La imposición de una reforma de calado constitucional con una ajustada mayoría política suele acarrear descontento. Las voces de la oposición y de las minorías étnicas y religiosas se han alzado en Israel contra la aprobación de la ley del Estado nación, una norma que establece el carácter judío del país, declara el hebreo como única lengua oficial y es vista como una consagración de la discriminación por árabes de origen palestino (un 20% de los 8,7 millones israelíes), drusos (2%) y cristianos (2%). Con el ajustado voto a favor de 62 de los 120 escaños, la Kneset (Parlamento) sancionó hace 12 días que el derecho a la autodeterminación en Israel pasa a estar reservado en exclusiva al pueblo judío. El reconocimiento de la igualdad entre todos los ciudadanos proclamada en la declaración de independencia de 1948 no está ahora recogido en la nueva ley fundamental del Estado.

Los miembros de la Lista Conjunta árabe boicotearon el pleno durante la votación del pasado día 19 de julio. Otro parlamentario de ascendencia palestina integrado en el laborismo renunció después al acta para expresar su queja. Tres diputados drusos han recurrido ahora ante el Tribunal Supremo la norma por considerarla inconstitucional. Lo mismo han hecho los del partido Meretz (izquierda pacifista). Dos oficiales del Ejército, también de la minoría drusa, han presentado la dimisión ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Decenas de altos mandos retirados del Ejército y la Policía han alertado en una carta conjunta del riesgo de que la controvertida normativa abra una fractura en la ciudadanía. La sociedad civil ha convocado una gran marcha de protesta en Tel Aviv este sábado contra una legislación acusada de avalar la discriminación. La oposición en bloque ha forzado un debate sobre la ley del Estado nación la semana próxima en la Cámara, pese al receso parlamentario de verano. Incluso el presidente de Israel, el conservador moderado Reuven Rivlin, ha anunciado que solo promulgará la ley con su firma en caracteres árabes en señal de disgusto.

El movimiento contra la discriminación que encarna la ley del Estado nación judío parece estar cobrando una magnitud con escasos precedentes en Israel desde la movilización de los jóvenes indignados en 2011 contra la carestía de la vida. “Hemos sufrido un retroceso de nuestros derechos por una decisión de un Gobierno racista”, denunciaba este martes en una comparecencia ante la prensa en Jerusalén el diputado druso de Unión Sionista (alianza de centro-izquierda encabezada por el laborismo) Saleh Saad.

Los drusos constituyen una minoría étnica y religiosa que se extiende por Israel, Líbano y Siria. Se caracterizan por su lealtad al país en el que se asientan y por el secretismo de sus ritos de culto basados en la reencarnación. Los más de 130.000 israelíes de esta comunidad se han venido declarando integrados en el Estado durante los últimos 70 años. La gran mayoría de los hombres cumple el servicio militar obligatorio y muchos de ellos se alistan después como profesionales en las fuerzas de seguridad. “Serví durante 12 años en el Ejército”, asegura Saad, “y ahora me enfrento a esta ley injusta que excluye a los árabes y a minorías como los drusos, los beduinos, los cristianos o los circasianos [musulmanes de origen caucásico]”. En la reclamación que ha dirigido al Supremo exige que el carácter cooficial del árabe (la lengua materna de su comunidad) sea restablecido, la dotación de infraestructuras y viviendas para los pueblos de las minorías, generalmente relegados por la Administración y una declaración expresa de la igualad de todos los ciudadanos en la nueva ley básica o constitucional.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, proclamó el pasado domingo en la reunión semanal del Consejo de Ministros que “Israel es el Estado nación del pueblo judío, con igualdad de plenos derechos para todos sus ciudadanos”. El líder de Likud —que encabeza una coalición de seis partidos conservadores, nacionalistas, de extrema derecha y ultraortodoxos judíos, considerada como la más derechista en la historia de Israel— ha intentado justificar la aprobación de la ley del Estado nación alegando que la igualdad ya estaba legalmente garantizada en el Estado hebreo mientras que “nunca se habían recogido los derechos nacionales del pueblo judío en una ley básica”.

