La defensa solicita cinco meses más de plazo para poder examinar las pruebas y preparar el proceso

‘El Chapo’ con sus abogados y un intérprete en el juzgado de Nueva York. REUTERS
El juicio en Estados Unidos contra Joaquín El Chapo Guzmán afronta un nuevo aplazamiento a menos de dos meses de que arranque el proceso. El abogado del antiguo líder del cártel de Sinaloa discute los términos del retraso con la fiscalía, que estaría dispuesta a abrir la mano y concederle 30 días más de tiempo. Pero Eduardo Balarezo dice que necesita cinco meses para preparar su defensa.

La próxima vista está fijada para el 14 de agosto, pero el juez Brian Cogan podría anunciar su decisión antes. El juicio está previsto que arranque el 5 de septiembre, con la selección del jurado. La fiscalía calcula que necesitará 16 semanas para exponer su causa. La defensa solicita también que se traslade el proceso a Manhattan, para evitar que el acusado tenga cruza cada vez el puente de Brooklyn con un amplio dispositivo policial.

Balarezo había dicho hasta ahora que quería que se celebrara el juicio lo antes posible. Pero hace una semana introdujo una petición al magistrado solicitando el aplazamiento. Su argumento es que no está en condiciones de examinar a tiempo 82 gigas de datos que le pasó la fiscalía, lo que le impedirá preparar la defensa de su cliente. Ya logró antes que se aplazara cuatro meses.

«Apreciamos la generosidad de la fiscalía», señala el abogado al referirse al plazo que la acusación estaría dispuesta a aceptar para que pueda estudiar el material, «pero solo escuchar las 1.312 horas de sonido llevará 5,5 meses». Por eso insiste al decir que «30 días es insuficiente» y aprovecha para criticar la táctica que está empleando la fiscalía, que impide a Guzmán tener un juicio justo.

El Chapo se enfrenta a 17 cargos penales. El primero le acusa de liderar una organización criminal. Hace una semana fue extraditado a EE UU el narcotraficante Dámaso López, conocido como El Licenciado, para que testifique contra Joaquín Guzmán. Eso complica el trabajo de Eduardo Balarezo, que está tratando de construir la defensa sobre la idea de que su cliente recibía órdenes de un superior.

SANDRO POZZI

La cartera de Estado precisó que el temblor tuvo una profundidad de 32,2 kilómetros e intensidad de cuatro en la escala modificada de Mercalli en el departamento de Sonsonate. Las autoridades no reportan daños ni víctimas.

Un sismo de magnitud 5,1 en la escala abierta de Richter sacudió este jueves el Pacífico de El Salvador sin causar víctimas o daños materiales, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales(MARN).

El movimiento telúrico se registró a la 01.56 hora local frente a la costa del departamento de La Libertad, a 45 kilómetros al sur de la playa Mizata.

La cartera de Estado precisó que el temblor tuvo una profundidad focal de 32,2 kilómetros e intensidad de cuatro en la escala modificada de Mercalli en el departamento de Sonsonate.

Las autoridades no reportan daños ni víctimas a consecuencia del sismo, a pesar de ser de considerable magnitud.

En El Salvador, la mayoría de los sismos que se producen tienen su origen en aguas del océano Pacífico y a mayor profundidad, lo que en ocasiones los hace imperceptibles para la población, mientras que los que se originan en tierra próximos a la superficie «son más sentidos y más dañinos».
Temas relacionados

El Salvador
Sismo
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Además de anunciar una nueva marcha este sábado, miles de personas salieron hoy a las calles de Managua a protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, quien, por su parte, realizará mañana mismo una fiesta dedicada al sandinismo.

Un mujer con sus hijos ondenado la bandera de Nicaragua y la de Ciudad del Vaticano. AFP
Bajo sol y lluvia, ondenado banderas de Nicaragua, miles de opositores marcharon este jueves en Managua para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega, desafiando temores tras un recrudecimiento de la violencia que deja más de 260 muertos en tres meses de protestas. «¡Ni un paso atrás!», «¡Justicia!», «¡Qué se vaya!», coreaba la multitud azul y blanco, que avanzaba sin incidentes en su recorrido de 7 km por estratégicas vías del sureste de la capital. La lluvia que cayó en un trecho de la ruta no ahuyentó a los manifestantes.

