La expresidenta argentina Cristina Fernández volverá a declarar este lunes por la supuesta trama de pago de sobornos de empresarios a funcionarios de su Gobierno, una red que, según el juez, ella lideraba junto a su marido Néstor Kirchner.
El magistrado de la causa, Claudio Bonadio, la citó la semana pasada para ampliar su declaración indagatoria, junto a una decena de acusados, por los nuevos datos que han aparecido desde que ella compareciese ante el tribunal a mediados de agosto.
«Atento a los elementos de prueba incorporados a la causa, los descargos de los imputados y los dichos de los ‘arrepentidos’, se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria», justificó en su decisión el juez federal.
Desde que hace un mes se destapó el escándalo de presunta corrupción, que fue seguido de una ola de detenciones, ya hay en torno a una quincena de «imputados colaboradores», la mayor parte de ellos empresarios pero también algunos ex altos cargos de la administración de los Kirchner, que han admitido su participación en los delitos y han comenzado a aportar información.
En su anterior declaración de 13 de agosto, Fernández se negó a declarar ante Bonadio, aunque presentó un documento en el que negó los cargos y apuntó contra el juez y el fiscal acusándoles de connivencia con el actual Gobierno y solicitando su recusación.
«Bonadio vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa», escribió irónicamente en esa ocasión en sus redes sociales.
Desde que dejó el poder a finales de 2015, la exmandataria ha sido procesada en seis causas, cuatro de ellas instruidas por Bonadio.
Mañana voy al juzgado de Bonadío por séptima vez. Ya saben, no se movilicen. Pongan la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a lxs que la están pasando mal, que desgraciadamente no son pocxs hoy en nuestro país.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 2 de septiembre de 2018
En la reciente «causa de los cuadernos», bajo secreto de sumario y llamada así porque se inició con las anotaciones de un chofer que registraban los supuestos pagos de sobornos, el juez publicó el 25 de agosto un documento en el que indicaba que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro de Planificaión, Julio de Vido, los «verdaderos beneficiarios» de la trama.
Por ello, acusaba a los tres de liderar una «organización delictiva».
El magistrado ya pidió la detención de Cristina Fernández, que no se puede hacer efectiva por su condición de senadora hasta que obtenga la aprobación de la Cámara Alta, y hace dos semanas, se procedió tras el visto bueno del Senado al registro de tres casas de su propiedad, una en Buenos Aires y dos en la Patagonia.
Estos allanamientos, seguidos por decenas de medios de comunicación a las puertas de los inmuebles, fueron fuente de polémicas, ya que no se permitió la presencia en ellos del abogado de la expresidenta y desde el kirchnerismo se cuestionó si se habrían instalado dispositivos de espionaje.
Además de la exmandataria, el juez citó a declarar al exministro de obras públicas De Vido, ya en prisión preventiva por otra causa, al secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y al directivo de la empresa Electroingeniería Gerardo Ferreyra.
Completan la lista de llamados a indagatoria, en este caso por primera vez y para finales del próximo mes, a los militantes kirchneristas Eduardo «Wado» De Pedro, José Ottavis y Andrés «Cuervo» Larroque, y el empresario Sergio Szpolski.
EFE
