Los vecinos temen por su seguridad, su paz y su urbanización
· Los vecinos agrupados en Avesamar alertan sobre la situación que están atravesando y que pudiera repetirse en otras comunidades de Baruta y de la Gran Caracas. Es hora de unirse para resolver esta situación, persuadidos de que los asiste la razón.
Los vecinos de Santa Marta están altamente preocupados ante la pretensión de Madison C.A. de instalar un colegio en una zona totalmente inadecuada. Por tal razón demandan la atención de las autoridades municipales y judiciales para que prevalezca la justicia que otorgue paz y seguridad a la comunidad.
La junta directiva de la Asociación de Vecinos de Santa Marta, Avesamar, informó que el Colegio Madison está haciendo remodelaciones en una vivienda unifamiliar, donde funcionaba antiguamente el preescolar Alimar, el cual dejó de operar legalmente desde el 2013, para intentar reactivarlo sin contar con los permisos que otorga la municipalidad y sin cumplir con las variables urbanas fundamentales asignadas a dicha vivienda.
Explicó María Alejandra Semidey, asesora de la Junta que los residentes están persuadidos de la necesidad de una educación de excelencia, pero ello implica contar con instalaciones adecuadas y en óptimas condiciones, ubicadas en zonas apropiadas y cumpliendo con las exigencias que la Ley, el Municipio y el Ministerio de Educación establecen, todo lo cual es incumplido, en esta ocasión, por el extinto preescolar Alimar y por el Colegio Madison. “No se puede dañar a una comunidad, alegando la supuesta lesión del derecho a la educación, pretendiendo hacer ver que los derechos de la comunidad no son importantes”, dijo.
El caso es que Santa Marta es una urbanización cerrada. No tiene salida a otras zonas. Por donde se entra también se sale. Sus calles son angostas. Solo poseen un canal de circulación. No hay locales comerciales y se trata de residencias unifamiliares, en las que un alto porcentaje son de la tercera edad.
Es criterio de los vecinos de Santa Marta, que de llegarse a instalar este colegio se estarían violando las normas de urbanismo y pondría en peligro la seguridad de toda una comunidad.
“El colegio que pretenden ubicar albergará entre 80 y 100 niños, -explicó-, y la aspirada instalación está también en flagrante violación de las normas de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Administrativas, FEDE, del Ministerio de Educación que contempla las regulaciones que debe tener un plantel y estar apto para brindar educación. También incumple con las variables urbanas fundamentales establecidas para los inmuebles que se quieran destinar al uso educativo: El tamaño mínimo de una parcela exige 1.050 mts2 y la parcela donde pretenden instalar el plantel es de 870 mts2. Otra regla expresa claramente que en una calle ciega no debe existir una unidad educativa y la quinta Alimar está ubicada en una calle ciega, donde existen 6 o 7 viviendas residenciales”.
Afirmó la directiva de Avesamar que el Colegio Madison utiliza como bandera el derecho a la educación, pero ocurre que desde hace mucho tiempo allí no existe ni ha funcionado ningún colegio. Se trata de una casa desocupada y el permiso de funcionamiento que tenía el anterior preescolar Alimar está vencido desde más de 5 años. “De insistir, tendría que iniciar el proceso de permisología de uso y de remodelación ante la Alcaldía de Baruta y, posteriormente, el proceso para la instalación de un colegio ante el Ministerio de Educación”.
“El Instituto de Protección al menor y el propio Ministerio de Educación decidieron que no había materia que tratar, en razón de que en ese local no existen niños. La Dirección de Protección Civil y la Comandancia de Bomberos del Distrito Capital dejaron constancia del estado de ruina del inmueble dentro del cual sería peligroso funcionar”, indicó María Alejandra Semidey.
Uso Complementario Educacional: Un juicio
La quinta Alimar de la urbanización Santa Marta, sobre la que se centra una compleja controversia, tiene asignada una Zonificación RE (Reglamentación Especial), debiéndose regir por lo establecido en el Oficio Nº 320 de fecha 02-07-58, aprobatorio del Anteproyecto de Zonificación, Parcelamiento y Vialidad de dicha urbanización.
Conforme a dicho en Oficio, la parcela 130 (Catastro 113/02-05), donde está construida la mencionada Quinta – tiene asignado un uso urbanístico exclusivamente residencial, mientras que otra parcela muy cercana, identificada con el Nº 133, es la única que dentro de la Urbanización tiene asignada un Uso Educativo y su propietario ha manifestado que no tiene planificado desarrollarla a esos fines, pues ya existen muchos preescolares cercanos en la zona.
A pesar de lo antes expuesto, y aún cuando la parcela donde está construida la quinta Alimar no cumple con los requisitos (área o superficie, anchura de calle, vialidad, tamaño, etc.) para ser utilizada con fines educativos, sus propietarios lograron obtener una autorización de Uso Complementario Educacional que, al querer ser utilizado ahora por el Colegio Madison – quien compró el preescolar Alimar para ocultar su intención de beneficiarse de un permiso que no sólo es ilegal sino que también es ajeno -, llamó la atención de la comunidad y de las autoridades Municipales.
Es así como se inicia una investigación acerca de las extrañas circunstancias en que fue emitido el referido Uso Complementario Educacional, la cual culminó con una solicitud de Reconocimiento de Nulidad Absoluta que delata los vicios y la notable ilegalidad del permiso en cuestión, y que fue declarada procedente por el Municipio Baruta, quien al detectar uno de los diversos vicios denunciados, procedió sin más a declarar la nulidad sin necesidad de pronunciarse sobre cualquier otro alegato o prueba.
