Mauricio Macri arremetió con dureza contra las causas abiertas por corrupción al kirchnerismo en la campaña electoral que lo aupó como presidente en 2015 y en las elecciones legislativas de 2017. El discurso de transparencia con el que ha buscado diferenciarse de la gestión kirchnerista se tambalea ahora por un escándalo de supuesta financiación irregular de la coalición que lidera, Cambiemos. La Justicia investiga si la alianza política inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como donantes de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Mientras, el número de supuestos aportantes falsos no para de crecer y se extiende a todos los grandes partidos.

El caso estalló el mes pasado por una investigación periodística de Juan Amorín en el medio digital El Destape en la que revelaba 205 casos de personas de bajos ingresos y receptoras de planes sociales que figuraban como aportantes de fondos de la última campaña oficialista. Constaban como afiliados al Pro, el partido de Macri, y eran autores de pequeñas donaciones de entre 350 y 1.500 pesos (entre 12 y 54 dólares). Con el paso de las semanas la cifra de supuestos falsos donantes supera el millar e incluye también a candidatos de Cambiemos y empleados municipales que niegan haber desembolsado el dinero que se les atribuyó en la nómina presentada ante la Justicia electoral. La exdiputada socialista Margarita Stolbizer concurrió este miércoles a los tribunales para pedir que sumen otros 150 nombres de ciudadanos argentinos involucrados en el escándalo.

La investigación golpea a una de las figuras mejor valoradas de Cambiemos, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La gobernadora ha expresado su absoluta disposición para colaborar con la Justicia, ha ordenado la apertura de una auditoría interna y la semana pasada exigió la renuncia de la titular de la Contaduría General de la provincia, Fernanda Inza, quien era la responsable de las finanzas del partido en 2017. Además, pide cambiar la ley de financiación de partidos para prohibir las donaciones en efectivo y se ha comprometido a sólo aceptar donaciones bancarizadas si vuelve a ser candidata en 2019.

En su última rueda de prensa, Macri usó la misma estrategia defensiva. «Seguiremos aportando datos a la Justicia y haremos una auditoria. Además, hemos propuesto una ley de financiamiento de la política para que se bancaricen los aportes», señaló Macri el 18 de julio en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de la capital.

Una práctica generalizada

«Los problemas no son los vacíos de la ley, es el incumplimiento. Critiqué mucho al gobierno anterior, pero estos hacen los mismo», dijo Stolbizer este miércoles en declaraciones radiales. La política opositora acusó a los dirigentes macristas de hipócritas al destacar que recibieron más de 40 millones de pesos, casi 1,4 millones de dólares, en efectivo en la última campaña. «Los que gobiernan hoy prometieron que eran distintos”, reiteró la política opositora.

Numerosos partidos políticos argentinos han sido acusados de lavado hormiga, es decir, el uso de miles de personas con pequeñas donaciones para evitar ser detectados por la Justicia. Según publicó el diario La Nación este domingo, Cambiemos, el kirchnerista Frente para la Victoria y el peronista Frente Renovador recurrieron a esta práctica ilegal en las elecciones de 2015 y 2017. En total, el periódico habla de unos 7.000 aportantes falsos entre las tres fuerzas políticas. El caso de Cambiemos es por ahora el más avanzado y a nadie hace tanto daño como a Macri el mensaje de «todos son iguales».

A pedido del fiscal Jorge di Lello, el Ministerio de Desarrollo Social acaba de confirmar que de los 205 primeros casos denunciados como donaciones dudosas, 153 de los inscritos se benefician o se beneficiaron de planes estatales. Muchos de esos falsos aportantes residen en Villa Itatí, una de las villas miseria bonaerenses más pobladas, sin los servicios básicos garantizados y no están en condiciones de asumir el gasto de una contribución electoral.

