Los maestros venezolanos declararon hoy la «emergencia» del sector educativo primario, que reinició actividades la pasada semana en el país, al tiempo que anunciaron que tomarán «acciones sindicales» si sus reclamos por incrementos salariales y mejores condiciones laborales no son atendidas de inmediato.

El presidente del sindicato de maestros de Caracas, Édgar Machado, dijo a periodistas que el sector está «en una emergencia educativa» producto de los pobres salarios y el mal estado de las infraestructuras educativas, que no fueron atendidas durante el paro por vacaciones.

«Los educadores de Caracas estamos cansados, estamos en una emergencia educativa», enfatizó Machado en medio de una pequeña protesta en la capital venezolana.

Según el dirigente sindical, el Estado venezolano ha incumplido al menos 8 términos del contrato colectivo que firmó en abril pasado con los educadores.

Una de las cláusulas que no se cumple, aseguró, es la que supone ingresos por el orden de los 6,5 salarios mínimos para los docentes más experimentados (11.700 bolívares ó 188 dólares), así como la bonificación de inicio de clases, que se ubica en 460 bolívares ó 7,4 dólares.

«El presidente (Nicolás Maduro) se cansó de decir que (este) era el mejor contrato (para maestros) a nivel mundial, entonces si es el mejor contrato, que se cumpla», añadió Machado.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se expresa en escasez e hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima cerrará en 1.000.000 % este 2018.

El Gobierno de Maduro dictó un paquete de medidas, en el marco de esta crisis, entre las que se cuentan la congelación de precios, una reforma fiscal y el incremento del salario mínimo -que pasó a ser la norma para los trabajadores públicos- por 35 veces su valor anterior.

Los empleados públicos han denunciado que este último decreto supuso una unificación de facto de los salarios y la eliminación de las tablas largamente discutidas en los contratos colectivos.

Además, señalan que el monto, que asciende a 1.800 bolívares o 30 dólares por mes, no cubre las necesidades básicas de una familia.

«El sueldo no nos alcanza ni para poder sobrevivir (…), la calidad (de vida) de los educadores ha decaído totalmente, no tenemos ni para comprar el zapato más económico», dijo hoy al respecto Machado.

El presidente Maduro, por su parte, dijo hoy en un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, que la educación en el país es «sólida, poderosa y abarcante».

EFE

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Corte de La Haya rechaza demanda marítima de Bolivia contra Chile
La Corte Internacional de Justicia rechazó por 12 votos a favor y tres en contra que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga acceso al mar

DPA
01/10/2018 10:35 am
La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU decidió hoy por 12 votos contra tres que Chile no está obligada a negociar con Bolivia una salida soberana al mar, rechazando de esta forma una demanda que La Paz interpuso ante este tribunal en 2013.

El fallo fue leído por el presidente de la corte, con sede en La Haya (Holanda), el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, en presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y del agente que representó a la parte chilena, Claudio Grossman,  explicó DPA.

El magistrado subrayó que en el curso del centenario contencioso, Chile no contrajo la obligación legal de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico. Los veredictos de esta corte son vinculantes e inapelables.

Bolivia, que demandó a Chile ante la CIJ en 2013, perdió su principal salida al océano Pacífico a comienzos de la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883), hace ahora 139 años, cuando las fuerzas chilenas ocuparon el entonces puerto boliviano de Antofagasta.

Aquel conflicto bélico, que dejó miles de muertos, es conocido también como «la Guerra del Salitre» porque el control sobre los yacimientos de ese nitrato jugó un importante papel.

Bolivia, aliada con el Perú, perdió en ese entonces una costa marítima de unos 400 kilómetros de longitud y el departamento de Litoral, rico en guano, salitre y cobre.

Ese territorio de 120.000 kilómetros cuadrados incluía el desierto de Atacama, el más árido del planeta. En 1904, ambos países firmaron un Tratado de Paz y Amistad para poner fin al estado de guerra que seguía existiendo entre ellos y que estableció de forma definitiva las fronteras de las dos naciones.

Aquel incluía, entre otros, la obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz así como la concesión de créditos y de derechos de libre tránsito de productos bolivianos a puertos del Pacífico chileno.

Mientras que Chile consideraba ese tratado plenamente vigente, Bolivia -que junto con Paraguay es el único país de América Latina sin litoral marítimo- sostenía que la parte chilena lo incumplía constantemente.

A lo largo de los años, los sucesivos gobiernos de Bolivia habían exigido, hasta ahora sin éxito, negociaciones a sus pares chilenos para lograr una salida libre a la costa.

Finalmente, el 24 de abril de 2013 el Gobierno de La Paz interpuso ante la CIJ, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, una demanda que obligara a Santiago a «negociar de buena fe y de forma efectiva a fin de llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso pleno y soberano al océano Pacífico».

