Josep Borrell, actual ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, coinciden. Más allá de las discrepancias que pudiesen tener sobre otros temas, ambos se oponen a que continúen y aumenten las sanciones en contra de los jefes civiles y militares del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Huelga decirlo: coinciden también con Podemos.
Pronto hay que recordar aquí lo que es evidente para los demócratas del planeta: se oponen a que los responsables del programa sistemático de violaciones de los derechos humanos, a que sujetos señalados por delitos de lesa humanidad, a que quienes han dado órdenes cuyo resultado ha sido el asesinato de centenares de personas que protestaban en las calles y que dirigen una maquinaria de tortura a los presos políticos, sean sancionados. En pocas palabras: se oponen a que procedimientos internacionales de justicia les sean aplicados.
Sostienen que las medidas que han venido tomando gobiernos de distintas partes del mundo no han cambiado el estado de cosas en Venezuela. Hay que advertir: se trata de un argumento que endulza a los jefes de las bandas que asolan a Venezuela, cuyo sueño común se ha reducido a mantener el territorio venezolano como una guarida, para uso propio y de delincuentes de otros países. Aprovecharé este artículo para adelantar una denuncia asociada a lo anterior: hay personeros del gobierno que han vislumbrado un nuevo negocio, consistente en otorgar refugio y protección a corruptos perseguidos en otros países, dispuestos a desembolsar parte de lo robado y pagarlo a sus gestores.
Es falso que las sanciones no tienen consecuencias: ellas reducen la capacidad de acción –de viajar, de hacer negocios, de movilizar los dólares saqueados, de mantener propiedades fuera de las fronteras de Venezuela– de los delincuentes. Otro resultado: las sanciones inhiben a negociantes inescrupulosos a transar o a realizar acuerdos. Más: las sanciones no se circunscriben a lo legal y financiero. Se proyectan hacia lo político, hacia la opinión pública dentro y fuera de Venezuela, hacen patente el creciente rechazo a la dictadura de Maduro. Además, y esto es clave, actúan, como ya ha ocurrido, como un poderoso factor de estímulo para que civiles y militares que todavía no han sido sancionados abandonen al régimen y se incorporen a la oposición en crecimiento. Las sanciones ponen en evidencia que se trata de un gobierno, en lo esencial, delincuente y violador de los derechos humanos. Estamos hablando de un poder asociado al narcotráfico, al lavado de dinero, al contrabando de minerales, a la destrucción del medio ambiente, que está asociado a grupos narcoguerrilleros como las FARC y el ELN, y que utiliza el hambre como instrumento de enriquecimiento de su cúpula.
La tesis de Podemos, Borrell y Rodríguez Zapatero, de que un posible diálogo sería posible si se detienen las sanciones, constituye una aberración: se les pide a las víctimas y a los aliados de las víctimas que no actúen, que no se defiendan. Habría que preguntar a estos publicistas sobre la opción contraria: por qué no le piden a Maduro, a Cabello, a la familia Rodríguez, al clan Flores, al Servicio Bolivariano de Inteligencia, al Alto Mando Militar, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a las cabezas del ELN, a las FARC, a los capos del Cartel de los Soles y de otras estructuras del narcotráfico, a Raúl Castro, a los generales del G-2 cubano y a los señoritos de Podemos, por qué no exigen la liberación inmediata de los presos políticos civiles y militares, el cese de las prácticas de tortura, la liquidación de la ilegal, ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente, la apertura total para el ingreso de ayuda humanitaria a los venezolanos, la renovación total de la directiva del Consejo Nacional Electoral independiente que haga posible la convocatoria a un proceso electoral no fraudulento, transparente y justo para todos los competidores. ¿Por qué la sociedad venezolana tendría que volver a ceder ante el reiterado uso que el gobierno ha hecho de los anteriores capítulos del diálogo, con el único propósito de ganar tiempo y mostrarse ante el mundo como un régimen de talante democrático?
Lo ha expresado la señora Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con una frase inequívoca: “No hay condiciones para una mediación o un diálogo en Venezuela”. Y no lo hay, principalmente, porque la sociedad venezolana, sus instituciones, los líderes de la sociedad civil y de la inmensa mayoría de las comunidades venezolanas, y en ello incluyo a varias organizaciones políticas, no han olvidado los sucesivos fiascos y engaños de las llamadas sesiones de diálogo, cuya utilidad no ha sido solo la de simular y ganar tiempo, como tanto se ha dicho, sino que han sido instrumentos para atizar las divisiones dentro de la oposición, para sembrar de suspicacias el campo de los demócratas, para que los voceros del gobierno amenacen a su contraparte.
Pedro Sánchez ha pronunciado una frase con respecto a Venezuela, “no se puede decir que es una democracia cuando hay presos políticos”, para eludir la obligación de llamar las cosas por su nombre: la de Maduro es una dictadura. La llamada al diálogo pertenece a la misma categoría de afirmación vacía y elusiva: no tiene asidero alguno en la conducta de un régimen, que no se detiene ni un segundo, en su sistemática destrucción de la vida y la cotidianidad de los venezolanos.
Editorial de El Nacional
