El nuevo monto representa 144,17% del sueldo mínimo integral, publica El Nacional
Usuarios de Twitter difundieron este domingo una imagen que muestra el precio por un kilo de jabón en polvo, el cual superó los 7 millones de bolívares.
En la etiqueta del producto, se puede observar que la bolsa de detergente cuesta específicamente 7.491.500 bolívares, lo cual representa 144,17% del sueldo mínimo integral.
El salario mínimo en Venezuela es de 3.000.000 bolívares, mientras que el bono de alimentación está en 2.196.0000 bolívares y de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, la inflación proyectada para el año 2018 se sitúa en 13.000%.
Este es el nuevo precio del detergente en polvo. Que desgracia #inflación #detergente #Economía pic.twitter.com/mTfORF3O0r
— Julián Castillo (@jacmosqueda94) 8 de julio de 2018
EN
Alfredo Coronil Hartmann fue interceptado y detenido esta noche por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando transitaba por la autopista del Este a la altura de la urbanización Montalbán, en Caracas.
La denuncia fue hecha María Corina Machado, dirigente de la plataforma opositora Soy Venezuela desde su cuenta twitter
ALERTA. SEBIN detiene a Alfredo Coronil Hartman, miembro del Consejo Consultivo de @SoyVenezuela, en la autopista del Este en Caracas; y lo trasladan, sin explicación alguna a La Yaguara.
Todos pendientes, por favor! pic.twitter.com/C3pUVZ5bGK
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 9 de julio de 2018
Alfredo Coronil es un intelectual venezolano, de 75 años de edad, académico respetado, politólogo, y escritor. Es hijo político del Rómulo Betancourt, quien fue el primer presidente de la etapa democrática de Venezuela.
La diputada a la AN, Delsa Solórzano, reaccionó también por medio de su cuenta twitter
#ATENCIÓN con relación a la ilegal detención de @coronilhartmann es de destacar que son varias las irregularidades, entre ellas que él nació 13/3/1943, tiene 75 años y en Vzla no se puede detener a nadie mayor de 70 años, según art 231 COPP pic.twitter.com/ApXEW4Ou9u
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 9 de julio de 2018
Por lapatilla.com
El 9 de julio se celebra el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, de acuerdo con lo dispuesto por la Organización de Naciones Unidas al finalizar la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (2001).
En esta fecha las víctimas de la violencia de las armas de fuego en todo el mundo conmemoran esta efeméride con la destrucción de este tipo de armas, creando una acción positiva para abordar de frente el problema de armas de fuego.
Aunque todos los años se destruyen una media de 800 mil armas de fuego a nivel mundial, la envergadura del problema de las armas no reguladas sigue siendo enorme, por cada arma que se destruye, se fabrican otras diez y esto hace que los esfuerzos de las personas corrientes se vean debilitadas por la negativa a actuar de los gobiernos, ejemplo clásico de un paso adelante y diez atrás.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, confirmó hoy su propósito de retirar a su país de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), por considerar que es una «caja de resonancia de la dictadura» venezolana
En entrevista con Efe en Madrid, Duque dijo que en Venezuela «hay una dictadura oprobiosa, un sátrapa (el presidente Nicolás Maduro) que se ha dedicado a destruir las libertades individuales, a perseguir a la oposición, a acallar a la prensa» y, además, ha traído la crisis económica «más severa» de la historia del país.
«Voy a promover la retirada de Colombia de Unasur, es una caja de resonancia de la dictadura, vamos a apoyar la denuncia de (el secretario general) Luis Almagro para investigar sobre el dictador y sus adláteres por sus crímenes y que sea ante la Corte Penal Internacional», subrayó Duque, elegido hace unas semanas y que tomará posesión el 7 de agosto.
Recordó que un millón de venezolanos se han trasladado a Colombia para escapar de las dificultades de su país y que muchos otros están en transito a diferentes lugares.
Por eso abogó porque en la frontera se establezca «un fondo de asistencia humanitaria» y que entre varios países se busque una especie de «estatus de protección temporal» para atender ese flujo migratorio, de modo que no sea Colombia el único que lo absorba.
Se mostró partidario de dar «tranquilidad» a los venezolanos en el sentido de que les apoyarán para que tengan democracia y críticó el «discurso indiferente contra esa dictadura» que atribuyó al actual Gobierno de Juan Manuel Santos.
