El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, cometido en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

Además, Boudou fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y los jueces ordenaron su inmediata detención.

Por su parte, el tribunal sentenció a José María Núñez Carmona por hallarlo culpable de ser partícipe necesario de cohecho pasivo y de negociaciones incompatibles con función pública a 5 años y 6 meses de prisión y abonar una multa de $90 mil. También irá a prisión ahora.

Ambos, Boudou y Núñez Carmona, fueron alojados de manera provisoria en la Comunidad 29 de Comodoro Py, dependiente del Servicio Penitenciario Federal. De allí serán trasladados a la cárcel de Ezeiza, donde cumplirán sus condenas.

Sus abogados ya adelantaron que mañana apelarán a la Cámara Federal de Casación Penal sus detenidos para que esperen en libertad la confirmación de la condena.

En tanto, Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por ser hallado culpable de ser partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con función pública y deberá pagar una multa de $90 mil. Cumplirá la prisión de manera domiciliaria.

A su vez, Vandenbroele fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y a pagar una multa de $90 mil por haber sido encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.

En cuanto a Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente. Además, ambos tendrán que hacer tareas comunitarias durante tres años en una institución de bien público a razón de 40 horas por semana.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron en su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto. El veredicto fue con la disidencia de López Iñíguez respecto de los montos de la pena, los delitos y las detenciones.

Las últimas palabras de Boudou

Más temprano, Boudou hizo uso de las últimas palabras. «Hay un relato construido en este juicio, muchas cosas se desbarataron», afirmó, y recalcó: «Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone».

Luego, sostuvo que las acusaciones por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública no tienen ningún sustento.

«Los políticos que reciben transformar la libertad son perseguidos, primero por los medios y luego por la administración de Justicia», agregó Boudou, quien dijo que en este proceso se está «tomando revancha» en su contra por cambiar la política de las AFJP durante su gestión.

«Quiero dejar este testimonio para todos los jubilados, para los niños, para todas y todos. La única verdad es la realidad», cerró Boudou.

Infobae

Juan Manuel Santos cede este martes el testigo después de dos legislaturas centradas en lograr la paz con las FARC. Tras gobernar ocho años, el presidente de Colombia deja un legado en el que todo su proyecto de modernización gira en torno a los acuerdos de noviembre de 2016 con la guerrilla. El proceso queda en manos de su sucesor, Iván Duque, quien prometió corregir lo pactado, sobre todo en lo que respecta al sistema de justicia transicional y a la participación de los excombatientes en política. “Cuiden la paz, defiéndanla”, ha pedido Santos.

El mandatario saliente, político moderado y representante del establishment, se propuso, cuando asumió el cargo en 2010, unir a Colombia alrededor de la paz. Lo logró solo en parte, puesto que la sociedad sigue profundamente dividida sobre los términos de ese acuerdo alcanzado en las negociaciones en La Habana. No obstante, pese a las críticas sí puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Las FARC hoy ya no existen, se constituyeron como partido político y dejaron las armas. La desmovilización de 11.000 guerrilleros —según cálculos del Alto Comisionado para la Paz— no ha impedido que la llamada implementación haya sufrido retrasos y se haya convertido en una carrera de obstáculos.

En este contexto, Santos agota su mandato con un grado de impopularidad que ronda el 60%, alimentada principalmente por los sectores críticos con la paz que se referencian en el expresidente Álvaro Uribe.

El mandatario colombiano asegura que no le importa y está convencido de haber actuado de forma correcta. Es probable que la historia le juzgue con más generosidad y que sus compatriotas dentro de unos años sean capaces de valorar sus logros con mayor frialdad y perspectiva. En cualquier caso, antes de abandonar la Casa de Nariño, Santos se ha empleado en transmitir dos mensajes. En primer lugar, que el proceso de paz es irreversible en sus aspectos centrales. Y, en segundo lugar, que con esa premisa todos los implicados deben aspirar a la reconciliación.

Asignaturas pendientes

“Esta es la paz que dejamos en plena construcción, que no es mía ni de mi Gobierno, sino de todos los colombianos”, afirmó el mandatario hace dos semanas en la sesión inaugural de la legislatura. “Y estos son algunos de sus resultados más visibles: miles de vidas salvadas, miles de víctimas y heridos que ya no se producen, más inversión, más turismo, más trabajo, más recursos naturales protegidos, más progreso en el campo”, agregó antes de dirigirse a su sucesor. “Por eso hoy les digo: cuiden la paz que está naciendo. Cuídenla. Defiéndanla. Luchen por ella. Porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación. Cuiden la paz para que crezca fuerte, para que dé sus frutos. Porque Colombia merece vivir en paz”, dijo.

