El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. FOTO: EFE

Bolsonaro ha anunciado que su equipo económico será comandado por el economista liberal Paulo Guedes, futuro titular de Economía, una supercartera que fusionará los ministerios de Hacienda, Planificación y Desarrollo e Industria.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó hoy que las propuestas económicas del presidente electo brasileño, Jair Bolsonaro, van en la «dirección adecuada», e insistió en que es «clave» llevar a cabo «una ambiciosa reforma fiscal», encabezada por las pensiones.

«Por ahora, lo que hemos escuchado de reformas va en la dirección adecuada», apuntó Krishna Srnivasan, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en declaraciones a Efe, tras presentar el informe regional sobre Latinoamérica en el centro de estudios Diálogo Interamericano.

Bolsonaro ha anunciado que su equipo económico será comandado por el economista liberal Paulo Guedes, futuro titular de Economía, una supercartera que fusionará los ministerios de Hacienda, Planificación y Desarrollo e Industria.

 
Política económica liberal

Durante la campaña, el ultraderechista anunció una política económica liberal que buscará reducir el tamaño del Estado con nuevas privatizaciones y concesiones, sanear las cuentas públicas y abrir la economía del país.

Sobre las tensiones comerciales y los riesgos de una escalada del proteccionismo a nivel global, el funcionario del Fondo recordó que aunque Brasil «es una de las economías más grandes de la región, es relativamente cerrada». «Ha habido un impulso para abrir más la economía, y esperamos que ese impulso continúe» con el nuevo Gobierno brasileño, afirmó Srnivasan.

En las previsiones globales del mes pasado, el FMI redujo el crecimiento estimado para Brasil a un 1,4% en 2018 y a un 2,4% en 2019, cuatro y una décimas por debajo de lo calculado en julio.

Bolsonaro, de 63 años, asumirá la Presidencia brasileña el próximo 1 de enero como sucesor de Michel Temer, tras imponerse el pasado domingo en la segunda vuelta electoral con el 55% de los votos, frente al 44% del progresista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

EFE

La Fiscalía española acusó a los líderes del proceso soberanista catalán por un delito de rebelión y pidió para ellos entre 16 y 25 años de prisión.

La Fiscalía española pidió 25 años de prisión para el ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras y entre 16 y 17 años para otros ocho procesados por el referéndum independentista celebrado en la región en octubre de 2017.

El ministerio público considera que todos ellos cometieron un delito de rebelión, uno de los más graves del código penal español, penado hasta con 30 años de cárcel. En total, hay 18 acusados por el proceso independentista. A otros nueve la Fiscalía los acusa de malversación o desobediencia grave.

Además de Junqueras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el «procés» y le pide una pena de 11 años de cárcel, con el argumento que fue una «pieza clave» para «llevar a cabo el plan secesionista» catalán. El ministerio público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a la organización criminal por haber consentido la celebración del referendum del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien pide 4 años de prisión.

Prisión e inhabilitación absoluta

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno». Lo hicieron, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como «mandos subalternos», lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.

En el caso de Teresa Laplana consideran que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad -lo que comportaría penas de hasta 15 años- sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años. Además de 4 años de prisión, a la intendente le piden 5 años de inhabilitación para ser mosso d’esquadra.

Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 «una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia».

Reacciones de la Generalitat

El departamento de Economía de la Generalitat desplegó este viernes una gran pancarta en la fachada de su sede en Barcelona pidiendo la libertad de los políticos presos, tras la acusación de la Fiscalía a los líderes del «procés» por rebelión. La pancarta, colgada en la sede de la consellería en la Rambla de Catalunya con el lema «Llibertat presos polítics», es de color amarillo y en ella aparece también una fotografía del líder de ERC y exvicepresidente y exconseller de Economía, Oriol Junqueras.

El proceso judicial por el referéndum independentista catalán marca un punto de inflexión en un momento delicado en la política española, con el Gobierno de Sánchez en minoría en el Parlamento. El mandatario necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes para sacar adelante iniciativas y aprobar los presupuestos para el próximo año y éstos condicionan su respaldo a un movimiento del ministerio público respecto a los separatistas presos.

Tras la presentación de los escritos de acusación, los abogados de los procesados cuentan con un plazo de cinco días para remitir sus escritos de defensa al tribunal.

DW

Imagen EFE

Ocho países quedarán exentos temporalmente de las restricciones por comprar petróleo a Teherán

Estados Unidos redobla la presión sobre Irán. El Gobierno de Donald Trump ha anunciado este viernes que volverá a imponer todas las sanciones contra Teherán que levantó con la firma del acuerdo nuclear de 2015 y que afectarán a los intercambios en materia de energía, el transporte y las finanzas, incluido el banco central iraní. La lista, que entrará en vigor el lunes, incluye además a 700 compañías e individuos iraníes con los que el resto del mundo no podrá hacer negocios a riesgo de sufrir severas multas de Washington.

