Cristián Precht lideró la Vicaría de la Solidaridad entre 1976 y 1979

En plena crisis de la Iglesia católica chilena, que explotó en enero pasado con la visita del Papa al país y que derivó en una histórica limpia, Francisco decidió este sábado aplicar la máxima sanción posible -la expulsión- al sacerdote Cristián Precht por su implicación en un caso de abusos sexuales que no deja de crecer. Figura central de la Iglesia durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, Precht lideró entre 1976 y 1979 la Vicaría de la Solidaridad, que se enfrentó a los militares y los paralizados tribunales de Justicia y funcionó como aparato de contrainteligencia ante el régimen. La decisión del Pontífice es inapelable.

Precht había sido suspendido entre 2012 y 2017 por “conductas abusivas con menores y mayores de edad”. El líder de la Iglesia chilena, Ricardo Ezzati, fue quien decidió que la suspensión contra Precht fuese de cinco años, a pesar de que el experto en derecho canónico Jaime Ortiz de Lazcano había recomendado una suspensión de por vida. En diciembre pasado terminó de cumplir la sanción, pero cinco víctimas de abusos en la Congregación de Hermanos Maristas presentaron cuatro meses después una querella contra un grupo de sacerdotes, entre ellos Precht, por “asociación ilícita, violación impropia, abuso sexual impropio, abuso sexual propio y favorecimiento de la prostitución de menores”. La Fiscalía abrió una investigación y el 7 de agosto la Iglesia envió los nuevos antecedentes sobre el sacerdote a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

“No será cárcel [aún], pero que se lo expulse de cura a Precht para mí es algo de justicia. Sus abusos provocaron al menos un suicidio y mucho sufrimiento. Una familia que quiero mucho quedó sin papá, sin hijo, marido. Cuando nos creen, hay justicia. Sea quien sea. Es simple”, escribió en Twitter José Andrés Murillo, doctor en Filosofía, víctima del sacerdote Fernando Karadima y que actualmente dirige una fundación que lucha contra el abuso sexual infantil.

“Niego absolutamente haber participado, en forma alguna, en los hechos que calumniosamente se me imputan”, escribió en abril el acusado en una carta al diario chileno La Tercera. “Defenderé mi honra personal y ministerial por todos los medios a mi alcance y en toda instancia que aparezca vulnerada”.

Mientras su caso era estudiado por el Vaticano, el arzobispado de Santiago le ordenó que estableciese su residencia en la capital chilena. Pero Precht presentó un inédito recurso de amparo ante los tribunales de Justicia contra sus superiores por esta medida cautelar. El pasado 6 de septiembre, la Corte Suprema le dio la razón. “Se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a favor de Cristian Precht Bañados y se dispone que la recurrida elimine de inmediato la comunicación aludida y cese en cualquier acto que afecte ilegalmente la libertad personal del amparado (…) Tal situación, desde un punto de vista jurídico, es constitutiva de un actuar ilícito (…) que amenaza y perturba la libertad personal del amparado”, determinó el fallo del máximo tribunal del país sudamericano.

La decisión de expulsar a Precht del clero la tomó directamente el Papa, que en la actual crisis de la Iglesia chilena por primera vez aplica la máxima sanción, aunque existen otros sacerdotes implicados en casos de abusos sexuales. El propio Karadima, por ejemplo, sigue siendo religioso. “En casos muy graves, en los que el proceso penal civil haya declarado al clérigo culpable de abuso sexual de menores, o cuando las pruebas son abrumadoras, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede optar por llevar el caso directamente al Santo Padre con la petición de que el Papa promulgue con un decreto ex officiola expulsión del estado clerical. No hay recurso canónico contra esa decisión pontificia”, explica un documento del Vaticano.

Incluso antes de su expulsión, su situación procesal ya era compleja: a fines de agosto, ya tuvo que declarar como imputado en una nueva investigación, la causa por abusos sexuales contra Pedro Quiroz Fernández, el excapellán de la Fuerza Aérea de Chile en Iquique (norte).

Al contrario de lo que sucedió en otros países latinoamericanos, como Argentina, en Chile la Iglesia católica asumió un papel de defensa irrestricta de los derechos humanos desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y se impuso con fuerza ante el régimen de Pinochet. El cardenal Raúl Silva Henríquez fue el pilar de esta postura: tras el golpe de Estado -del que estos días se cumplen 45 años-, convocó a todas las iglesias para formar el Comité pro Paz, que ofreció las primeras ayudas a las víctimas, trabajó por el asilo de los perseguidos y comenzó a organizar la defensa de la oposición. Tras su disolución en 1975 por las tensiones con la dictadura, el 1 de enero de 1976 consiguió fundar la Vicaría de la Solidaridad, a través de un decreto del papa Pablo VI. El organismo, del cual Precht fue vicario durante sus tres primeros años de funcionamiento, se convirtió en un símbolo de la resistencia antidictatorial y el principal lugar de acogida de las víctimas y sus familiares. Ante la desprotección total, los perseguidos llegaban a la Vicaría a denunciar las desapariciones, detenciones y tormentos.