En julio, los colombianos asistieron a dos fotografías históricas. Primero, la cúpula de la antigua guerrilla encabezada por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue citada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra, para responder por secuestro sistemático. Una semana después, algunos de esos excombatientes entraron oficialmente en las instituciones. Sin embargo, quedan varias asignaturas pendientes, empezando por el irresuelto problema de la violencia. El conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas conversaciones aún no han registrado avances significativos; los grupos disidentes de las FARC; el narcotráfico y el aumento de los cultivos de hoja de coca, que el año pasado superaron las 200.000 hectáreas, un nuevo récord. A eso se suma el insoportable goteo de asesinatos de líderes sociales, uno cada tres días desde la firma de la paz.

En política exterior, Santos recabó el apoyo de los principales actores de la comunidad internacional para el desarrollo de los acuerdos de paz y, en el último año y medio, se centró en la oposición al régimen de Nicolás Maduro. La deriva de Venezuela y la huida de alrededor de un millón de ciudadanos a Colombia, con la que comparte más de 2.200 kilómetros de frontera, contribuyó a tensar las relaciones bilaterales.

Pero los constantes insultos del dirigente bolivariano, que el sábado llegó a acusar al presidente colombiano de intento de asesinato, han llevado en los últimos días a una ruptura de facto entre los dos países. Este será otro de los retos que tendrá que asumir Duque, quien se propone unir a los Gobiernos de la región para redoblar el aislamiento del sucesor de Hugo Chávez.

El País

A menos de ocho meses de que Reino Unido selle su divorcio de la UE, el Gobierno escocés exige a Londres que desvele de una vez su plan B sobre el Brexit ante la eventualidad de que las negociaciones en curso con Bruselas no lleguen a buen puerto antes del 29 de marzo de 2019. Esa es la misiva que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha transmitido durante su encuentro de este martes con Theresa May, a quien acusa de utilizar la perspectiva de una falta de acuerdo con Bruselas como una táctica negociadora que acabará resultando “profundamente dañina”.

La visita de la primera ministra británica a Edimburgo, la primera comparecencia pública de May en territorio británico desde su receso estival en los lagos italianos, ha tenido como propósito oficial el anuncio de un paquete de inversiones para crear empleo en la región, aderezado con una breve incursión en el renombrado festival de teatro de la ciudad. Pero el plato fuerte de su estancia ha sido el cara a cara con Sturgeon, feroz opositora al Brexit (al igual que el 62% de los escoceses que votaron en su contra en 2016) y guardiana del arma de convocar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia una vez se aclaren las condiciones del desengarce de Europa.

Claridad es lo que Sturgeon ha reclamado a May tres semanas después de que la primera ministra británica presentara el conocido como plan de Chequers, que se saldó con la dimisión de dos ministros clave (el responsable del Brexit, David Davis, y el de Exteriores, Boris Johnson) y las consiguientes especulaciones sobre una caída del Gobierno que nunca llegaron a consumarse. Presentado por la primera ministra como un punto de partida de la negociación con Bruselas, el acuerdo —que sigue permitiendo a May aunar en el seno de su Ejecutivo las diferentes sensibilidades sobre Europa— contempla un área de libre de libre comercio para bienes, muy vago en cuanto a la circulación de personas y excluyendo los sevicios financieros, para desespero de la City.

La tibia reacción a ese plan por parte europea y la premura de un calendario que forzaría a tener cerrada la negociación Reino Unido-UE en el otoño (el acuerdo final debe ser ratificado por los parlamentos de todos los Estados miembro de la UE antes de marzo) han convencido a Nicola Sturgeon sobre la alta probabilidad de que Reino Unido acabe soltando amarras europeas sin un acuerdo firme con sus antiguos socios. “Un no acuerdo sobre el Brexit sería completamente inaceptable, pero utilizarlo como táctica negociadora implica un riesgo verdadero de que se convierta en realidad”, subrayaba la ministra principal escocesa horas antes de su reunión con May.

Sturgeon aludió también a la eventualidad de lo que ha sido bautizado como un “Brexit a ciegas” (Blind Brexit), consistente en ratificar algún tipo de declaración de intenciones con la Unión Europea, para evitar el caos, pero que dejaría para más adelante los detalles de la futura relación comercial bilateral, que es el punto esencial para ambas partes. En el supuesto de que se plantee esa opción in extremis, el Ejecutivo escocés la rechazaría de plano, subrayó Sturgeon, “porque el próximo marzo dejaría a Reino Unido al borde del precipicio y sin saber cuál sería su destino final para aterrizar sano y salvo”.

El País