Servando Carbone trabaja desde hace más de 20 años en una institución estatal, pero no invertirá su dinero en un plan de ahorro en oro que creó el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de captar fondos para impulsar las golpeadas finanzas oficiales. Y Carbone no es el único. Dos meses después del inicio del plan, de las poco más de mil cajas de ahorro que hay en el país -60% de entes públicos- solo 23 han invertido en estos certificados en oro, porque los títulos no pagan intereses y usan como referencia el tipo de cambio oficial, señalaron a Reuters una decena de miembros de esas cajas.
Muchos venezolanos se ven obligados a solicitar préstamos a estas cajas para comprar medicinas o alimentos en momentos en que una hiperinflación erosiona sus salarios, explicaron las fuentes.
El programa del oro lanzado en septiembre forma parte de las medidas del gobierno para «recuperar» la economía, que se encuentra en su quinto año de recesión. «Ya me quitaron beneficios y no tengo confianza en ese plan», agregó el empleado, de 56 años, que al igual que otros trabajadores consultados en entes oficiales se rehúsan a adquirir los certificados emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV), que están respaldados por «lingoticos» de oro.
Los certificados están dirigidos a particulares y a las cajas de ahorro, asociaciones promovidas por los empleados en sus puestos de trabajo, y que reciben aportes mensuales de trabajadores y empleadores, que son descontados del salario de cada mes. Los empresarios en general aportan más, en una proporción que puede ser de 80-20, pero depende de cada contrato colectivo laboral.
En agosto, el jefe de Estado devaluó la moneda un 96%, subió el salario mínimo en 60 veces y aprobó el plan de ahorro en oro que no ha funcionado, como las operaciones con la criptomoneda «petro».
Hace una semana, Maduro cuestionó a los empleados públicos su baja participación en la adquisición de certificados. «Yo les hice un llamado a las cajas de ahorro, todas las cajas de ahorro me dijeron que sí, pero no he visto ni un bolívar (…) Algo ha fallado», dijo el presidente en un acto en Caracas con trabajadores el 11 de octubre.
El dinero de las cajas se destina a préstamos para los empleados y a la compra de títulos que tengan rendimientos, pero los certificados del plan de gobierno no generan intereses y el pago de la inversión, que sucede cuando vence el instrumento, tendrá como referencia el precio del oro por el dólar oficial.
«El certificado está asociado a un commodity que está en un ciclo de pérdida de valor y a eso se debe sumar que el tipo de cambio oficial siempre tiende a sobrevaluarse.
El inversionista puede recibir menos dinero del que invirtió», explicó Tamara Herrera, economista de la firma Síntesis Financiera. Al inicio del plan, el BCV informó que el precio mínimo del «lingotico» era de 3.502 bolívares y dio la opción a personas y cajas de comprar una porción por 350 bolívares, o un 20 por ciento del sueldo mínimo de 1.800 bolívares, unos 11 dólares a la tasa del mercado paralelo. Sin embargo, debido al impacto que tiene en los ingresos la alta inflación, que en un año fue más de 488.000%, los trabajadores acuden con frecuencia a las cajas de ahorro a pedir créditos para comprar comida y medicinas, dijo José Sevilla, presidente de la federación que agrupa a las cajas de ahorro. «Los trabajadores tienen otras prioridades que adquirir unos certificados que no garantizan dividendos», agregó.
En la sede del BCV, los funcionarios del instituto emisor han dado charlas para convencer a los empleados para que adquieran los instrumentos, sin mayores resultados.
De las 1.081 cajas de ahorro inscritas en la Superintendencia de Cajas de Ahorro, solo un 2 por ciento compró esos certificados de oro al cierre de septiembre, según cifras del organismo.
La disponibilidad de las cajas hasta el 30 de septiembre era de 40,6 millones de bolívares, unos 324.000 dólares, señalaron los datos de la Superintendencia. «Las cajas de ahorro son propiedad de los trabajadores y preferimos invertir libremente que en lo que ordene el Gobierno», dijo Agustín Rodríguez, de 50 años, trabajador de la telefónica estatal, y cuya caja no ha adquirido los títulos.
Panorama