Según el último reporte del Ministerio Público chileno, entre los 167 imputados en casos de abusos sexuales hay siete obispos, 96 sacerdotes, cuatro diáconos, 30 religiosos que no son sacerdotes, 10 laicos ligados a la Iglesia y otras 20 personas, cuyo vínculo con la institución todavía no ha podido ser precisada por la Fiscalía.

EL PAÍS

ROCÍO MONTES

El presidente peruano se arriesga a que la Cámara censure su Gobierno con tal de esquivar el bloqueo de la mayoría fujimorista, que ya se extiende durante 40 días

El presidente peruano, Martín Vizcarra, esta semana. C. LEZAMA EFE

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha convocado este domingo a una nueva legislatura extraordinaria para superar el bloqueo del Congreso —de mayoría fujimorista— a cuatro proyectos de ley para la reforma del sistema de justicia, que atraviesa una grave crisis de corrupción e inestabilidad, y la reforma política. El jefe del Estado peruano ha planteado al Legislativo una «cuestión de confianza» para las cuatro iniciativas de ley. Es decir, somete su gabinete de ministros a que el Parlamento lo ratifique o lo censure. Según la Constitución, el presidente está facultado a cerrar o disolver el Congreso si niega la confianza a dos consejos de ministros.

Perú es un país marcado, en los últimos tiempos, por la inestabilidad política. En septiembre del año pasado, la oposición fujimorista censuró al Gabinete de Fernando Zavala, el primer ministro del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo en marzo de este año y fue reemplazado por el entonces primer vicepresidente Vizcarra.

Desde que estalló la crisis de corrupción del sistema de justicia, se han producido decenas de manifestaciones ciudadanas en las principales ciudades para exigir la salida de los jueces y fiscales que forman parte de la trama de corrupción. La última, este mismo jueves, pedía la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Pero no solo: también exigía el cierre del Congreso, que no termina de aprobar el dictamen de ninguno de los cuatro proyectos de ley enviados por el Ejecutivo hace 40 días. Sin esa aprobación ni siquiera pueden ser discutidos por el pleno. Las modificaciones en la Constitución deben ser primero aprobadas por el Parlamento para luego ser sometidas al referéndum que ya anunció Vizcarra el pasado 28 de julio.

El proyecto de ley de mayor urgencia es el que dispone cambiar la forma de elección de los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros fueron suspendidos el 20 de julio por el Congreso durante una legislatura extraordinaria convocada por Vizcarra. El mandatario ha convocado para una nueva legislatura extraordinaria para el miércoles 19.

El CNM es el órgano que nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales en Perú, y es uno de los entes que la trama de corrupción usó para colocar magistrados que sirviesen a intereses particulares, mediante el pago de sobornos u otros beneficios a cambio de sentencias, revisión de fallos o reducción de penas. Entre otros miembros de la red se encuentran un empresario ligado al fujimorismo, Antonio Camayo y el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del segundo gobierno de Alberto Fujimori, José Cavassa. También operadores de justicia, como el ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

Una publicación de periodismo de investigación difundió en junio una serie de escuchas telefónicas realizadas por la policía a petición de una fiscal provincial que investigaba a una banda de narcotraficantes en el puerto del Callao. Entre los protagonistas, estaban —además de jueces y fiscales—, varios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Según el informe de la fiscal provincial Sandra Castro, la organización criminal investigada —conocida como Cuellos blancos del puerto— estaba encabezada por el juez supremo César Hinostroza, amigo del fiscal Chávarry, que también forma parte de la red. Hasta el viernes, 29 de las 34 juntas de fiscales superiores del país habían solicitado al fiscal general que se aparte del cargo para que el Ministerio Público no siga mellado en su credibilidad e independencia.

El proyecto de ley del Ejecutivo peruano propone que los integrantes del CNM sean elegidos mediante un concurso público de méritos. Un sondeo de la encuestadora Ipsos difundida este domingo señala que un 68% de los peruanos está de acuerdo con esa opción.

Batalla contra la oposición

Vizcarra ha dado el paso radical hacia la cuestión de confianza en el Congreso después de que el partido fujimorista Fuerza Popular haya hecho todo lo posible por dilatar e impedir los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo. El viernes, cuando la Comisión de Justicia del Parlamento debatía el dictamen del proyecto del CNM, nueve fujimoristas votaron por la abstención e impidieron la aprobación del dictamen.

«Exhorto, a los congresistas a sumarse a esta lucha frontal contra la corrupción y a adoptar las medidas que la Constitución les permite, aceptando la cuestión de confianza planteada y aprobando las cuatro reformas», dijo el presidente este domingo. Dirigiéndose a los peruanos, Vizcarra aseguró que no es ajeno a su indignación y la comparte: «Recojo el clamor popular, basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que trasgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad».

EL PAÍS

JACQUELINE FOWKS