Tras solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el gerente general de una franquicia de la cadena Farmatodo en San Felipe, Rafael Galíndez, por su presunta responsabilidad en la alteración fraudulenta de precios.

Tal irregularidad fue detectada el pasado 21 de agosto por funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes realizaron una inspección al inventario del establecimiento, ubicado en la 5ª avenida con calle 13 de la capital del estado Yaracuy.

Entre los ilícitos descubiertos, resaltan la venta de productos con márgenes de ganancia entre 50, 90 y hasta 1.286 por ciento. También se detectaron vendajes médicos vencidos desde el mes de marzo de este año.

Debido a la flagrancia del hecho, los funcionarios de la GNB aprehendieron a Galíndez, quien quedó a la disposición del Ministerio Público.

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 3ª de Yaracuy imputó al gerente general por los delitos de alteración fraudulenta de precios, especulación y expendio de bienes vencidos.

Ante los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 4º de Control de esa entidad federal dictó la citada medida privativa de libertad contra Galíndez y ordenó su reclusión en el Comando de Zona número 46 de la GNB, en San Felipe.

NP 

Nicolás Maduro afirmó este viernes desde el “Congreso revolucionario de la salud”, que los médicos integrales comunitarios tienen mejor formación que quienes egresan de las universidades del país.

Maduro también anunció que médicos contarán con tabla salarial unificada a El Petro.

“Es importante que las tablas salariales de todos los trabajadores del sector salud estén ancladas al Petro, así como lo hicimos con el salario mínimo nacional, para la estabilización y recuperación del poder adquisitivo”.

Por otra parte cuestionó el sistema de salud pública de Colombia. “En Colombia ir a un médico es un lujo, en Venezuela hemos construido una base poderosa para el sistema público de salud”.

“¿Ustedes se imaginan a un presidente de la derecha hablando de un sistema de salud pública? No pueden. El presidente de Colombia es un oligarca delante del pueblo, por eso es que terminan siendo odiados”, añadió.

El pago se realizará según el terminal de la cédula de identidad: día 1: 0, 5, 6, 9; día 2: 1, 4, 8; día 3: 2, 3, 7

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó este viernes que el pago de las pensiones por Bs.S 1.800 correspondiente al mes de septiembre, será realizado en tres partes.
El día sábado 1 de septiembre se cancelará Bs.S 450; el día viernes 7  Bs.S 450; y el el día viernes 14 de septiembre Bs.S 900.

A través de la red social Twitter, el IVSS precisó que la jornada especial para el pago de pensionados será realizado en los días antes señalados del citado mes de septiembre, de acuerdo a la nueva reprogramación.

La actividad será llevada a cabo en todas las entidades bancarias públicas y privadas de Venezuela de acuerdo al terminal de la cédula de identidad, según los días correspondientes: día 1: 0, 5, 6, 9; día 2: 1, 4, 8; día 3: 2, 3, 7.

AVN

La decisión fue tomada por la Unidad Judicial Tercera de la Familia en una audiencia donde se solicitaron medidas cautelares ante la exigencia del documento a los ciudadanos venezolanos

Quito.- Un tribunal de Quito anuló hoy la regulación del gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Exteriores para que presente un plan si es que pretende seguir aplicando esa medida.

Así lo decidió la Unidad Judicial Tercera de la Familia, en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo contra la exigencia de exigir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos.

La Defensoría «aplaude esta decisión que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar», dijo tras la audiencia el abogado Ernesto Pazmiño, reseñó EFE.

Agregó que la jueza Edith Naranjo «fundamentó su decisión en el artículo 1 de las Constitución», que establece que «Ecuador es un estado de derecho y justicia». Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un límite en sus decisiones, que son el respeto al derechos humanos», puntualizó.

La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que el vecino Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador que la instauró el pasado sábado.

La intención del Gobierno ecuatoriano era tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue contestada por la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos.

«Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos», insistió Pazmiño, para quien la jueza, lo que ha hecho, es «sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración», que es un «problema regional».