Pozo petrolífero en los campos de Soroush, en Irán. RAHEB HOMAVANDI REUTERS

Las sanciones tendrán algunas excepciones significativas. El Gobierno estadounidense permitirá a ocho países durante unos “pocos meses” seguir importando petróleo iraní. Esos países incluyen a India, Corea del Sur, Turquía e Irak, aunque el Departamento de Estado no facilitó el listado de los mismos. Sí desveló que, entre ellos, no está la Unión Europea. Washington también confirmó que los bancos iraníes que no sean sancionados por EE UU podrán seguir operando en el sistema internacional de transacciones financieras Swift aunque advirtió que vigilará estrechamente ese marco. De las empresas e individuos sancionados, 300 no habían sido objeto de penalización en el pasado.

La Administración de Trump culmina así la segunda y última fase de la reanudación de represalias contra Teherán desde que el presidente anunciara el pasado mayo la salida de Washington del pacto nuclear de 2015, alcanzado con otros cinco países (Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia) y emblema de la política exterior de su predecesor, Barack Obama.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, insistió en que las excepciones son “temporales” y que los países se han comprometido a rebajar por completo sus importaciones de crudo iraní. Washington busca un difícil equilibrio: mantener estable el precio del petróleo —dado que una subida golpearía a los consumidores y desataría turbulencias globales— mientras trata de hundir los ingresos de Teherán.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2018

Los primeros datos apuntan a que Trump está logrando su objetivo. Irán exporta un millón menos de barriles de crudo al día desde mayo de 2017, según estadísticas citadas por Pompeo.

Pese a que el jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que EE UU mantendrá su “campaña de máxima presión” a Irán y que las sanciones serán “increíblemente efectivas”, la concesión de excepciones supone la asunción de un cierto realismo por parte de la Administración de Trump. En los últimos meses, la Casa Blanca había insistido en que el objetivo era reducir a “cero” las exportaciones de crudo iraní y había evitado especular sobre posibles concesiones a algunos de los principales clientes de Teherán.

Pompeo recordó que Obama también concedió exenciones a la importación de petróleo iraní. Incluso más: a 20 países durante tres años. Sin embargo, algunos expertos, como Barbara Slavin, del Atlantic Council, un laboratorio de ideas radicado en Washington, consideran erróneo el paralelismo. “Las sanciones de Trump contra Irán será menos efectivas que las de 2012, cuando la Administración de Obama tenía un apoyo internacional casi universal y las sanciones estaban respaldadas tanto por el Consejo de Seguridad de la ONU y por la UE”, escribió el jueves Slavin en un artículo en el digital Axios. Y especuló con que Teherán tratará de ganar tiempo con la esperanza de que el sucesor de Trump, si este no gana la reelección en 2020, decida volver al acuerdo nuclear.

Pompeo subrayó que las sanciones buscan “alterar fundamentalmente el comportamiento” del régimen de los ayatolás, algo que según considera no logró el acuerdo de reducción del programa atómico iraní. Washington ha supeditado el levantamiento de las penalizaciones a 12 demandas, que incluyen que Teherán deje de apoyar a grupos terroristas en el extranjero y al régimen sirio de Bachar el Asad y suspenda su desarrollo de misiles balísticos.

Irán trata desesperadamente de esquivar el impacto de los castigos, que ya han agudizado notablemente su inestabilidad económica. En el encuentro con periodistas, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo no tener ninguna expectativa sobre los esfuerzos europeos, que han defendido la vigencia del pacto nuclear, y advirtió de que Washington actuará “agresivamente” contra cualquiera que trate de incumplir el régimen de sanciones.

LOS NEGOCIOS RUSOS CON IRÁN
MARÍA R. SAHUQUILLO, MOSCÚ

Las sanciones de Estados Unidos contra Irán han obligado a la compañía petrolera rusa Zarubezhneft a retirarse de sus proyectos en el país. La empresa había firmado un contrato por diez años con la compañía nacional de petróleo iraní para el desarrollo de dos campos petroleros en Abán y Paydar-e Gharb, en los que había invertido unos 740 millones de dólares y con los que esperaba alcanzar una producción anual de hasta dos millones de toneladas. Ahora, ha decidido no seguir adelante debido a las restricciones impuestas por Washington, según han reconocido fuentes de la compañía a Reuters. Rusia permanecerá, sin embargo, presente en esa inversión, ya que la petrolera Zarubezhnef ha vendido los proyectos a la compañía estatal Promsyryeimport.