Netanyahu ya ha advertido de que no reformará la nueva norma pese a la creciente ola de críticas en la sociedad. Pero ha intentado tender puentes con la minoría drusa —con estratégica importancia en las fuerzas de seguridad por su dominio del árabe— y se ha reunido con sus dirigentes para tratar de aplacar su inquietud. El líder espiritual druso, jeque Muwafaq Tarif, le ha exigido en un comunicado que enmiende la polémica ley para recoger expresamente los derechos de todas las minorías. La dimisión de dos oficiales de este grupo étnico ha llevado a intervenir al jefe del Estado Mayor, general Gadi Eisenkot, para evitar nuevas renuncias en cadena.

El Patriarcado Latino de Jerusalén, cabeza de la Iglesia católica en Tierra Santa, ha asegurado a su vez que la ley del Estado nación es «discriminatoria» y «viola tanto la legislación israelí como el derecho internacional». En un comunicado citado por el portal digital Times of Israel, el Patriarcado llama a los cristianos a sumarse a las protestas convocadas contra la norma de rango constitucional. “La ley no contempla garantías para preservar los derechos del pueblo indígena [en alusión a los ciudadanos de origen árabe] ni de otras minorías que viven en el país. Los ciudadanos palestinos de Israel representan una quinta parte de la población y han sido flagrantemente excluidos del ámbito de la ley”. La Iglesia católica sostiene que la norma infringe la resolución 181 de Naciones Unidas que estableció en 1947 el Estado de Israel tras la partición de la Palestina bajo mandato británico y la propia declaración de independencia, de 1948, que garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos de Israel al margen de su origen nacional, etnia o credo.

Maniobras ante las urnas

Amparado en la bonanza económica de Israel —con una tasa de desempleo situada por debajo de 5% y el PIB creciendo a un ritmo anual superior al 3%—, y en sus buenas relaciones con Estados Unidos y Rusia —estrechas con el presidente Donald Trump, fluidas con Vladímir Putin—, a Netanyahu le sonríen las encuestas electorales. A pesar de las investigaciones por varios casos de corrupción que pesan sobre el primer ministro israelí, el conservador partido Likud que lidera volvería a ganar las elecciones con más de una cuarta parte de los escaños, en una fragmentada Kneset cada vez más escorada a la derecha.

Un sondeo de la consultoría demoscópica Panels para el diario digital Walla! refleja que el 58% de los israelíes apoya la controvertida ley del Estado nación, y la encuesta mensual Peace Index del Instituto de la Democracia en Israel constata también que el 52,3% de los ciudadanos respaldaba la oportunidad de la norma. En este clima político Netanyahu parece dispuesto a adelantar las legislativas —previstas en principio para el otoño de 2019— con el objetivo de rentabilizar en las urnas los buenos augurios de los sondeos.

“Frente a una legislación que alienta el tribalismo en lugar de la identidad nacional del Estado (…) Netanyahu ya ha pedido a sus correligionarios políticos que dejen de pedir disculpas por la aprobación de la ley del Estado nación”, sostenía el columnista Nahum Barnea en el diario Yedioth Ahoronoth haciéndose eco de la opinión de muchos israelíes. “Los sondeos le hacen creer que las protestas van a ser débiles y fragmentadas. Habrá que demostrarle que está equivocado. Cuando se da un vuelco a la escala de valores no queda más remedio que salir a la calle”.

El País

La Comisión Europea adjudicará decenas de millones de euros a España para ayudar a hacer frente a la llegada de migrantes desde las costas de Marruecos, indicó a la AFP una portavoz.

«Trabajamos para liberar esos fondos lo más rápido» posible, declaró la portavoz adjunta de la Comisión, Mina Andreeva. «Pero aún no tenemos un monto a comunicar», precisó.

El gobierno español, dirigido por el socialista Pedro Sánchez, solicitó el domingo una ayuda de 30 millones de euros al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea (UE) y esos fondos serán liberados en los próximos días, indicó la fuente.

Este miércoles de mañana, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, conversó con Sánchez y le aseguró su pleno apoyo y la prioridad acordada a sus solicitudes, precisó la portavoz durante el encuentro cotidiano con la prensa.

Juncker también solicitó al comisario para las Migraciones, Dimitris Avramopoulos, que se traslade «en los próximos días» a España.

El FAMI (Fondo Asilo Migración Integración) dispone actualmente de centenares de millones de euros.

