El representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los venezolanos, Eduardo Stein, aseguró hoy que debe darse una respuesta regional ante la magnitud del éxodo venezolano, que calificó como una “avalancha humana”.

“(Tengo) la convicción de que el tamaño, la complejidad, el alcance y la naturaleza de esta avalancha humana necesita una respuesta regional”, dijo Stein hoy en Bogotá tras reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque.

Stein ha sido enviado para atender una crisis generada por el éxodo de 2,3 millones de venezolanos que han abandonado su país y buscado alternativas de vida en los países de la región, esencialmente en Colombia.

En este sentido, Stein subrayó la labor del ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien ha hecho un “esfuerzo hermanado con los cancilleres de Perú y Ecuador para llegar a un acuerdo de tipo regional sobre temas críticos que este movimiento humano necesita”.

Stein también reiteró que su tarea “es y será siempre humanitaria”, puesto que el secretario general de la ONU, António Guterres, “ha insistido es la construcción y puesta en operación de una plataforma conjunta entre el Acnur y la OIM.

El objetivo es el de hacer que “el resto de agencias de la ONU puedan concentrarse en el apoyo lo más eficaz posible a lo que ya los Gobiernos están desarrollando”.

“Este último elemento me parece de la máxima importancia porque no venimos de las agencias de la ONU con la pretensión (…) de dictar cátedra sobre ningún tema en particular sino, al contrario”, para atender a lo que ya están haciendo los países de la región, subrayó Stein.

El delegado resaltó que algunos países están afrontando la situación “con mucha imaginación pero cargando todos estos esfuerzos sobre sus presupuestos nacionales regulares que están ya exhaustos en materia educativa, de salud, de formación para la regularización e identificaciones personales”.

Por eso, insistió en que “el esfuerzo para su solución y encuentro fraterno a nivel regional debe ser, en efecto, un esfuerzo conjunto”.

Por todo ello, Stein manifestó que su labor será la de “buscar internacionalmente apoyos, lo más inmediatos posible para fortalecer y enriquecer la labor que los gobiernos están desarrollando”.

Esa ha sido una de las peticiones que ha hecho el Gobierno colombiano desde que estalló la crisis, consecuencia de la cual cerca de un millón de venezolanos se han asentado en el país andino.

EFE

El Tribunal Supremo de Venezuela nombrado por el Parlamento, de mayoría opositora, celebrará sus sesiones en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Colombia y en una oficina privada en Washington, ya que sus miembros están perseguidos por la Justicia de su país. EFE/Lenin Nolly

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “en el exilio”, Miguel Ángel Martín, afirmó este martes que su país está “cerca de una transición” porque, dijo, tanto la comunidad internacional como los venezolanos saben que Nicolás Maduro no es un presidente “legal”.

El magistrado, que se encuentra de visita en Chile, añadió que Maduro “no representa a los venezolanos ni tampoco va a resolver los problemas del pueblo”.

Martín se reunió en Santiago con el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y con el presidente de la Corte Suprema chilena, Haroldo Brito.

El magistrado estuvo acompañado por otros jueces del TSJ “legítimo”, como se autodenomina este órgano judicial compuesto por magistrados nombrados por el Parlamento, de mayoría opositora.

Martín aseguró que el papel de la comunidad internacional es “sumamente importante” para el devenir de la crisis venezolana porque la aplicación del derecho internacional puede lograr la “terminación del régimen” de Maduro.

En ese sentido, señaló que el Gobierno venezolano ha llevado a cabo “actividades criminales que involucran a varios países”, lo que da pie para pedir que se active la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

En agosto pasado, el TSJ “en el exilio” condenó en ausencia a Maduro por corrupción a 18 años y tres meses de prisión en un caso con la constructora brasileña Odebrecht.

El presidente del TSJ en el exilio le transmitió hoy al canciller chileno su agradecimiento por el recibimiento que el país austral ha dado a miles de venezolanos que han huido de su país durante los últimos años y pidió ayuda para paliar la grave crisis que vive Venezuela.

“Lo que está padeciendo Venezuela es un hambre demencial, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay un Estado de derecho, no hay justicia y necesitamos la comunidad internacional, así como la prensa, para que no se duerma este tema”, sostuvo.

