En la iglesia de Saint Adalbert, en Pittsburgh, había en los años setenta un monaguillo al que querían muchos sacerdotes. Uno de ellos, George Zirwas, se encariñó tanto que lo llevaba a menudo de excursión y hasta le enseñó a conducir. Un día, junto a otros curas, comenzó a abusar de él. La historia del menor se pierde en el informe interminable que un gran jurado ha elaborado sobre siete décadas de abusos sexuales en la iglesia de Pensilvania. Como ocurrió con el caso de Boston entre 1984 y hasta 2002, los relatos dibujan un patrón común de seis diócesis: abusos y silencio sistematizados en el seno de la institución eclesial.

“Lo sentí por todos. Lo sentí por ellos y lo sentí por los que sufrieron los abusos. Lo que está mal, está mal. Otra cuestión es la pecaminosidad. Que una persona haga algo mal es objetivo. Pero si es pecaminoso solo Dios lo sabe”, dice el padre Mike Harcarik en el comedor de su casa, después de oficiar la misa de las 10 de la mañana. Lleva 25 años al frente la iglesia de Saint Adalbert y 55 años en el sacerdocio y le suenan, o conoce, a buena parte de los curas que desvela el informe de los mil horrores contra niños.

—¿Por qué lo siente por los abusadores?

—Porque había una debilidad. Fue una cuestión de que la debilidad se apoderó. Te preguntas si rezaron suficiente.

Fue a mediados de los años setenta cuando el monaguillo citado como “George” en la investigación conoció la “debilidad” del padre Zirwas. El informe, recién publicado tras dos años de investigación, lo cita como miembro de un “círculo de curas depredadores” que compartían a sus víctimas, con las que utilizaban “látigos, violencia y sadismo mientras las violaban”. Además de Zirwas, formaban el grupo Francis Pucci, Robert Wolk y Richard Zula.

Un día Zirwas llevó a George a una reunión con otros sacerdotes. Lo subieron a una mesa, lo desnudaron y le empezaron a fotografiar, como hicieron con otros chicos. Producían material pornográfico en dependencias rectorales. Para distinguir a los agredidos, les regalaban cruces de oro. El niño que la llevaba era una presa.

Los abusos de este grupo se produjeron entre los años setenta y ochenta. Poco después llegó el padre Mike a la parroquia. “Yo no juzgo, Dios es juez”, dice, y por supuesto en lo que se refiere al gran jurado, debe haber un juicio [civil]”. Y también, tras el informe del gran jurado, habrá otros juicios. Pero muchos de los protagonistas, víctimas y verdugos, han muerto. Por eso, para George la justicia llegó a medias. Zula y Wolk resultaron condenados por violaciones de chicos. Los cargos contra Pucci se retiraron por una cuestión técnica y Zirwas murió sin ser procesado.

El documento habla de al menos un millar de víctimas de los abusos, 300 sacerdote implicados y de la gran maquinaria de silencio. El gran jurado, un cuerpo legal que actúa previo a un juicio y cuya investigación ayuda a determinar las imputaciones, describe todo un “manual de instrucciones de ocultación de la verdad”. En un tono que parece emular el de los 10 mandamientos —en este caso, seis— el texto reza:

“Primero, asegúrese de usar eufemismos frente a palabras reales para describir agresiones sexuales. Nunca diga violación, sino contacto inapropiados”. “Segundo, no lleve a cabo verdaderas investigaciones” sino “asigne a clérigos a hacer preguntas inadecuadas”. “Tercero, para lograr una apariencia de integridad, envíe a sacerdotes para ‘evaluación’ en centro psiquiátricos de la Iglesia”. “Cuarto, cuando un cura deba ser trasladado, no diga el motivo. Diga a los feligreses que está en ‘baja médica’ o ‘fatiga nerviosa’. O no diga nada’. “Quinto, aunque un sacerdote esté violando a niños, proporcióneles casa y cubra sus gastos”. “Finalmente, y sobre todo, no diga nada a la Policía. El abuso sexual, aunque sin penetración, siempre ha sido un delito. Pero no lo trate de ese modo, sino como un ‘asunto personal’, ‘dentro de casa’”.

Justificar un aborto

Una carta de 1989 ayudaría a establecer un séptimo consejo: victimice al agresor. En aquella misiva, el obispo de Scranton, James C. Timlin, se dirige al cardenal Luigi Dadaglio en Roma para informarle de que un sacerdote había asistido a un “aborto irregular”. “El sacerdote actuó indudablemente presa del miedo y el pánico. Él había dejado embarazada a la chica a la que ayudó con el aborto”, justifica. La debilidad de la que hablaba este miércoles el padre Mike desde Pittsburgh. Así, recomienda su perdón recordando que “el cura se encuentra ahora en una parroquia bastante lejana de la ciudad en la que se cometió el crimen”.

Todos los clérigos implicados en abusos fueron migrando de parroquia en parroquia, de una iglesia a otra. George Zirwas pasó por un total de ocho entre 1979, cuando fue ordenado sacerdote, y 1995, cuando fue dado de baja. Murió en 2001. El miércoles en la iglesia de Saint Adalbert a nadie a parte del pastor le sonaba su nombre, pese a que muchos de los feligreses eran octogenarios vinculados a esa comunidad toda su vida.

Un viejo monaguillo del lugar, ahora de 87 años, sí admitía este miércoles conocer a algunos de los sacerdotes implicados en el caso. “Uno era amigo mío, el padre Ted, ¿cómo es posible? Te confiesas con ellos y…”. El parroquiano pidió aparecer bajo algún nombre ficticio para no desvelar su identidad. Otros hicieron lo mismo.