EFE / Bogotá
La Líneas de Santa Mónica, Caricuao y El Paraiso tienen una o dos unidades. Los más afectados son los usuarios que deben llegar a sus hogares caminando o han abandonado el trabajo
Los caraqueños se quedaron prácticamente sin unidades para movilizarse. Solo está operando 5% de la flota de transporte público en la ciudad, hay líneas que tenían entre 50 a 25 carros y solo quedan uno o dos unidades, como es el caso de Santa Mónica, San Martín, Caricuao, El Paraíso, Ruiz Pineda y casi todas las rutas troncales que cubrían el trayecto hacia las zonas populares.
Rodemir Mazzones, dirigente de transporte de Caricuao, afirma que las menos afectadas son las líneas como Unión Conductores Antímano y La Casalta-Chacaíto, que son organizaciones que tenían más 400 carros ahora están operando con 100 a 150 vehículos.
Destaca que en la Línea Ruiz Pineda-Propatria quedan tres unidades; la organización Cacique Tiuna que salía de Ruiz Pineda hacia El Junquito por la carretera nueva de Mamera operaba con 45 carros y solo le quedan dos; las Línea Antímano-Los Palos Grandes y Unión Satélite (San Martín) desaparecieron, porque ya no tienen unidades.
Por su parte, el presidente de la Central Única de Autos Libres de Por Puesto, José Luis Montoya, recordó que hace cuatro años en Caracas habían 25 mil unidades de transporte y si quedan tres mil son muchas. «Estamos cada vez peor. La crisis de transporte se ha agudizado en los últimos días. En Caracas funcionaban 325 organizaciones de transporte y poco a poco están desapareciendo».
Usuarios a pie
Ante esta situación los más afectados son los usuarios que ahora deben llegar a sus hogares caminando o en algunos casos decidieron dejar los trabajos.
«Yo he rebajado como cinco kilos porque todos los días debe venirme al trabajo caminando y me voy igual.Vivo frente a la plaza Madariaga en El Paraíso y ya no hay camionetas, no sé hasta cuando voy aguantar esta situación», afirmó María Rojas, quien labora en el centro de la ciudad.
También Janett Castillo, vive en Santa Mónica y labora en Altamira. «Me voy en Metro hasta el trabajo pero cuando me regreso a la casa me voy caminando porque hay muy pocas unidades para allá, puedo esperar hasta dos horas.»
Ingrid Sánchez, quien vive en Guarenas, decidió renunciar a su trabajo.»Tomé esa decisión porque gastaba más en pasaje que en lo ganaba, y era todo un estrés al momento de salir de mi casa porque tampoco hay muchas camionetas».
Aumento en discusión
Los dirigentes de transporte recordaron que a partir del 15 de julio está planteando un incremento en el pasaje mínimo de 5 mil a 20 mil bolívares, tal como se acordó en una asamblea realizada con los cinco bloques de sector.
La semana pasada hubo reunión con el ministro de Transporte Hipólito Abreu, donde se trató este tema. Sin embargo, el titular de despacho les prometió a los transportistas que iba a elevar la petición a la alcaldesa de Libertador, Erika Farías, por cuanto es responsabilidad del gobierno local. El ajuste está en discusión.
EU
MIGDALIS CAÑIZALEZ V.
El Santo Padre ha nombrado hoy 09 de julio de 2018 al Emmo. Sr. Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arzobispo de Mérida, como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, otorgándole todos los derechos facultades y obligaciones que comportan a los obispos diocesanos a norma del derecho.
El Papa Francisco a través de un Decreto de la Congregación para los Obispos y firmado por el Cardenal Mac Oullet, Prefecto de la Congregación para los Obispos ha realizado este nombramiento y designación al encontrarse vacante esta sede arzobispal.
La sede de la Arquidiócesis de Caracas era sede vacante desde el 28 de agosto de 2017 cuando el Emmo. Sr. Cardenal Jorge Urosa presentó su renuncia ante el Papa Francisco de acuerdo a lo establecido en el canon 401.1 del Código de Derecho Canónico. “”Al Obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”.
Papa Francisco nombra al Emmo. Sr. Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas https://t.co/hezaqixceS pic.twitter.com/GA7jEDp4ti
— CEV (@CEVmedios) 9 de julio de 2018
Conflicto gremial llega a 15 días en medio de amenazas de radicalización
Al cumplirse quince días desde que inició el paro de enfermeras en demanda de mejor salario y condiciones laborales, el gremio sostiene que hasta tanto el Ejecutivo Nacional no responda a sus planteamientos continuarán en “paro presencial”, sin descartar otras opciones si no son atendidos.