Este miércoles, Martín y los jueces venezolanos se reunirán con la Asociación de Magistrados de Chile e inaugurarán la Academia de Líderes, una iniciativa de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia que busca preparar a jóvenes venezolanos para una transición democrática en el país.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó el año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo, con la idea de que reemplazaran a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.

Sin embargo, el tribunal nombrado por el Parlamento funciona en el exilio y se autodenomina “legítimo” al considerar que el que funciona en Caracas fue nombrado “sin que se cumplieran los requisitos constitucionales”.

EFE

Según el Comité de Usuarios, nueve aumentos se han realizado este año. El último aumento del pasaje fue en septiembre aprobado por la Vicepresidencia de la República el cual de 1 bolívar soberano.

Nuevamente los transportistas de Caracas están solicitando un ajuste de tarifas para elevar el pasaje mínimo a cinco bolívares soberanos a partir del primero de noviembre, según anunció Braulio Cedeño, directivo del Bloque de Transporte del oeste.

Cedeño señaló que el Ejecutivo debe cumplir con los compromisos acordados con los transportistas en las reuniones previas, así como la necesidad de que se declare al gremio en “emergencia nacional por la situación actual”.

El último aumento del pasaje fue en septiembre aprobado por la Vicepresidencia de la República el cual de 1 bolívar soberano.

Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte rechaza este nueva petición de los transportistas al asegurar que éste sería el noveno ajuste de tarifas de transporte se han aplicado en Caracas desde enero a la fecha, mientras siguen las deficiencias en el servicio porque no hay camionetas.

Además denunció que en algunas rutas de Caracas los choferes aplican sobreprecio. En la línea de Valle-Coche están cobrando ya los cinco bolívares soberanos y así muchas organizaciones.

También alertó que las rutas suburbanas el sobreprecio es mayor. En la Línea de Casarapa (Guarenas) a Caracas 10 ya 20 bolívares soberanos.

Por su parte, Rodemir Mazzone, dirigente el sector transporte de Caricuao afirma que la crisis del sector cada vez esta peor. “Actualmente solo está trabajando 5% del transporte en Caracas”.

Algunas líneas que tenían antes 400 carros ahora solo cuentan con 60 carros.

EU

Por segunda vez consecutiva tras la muerte del concejal Fernando Albán, representantes de Proyecto Libertad acudieron a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para reiterar la solicitud de una comisión que verifique la situación de 404 presos políticos.

Lilian Tintori, activista de derechos humanos, expresó que “a los presos políticos los pueden matar hoy o mañana porque se trata de un régimen que no respeta las garantías fundamentales. Es un régimen que está señalado por un patrón sistemático de tortura, no solo con los presos sino con todo el pueblo que carece de medicinas, de alimentos”.

Durante esta actividad los manifestantes se acostaron en el piso en memoria de los caídos en protestas y en los centros penitenciarios del Gobierno. Venezuela no puede escapar de los tratados internacionales por lo que emplazó a las Naciones Unidas a reaccionar antes de que otro venezolano muera por la crisis política y humanitaria que atraviesa el país. “No podemos esperar más. Hoy o mañana puede ser asesinado otro preso político o morir una persona por falta de medicinas. Sabemos que el Gobierno no va a responder, pero la OEA, la Comisión Interamericana, los países de la región y de la Unión Europea sí deben hacerlo”, exhortó.

Por su parte, Gregory Sanabria, ex preso político, acudió también a la sede del PNUD y denunció las condiciones de reclusión de los presos en Venezuela que atentan contra la dignidad humana. “A los presos políticos en Venezuela los tienen encerrados sin ventanas. No les permiten tomar el sol. La tarea del régimen parece ser encerrarte hasta que te enfermes o te mueras”, reveló.

Jacqueline Sandoval, esposa del preso político Rolando Guevara, se unió al llamado de Lilian Tintori ante la ONU y actualizó la cantidad de presos políticos a lo largo del Gobierno de Nicolás Maduro. “Asistí al PNUD para solicitar la visita de la alta comisionada de la ONU para que conozca de primera mano los testimonios de las ONG, ex presos políticos, familiares y abogados de quienes permanecen en la cárcel por razones políticas en este Gobierno, en el cual hemos tenido más de 12 mil presos políticos y actualmente 404 que han sufrido violaciones sistemáticas de sus derechos no sólo por las condiciones carcelarias, sino el irrespeto al proceso, así como afecciones médicas que no han sido atendidas”.