«Empecé a averiguar por otras vías en otros lugares y empezaron a aparecer casos similares. Ahí vi que era una cosa sistémica, no algo puntual en un único lugar», dice por teléfono la senadora kirchnerista María Teresa García, autora de la primera denuncia judicial. Además de beneficiarios sociales, aportó nombres de candidatos de Cambiemos en municipios que niegan haber financiado la campaña del partido con montos de entre 10.000 y 50.000 pesos (entre 370 y 1785 dólares). García denunció a Vidal y a los responsables políticos y financieros de la campaña por supuesto delito de falseamiento de documento público y pidió que se investigue también la supuesta comisión del delito de lavado de dinero. «La pregunta del millón es cuál es el origen de esa plata. Si la plata no la puso ni la gente con planes, ni los candidatos, quién la puso. Eso lo tiene que decir la gobernadora», subrayó.

La senadora opositora señaló que los casos de supuestos falsos aportantes en la campaña kirchnerista están bajo investigación judicial y declaró que si bien es partidaria de mejorar la ley de financiación de partidos actual, la misma ya es muy clara respecto a la necesidad de que todas las donaciones identifiquen con claridad al donante.

La causa complica al Gobierno en uno de sus momentos de mayor debilidad política, debido al deterioro de la economía que obligó a pedir un rescate al FMI. Pero desde el Ejecutivo insisten en que no tienen nada que ocultar e instan a esperar el resultado de la investigación judicial.

El País

El funeral de un joven fue violentamente interrumpido por la ráfaga de balazos de un comando armado la noche de este miércoles en el Estado mexicano de Michoacán. Siete personas murieron y al menos seis más resultaron heridas tras el ataque de un grupo que huyó en varios vehículos, según el reporte de las autoridades locales.

Los hombres armados llegaron la noche de este miércoles a la funeraria San José y detonaron sus armas indiscriminadamente contra las personas en el interior. Los asistentes eran familiares y amigos que velaban a un joven de 25 años que fue asesinado la noche del martes. Los testigos afirman que el ataque forma parte de la guerra entre narcotraficantes del Cartel de los Viagra y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha vuelto el grupo delictivo hegemónico durante el actual Gobierno. Ambas facciones se disputan la venta de drogas en esa localidad. Las autoridades no han dado información sobre este crimen.

La policía municipal ha aumentado los patrullajes y ha instalado retenes en las entradas y salidas del municipio para detener a los responsables de este nuevo ataque. “Reforzamos los trabajos operativos en Uruapan para brindar tranquilidad a la población, ante los hechos registrados esta noche, donde desconocidos dispararon a personas en una funeraria”, ha escrito la dependencia en su cuenta de Twitter.

Este violento episodio abona al clima de inseguridad que se vive en Michoacán desde hace meses. A inicio de esta semana otras seis personas murieron en un enfrentamiento armado en el municipio de Zacapu, a unos 100 kilómetros de Uruapan. La pelea entre los integrantes de un mismo grupo criminal fue la causa de este ataque, según las primeras indagaciones. El viernes fue asesinado en el municipio de Buenavista Tomatlán, al oeste de la entidad, el alcalde que había sido elegido en los comicios del 1 de julio. Durante el primer semestre de 2018 han sido asesinadas en Michoacán 729 personas, lo que supone un 7,6% más respecto a los homicidios dolosos reportados en el mismo periodo del 2017, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación.

El País

Clima renovado de optimismo en la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Dos miembros clave del equipo económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dicen ahora que se llegará rápido a un acuerdo que preservará el pacto comercial con Canadá y México. Se pone fin así al bloqueo de la negociación en plena batalla por los aranceles al acero y el aluminio, el mismo día en que la delegación negociadora mexicana llega a Washington para una reunión bilateral.

El secretario del Tesoro de EE UU, Steven Mnuchin, ha comentado esta mañana durante una entrevista que el acuerdo de principios llegará “muy pronto”. Ya hace dos semanas, en una comparecencia ante el Congreso estadounidense, indicó que retomar la negociación del TLC era una prioridad, una vez pasadas las elecciones en México. La Casa Blanca, por su parte, subraya la sintonía del presidente Trump con Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos haciendo muchos progresos”, afirmó a la cadena financiera CNBC. Mnuchin forma parte, junto al secretario de Comercio, Wilbur Ross, del grupo de altos funcionarios que tiene una actitud menos radical en el ámbito comercial. Insiste en que Trump está haciendo lo correcto para la economía y en que el resultado de la negociación será bueno para los tres socios.