Grecia se benefició este miércoles de una financiación de 31,1 millones de euros otorgados por el FAMI. Atenas había requerido este dinero hace un mes para ayudar a gestionar las llegadas a la frontera con Turquía.

La situación de urgencia en España, que desde enero registró la llegada de 20.000 migrantes, impuso que la Comisión diera una respuesta más rápida que a Grecia, explicó la fuente.

Más de 1.500 personas llegaron desde el viernes a la región de Cádiz (Andalucía, sur de España) y la frecuencia de las llegadas puede superar la capacidad de los servicios españoles para registrarlos.

País de primera línea de entrada, España debe tratar las solicitudes de asilo en conformidad con las disposiciones europeas.

Una acción mayor es también necesaria para ayudar a Marruecos, país de tránsito y partida hacia las costas españolas, a controlar mejor sus fronteras.

Aunque la Comisión también prevé esta asistencia a Marruecos, varios Estados no han entregado aún la contribución prometida al Fondo de ayuda de urgencia para África, por lo cual sus recursos son limitados, había explicado Juncker a Sánchez en una carta fechada el 26 de julio, de la cual la AFP obtuvo una copia.

Se prevé un monto de 55 millones de euros, sobre todo para reforzar la capacidad de intervención de los servicios guardacostas marroquíes y tunecinos, explicó la Comisión.

«La ayuda a Marruecos es también una prioridad. La Comisión es consciente de que Marruecos necesita un apoyo más importante», subrayó este miércoles la portavoz.

La misma rechazó nombrar a los Estados miembros que no han pagado íntegramente los fondos prometidos de ayuda a África, pero según un cómputo de los pagos realizados al 23 de julio, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Italia y Holanda no han respetado sus compromisos.

AFP

Al menos un manifestante murió este miércoles en Harare durante los enfrentamientos entre fuerzas del orden y partidarios de la oposición, que acusan a la Comisión electoral de fraude tras el anuncio de la victoria del partido que gobierna Zimbabue desde 1980, Zanu-PF, con mayoría absoluta en la Asamblea nacional.

El hombre murió por una bala en el estómago, relató un fotógrafo de la AFP presente en el lugar. Antes, la policía había utilizado gases lacrimógenos y cañones de agua para intentar dispersar a la muchedumbre concentrada frente a las oficinas temporales de la Comisión electoral, a lo que los manifestantes respondieron lanzando piedras y levantando barricadas.

«No queremos a los soldados en la calle. No nos van a acallar con sus fusiles», había advertido poco antes Beridge Takaendesa, exagente inmobiliario de 43 años.

El presidente Emmerson Mnangagwa, quien en noviembre sucedió a Robert Mugabe, derrocado por un golpe tras casi 40 años en el poder, lanzó un llamado a la calma.

«Llegó el momento de hacer prueba de responsabilidad y, por encima de todo, llegó el tiempo de la paz. En este periodo crucial, llamo a todos el mundo a cesar de hacer declaraciones provocadoras (…) Debemos demostrar paciencia y madurez» esperando los resultados definitivos, añadió en Twitter.

Las consultas electorales en la era Mugabe regularmente estaban marcadas por el fraude y la violencia.

«Desigualdad de posibilidades»

Los observadores de la Unión Europea (UE) denunciaron este miércoles en un comunicado «la desigualdad de posibilidades» entre los candidatos a la las elecciones generales en Zimbabue e «intimidaciones a los electores», aunque reconoció que el clima político ha «mejorado» en el país.

La misión de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) por su parte saludó «el ambiente pacífico» que prevaleció durante la campaña y el día de votación, que «dio al pueblo zimbabuense la posibilidad de ejercer su derecho constitucional».

En caso de que los resultados fueran contestados, la SADC «axhortó» a los candidatos «a abstenerse de toda forma de violencia».

Este miércoles, la Comisión electoral (ZEC) publicó los primeros resultados parciales de las legislativas. En 153 circunscripciones de un total de 210, el Zanu-PF logró 110 escaños, mientras que la fuerza opositora el MDC consiguió 41 diputados.

De acuerdo a estos resultados, la oficialista ZANU-PF habría obtenido mayoría absoluta en la Asamblea general.

