El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, habla sobre que Maduro debería aceptar una consulta popular EFE/José Jácome
 

Los gobiernos de las Américas deberían definir una respuesta colectiva y uniforme al éxodo de personas que huyen de Venezuela, señaló Human Rights Watch en un informe difundido este lunes. Deberían considerar adoptar un régimen uniforme de protección temporaria para dar seguridad y estatus legal a los venezolanos que necesitan protección. La agudización de la crisis venezolana ha propiciado el mayor flujo migratorio de este tipo en la historia reciente de América Latina.

Por Human Rights Watch

El informe de 33 páginas, “El éxodo venezolano: Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes”, documenta los esfuerzos de gobiernos sudamericanos para responder al número masivo de ciudadanos venezolanos que cruzan sus fronteras, así como los retrocesos recientes que dificultan que los venezolanos puedan obtener protección. En algunas islas del Caribe, se detiene arbitrariamente y se deporta a venezolanos. Otro problema cada vez más preocupante son los incidentes de xenofobia.

“Aunque varios gobiernos han hecho esfuerzos extraordinarios por acoger a los venezolanos que huyen, la magnitud creciente de la crisis requiere una respuesta colectiva y uniforme”, opinó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos deberían dar una respuesta consistente para que quienes se ven obligados a irse de Venezuela obtengan la protección necesaria que les permita rehacer sus vidas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador convocó a una reunión regional en Quito el 3 y 4 de septiembre para tratar el tema de la emigración venezolana y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una reunión sobre este tema el 5 de septiembre.

Human Rights Watch recomienda que los gobiernos de América consideren adoptar las siguientes medidas:

Un régimen de protección temporaria para toda la región, que otorgue estatus legal a todos los venezolanos, incluida una autorización para trabajar y la suspensión de las deportaciones, durante un período fijo, pero renovable, al menos mientras se resuelvan los reclamos individuales de protección;

Un mecanismo regional para distribuir de manera equitativa las responsabilidades y los costos asociados con los flujos migratorios, incluido el traslado seguro, ordenado y voluntario de refugiados y solicitantes de asilo entre los países receptores, en función de su capacidad de acoger, registrar e integrar a estas personas; y Estrategias multilaterales contundentes para abordar las causas que provocan que tantos venezolanos se vayan de su país, lo que incluye adoptar y aplicar sanciones específicas, como la inmovilización de activos y la cancelación de visas, dirigida contra funcionarios venezolanos clave implicados en graves violaciones de derechos humanos, y promover que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos.

En julio y agosto de 2018, Human Rights Watch realizó trabajo de investigación en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil, y allí entrevistó a funcionarios públicos y de las Naciones Unidas, así como a decenas de venezolanos que habían cruzado la frontera. El informe también se basa en un análisis minucioso de publicaciones gubernamentales y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además de entrevistas adicionales con ciudadanos venezolanos que han huido recientemente a otros países de América del Sur y el Caribe, así como abogados, expertos y activistas.

Más de 2,3 millones de venezolanos, de una población total estimada de 32 millones, se han ido de su país desde 2014, según la ONU. No obstante, se han ido muchas más personas cuyos casos no habrían sido registrados por las autoridades.

La crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela genera una multiplicidad de factores que provoca que los venezolanos huyan del país y que no puedan o no deseen regresar. Algunas de las personas que huyen pueden ser considerados refugiados; otros tal vez no cumplan con los requisitos, pero igualmente necesitan protección.

Conforme al principio de no devolución (non-refoulement) del derecho internacional, los refugiados no pueden ser devueltos por la fuerza a su país de origen si enfrentan un temor fundado de ser perseguidos allí. Quince gobiernos de la región han adoptado una definición más amplia de refugiado, prevista en la Declaración de Cartagena de 1984, que los obliga a ofrecer protección también a quienes huyen de “la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Algunos gobiernos de América del Sur, como Brasil, Chile, Colombia y Perú, han adoptado normas especiales para brindar permisos legales de permanencia a los venezolanos. Argentina y Uruguay permiten que los venezolanos soliciten una visa especial disponible para los nacionales del bloque de comercio regional Mercosur, a pesar de que Venezuela fue excluida del bloque en diciembre de 2016. Los ciudadanos venezolanos en Ecuador pueden solicitar una visa de la UNASUR para quedarse en el país.

Estos permisos han otorgado estatus legal a cientos de miles de venezolanos, y los han ayudado a empezar de nuevo sus vidas en el extranjero, a trabajar y a acceder a servicios básicos. Sin embargo, algunos venezolanos han indicado que enfrentaron dificultades para obtener estos permisos, y recientemente algunos gobiernos han adoptado medidas que hacen que a los venezolanos les resulte más difícil solicitar estatus legal.

Cientos de miles de venezolanos permanecen en una situación irregular, lo cual menoscaba gravemente su posibilidad de obtener un permiso de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a atención médica. Esto los expone en mayor medida a explotación laboral y sexual y trata de personas, y hace que sea menos probable que denuncien abusos ante las autoridades competentes.

En el Caribe, donde varios gobiernos tienen estrechos vínculos económicos y políticos con el gobierno venezolano, ningún país ha establecido un permiso especial para que los ciudadanos venezolanos permanezcan legalmente, y la mayoría de los países no tienen leyes que regulen el proceso de solicitud de asilo. Se ha detenido o deportado a Venezuela a algunos ciudadanos venezolanos con documentos emitidos por Acnur. También hubo casos de hostigamiento xenófobo contra venezolanos en países del Caribe y en el norte de Brasil.

Los ciudadanos venezolanos son la principal nacionalidad que pide asilo en Estados Unidos y España, pero apenas un porcentaje muy bajo lo ha conseguido.

“Venezuela abrió sus puertas a quienes huían de dictaduras y un conflicto armado interno en América del Sur en los setenta y los ochenta”, manifestó Vivanco. “Sus vecinos tienen ahora la oportunidad y la responsabilidad de hacer lo mismo por el pueblo venezolano, y los gobiernos que se reunirán en Quito esta semana para tratar el éxodo venezolano deberían estar a la altura de las circunstancias”.

Por Human Rights Watch