Naranjo también dio a la Cancillería de Ecuador un plazo de 45 días para que presente un plan de contingencia humanitaria que sirva para hacer frente a los problemas de inmigración, aunque se desconoce por el momento si ambas decisiones están vinculadas.

Pazmiño aseguró que no es así y que lo que la jueza solicitó es un «plan humanitario», pero el Gobierno no podrá volver a instaurar la restricción de los pasaportes bajo ninguna circunstancia.

Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se mostró «decepcionado» por el fallo pero dijo «respetar» la decisión del poder judicial.

«Nos parece que la jueza ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla pero aparte de este respeto a la decisión judicial existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas», afirmó.

Justificó la decisión de imponer el pasaporte en que, lo que hace la Cancillería, es «todo lo que puede para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta».

EU

Cuando han transcurrido 34 semanas de 2018, en la morgue de Bello Monte se han registrado entre 25 y 30 ingresos mensuales de cadáveres de personas que fallecieron a consecuencia de desnutrición proteica-calórica, según datos suministrados de forma extraoficial.

En su mayoría, son hombres cuyas edades oscilan entre los 25 y 60 años de edad, provenientes de hogares o centros de cuidados públicos, calabozos policiales, así como dos reportes procedentes del albergue Livia Gouverneur, de la Misión Negra Hipólita, situado en la calle Mariano Montilla con avenida Washington, en San Bernardino.

El primer caso ocurrió a principios del mes de enero. La víctima era Freddy Orlando Durán Gómez, de 26 años de edad. Su condición de salud desmejoró de forma progresiva por la falta de ingesta de alimentos.

David Alegría, su hermano, indicó en ese entonces que Durán pesaba 114 kilogramos cuando fue internado debido a una enfermedad mental.

En las afueras del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Alegría denunció que en ese albergue los pacientes recibían maltrato diario y no les suministraban alimentos.

“Freddy tenía atrofia muscular, no podía caminar. Pesaba 35 kilos cuando lo llevaron al Hospital Vargas. Sus órganos no respondían y los médicos señalaron que se debía al cuadro de desnutrición severa que presentaba, descrita clínicamente como estado caquéctico”, dijo Alegría.

Durán murió el 9 de enero en el hospital José María Vargas y sus parientes decidieron presentar el caso al Ministerio Público contra el albergue Livia Gouverneur, previo a una denuncia interpuesta por maltrato, desatención y falta de alimentos para los pacientes allí recluidos.

Sin comida. Otro paciente de nombre Marcos José Gil Parra, enfermo esquizofrénico, falleció el domingo en el mismo albergue de Negra Hipólita y también por desnutrición severa. Pero el hombre de 52 años de edad tenía una escara en la pierna derecha que nunca fue tratada en el centro. “Fue una herida que luego se convirtió en escara y de la que le salían gusanos”, dijo Irma Gil, hermana de la víctima.

Gil Parra fue hospitalizado en ese albergue a comienzos de 2016. “En cada visita decía que le pegaban porque pedía comida, no le permitían el aseo personal y no le daban ni agua. La piel del cuerpo se convirtió en pellejos que le colgaban. Caminaba encorvado, arrastrando la pierna derecha por la infección”, señaló su hermana.

En el albergue Livia Gouverneur residen 73 pacientes que necesitan atención urgentemente. En el patio se observaron a algunos hombres que caminaban descalzos, sin camisa, flacos. Otros se agachaban por debajo del portón cada vez que escuchaban el motor de un vehículo para pedir un mango, a modo de súplica y con los brazos extendidos.

Hambre en los calabozos

La ONG Una Ventana a La Libertad reportó que durante el primer semestre del año, cinco reclusos murieron por desnutrición, de acuerdo con un monitoreo realizado en 93 centros de detención preventiva de 12 regiones del país. El 15 de abril en la madrugada murió Rosner Manuel Fernández González, de 24 años de edad, de la etnia wayúu. Sufrió un paro cardíaco por desnutrición severa mientras estaba detenido en los calabozos de la Policía Municipal de Chacao. En 2017 esta ONG contabilizó la muerte de 8 presos, también por desnutrición.

El Nacional