La delegación liderada por el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, se reúne este jueves con el equipo del representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, quien dijo unas horas antes del encuentro técnico que las discusiones avanzan y que se está entrando en la “etapa final” de la negociación. En este sentido, aseguró que podría lograse pronto un principio de acuerdo.

“La conversaciones avanzan a una velocidad sin precedentes”, asegura. Lighthizer hizo esta valoración durante su intervención ante un subcomité del Senado. Aunque no hay un calendario fijado, parece evidente que la intención es poder llegar a algún tipo de pacto a lo largo del mes de septiembre. En las discusiones se espera participe también Jesús Seade, futuro negociador jefe con López Obrador.

La negociación para renovar el TLC comenzó hace un año, con la intención de cerrar rápido un acuerdo. Los negociadores insisten en que tres cuartas partes del nuevo tratado están pactadas , pero las discusiones se demoraron por diferencias en cuestiones como el sector del automóvil. Trump sugirió hace solo unos días que podría optar por un acuerdo bilateral con México, y dejar a Canadá para después.

México y Canadá, sin embargo, insisten en que el acuerdo debe ser trilateral. También reiteran oposición a que se establezca una cláusula por la que el tratado se extinga en un plazo de cinco años, otros de los puntos de confrontación con EE UU. Guajardo se declaró en todo caso optimista, en la víspera al encuentro con Lighthizer. Ahora el calendario electoral aprieta a EE UU, con las elecciones legislativas de noviembre.

El País

El gobierno británico anunció el jueves la legalización del cannabis terapéutico, aunque subrayó que no se trata de un paso hacia la legalización para uso recreativo.

El ministro de Interior británico, Sajid Javid, decidió, tras una revisión de la reglamentación, legalizar el uso terapéutico del cannabis para «que esté disponible por prescripción», dijo en un comunicado.

«Poner a disposición el cannabis medicinal por prescripción beneficiará las vidas de pacientes que actualmente sufren en silencio. No hay nada más difícil que ver el sufrimiento de tus seres queridos, por eso tomé la decisión», escribió el funcionario en Twitter.

El Departamento de Salud y la Agencia Reguladora de Productos Médicos desarrollarán una «clara definición» de lo que constituye un producto medicinal derivado del cannabis para hacerlos disponibles al público, siempre con la autorización de un especialista. Según estimaron las autoridades, la reglamentación estará lista para el otoño boreal (el próximo trimestre).

Actualmente, la legislación local prevé hasta cinco años de prisión por la posesión de marihuana o una multa sin límite fijado.

Infobae

El ex diputado opositor Nardo Sequeira fue arrestado en Nicaragua en medio de una crisis sociopolítica ocasionada por el estallido social contra el presidente Daniel Ortega, informó la organización política Frente Amplio por la Democracia (FAD).

«Nardo Sequeira, colega abogado, ex diputado y productor, líder opositor histórico, fue detenido hoy. ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!», dijo por su parte la líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vigil, tras confirmar el arresto.

Sequeira, padre del soldado de la Marina estadounidense Keynar Sequeira y representante del FAD en el municipio de Acoyapa, en la zona central de Nicaragua, se sumó a la lista de más de 700 detenidos por policías y parapolicías del Gobierno en las dos últimas semanas, según estimaciones de organizaciones humanitarias locales.

Antes de Sequeira los opositores habían denunciado la detención «ilegal» del alcalde del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, la activista Irlanda Jerez, así como de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, además de decenas de estudiantes universitarios y otros civiles.

«Sigue la persecución política», comunicó el no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han insistido en que no se trata de detenciones, sino de «secuestros» y posteriores desapariciones forzosas, con el argumento de que las víctimas son civiles capturados por grupos paramilitares sin orden de arresto.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país».

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que se ha cobrado entre 295 y 351 vidas en tres meses, la más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Infobae