Chile objetó entonces la competencia del tribunal de la ONU. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2015 la Corte se declaró competente en el caso y pidió que el proceso continuara con la presentación de fundamentos escritos por parte de Chile.

Los equipos jurídicos de ambos países presentaron en marzo pasado los alegatos finales del litigio. Debido al centenario contencioso, los dos países mantienen relaciones diplomáticas sólo a nivel consular desde marzo de 1978.

En aquel año fracasaron las negociaciones de los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet para intentar darle una salida al conflicto.

Venezuela rechazó que Francia apoyara la iniciativa de cinco países de América Latina y Canadá que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, al considerar que busca «un cambio de gobierno a la fuerza».

«Venezuela manifiesta su más contundente rechazo a la actitud injerencista e intervencionista del Gobierno de la República Francesa, al ofrecer su apoyo a la tendenciosa iniciativa de un grupo de gobiernos (…) que pretenden instrumentalizar organismos internacionales con la intención de agredir a Venezuela y generar un cambio de gobierno por la fuerza», señaló un comunicado de la cancillería divulgado este domingo.

El gobierno de Maduro considera que «atacar a Venezuela con fines populistas» sólo busca mejorar la «desprestigiada imagen» del presidente francés, Emmanuel Macron.

«La arrogante actitud asumida por el gobierno francés impacta negativamente las buenas relaciones que ambos países han sostenido por décadas», añadió el texto.

Según Venezuela, la decisión de los siete países en cuestión también pretende aislar a Caracas y agravar las condiciones económicas y sociales del país petrolero, sumido en una grave crisis, con escasez de alimentos y medicinas, una hiperinflación que podría superar 1.000.000% este año -según el FMI- y la previsión de una recesión con caída 18% en su PIB.

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron una carta a la CPI para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos según ellos por el gobierno de Maduro, ahora con el apoyo de Francia.

«Francia considera que los esfuerzos de la Corte Penal Internacional tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y, contribuir así a encontrar una salida», escribió la presidencia francesa en un comunicado el sábado.

Francia también pide «encarecidamente a las autoridades venezolanas que inicien el diálogo con la oposición para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones, hallar una salida a la crisis política y contribuir a mejorar la economía venezolana», acotó la nota.

En Venezuela hay denuncias serias de «detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso» inclusive de algunos menores de edad, dijo el miércoles el canciller argentino, Jorge Faurie.

AFP

Cerca de 1,9 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, informó el lunes la ONU, una cifra que ubica la migración diaria en unos 5.000 venezolanos.

“Con más de 2,6 millones de personas en el exterior del país actualmente, es crucial una perspectiva apolítica y humanitaria para ayudar a los países que les reciben en un número que va en aumento”, declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, durante la apertura de la reunión anual del comité ejecutivo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) que se celebra esta semana en Ginebra.

“Unas 5.000 personas abandonan Venezuela cada día actualmente, es el mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina”, agregó.

Interrogado por el flujo masivo cotidiano, un portavoz de Acnur, William Spindler, explicó a la AFP que “se observa esta tendencia desde principios de este año”, insistiendo en que “el gran éxodo empezó este año”.

“Según los datos oficiales gubernamentales, estimamos que 1,9 millones de venezolanos dejaron su país desde 2015 para dirigirse principalmente hacia otros países de América del Sur como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú”, precisó el portavoz.

Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones anunciaron el 19 de septiembre el nombramiento del ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein como representante especial para la crisis migratoria venezolana.

La población venezolana está asfixiada en una crisis económica caracterizada por la hiperinflación, la pobreza, la falta de servicios públicos y la escasez de productos de primera necesidad, especialmente de medicamentos y alimentos. Esto ha provocado un éxodo masivo de cientos de miles de venezolanos.

“Felicito a los Estados que han mantenido sus fronteras abiertas y que ofrecen asilo u otras formas de estancia legal” a los venezolanos, dijo Grandi.

“Todavía queda mucho por hacer para garantizar la coherencia regional de la respuesta aportada en materia de protección” de los individuos, advirtió sin embargo.

Varios policías del Cuerpo de Investigación del régimen patrullan en Caracas – ABC

Los bandas criminales se valen de funcionarios policiales para negociar el rescate con los familiares de las víctimas

Caracas es una de las ciudades más peligrosa del mundo. Lo dicen los números: 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Venezuela registró 26.616 homicidios el año pasado, un promedio de cuatro venezolanos asesinados cada hora. En medio de la peor crisis política, económica y social que atraviesa el país, los delitos han aumentado y el secuestro se ha convertido en uno de los pocos negocios rentables.La precariedad y la corrupción existente en Venezuela han provocado que en este negocio participen tanto delincuentes como policías: unos llevando a cabo el secuestro y los otros negociando los rescates.