Consultadas sobre el caso de su esposo Rolando Guevara, señala que este 23 de noviembre estaría por cumplir 14 años privado de libertad pudiendo desde 2011 acceder a las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pero el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se niega a hacer los debidos exámenes, totalmente necesario para que el Tribunal decida. Detalló que “el tribunal ordena esos exámenes, pero el ministerio se niega a ejecutarlos”.

Los familiares de presos políticos apoyaron la actividad y realizaron un conteo regresivo de de los 404 presos políticos actualmente existen en Venezuela.

Nota de prensa

El Gobierno de Costa Rica anunció este martes su apoyo a la iniciativa para investigar ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la comisión de crímenes de lesa humanidad al presidente Nicolás Maduro.

“Costa Rica, fiel a su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia, ha decidido secundar la gestión de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, de denunciar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, ante la CPI”, dijo la vicepresidenta del país Epsy Campbell.

Asimismo, aseguró que continuará utilizando los foros multilaterales y canales diplomáticos disponibles, para contribuir con la superación de la grave crisis que vive Venezuela.

“Costa Rica hace un llamado a las autoridades venezolanas para que se cumplan las obligaciones internacionales adquiridas al acceder a los instrumentos jurídicos de Derechos Humanos, para que se respeten las libertades fundamentales y se liberen los presos políticos”, agregó mediante su cuenta en la red social Twitter.

Costa Rica se suma a los gobierno de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Canadá y Francia quienes hicieron el 26 de septiembre oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Costa Rica anuncia su apoyo a la iniciativa para investigar ante la Corte Penal Internacional, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en #Venezuela.

— Epsy Campbell (@epsycampbell) 17 de octubre de 2018

Costa Rica, fiel a su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia, ha decidido secundar la gestión de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, de denunciar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, ante la CPI

— Epsy Campbell (@epsycampbell) 17 de octubre de 2018

El Estado costarricense reitera su compromiso de colaboración con la CPI y anuncia que continuará utilizando los foros multilaterales y canales diplomáticos disponibles, para contribuir con la superación de la grave crisis que vive Venezuela.

— Epsy Campbell (@epsycampbell) 17 de octubre de 2018

Costa Rica hace un llamado a las autoridades venezolanas para que se cumplan las obligaciones internacionales adquiridas al acceder a los instrumentos jurídicos de Derechos Humanos, para que se respeten las libertades fundamentales y se liberen los presos políticos.

— Epsy Campbell (@epsycampbell) 17 de octubre de 2018

La Patilla

El costo total del trámite es de 280 dólares, los cuales deben pagarse en dos partes, 200 al momento de solicitar la prórroga y 80 al momento de retirar el pasaporte.

Desde el 1° de noviembre, el Saime implementó una medida que permite prorrogar por dos años aquellos pasaportes que estén vencidos desde el año 2015.

El Consulado de Venezuela en Miami que había comenzado a funcionar el pasado jueves 4 de octubre luego de haber dejado de operar por seis años, ya aparece entre las opciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para solicitar la prórroga de pasaporte.

El consulado fue cerrado en enero de 2012 por orden del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras la expulsión de la cónsul de Venezuela en Miami, Livia Acosta Noguera, por las autoridades de Estados Unidos.

Desde hace 10 días comenzó a prestar servicios consulares a los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes en los estados de la Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia y desde este martes se pueden solicitar las prórrogas de pasaportes para que lleguen a la sede consular ubicada en Brickell.

Para tramitar sus pasaportes los venezolanos tienen años padeciendo un via crucis y desde 2012 los residentes de Florida debían viajar a otros estados para poder realizar los trámites consulares, incluyendo la renovación o tramitación del pasaporte, una tarea casi imposible por la falta de material y las demoras. Ante tal panorama, los venezolanos pueden optar por la prórroga de dos años de su documento.

El trámite por 280 dólares

Los solicitantes deberán seguir los pasos indicados en la página web del SAIME, para luego depositar la cantidad de 200 dólares. Una vez finalizado el proceso en linea, se debe esperar entre un mes y medio a dos meses, hasta que llegue la prórroga por dos años. Cuando se retire la prórroga se deben cancelar 80 dólares adicionales.

Diario las Américas