De esta forma, Rusia mantiene sus negocios con Irán, en desafío a Estados Unidos y ha prometido ayudar a contrarrestar los efectos de las sanciones, que entran en vigor el lunes. Algo que también confirmó el ministro de Energía, Alexander Novak. «Creemos que debemos buscar mecanismos que nos permitan continuar desarrollando la cooperación con nuestros socios, con Irán», dijo en una entrevista con el diario Financial Times.

La semana pasada, durante la visita del consejero de Seguridad estadounidense, John Bolton, se advirtió a Moscú contra los intentos de ayudar a Irán para que este pudiera exhortar su petróleo.

El pasado mayo fue el productor de petróleo ruso Lukoil el que reveló que no seguiría adelante con sus planes para desarrollar proyectos en Irán, debido a la amenaza de sanciones de Estados Unidos.

EL PAÍS

JOAN FAUS

Corresponsal en Estados Unidos

Putin y Díaz-Canel urgen a EE UU a que no se retire del pacto nuclear clave firmado en 1987. La Habana y Moscú cargan contra las sanciones de Washington

El presidene cubano, Miguel Díaz-Canel, y el ruso, Vladimir Putin, en una rueda de prensa en el Kremlin este viernes. MAXIM SHEMETOV REUTERS

En un momento en el que regresa el temor a una nueva guerra fría, dos viejos aliados de la época han vuelto a visibilizar sus lazos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el cubano, Miguel Díaz-Canel, han instado este viernes a Estados Unidos a reconsiderar su intención de abandonar el tratado nuclear sobre armas de corto y medio alcance (IMF, por sus siglas en inglés), firmado en 1987. El líder ruso aprovechó además la visita de Díaz-Canel a Moscú, en el que es su primer viaje oficial al exterior desde que fue nombrado presidente en abril, para exigir a Washington el levantamiento del embargo contra Cuba. En una conferencia de prensa conjunta en el Kremlin, el cubano le respondió cargando contra las sanciones que EE UU impuso a Rusia a raíz de que esta se anexionase Crimea.

La declaración se produce solo un día después de que Washington anunciase nuevas sanciones a entidadesvinculadas con los servicios de inteligencia y militares cubanos. El mismo día que, por 27 años consecutivo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó el embargo impuesto hace medio siglo a Cuba. Nueva resolución a la que John Bolton, consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, respondió asegurando que Cuba integra junto con Venezuela y Nicaragua una «troika de la tiranía».

En un comunicado conjunto, Putin y Díaz-Canel han criticado este viernes la política exterior de Estados Unidos y afirmaron que utiliza las sanciones para tratar de desestabilizar a otros países. Además, censuraron lo que llamaron “campañas de información destinadas a desacreditar a los estados soberanos, interferir en sus asuntos internos y tratar de legalizar las sanciones e incluso el cambio de régimen”. En el escrito, hablan también de la amenaza que supondría la colocación de armas en el espacio.

En la época de la Guerra Fría, Cuba fue el mayor aliado de la entonces Unión Soviética, que concedió a la isla subsidios y suministros por valor de millones de euros. Tras el derrumbe de la URSS, la llegada de la Perestroika y también la crisis económica a Rusia, esos vínculos languidecieron. En los últimos años, sin embargo, Putin ha hecho amago de reactivarlos con acuerdos en materia de energía, cultura, cooperación humanitaria y defensa. “El comercio bilateral ha aumentado un 17% en 2017. Por supuesto en cifras absolutas esto siguen siendo volúmenes modestos, pero sabemos lo que se necesita hacer”, ha recalcado el presidente ruso.

Ambos países han firmado nuevos acuerdos, como uno que ayudará a Cuba a modernizar su servicio ferroviario u otro por el que Cuba permitirá a Rusia colocar su sistema de satélites de navegación Glonass —su respuesta a GPS— en la isla. Moscú prepara además un préstamo de 38 millones de euros para que La Habana adquiera armamento de fabricación rusa, según anunció el viceministro de Defensa, Sergei Storchak. Se prevé que el acuerdo se firme dentro de unas semanas en la capital cubana, durante la visita del titular de Defensa a Cuba.

Aunque sí es su primera visita como presidente cubano, no es el primer viaje que Díaz-Canel hace a Moscú. Ya se reunió con Putin en la capital rusa en 2016, cuando todavía era primer vicepresidente. La última vez que el líder ruso viajó a La Habana fue en 2014, entonces se reunió con Fidel Castro y con Raúl Castro.