Sin embargo, el jefe de la oposición, Nelson Chamisa, denunció en Twitter que la comisión electoral, criticada por su parcialidad durante la era Mugabe, «quiere publicar los resultados para ganar tiempo e impedir la victoria del pueblo en las elecciones presidenciales».

«La estrategia tiene como objetivo preparar mentalmente a Zimbabue para que acepte los falsos resultados de las presidenciales», reiteró Chamisa, cuyo partido, el MDC, reivindicó el martes la victoria.

 No hay resultados oficiales

Los resultados definitivos, en los que está en juego la victoria de Mnangagwa o de Chamisa, aún no han sido anunciados, aunque según las primeras informaciones todo parece indicar que sería para el oficialismo.

La cadena ZEC advirtió que quizás no serían publicados hasta el viernes o el sábado, lo que indignó a los opositores del MDC, que acusan a la comisión electoral de querer manipular los resultados.

Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta, se enfrentarán en una segunda vuelta el 8 de septiembre.

Los resultados de las legislativas anunciados este miércoles por la comisión electoral contradicen la victoria reivindicada el martes por los opositores del MDC.

«Recibimos los resultados de nuestros colaboradores (…). Los resultados nos muestran que, más allá de cualquier duda razonable, ganamos las elecciones y que el próximo presidente de Zimbabue será Nelson Chamisa», el candidato a las presidenciales del MDC, había asegurado un dirigente de esta formación, Tendai Biti.

Chamisa había sido el brazo derecho de Mugabe. Sin embargo el derrocado nonogenario el domingo hizo declaraciones llamando a votar por la oposición.

AFP

Todo ha quedado escrito. Ocho cuadernos pequeños, de esos que los niños llevan a la escuela, manuscritos con letra prolija y detalles de observador obsesivo, han destapado una presunta red de sobornos destinada a recaudar decenas de millones de dólares durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. El registro es obra de Oscar Centeno, un hombre hasta ahora desconocido que fue testigo privilegiado de los negocios sucios de sus jefes. Como chófer del número dos del exministro Julio De Vido, el hombre que estuvo durante doce años al frente de toda la obra pública del kirchnerismo, Centeno describió los viajes que realizó en su auto con bolsos cargados de dólares. Los pagadores, según su testimonio, fueron grandes empresarios con contratos con el Estado. Los cobradores, exaltos cargos del Gobierno. El chófer relata incluso viajes con dinero al piso privado del matrimonio Kirchner. El juez Claudio Bonadio ordenó este miércoles la detención de una decena de personas. La expresidenta deberá declarar ante el juez el 13 de agosto.

Los “bolsos con dinero K” fueron un mito urbano que acompañó al Gobierno de los Kirchner durante buena parte de su gestión. En la madrugada del 13 de julio de 2016, seis meses después de asumido Mauricio Macri, el exsecretario de Obras Públicas José López fue atrapado in fraganti mientras arrojaba nueve millones de dólares dentro de un convento, con la intención de ocultarlos. Se supo entonces que el mito no era tal. López está aún preso, aunque luego no pasó mucho más. Hasta este miércoles, cuando se conocieron “los cuadernos de la corrupción”, como ya los llama la prensa argentina. El chófer Centeno escribió cómo durante diez años hizo de correo con más de 56 millones de dólares en efectivo. El juez Bonadio investiga sobornos por bastante más que eso, unos 160 millones de dólares, en una causa que puede crecer hasta convertirse en la versión argentina del Lava Jato brasileño.

El detenido de mayor cargo es el jefe de Centeno, Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. La policía llegó a su piso de Buenos Aires antes de las cinco de la mañana del miércoles. La noche anterior había caído Centeno. Durante el día se sumaron otros diez detenidos, entre excargos y empresarios acusados de pagar coimas para obtener contratos de obra pública. Entre ellos destacaron Gerardo Ferreyra y Luis Neyra, de Electroingeniería, la empresa de energía que más creció durante el kirchnerismo, y Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa, una constructora propiedad Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Calcaterra se desprendió de la compañía apenas asumió la nueva administración.

La mancha de aceite no termina ahí. Bonadio parece dispuesto a avanzar hacia la punta de la pirámide y citó a declarar a todos los personajes que Centeno nombró alguna vez en sus cuadernos. El 13 de agosto escuchará a la expresidenta Kirchner, además de a De Vido, el exjefe de Ministros Juan Manuel Aval Medina y el exjefe de los servicios de Inteligencia, Oscar Parrilli. “La hipótesis de la investigación es la asociación ilícita”, dijo el fiscal a cargo del expediente, Carlos Stornelli.

