los campesinos que han producido cannabis estos años, perseguidos por las autoridades. Ellos, defiende, deben obtener licencias para producir. En cuanto a los impuestos, dice, deben destinarse a mejorar el bienestar social.

El expresidente, que reside desde hace casi un año y medio en Bruselas, tiene pendiente desde julio una orden de prisión preventiva por un caso considerado por la fiscalía como crimen de Estado

La Corte Nacional de Ecuador considera que tiene elementos suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta en 2012. La juez Daniella Camacho ha decidido este miércoles llamar a juicio al exmandatario y a los policías que ejecutaron la orden de secuestrar al político de la oposición Fernando Balda, que posteriormente fue liberado. Desde un principio, el caso fue considerado por la fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa, que reside desde hace casi un año y medio en Bruselas,  siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.

El conocido como caso Balda, por el nombre del legislador secuestrado, es la primera acusación que enfrenta el exmandatario ecuatoriano, aunque tiene otras causas abiertas en fase de investigación. Pese al llamamiento oficial, Correa no irá a juicio, ya que la normativa penal ecuatoriana no permite, salvo excepciones, que el proceso judicial avance en ausencia del acusado. Al tratarse de un delito de secuestro, el juicio quedará suspendido para Correa a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido. El Código Penal castiga este tipo de delito con penas de cárcel de entre cinco y siete años.

La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en el país comunitario, donde reside desde que dejó la presidencia. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición de la justicia ecuatoriana.

Antes de conocer la decisión de la Corte y de irse “a dormir” —la acusación se concretó pasada la medianoche en Europa debido a la diferencia horaria con Ecuador—, Correa publicó un último mensaje en el que insistía en la teoría del montaje: “El caso Balda es una farsa y todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí, preocúpense por la patria”.

El proceso judicial sí continuará contra los dos policías implicados: los agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Están en prisión preventiva y, tras declarar en contra de Correa, fueron incluidos en el programa de protección de testigos. El otro implicado que fue llamado a juicio, el jefe del servicio de Inteligencia durante el Gobierno correísta, Pablo Romero, tampoco podrá ser juzgado, ya que fue detenido y después liberado en junio en España.

Según la investigación, la implicación de Correa en el intento de rapto de Balda se justifica en que el expresidente estaba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar al político de la oposición —que se encontraba en Bogotá— hace seis años, utilizando dinero público como pago. Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el exmandatario ecuatoriano y estaba prófugo de la justicia en Colombia.

La juez Daniella Camacho tomó en cuenta, para hacer el llamamiento a juicio, las declaraciones de los policías procesados, que aseguraban haber seguido órdenes del jefe de Inteligencia para contratar el secuestro en suelo colombiano con dinero público y que este obedecía al entonces presidente de Ecuador.

Fernando Balda, acusador particular, anunció a la salida de la audiencia que presentará una nueva denuncia contra Correa por peculado —malversación de fondos públicos— al haberse utilizado recursos del Estado para perpetrar su secuestro. “Es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido muchos años que hoy, al fin, el poder político, las mafias que han gobernado el país no hayan podido tener injerencia en la decisión judicial”, declaró tras conocer que Correa pasaba formalmente a ser acusado.

EL PAÍS