En este sentido, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, explicó que aunque no hay una decisión final en cuanto al rumbo que tomará este paro, la tendencia ha sido a la renuncia del personal: «al menos 60% del gremio ha abandonado sus puestos de trabajo».
Precisó que las líneas de conducción de esta jornada de protesta han sido discutidas en asambleas “con las bases” a fin de hallar estrategias que permitan hacer un llamado al Gobierno nacional para que este responda, siempre sin descuidar a los pacientes.
No desestimaron la posibilidad de una renuncia masiva a los hospitales “si no se tiene una mínima reacción de las autoridades” –como ha sido hasta este momento–, dado que según indicó Contreras “es la tendencia que se maneja”.
Añadió que un porcentaje de los trabajadores del sector salud, incluyendo médicos y personal obrero, están dispuestos a dimitir, “porque parece que ahorramos más estando en casa”.
La representante del gremio por Caracas, instó al presidente Nicolás Maduro a revisar las tablas salariales del último aumento anunciado y avistar que “los salarios no son cónsonos con esta realidad económica”, de tal modo lo emplazó a utilizar –para los trabajadores de la salud–, los mismos criterios empleados para ajustar los sueldos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Por su parte, el doctor y exministro de Sanidad y Asistencia Social, José Félix Oletta, recomendó a todos los gremios “sin distingo” a formar una alianza para hacer frente a “las injusticias salariales” de las que son víctimas todos los trabajadores venezolanos producto de la pérdida del poder adquisitivo y la inflación.
Condenó además las condiciones de los centros hospitalarios y la carestía de los recursos “aunque en teoría una persona tenga un sueldo justo, sin las condiciones de trabajo no hay posibilidad de que se atienda con calidad a las personas”.
Recordó al Gobierno “su obligación para proveer las condiciones laborales que dicta la ley” y el derecho a la salud consagrado en la Constitución”, al tiempo que lo instó a “rectificar su conducta” y hacer una revisión en aras de solventar los grandes problemas del sector salud, que, según él empiezan “tomando decisiones en materia económica”.
Aunque la demanda principal de los enfermeros son las mejoras salariales, tampoco dejan de denunciar las fallas en las infraestructuras y equipos de los hospitales, así como la falta de medicinas e insumos médicos.
Pese a que la protesta de los gremialistas se ha intensificado conforme a como pasan los días, ni el presidente ni el nuevo Ministro de Salud Carlos, Alvarado, se han pronunciado formalmente en relación al paro.
Sindicato acordó aumento
La Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud (Fenasirtrasalud) cuya organización es presidida por el constituyentista Hernán Iriarte, acordó directamente con el Gobierno –sin consultar a los colegios de médicos y enfermeros– un aumento que “supera el mil por ciento”.
De tal modo, el representante de esta federación dijo que se consignó el oficio a la instancia correspondiente, la que según explicó Iriarte “está evaluando su impacto y si puede cumplir con ella”.
EU
Hay sobradas razones para preguntarse qué está ocurriendo en los cuarteles venezolanos. No es necesario ser un experto en los temas militares para sumar una serie de hechos y preguntarse qué significa todo ello. Los lectores pueden buscar en la web las numerosas y constantes declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en las que aseguraba que la unidad de la FANB era monolítica. Lo mismo repetía la ex ministra Carmen Meléndez. Se jactaban de ello. Alguna vez lo escribí: resultaba llamativo lo mucho que insistían en proclamar la unidad.
Lo que muchos sospechábamos, que ese palabrerío tenía como objetivo ocultar la realidad, ha resultado cierto: desde que Maduro se hizo con el poder, las autoridades han denunciado cuatro supuestas conspiraciones. Pero ¿han existido realmente esas conspiraciones? ¿Son invenciones o no existe la aireada unidad monolítica? ¿Está ocurriendo en la FANB que, tal como ocurre con los civiles, a las personas que expresan su disidencia con el régimen les inventan acciones y cargos que no han cometido?
En diciembre de 2013, en las palabras de Maduro y de Padrino López pronunciadas en el acto de salutación de fin de año a las FANB, quedó claro la fórmula del intercambio: el gobierno dotaría a las FANB de la mayor cantidad de recursos posibles y, a cambio de ello, la institución militar dejaría de serlo, para convertirse en el brazo armado del PSUV, dispuesto, al costo que fuera, a mantener al régimen en el poder.