Los cuadernos del chófer de Baratta son el registro minucioso de la ruta del dinero negro. Día por día, Centeno anotó trayectos, destinos, nombres, descripciones de personajes, el peso de las valijas, la cantidad de billetes cuando pudo contarlos y hasta el detalle de cuántas veces su jefe Baratta fue al gimnasio. Las pruebas no llegaron directamente a la justicia, sino a tres periodistas del diario La Nación que durante meses estudiaron los textos en silencio. En abril, tras cuatro meses de trabajo, los reporteros acercaron el resultado de sus investigaciones a Bonadio y esperaron para su publicación las órdenes de captura. Los fragmentos de los cuadernos publicados por el diario dan una idea de la dimensión y el funcionamiento de la presunta red de sobornos.

Centeno comenzó a escribir en 2003, en el inicio de su trabajo con Baratta, con una interrupción entre octubre de 2010, apenas muerto Kirchner, y 2013, dos años antes del final de la presidencia Cristina Fernández. “Hoy, 6 de mayo de 2013 vuelvo a escribir; después de la muerte de Néstor Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el Valijero. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia, con la diferencia que se recolecta dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta. No quise a anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí hacerlo por una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, se puede leer en uno de los cuadernos.

Entre miles de detalles, hay viajes con dinero desde los pagadores hasta el piso particular de Néstor Kirchner en Recoleta, en el centro de Buenos Aires, y a la residencia oficial de Olivos. Bonadio entendió que el testimonio era prueba suficiente para ordenar la captura de los involucrados directos y avanzar hacia otros beneficiarios indirectos. La causa salpica como nunca a la expresidenta y hoy senadora Fernández de Kirchner, justo en momentos en que se especulaba con su regreso a la pelea por el liderazgo del peronismo. En octubre de 2019 hay elecciones presidenciales, y de esa batalla saldrá el candidato que enfrentará a Macri.

El influyente ex mandatario Álvaro Uribe, jefe del partido del presidente electo de Colombia, pidió este miércoles al Senado abstenerse de votar su renuncia tras anunciar en días pasados su salida del Congreso por una investigación penal que lo involucra.

A través de Twitter, Uribe solicitó a su copartidario y jefe del Senado, Ernesto Macías, que «retenga sin considerar» su carta de dimisión.

Sin embargo, no aclaró de inmediato si se trata de una decisión temporal o definitiva.

He pedido al senador Ernesto Macías, Presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 1 de agosto de 2018

El ex presidente, que gobernó entre 2002 y 2010, sugirió que de momento seguirá en el Senado para que la Corte Suprema mantenga la competencia de investigarlo por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

«Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria», escribió.

El 24 de julio Uribe anunció sorpresivamente su retiro del Congreso tras ser vinculado formalmente ese día a un proceso penal.

La decisión de la Corte Suprema, encargada de juzgar a los legisladores, sacudió las filas del futuro oficialismo en la antesala de la posesión de Iván Duque, delfín político de Uribe, como nuevo presidente de Colombia el próximo 7 de agosto.

El dirigente de 66 años, fundador del partido Centro Democrático, juró para su segundo mandato como senador el 20 de julio tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo.

Sin embargo, la justicia lo tenía en la mira a raíz de un caso que se remonta a 2012.

Ese año presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos.

Según Uribe, mediante esa maniobra su adversario político quiso involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas.

En un insospechado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en febrero una investigación previa contra el ex mandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.

La ley sanciona con penas de hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado el ex presidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y quien, a través de Duque, logró recuperar el poder para la derecha más crítica del proceso de paz con la disuelta guerrilla FARC.

Uribe, que siempre ha alegado inocencia, está citado a indagatoria ante la Corte Suprema el 3 de septiembre.

Infobae

Donald Trump indicó este miércoles que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, debería poner fin «ahora mismo» a la investigación que encabeza el fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa y la presunta colusión con la campaña electoral del mandatario.

