El enfrentamiento se dio en la zona sureste de Managua cuando la Policía nicaragüense lanzaró bombas de sonido en contra de un grupo de personas y varias fueron detenidas por las autoridades.
Managua.- La Policía y grupos de manifestantes se enfrentaron este domingo en Managua antes del inicio de una nueva protesta contra el presidente Daniel Ortega, y varias personas fueron detenidas por las autoridades, que decretaron en septiembre pasado ilegales las manifestaciones públicas que no cuenten con permiso.
El enfrentamiento se dio en la zona sureste de Managua cuando agentes de la Policía nicaragüense lanzaron bombas de sonido en contra de un grupo de personas que aparentemente estaban a la espera de sumarse a la protesta, informó Efe.
Al menos 15 personas han sido arrestadas, dijo a los periodistas Azahalea Solís, líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó el pasado miércoles la manifestación pero cuya celebración estuvo en duda en las últimas horas.
Según pudo captar la prensa, los agentes policiales arrastraron por el pavimento a jóvenes, adultos y ancianos para llevarlos hasta los coches de patrulla del cuerpo de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, ambas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS); José Antonio Peraza, miembro del Movimiento por Nicaragua, y Tamara Dávila, hija del fallecido coronel en retiro Irwin Dávila, opositor al Gobierno.
También fue capturado José Dolores Blandino, padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, según publicó en sus redes sociales Gioconda Artola, esposa del detenido.
Al grito de «protestar en un derecho, reprimir es un delito», los opositores se reunieron en un punto diferente al inicialmente fijado para arrancar la manifestación, cuyo lema era «Unidos por la libertad», pero el fuerte dispositivo policial impidió que los autoconvocados se movieran del lugar.
Los antimotines de la Policía Nacional lanzaron bombas «aturdidoras» para dispersar a los «blanquiazules», quienes sin rendirse continuaron clamando a voces por una «Nicaragua libre».
Desde la madrugada de este domingo contingentes policiales de operaciones especiales, antimotines y grupos afines al Gobierno se desplegaron en distintos puntos de Managua, especialmente en la vía por donde se anunció que pasaría la manifestación.
El sábado la Policía reiteró que «no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso», y que «tomará todas la medidas necesarias para mantener la seguridad y el orden público».
Ya a finales de septiembre la Policía anunció que consideraría «ilegal» las protestas de los llamados autoconvocados, los grupos civiles de oposición, y advirtió que arrestaría a sus organizadores.
Las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses han señalado que esa disposición viola la Constitución, que en sus artículos 53 y 54 reconoce el derecho de reunión pacífica, concentración y manifestación, sin necesidad de solicitar permiso.
«Siguen llamando a realizar marchas, no por la paz, sino para buscar sangre, quieren sangre, están sedientos de sangre», destacó anoche Ortega en un acto para celebrar la canonización del monseñor salvadoreño Óscar Arnulfo Romero.
El mismo sábado la oposición dijo que suspendió ese día manifestaciones antigubernamentales en Managua y la zona de Bluefields debido al despliegue de la Policía.
El CIDH condena la represión en el país centroamericano
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, consideró «inaceptables» las «actitudes represivas y autoritarias» que se produjeron hoy en Nicaragua, donde hubo más arrestos antes de una protesta contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
«Inaceptables actitudes represivas y autoritarias en este momento en #Nicaragua. Estado de Excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos», dijo Abrão en Twitter.
El titular de la CIDH ya había advertido anteriormente de la existencia de una «nueva etapa» de la represión en Nicaragua con restricciones de derechos que apuntan a la implementación de un «estado de excepción» que sustituye al Estado de Derecho.
En otro mensaje de Twitter, la Comisión expresó «profunda preocupación» por las detenciones que se produjeron antes de una nueva protesta contra Ortega, cuyo Gobierno decretó el pasado 28 de septiembre ilegales las manifestaciones públicas que no cuenten con el permiso de las autoridades.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), reiteró hoy que «la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos» e instó al Estado nicaragüense «a respetarlo y garantizar la seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas de protesta».
Azahalea Solís, líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo a la prensa en Managua que, al menos, 15 personas han sido detenidas.
La protesta se enmarca en la crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado y que ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La CIDH ha desempeñado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que respaldó el diálogo nacional, actualmente estancado, y mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las investigaciones de los hechos.
Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, la Comisión ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos de 115 individuos y sus familiares.
EFE