La entrada está llena de folletos informativos. “Cómo rezar el rosario”, se titula uno. “¿Cómo voy a confesión?”, pregunta otro. Uno habla de “Informar sobre abusos a niños y ley de servicios de protección del menor en Pensilvania”. Es de 2007. Defiende el padre Mike que la política de la Iglesia ha cambiado radicalmente respecto a los abusos, que aquella ocultación ya no es posible.

Cuando acaba la misa, una de las feligresas acude a saludarlo y le presenta a la más joven de la parroquia, su hija Josephine, de apenas unas semanas de vida. Buscarán fecha para el bautizo. El sacerdote se retira a la residencia y los parroquianos van abandonando la iglesia. Justo a la salida, una señal de tráfico amarillenta advierte: Watch children (Cuidado con los niños).

El País

La mayor trama de corrupción jamás descubierta en Argentina tiene 14 detenidos, 43 imputados y 12 arrepentidos. Pero poco se sabe hasta ahora de los millones de dólares que circularon entre exaltos funcionarios del kirchnerismo y empresarios con contratos con el Estado. El juez Claudio Bonadio, a cargo de la investigación de “los cuadernos de la corrupción”, por los textos apuntados durante diez años por un chófer del poder, estimó en 200 millones de dólares el dinero negro movido por la red. El Gobierno de Mauricio Macri quiere recuperar al menos una parte y recompensará a quien aporte datos que permitan dar con el efectivo. El premio será de hasta un 5% del dinero recuperado, según la importancia del aporte del testigo, con un máximo de 2 millones de pesos, equivalentes a 66.000 dólares.

Los billetes de la corrupción circularon en bolsos que llegaban a su destino en autos oficiales. Los arrepentidos han hablado de bóvedas secretas en la casa de los Kirchner en la Patagonia y aviones del Gobierno cargados de dinero. Las revelaciones más explosivas llegaron de boca de Claudio Uberti, el único exalto cargo que decidió hablar a cambio de beneficios judiciales. Uberti tenía como función coordinar el presunto cobro de dinero en nombre del ministerio de Planificación, responsable de asignar todo el presupuesto de la obra pública. En su declaración ante el juez, dijo que Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto del funcionamiento de la red. Contó incluso que el día que Néstor murió, el 27 de octubre de 2010, en su piso de Buenos Aires “había 60 millones de dólares”.

Bonadio no ha logrado dar con un solo dólar, pese a la declaración de los empresarios que negociaron su libertad temporal a cambio de contar todo lo que saben. El Senado bloqueó ayer un pedido del juez para allanar el piso en Buenos Aires de Fernández de Kirchner, quién está protegida por fueros parlamentarios. Una visita a una excasa de la expresidenta en el sur, donde testigos hablaron de una bóveda repleta de dinero, no encontró prueba alguna.

La recompensa intentará al menos seducir a cualquiera que tenga datos ciertos, siempre que no esté involucrado en la investigación. El decreto lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se basó en una ley de 2010 que regula el pago de recompensas en causas judiciales. La norma no se pensó para este tipo de delitos, pero dejó abierta una puerta en su último párrafo. La recompensa, dice, podrá aplicarse a “todos aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro de información».

«Ofrécese una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa caratulada ‘Fernández, Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita», dice el primer artículo de la resolución. La ministra Bullrich se encargó ella misma de anunciar la oferta en las redes sociales, donde es muy activa.

Hasta ahora, el único rastro concreto de presunto dinero sucio no está en Argentina sino en Estados Unidos. La Unidad de Información Financiera (UIF) en Buenos Aires investiga en Florida y Nueva York una serie de propiedades heredadas por la familia del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, muerto hace dos años. El valor de los bienes encontrados asciende a 65 millones de dólares.

El País

En medio de una jornada en la que más de 300 diarios estadounidenses publicaron editoriales contra los ataques del presidente, Donald Trump publicó varios tuits en los que reiteró sus críticas contra el sector del periodismo que llama «fake news» (noticias falsas), pero aseguró que «no hay nada que quiera más para el país que la verdadera libertad de prensa».

El mandatario, que ha calificado a los medios opositores como un «peligro» para la sociedad estadounidense, la señaló este jueves de ser «el partido de oposición». Por ello, indicó: «Es muy malo para nuestro gran país… ¡PERO ESTAMOS GANANDO!».

Posteriormente, se refirió al Boston Globe, diario que impulsó la iniciativa a nivel nacional. En principio, recordó el fallido negocio que hizo el New York Times, que compró el periódico por USD 1.100 millones y lo vendió luego a USD 70 millones, aunque el mandatario usó cifras inexactas. Luego, comentó: «Ahora el Globe está en COLUSIÓN con otros diarios por la prensa libre. PRUÉBENLO!». Colusión es el tema central de la investigación de Robert Mueller sobre los vínculos entre el gobierno ruso y la campaña republicana para la elección presidencial.

En un tercer mensaje, escribió que «no hay nada más que quiera para el país que una verdadera LIBERTAD DE PRENSA». Sin embargo, matizó: «El hecho es que la prensa es LIBRE para escribir lo que quiera y decir lo que sea, pero mucho de lo que dice es FALSO, impulsando una agenda política o simplemente tratado de herir a gente. LA HONESTIDAD GANA!».

El mandatario ha criticado de manera repetida a los medios de comunicación por citar «fuentes anónimas que no existen» para elaborar sus noticias e «inventar historias» para desacreditar su trabajo.

En ese sentido, el Boston Globe escribió en su editorial: «Llamar a la prensa ‘el enemigo del pueblo’ al igual que va contra los valores estadounidenses es también un peligro para el tejido cívico que hemos compartido durante más de dos siglos».

Por su parte, The New York Times apeló a los ciudadanos al asegurar que la prensa los «necesita».

Infobae