Luego de citar las críticas a la investigación expresadas por el analista Alan Dershowitz en Fox News, el presidente escribió: «Esta una terrible situación y el fiscal general Jeff Sessions debería detener esta corrupta Caza de Brujas ahora mismo, antes que continúe manchando nuestro país».

Luego, agregó que «Bob Mueller está totalmente en conflicto», reiterando la acusación que pronunció hace unos días sobre un presunto negocio que habría tenido con el fiscal, aunque no ha ofrecido detalles o pruebas al respecto.

El presidente ha manifestando en varias oportunidades su descontento con Sessions, especialmente luego de que éste se recuse de tomar el caso ruso, decisión que tomó por la posibilidad de que él mismo sea citado como testigo (lo que finalmente ocurrió).

Por este motivo, en realidad, Sessions no tiene la potestad de poner fin a la investigación, aunque sí podría despedir al fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, y contratar a uno nuevo que estuviera más dispuesto a cerrar la pesquisa.

Sin embargo, la cadena de decisiones causaría una tormenta política e incluso podría ser señalada como obstrucción a la justicia.

Además, Trump volvió a descalificar al equipo que está llevando a cabo la investigación bajo supervisión de Mueller, señalándolos como «17 demócratas molestos que están haciendo su trabajo sucio (el del fiscal especial)».

Según una investigación del Washington Post, 13 de los miembros del equipo de Mueller constan en los registros públicos como demócratas, mientras que los otros cuatros nunca han estado afiliados a ningún partido. «¡Son una desgracia para Estados Unidos!», escribió Trump al final de su tuit.

Infobae

El director de la Policía de Colombia, general Jorge Hernando Nieto, anunció que ofrecen una recompensa de hasta USD 34.600 a quien facilite información que permita esclarecer el asesinato de al menos siete personas en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

«Hemos definido una recompensa, un pago de información a quienes colaboren con información de este hecho», detalló el general Nieto en una entrevista con la emisora de la Policía Nacional.

Las primeras versiones del caso indican que hacia las 15.00 hora local de este lunes, varios hombres armados dispararon contra quienes se encontraban jugando billar en un local de Catatumbo.

En este sentido, el general Nieto explicó que trabajan de forma coordinada con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General, «que desplazó a un equipo especial».

El Catatumbo, que forma parte del departamento de Norte de Santander, es una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia y la conforman los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Esa extensa región selvática es una de las zonas más convulsas del país por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes y es además una de las áreas con más cultivos de coca del país.

En esa zona, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado como una banda narcotraficante por el Gobierno, iniciaron hace meses un enfrentamiento por el control de la zona, que atraviesan varias rutas del narcotráfico.

Infobae

El Gobierno de Colombia y el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen diálogos de paz en La Habana, no lograron acordar un cese del fuego bilateral como se tenía previsto, dijo el senador oficialista Roy Barreras, quien acompaña el proceso.

«ELN no supo leer coyuntura de transición política; fue un error su negativa a condiciones de cese; exigimos no más secuestro, atentados y hostilidades, y así también lo hará sin duda nuevo Gobierno», publicó Barreras en su cuenta de Twitter.

ELN no supo leer coyuntura d transición política. Fué un error su negativa a condiciones de Cese Exigimos no más secuestro, atentados y hostilidades y así también lo hará sin duda nuevo gobierno.¿Qué ganaron aplazando esas decisiones? Ojala no pierda espacio la paz por este error

Barreras se preguntó en su tuit qué ganó el ELN «aplazando esas decisiones», y calificó de error la decisión de la guerrilla de no pactar un cese del fuego con el Gobierno colombiano.

«Ojala no pierda espacio la paz por este error», dijo Barreras, quien acompaña el proceso por orden del presidente Juan Manuel Santos, quien a su vez confiaba en lograr el cese antes de que abandone su mandato, el 7 de agosto.

El «ELN tendrá que decidir si influye más en ellos su voluntad de poner fin al conflicto armado y sus violencias y su compromiso con la agenda de construcción conjunta de una Colombia más justa y en paz o las presiones del gobierno venezolano y de sus sectores más radicales», señaló también Barreras en otro trino.

Más tarde el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron oficialmente en la capital cubana que no lograron un acuerdo sobre participación de la sociedad en la construcción de la paz ni sobre un cese del fuego bilateral.