EL PAÍS
MARÍA R. SAHUQUILLO

Luchando desde la distancia, el presidente Donald Trump y el ex presidente Barack Obama intercambiaron palabras este viernes mientras buscaban reunirse con la base de sus partidos los últimos días antes de las elecciones de medio término el 6 de noviembre.

Obama urgió a los demócratas en Miami volverse en contra de “la política basada en la división” y expresó esperanza de que “vamos a cortar las mentiras, bloquear el ruido y recordar quiénes estamos llamados a ser”.

Trump dijo en Virgina Occidental que vio el discurso de Obama a bordo del Air Force One, recordando a algunos de sus seguidores más leales lo que llamó las promesas rotas de Obama en atención médica, libertad de prensa y comercio global.

“Mentira tras mentira, promesa rota tras promesa rota, eso fue lo que él hizo”, indicó Trump durante un rally en Huntington, Virginia Occidental.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Triestatal de Huntington, el 2 de noviembre de 2018.

Estos mitines de campaña que compiten, incluso el viernes en la tarde en eventos en Georgia e Indiana, colocó a Trump en un momento de pantalla compartida con Obama y preparó el escenario para los eventos de campaña del fin de semana de los pesos pesados de ambos partidos.

Trump desea los asientos del Senado que por el momento tienen los demócratas Joe Donnelly (Indiana) y Joe Manchin (Virginia Occidental), dos estados que el presidente ganó fácilmente en 2016. Mientras tanto, los demócratas podrían hacer historia al elegir el primer gobernador afroamericano en Florida y Georgia, y se apoyan al primer presidente afroamericano del país para ayudarlos.

Durante el fin de semana, Trump irá para Montana y Florida, el sábado; y a Georgia y Tennessee, el domingo. Obama regresará a la campaña el domingo, cuando liderará rallies para Donnelly en Gary, Indiana, y su ciudad natal Chicago para J.B. Pritzker, quien es candidato a la gobernación de Illinois.

“¿Por qué están tan molestos?”

En Miami, Obama afirmó que la democracia no puede funcionar cuando las palabras pierden su significado, alentando a una multitud de alrededor de 3.000 personas a votar por los candidatos demócratas Andrew Gillum y el senador Bill Nelson.

El expresidente dijo que los votantes no deberías ser engañador por la desinformación mientras los republicanos permiten que se contamine el ambiente, rebajan los impuesto a los multimillonarios y le quiten la atención médica a millones de ciudadanos.

Durante el discurso de Obama, un manifestante grito que debería “denunciar ANFITA” – Los manifestantes que luchan contra los neonazis. El ex presidente respondió señalando la rabia alrededor de los seguidores de Trump a pesar de haber ganado su candidato y preguntó: “¿Por qué están tan molestos?”.

Ese manifestante y otros dos fueros escoltados fuera del lugar de encuentro

No cumplió las promesas

Trump rápidamente respondió a su predecedor en la Casa Blanca, afirmando que el ex presidente no había cumplido con sus promesas.

Trump dijo que la afirmación de Obama que “si te gusta tu doctor, te puedes quedar con tu doctor” que por la Ley de Asistencia Asequible resultó falso. Algunos estadounidenses fueron forzados a cambiar de proveedores o plan de salud por la Ley.

El presidente también dijo que “nadie fue peor para la prensa que Obama” después de que Obama defendiera la Primera Enmienda de la constitución. “Él habla como yo debería ser agradable con las noticias falsas”, indicó Trump. “No, gracias”.

AP

El Banco Mundial alerta de que el fenómeno afecta a «las poblaciones más vulnerables, como los indígenas y los niños»

El vicepresidente del Banco Mundial para la región visitó la frontera colombo-venezolana. (Foto: EFE)
 

El impacto económico del multitudinario éxodo venezolano en Colombia oscliará a corto plazo entre el 0,23% y el 0,41% del PIB del país, es decir, puede alcanzar una cifra cercana a los 1.100 millones de dólares. Así lo alertó este viernes el Banco Mundial, que ha elaborado un informe sobre sobre el panorama que arroja el flujo migratorio. Colombia, que comparte con Venezuela alrededor de 2.200 kilómetros de frontera, es el país de la región que más ha sufrido las consecuencias de este fenómeno. Más de un millón de personas que decidieron huir del régimen de Nicolás Maduro se encuentran en su territorio de un total, según cálculos de Naciones Unidas, de 2,3 millones.