Desde entonces, la cantidad de recursos que se han dedicado a la FANB sobrepasa cualquier intento de cuantificarlo. Se han hecho compras milmillonarias de armas y equipos. Se han creado unidades de fuerzas especiales en todo el país, las llamadas FAES, que hasta ahora han dado categóricas demostraciones de su virulencia y capacidad de asesinar, como ocurrió con Oscar Pérez y las personas que le acompañaban. La Guardia Nacional Bolivariana, a menudo en alianza con grupos paramilitares, han sido el ente protagonista de la represión de las protestas pacíficas en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va de 2018. En las denuncias documentadas de tortura que están en manos de organismos internacionales, son centenares los casos cometidos por miembros de la FANB. Hasta ahora, unidades de ese componente en particular han dado inequívocas demostraciones de odio por la vida y la integridad física del pueblo venezolano.
Cuando Padrino López anuncia, del modo más descarado, que los ascensos se determinan por la lealtad al régimen, y se jacta de ello, está exhibiendo una política de compra de conciencias, en el fondo, profundamente despectiva hacia los propios militares. Hay un desprecio hacia sus compañeros de armas, cuando, de forma pública, deja en claro que el valor por el que son ascendidos no es académico ni militar, sino por su pertenencia al partido de gobierno. Esto equivale, ni más ni menos, a la destrucción del principio de meritocracia, absolutamente vital en toda organización militar. De mantenerse este principio, los oficiales más fanáticos y embrutecidos serán los que lleguen más alto en la estructura militar. Los represores y, sobre todo, los torturadores serán los próximos ministros de la Defensa, si esa lógica logra imponerse en la FANB.
Desde que se anunciaran los insólitos aumentos de salarios para los miembros de la FANB, se han producido numerosas reacciones en el país. Una, de parte de médicos, enfermeras, docentes, profesores universitarios, funcionarios de los distintos organismos que, como es evidente, se preguntan por el privilegio concedido a los militares, y reclaman salarios semejantes para profesiones que, es indiscutible, son vitales para la nación. A ello hay que agregar que, de acuerdo con el análisis de Transparencia Venezuela, los créditos adicionales aprobados para pagar esos aumentos sobrepasan el presupuesto de 2018. En un escenario de continuada caída de la producción petrolera, de diario empobrecimiento del país hay que preguntarse de dónde sacarán el dinero para pagar esos salarios.
Una manera de entender que, en un año, los miembros de la FANB hayan recibido aumentos aproximados a 2.400% es que estos recursos extraordinarios han servido para pagar la lealtad al régimen causante de la mortandad y la destrucción del país. Pero hay otra lectura posible, cuya pieza fundamental es la carta de lealtad al régimen que le han hecho firmar a los uniformados: ascensos, aumentos y carta de lealtad tienen como propósito apaciguar o superar el malestar que existe en la FANB. Quizás el quid de la cuestión es que todo este paquete de medidas tiene como propósito evitar que el malestar siga creciendo. A lo mejor, lo que está pasando es que en las FANB el sentimiento mayoritario es que en Venezuela debe producirse un cambio político de inmediato. Lo más probable es que a la pregunta de qué está pasando en los cuarteles la respuesta sea: lo mismo que en el resto del país.
Porque, y esta es una materia sobre la que los lectores también podrían reflexionar: ¿aumentos, ascensos y cartas de lealtad son instrumentos capaces de dejar atrás el malestar? Hay que preguntarse: el asesinato de Oscar Pérez y de sus acompañantes; las prácticas represivas; las prácticas de tortura; la detención de miembros de la FANB, acusados de delitos como rebelión y otros; el uso de la justicia militar para encausar a civiles; el gasto militar exorbitante en un país en situación de hambre; los vínculos de miembros de la FANB con el narcotráfico; los delitos de corrupción que involucran a miembros de la FANB que tienen altos cargos en organismos del Estado; pero, por encima de todo esto, el hambre y la enfermedad en sus propias familias, el hambre y la enfermedad en la sociedad entera impactando las vidas de 30 millones de personas, que ahora pueden ser 26 millones; la destrucción del país, de su infraestructura, de sus instituciones, de sus centros productivos, de su sistema educativo, de sus servicios de salud, de sus instituciones culturales, de sus redes de servicios de agua, electricidad, telefonía y más; todo este estado de cosas ¿deja indiferentes a la mayoría de los miembros de la FANB? ¿O, por el contrario, les mantiene en estado de alerta y de permanente inquietud ciudadana?
Editorial de El Nacional