«En dólares y en efectivo» es lo que se le escucha decir a los secuestradores al final de cada negociación. A pesar de que los expertos señalan que mantener a la víctima en cautiverio unos tres días es la forma más lucrativa, las bandas delictivas han perfeccionado un nuevo método llamado «la cava». Este tipo de secuestro consiste en capturar a varias víctimas, sin relación entre sí, y mantenerlas retenidas en un mismo coche. Mientras tanto, los delicuentes negocian con los familiares de cada una de ellas para obtener el rescate .

«Nos bajaron del coche a los tres y nos subieron a una camioneta negra. Si durante el camino los secuestradores veían a alguien distraído y con potencial económico en la calle, uno de los chicos se bajaba con un arma larga y lo montaba a la fuerza en la camioneta», recuerda a ABC Eduardo Fuentes, un estudiante de 24 años que fue víctima de un secuestro junto a dos amigos el pasado mes de agosto, a las siete de la noche, cuando regresaba a su casa en Prados del Este, una zona acomodada de la capital venezolana. Los secuestradores exigieron inicialmente a cada familia comorescate la cantidad de 50.000 dólares en efectivo, una cantidad elevadísima para la mayoría de las familias venezolanas que con el último aumento de salario llegan a 30 dólares al mes. Tras una ardua negociación, la cifra fue rebajada -a unos mil dólares, varios relojes y joyas, y otros objetos de valor- y los jóvenes finalmente liberados.

Fuentes y sus amigos permanecieron más de siete horas retenidos y encañonados con pistolas por los plagiarios. Junto a ellos, al menos dos personas más fueron capturadas en su presencia y forzados a entrar a «la cava». José Dávila, otro de los jóvenes secuestrado, comenta que el conductor y el negociador eran policías porque a diferencia de los captores estaban «muy tranquilos y hablaban con un vocabulario que no tenían los otros miembros de la banda».

Marcos Tarre Briceño, especialista en secuestro y extorsión, señala a ABC que la crisis en Venezuela ha repercutido en todas las instituciones del Estado de manera que hasta los funcionarios policiales participan en los secuestros para sacar un dinero extra, y llegar a fin de mes. «El secuestro es un delito difícil y los delicuentes se dan cuenta de que necesitan asesoramiento, por eso hay funcionarios implicados ya que son ellos los que se encargan de la negociación», explica Tarre.

La última reseña oficial, que publicaron los diarios nacionales de Venezuela, es del pasado mes de febrero, cuando cinco policías fueron detenidos por el secuestro de la madre del conocido jugador de béisbol Elías Díaz, receptor de los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas.

Miedo a denunciar

El secuestro es el delito que más ha aumentado en Venezuela -un 1.300%- durante las casi dos décadas del Gobierno chavista. Según las cifras extraoficiales elaboradas por diversas organizaciones humanitarias -la falta de transparencia en las oficiales es absoluta-, en 2017 se produjeron alrededor de 654 secuestros y en 2018 la cifra va en aumento. Aunque señalan que los números reales son más elevados, pues la mayoría de las víctimas no denuncian el secuestro.

El experto Marcos Tarre indica que la mayoría de las víctimas no denuncian sino que se van automáticamente del país porque les da miedo que estas bandas criminales tomen represalias en su contra o de su familia. El promedio internacional de víctimas que mueren durante el secuestro es un 10 por ciento, un porcentaje que en el país sudamericano asciende al 14 por ciento.

Cobrar por perseguir a los delincuentes

Aitor, un comerciante que prefiere no dar sus apellidos, fue secuestrado en la puerta de su casa, en El Cafetal, el pasado mes de abril. Los captores pidieron a su familia 100.000 dólares de rescate. Gracias al asesoramiento de un experto, terminaron pagando solo el 10%. Cuando Aitor se dispuso a denunciar el secuestro fue a la sede del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en Quinta Crespo, donde se llevó una desagradable sorpresa: «Lo primero que me preguntaron era si me había autosecuestrado para vengarme de mis padres. Luego me abrieron un expediente y me enseñaron una base de datos con fotos de plagiarios, identifiqué a varios y fue cuando me pidieron dinero para matarlos».

Según fuentes policiales, la falta de espacio en las cárceles provoca que los delincuentes salgan en libertad a la semana y que vayan tras los agentes para vengarse. Los funcionarios piden dinero para matarlos porque «se juegan la vida» cuando van a los sectores populares a buscarlos.

«La banda que me secuestró era la de la Cota 905 (la más experta en Caracas) y la policía me pidió 100 dólares por cabeza», señala Aitor.

ABC.es

Gabriela Ponte