«Si bien no llegamos en este ciclo a acuerdos completos sobre participación y cese al fuego, el camino recorrido hacia ellos es muy significativo; tenemos la certeza de que al persistir con voluntad y compromiso facilitaremos un impulso decisivo hacia el desarrollo de la agenda de diálogos», señalaron ambas partes en un comunicado conjunto leído en La Habana.

El Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN tenían previsto lograr un nuevo cese del fuego bilateral similar al que sostuvieron entre el pasado 1 de octubre de octubre de 2017 y el 9 de enero de este año.

A pesar de no llegar a un acuerdo, ambas partes reiteraron su convencimiento de que «el diálogo es la mejor manera para lograr una solución política a los conflictos que aquejan al país».

«Así lo hemos asumido, con la seguridad que, perseverando en él, más temprano que tarde alcanzaremos la paz completa», señala el comunicado.

Sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, las delegaciones señalaron que esta «se pondrá en marcha una vez se construya su diseño completo y la Mesa de Diálogos lo apruebe».

El último cese del fuego bilateral no se prorrogó debido a que, a partir de la medianoche del 9 de enero, el ELN realizó una serie de acciones contra la infraestructura petrolera colombiana y contra unidades de la policía y del Ejército, arguyendo que la tregua había terminado.

Desde entonces, ambas partes han buscado concertar otro alto al fuego, y se esperaba que Santos lograra dejar pactada una tregua para cuando asuma el Gobierno del derechista Iván Duque, el 7 de agosto.

Duque ha sido un fuerte crítico de los acuerdos de paz logrados con la ahora desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha señalado que será más duro con el ELN.

La guerrilla del ELN es la última activa en Colombia, y un acuerdo de paz permitiría poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.

SPUTNICK

El vuelo AM2431 de Aeroméxico cayó cerca del aeropuerto de la capital de Durango en México, con un saldo extraoficial de 80 lesionados sin que se reporten fallecidos.

De los lesionados 12 estarían en estado crítico, informaron autoridades de Salud del estado de Durango. Una de las personas que están graves es el piloto del que hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre.

El avión embraer 190 se desplomó en una zona despoblada, a cinco minutos de haber despegado del Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango. Desde el lugar del accidente se observó una gran columna de humo.

El Ministerio de Comunicaciones en el país dio a conocer que en el avión viajaban 99 personas (entre adultos y niños) y cuatro tripulantes. Mientras que el gobernador de Durango, José Aispuro, señaló en sus redes sociales que no hay personas fallecidas.

«Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso», expresó.

La aerolínea también confirmó que no existen personas fallecidas.

El vocero de la Dirección de Protección Civil de Durango, Alejandro Cardosa, informó en Milenio Televisión que el avión cayó a 10 kilómetros de la terminal aérea. De acuerdo con Protección Civil serían más de 80 personas las heridas, aunque el Ministro de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza maneja una cifra de «52 pasajeros rescatados».

Sobre el estado de los lesionados, el vocero de Protección Civil señaló que hay algunos con heridas muy leves y golpes, y otras «que sí son graves».

Aeroméxico dio a conocer el percance a través de sus redes sociales y en un comunicado señaló que «nos estamos enfocando en atender esta situación».

Las condiciones climáticas habrían influido en el desplome de la aeronave registrado alrededor de las 15:30 hora local, momento en el que caía una fuerte lluvia.

«Estamos trabajando para recabar información adicional y proporcionaremos más detalles en cuanto estén disponibles y sean confirmados», señaló Aeroméxico en un comunicado.

Algunos de los lesionados salieron corriendo de la aeronave en llamas, llegaron a una carretera cercana y fueron auxiliados por automovilistas.

Cardoza expresó que el avión logró ser apagado poco más de dos horas después del accidente.

Sobre los pasajeros que salieron del avión por su propio pie, reconoció que algunas llegaron hasta la carretera y que ya se cuenta con la lista de pasajeros «estamos checando persona por persona para ver qué lesiones tienen».

Las autoridades locales difundieron una lista de pasajeros que resultaron sin lesiones: Jazmín Corral, Liliana Gayosso, Cristina Rojas, María Chaidez, Eduardo Nava, Alberto Herrera, Cosme Gallegos, Jaqueline Glifres, Anabela Arredondo, Indira Jimenez.

Infobae