«Los efectos de la prestación adicional de los servicios de educación, salud, agua, primera infancia, atención humanitaria, servicios de empleo y fortalecimiento institucional serían de entre el 0,23% y el 0,41% del PIB del país, dependiendo de la capacidad de absorción de cada sector», señala el organismo, que lanza también un aviso sobre las repercusiones en las franjas más vulnerables de la población. «La migración desde Venezuela ha conllevado una demanda adicional de servicios básicos en Colombia, como salud y educación, que pone presiones financieras en el corto plazo y afecta a las poblaciones más vulnerables, como los indígenas y los niños, tanto entre los migrantes como en las comunidades locales».

“La conclusión más importante es que no debemos desperdiciar una buena crisis o un buen reto, de los retos y de las crisis siempre surgen oportunidades Y esta es la conclusión más importante de este reporte», señaló el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, durante la presentación del informe, en Bogotá, a la que asistieron el presidente colombiano, Iván Duque, y el canciller, Carlos Holmes Trujillo. «En el corto plazo hay costos, pero si esto se maneja bien, en el mediano y en el largo plazo va a haber oportunidades y crecimiento», agregó. Según las simulaciones de la institución que representa, en el caso de que migraran medio millón de personas en la edad de trabajar a Colombia, el crecimiento económico se aceleraría un 0,2% a raíz de un aumento del consumo cercano al 0,3% y de la inversión en 1,2 puntos.

Uno de los objetivos del Gobierno, que está a punto de cumplir 100 días, fue desde el principio la internacionalización de esta emergencia. El país andino no puede hacerse cargo, sin la ayuda de las principales instancias de la comunidad internacional, del impacto financiero de la crisis, y el propio Duque, que asegura que en ningún caso renunciará al «concepto de la fraternidad», insistió en que «esta dimensión no puede ser solo una tarea de Colombia».

El Banco Mundial ofrece como ejemplo el incremento de la demanda en los servicios públicos de salud: «Pasó de 125 casos en 2014 a casi 25,000 en 2017. Por otro lado, se estima que al menos 70.000 niños migrantes irregulares se encuentran fuera del sistema educativo actualmente». Familiar visitó hace un mes la frontera de Cúcuta, donde se encuentran dos de los pasos más transitados por los migrantes, y pudo comprobar que, por ejemplo, en el hospital universitario se atienden más partos de venezolanas que de mujeres locales.

El diagnóstico es cristalino: el éxodo depende de la deriva institucional del régimen de Nicolás Maduro y de la durísima crisis económica que golpea a Venezuela. Esa situación se precipitó a principios de 2017, con la anulación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la convocatoria de unas elecciones constituyentes. Por ello, Duque considera fundamental la coordinación con los demás Gobiernos de la región para «para tener un programa de normalización migratoria» y permisos temporales de permanencia. «La crisis no va a parar hasta que no termine la causa originadora, que es la dictadura en Venezuela», enfatizó al dejar claro que la comunidad internacional debe ceñirse a la presión política y diplomática.

EL PAÍS

F. MANETTO

El gabinete de Japón aprobó el viernes un proyecto de ley que permitiría el ingreso de trabajadores extranjeros de clase obrera, mientras la cada vez más envejecida población se enfrenta a la falta de mano de obra.

El proyecto es una importante revisión a la política de mano de obra extranjera. Desde hace mucho el país se ha resistido a aceptar trabajadores extranjeros, excepto en el caso de médicos, maestros y personal para sectores altamente calificados.

La propuesta crearía dos categorías de visa para extranjeros que puedan trabajar en más de una decena de sectores donde falta personal, como enfermería, agricultura, construcción y servicios. El gobierno espera que la iniciativa sea promulgada en abril.

En un intento por calmar a los nacionalistas, el primer ministro Shinzo Abe negó que el relajamiento de la política económica sobre trabajadores extranjeros implique que Japón esté abriendo indiscriminadamente sus puertas a los inmigrantes.

Sondeos de la prensa muestran que la gente está dividida sobre el tema. Los que se oponen al plan están preocupados sobre un posible aumento de la delincuencia y que los japoneses se queden sin empleos, mientras que quienes apoyan la medida consideran que los trabajadores extranjeros son necesarios en sectores donde falta personal.

De acuerdo con el proyecto, quienes soliciten la primera categoría de visa necesitarán ciertas habilidades y hablar japonés, no podrán llegar con su familia y podrán quedarse hasta cinco años. La segunda categoría será para las personas más calificadas, que podrán llegar con su familia y que al final podrán solicitar la residencia permanente.

Algunos de los empleos que se ofrecían a los extranjeros eran para «técnicos entrenados» o estudiantes que estaban en programas de intercambio, considerados éstos últimos mal pagados.

El gobierno calcula que el número de trabajadores de clase obrera podría ser de medio millón en una década.

AP