La Resolución que declara la Nulidad del Uso Complementario Educacional asignado a la quinta Alimar, fue impugnado por la propietaria del inmueble y por Madison Learning Center, C.A. tanto en nombre propio como en nombre del preescolar Alimar, ahora de su propiedad, mediante Demanda de Nulidad que cursa ante el Tribunal Superior 8º de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Este proceso es uno de los mas dañinos para la comunidad, pues el Colegio Madison y la propietaria de la quinta Alimar, en su afán de imponer su voluntad por encima de la ley y la comunidad, ha estado manipulando pruebas y alegatos para engañar al Poder Judicial y al Ministerio de Educación, quienes han sido utilizados para forzar el funcionamiento de un colegio aun cuando ello viola la ley.
Obras ilegales: Otro juicio
En forma paralela a la situación antes mencionada, la propietaria de la quinta Alimar, junto al Colegio Madison, comenzaron a ejecutar obras de remodelación en la quinta Alimar, lo que pretendían hacer en secreto para que el Municipio Baruta no se diera cuenta de la existencia de obras ilegales, que luego tuvieron que reconocer, gracias a la acción vecinal que impidió en varias ocasiones que los autores de los ilícitos ocultaran los hechos de sus actividades ilegales. En consecuencia tanto el Colegio Madison como la propietaria del inmueble en cuestión debieron suspender las obras y trabajos de demolición que intentaron hacer sin notificar al Municipio y sin obtener el permiso respectivo.
“El acto administrativo de la Alcaldía de Baruta de no permitir la remodelación también fue impugnado por los representantes de Madison Learning Center, C.A, del preescolar Alimar y los representantes de la quinta Alimar. Primero mediante la interposición de un Recurso de Reconsideración, que aun no ha sido decidido, y luego con la inclusión del referido acto administrativo en la demanda de nulidad que cursa ante el Juzgado Superior Contencioso antes mencionado, Exp. 2842, lo que vale acotar que no podía hacer legalmente porque deben esperar el pronunciamiento de reconsideración”, expresó.
Al igual que con el Uso Complementario Educacional, Avesamar ha intervenido para defender sus derechos y para sostener la legalidad de los actos administrativos atacados por el grupo liderado por el Colegio Madison, quien se niega a cumplir con el procedimiento de ley para la obtención del permiso de demolición y remodelación pues sabe que las obras que desean hacer están enfocadas a un colegio y las variables urbanas aprobadas para ese inmueble son para una casa. “Además, -sostuvo la asesora, – hay otros aspectos que no pueden cumplir como las exigencias de bomberos, seguridad y la venia de la comunidad, dado que la colectividad de Santa Marta, no otorgaría por ser ilegal”.
“La acción vecinal originó un amparo civil que, entre otras cosas, solicitaba que se dejara sin efecto el uso de la caseta de vigilancia, amparo éste que fue declarado procedente sólo para establecer que los vecinos no podían impedir la circulación de las personas aún cuando estuvieran cometiendo un ilícito y que, en tales casos, los vecinos debían hacer las denuncias respectivas, cosa que han seguido haciendo ante las constantes violaciones y abusos del Colegio Madison. Sin embargo, -agregó-, lo más resaltante de ese amparo fue la declaración precisa del Tribunal acerca de la inexistencia de alguna violación al derecho a la educación y al trabajo, pues se determinó que no existía servicio educativo alguno y que en la quinta Alimar se veía que no había niños desde hacia tiempo, al punto de estar en estado de abandono. Además, señaló que la comunidad puede cumplir con las labores de seguridad libremente, solo que los vecinos no pueden trancar los accesos”, informó Semidey.
Batalla legal
Como se dijo previamente, existe un proceso legal en el que se impugnaron dos (2) actos administrativos, a saber: 1) la Resolución que declaró la nulidad del Uso Complementario Educacional, originado en la Alcaldía de Baruta, y 2) la Resolución que ordenó la paralización de obras ilegales. Tanto los representantes legales de Madison Learning Center, C.A. como los de Avesamar y de la Alcaldía de Baruta se encuentran en una batalla legal en los tribunales que tienen en sus manos el futuro de paz o de zozobra para los habitantes de una urbanización caraqueña tradicional y que de su sentencia dependerá el porvenir de otras localidades.
“Los vecinos de Santa Marta exigimos de las autoridades competentes que entiendan la situación de la comunidad de Santa Marta, comprendida en 126 viviendas unifamiliares. Aún cuando creemos firmemente en la importancia de la educación, lo que pretende hacer el Colegio Madison es ilegal e inconveniente tanto para los vecinos como para los niños y sus familiares, que podrían inscribir a los pequeños en una sede inadecuada y rechazada por la comunidad”.
Argumentó la vocera de los vecinos que su urbanización es pequeña y cerrada, y corre el peligro de quedar a expensas de la delincuencia, de permitirse la circulación de cientos de vehículos diarios sin ningún tipo de control. Por otra parte, generará un caos en una urbanización donde las calles solo tienen un canal de circulación, una sola entrada y una salida. “No se puede utilizar como bandera el hecho educativo y colocar en zozobra permanente a toda una comunidad”, concluyó Semidey.