Carolina Aguilar, de 52 años, dijo marchar porque está «harta de un gobierno que mata impunemente». «No podemos vivir con un asesino, con un alacrán que día a día nos está matando. Daría mi sangre con tal de que esto acabe. Si es lo que quiere: ¡máteme! pero ya deje libre al pueblo», declaró a la AFP.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, aumentó con esta marcha su presión, que incluye un paro nacional el viernes -el segundo durante la crisis- y una caravana el sábado por los combativos barrios orientales de Managua.

Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendieron a la exigencia de salida del poder de Ortega, que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo y a quien acusan de crear una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

– «Botamos a Somoza, botaremos a Ortega» –

Para contrarrestar la estrategia opositora, el gobierno hará el viernes, día del paro, el llamado «repliegue», una caravana que anualmente encabeza Ortega por estas fechas hasta Masaya -30 km al sur de Managua- para recordar una gesta de la Revolución Sandinista de 1979.

El anuncio del gobierno puso en máxima alerta al aguerrido barrio indígena de Monimbó, en el sur de Masaya, donde sus pobladores se mantienen atrincherados tras grandes barreras de adoquines. «Nunca van a entrar, a menos de que nos maten a todos», aseguró a la AFP en una de esas barricadas un hombre con el rostro cubierto, de gorra y camisa verde olivo.

Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años que peleó en la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, intensificó estos días las operaciones en las que policías y paramilitares derriban los bloqueos de vías, agravando la violencia.

«Estamos demostrando al régimen que no tenemos miedo. Nos tocó botar a Somoza y vamos a botar a Ortega. Hay que sacarlo porque este hombre ha disparado contra el pueblo que lo eligió», expresó Fernando Callejas, médico de 67 años. Un día antes de la marcha, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, llamó al gobierno, al presentar un informe ante el consejo permanente de la OEA en Washginton, a «garantizar las protestas pacíficas» y pidió que «cese la represión».

El gobierno de Ortega considera «delincuentes», «golpistas» y «terroristas» a los manifestantes opositores. El canciller Denis Moncada calificó el informe de la CIDH de «apresurado», «prejuicioso y carente de objetividad».

– Diálogo: la vía –

A fin de encontrar una salida a la crisis, la Iglesia propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019 en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. Pero el pasado sábado, el mandatario rechazó esa iniciativa. Tras la negativa y una violenta incursión policial y paramilitar el domingo en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en el suroccidente del país, que dejó una veintena de muertos, la Iglesia puso en duda la continuidad del diálogo.

Pero el martes decidió seguir como mediadora de las conversaciones, incluso luego de una agresión que sufrió el lunes un comitiva de obispos y sacerdotes, con la irrupción de grupos progubernamentales en templos católicos de Diriamba y Jinotepe. El Vaticano anunció este jueves que no presentará una protesta formal al gobierno de Nicaragua tras la agresión sufrida por su nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, quien encabezaba la misión con el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.

«El nuncio supo gestionar muy bien la situación. No protestaremos», explicó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en declaraciones al canal católico italiano TV 2000. Los obispos nicaragüenses anunciaron que convocarán a sesiones plenarias en los próximos días, por considerar que el diálogo es la única vía para resolver la grave crisis que ha provocado también una abrupta y descomunal caída de la economía de este empobrecido país centroamericano.

El Espectador

Más de 600 personas que intentaban llegar a Europa de forma clandestina por el Mediterráneo central se han ahogado en las últimas cuatro semanas, informó Médicos Sin Fronteras (MSF), que culpó de esas muertes al bloqueo del trabajo de los barcos humanitarios en la zona.

La ONG recordó que las autoridades italianas negaron la entrada hace un mes a los 630 migrantes que había rescatado el «Aquarius», que desembarcaron finalmente en Valencia, y que desde entonces ha habido otros «bloqueos y obstáculos» a la labor de esos barcos por parte de los países europeos.

MSF hizo coincidir su comunicado con la reunión de ministros de Justicia e Interior de la UE en Austria para abordar la inmigración irregular y denunció que «las decisiones políticas europeas tomadas estas últimas semanas han tenido consecuencias mortales».

Esos más de 600 muertos en el último mes «representan la mitad del número total de muertos» en esa zona desde comienzos de año, destacó MSF, que junto a otra ONG francesa, SOS Mediterranée, fleta el «Aquarius» para rescatar inmigrantes en el mar.

Para la responsable de urgencias, Karline Kleijer, dejar que se ahoguen hombres, mujeres y niños en el Mediterráneo es una decisión «deliberada», además de «escandalosa e inaceptable».

«Europa tiene la responsabilidad de esos muertos», añadió la vicepresidenta de SOS Méditerranée, Sophie Beau, que insistió en que los gobiernos europeos deben reaccionar «inmediatamente» para garantizar que se respetan las reglas marítimas y humanitarias internacionales que fijan las obligaciones de rescate de personas en peligro en el mar.

En respuesta a quienes -en particular desde el Gobierno italiano- han acusado a las ONG de generar un efecto llamada, MSF replicó que «los recientes acontecimientos en el mar muestran que siguen huyendo de Libia personas desesperadas».

En primer lugar porque «la violencia, la pobreza y los conflictos llevan a la gente a arriesgar su vida y la de sus hijos».

La organización se quejó de que los gobiernos europeos estén dispuestos a impedir «a cualquier precio» que esas personas lleguen a la UE aunque «son plenamente conscientes de los niveles alarmantes de violencia y de explotación que sufren los refugiados, los demandantes de asilo y los migrantes en Libia».

E insistió en que los rescatados en las aguas internacionales no deben ser devueltos a Libia, sino «conducidos a un puerto seguro, conforme al derecho internacional y marítimo».

Según sus cifras, los guardacostas libios, apoyados por los europeos, han interceptado este año a unas 10.000 personas, llevadas a centros de detención en Libia, donde la ONG considera que su salud y sus vidas corren peligro.

MSF advirtió de que dejar en manos de los guardacostas libios la búsqueda y el salvamento no hará más que «provocar más muertos». EFE

Raquel Dodge solicitó al Tribunal Superior de Justicia abrir un proceso contra Rogério Favreto por haber cometido, presuntamente, el delito de prevaricato al conceder un «habeas corpus» favorable el ex presidente

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abrir una investigación contra el juez Rogério Favreto por haber cometido, presuntamente, el delito de prevaricato al conceder un «habeas corpus» favorable el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez Favreto, de guardia el fin de semana que pasó en el Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), aceptó un «habeas corpus» presentado en favor de Lula por un grupo de diputados y ordenó su «inmediata» excarcelación.

La decisión de Favreto fue anulada horas después por el magistrado João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en el TRF-4, corte que condenó a Lula en segunda instancia de forma colegiada a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción, acusado de recibir un apartamento a modo de soborno en la red de corrupción en la petrolera Petrobras.

No obstante, Favreto insistió y dictó un segundo auto ordenando otra vez la excarcelación e instó a la Policía Federal a cumplirlo el mismo domingo, aunque las autoridades no actuaron debido al conflicto entre las decisiones de los dos jueces.

El asunto fue finalmente zanjado por el presidente del tribunal TRF-4, Carlos Thompson Flores, quien determinó que ante el conflicto de competencias valía la decisión de Gebran Neto.

El lanzamiento de la candidatura de Lula (Reuters)

En el entendimiento de la fiscal, el juez cometió falta disciplinaria al conceder «habeas corpus» favorable al ex presidente durante el turno judicial del último fin de semana.

Para Dodge, hubo un acto «orquestado meticulosamente» para liberar al ex presidente Lula.
«La conducta del representado revocaba la orden de arresto de un condenado en segundo grado de jurisdicción, que había sido confirmada en todas las instancias extraordinarias de modo notorio en todo Brasil y especialmente en aquel TFR4, que la emitió», afirmó.

En la solicitud de apertura de investigación, la fiscal también dijo que la decisión de Rogério Favreto fue motivada por su conexión con el PT.

Según la fiscal, la decisión de Favreto «revela el estrecho y longevo vínculo (del juez) con el partido político del reo, con su administración y con la administración de otros próceres del mismo partido».
Dodge señaló que la decisión del juez «no favoreció a un desconocido, sino a alguien con quien mantuvo un largo histórico de servicio y de confianza y que pretendió favorecer», argumentó.

Con información de EFE