El papa Francisco aceptó la renuncia de tres obispos chilenos, entre ellas la de monseñor Juan Barros, en relación al escándalo de pedofilia que sacudió al clero chileno.

El conjunto del episcopado chileno había presentado su dimisión conjunta el 18 de mayo tras una serie de encuentros con el papa Francisco en el Vaticano, un paso inédito en la historia reciente de la Iglesia católica.

El anuncio de expulsión de Juan Barros constituye una marcha atrás radical por parte del papa Francisco, que nombró a este obispo en la diócesis de Osorno (sur de Chile) en enero de 2015.

Barros está acusado de encubrir los abusos sexuales reiterados del influyente sacerdote Fernando Karadima, condenado en 2011 por el Vaticano a una «vida de oración y penitencia» luego de que la justicia local declarara prescritos los cargos por abuso sexual.

«Les pido con humildad que me disculpen por mis limitaciones y lo que no pude lograr», indicó Barros en un comunicado difundido en la página electrónica de la Conferencia Episcopal de Chile.

Varios miembros de la jerarquía de la Iglesia católica chilena están acusados de haber ignorado o encubierto los abusos de Karadima en las décadas de 1980 y 1990.

«Empieza un nuevo día en la Iglesia católica de Chile! Se van tres obispos corruptos y seguirán más. Emocionante por tantos q han luchado para ver este día. La banda de obispos delincuentes @episcopado_cl se empieza a desintegrar hoy!», reaccionó en Twitter Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima.

Cruz, que fue recibido en mayo por el papa Francisco en el Vaticano, acusó precisamente a Barros de haber sido testigo de sus agresiones sexuales. La víctima también rindió homenaje a la población de Osorno por luchar para lograr apartar de la Iglesia a este obispo.

Francisco, que en un primer momento defendió durante su viaje a Chile en enero al obispo Barros, presente en todas las misas que celebró el papa en el país sudamericano, indignó a las víctimas y fue ampliamente criticado por la opinión pública.

«El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia», lanzó entonces el pontífice argentino a la prensa chilena.

En el avión de regreso a Roma, el papa se disculpó ante las víctimas aunque declarándose todavía «convencido» de la inocencia de Barros. Semanas después empezó a admitir que se había equivocado.

«Errores graves»

Después del fiasco mediático, el papa pidió una investigación. Tras leer en abril 2.300 páginas, que incluían 64 testimonios recogidos en Chile y Estados Unidos, el Sumo Pontífice finalmente reconoció que había cometido «errores graves» en su evaluación y habló de una «falta de información veraz y equilibrada».

En una carta dirigida a los chilenos en mayo, tras una avalancha de denuncias, Francisco admitió: «Con vergüenza debo decir que no supimos escuchar y reaccionar a tiempo» frente a los abusos sexuales dentro de la Iglesia.

Los obispos chilenos fueron acusados por el mismo pontífice, en un documento confidencial de 10 páginas filtrado a la prensa chilena a mediados de mayo, de ser colectivamente responsables de «graves defectos» en el manejo de los casos de abusos y de la consiguiente pérdida de credibilidad de la Iglesia católica.

El documento detallaba presiones ejercidas sobre aquellos que debían investigar los abusos, así como la destrucción de documentos comprometedores.

Además de Barros, el papa aceptó este lunes la renuncia de dos obispos de 75 años, en teoría en edad de jubilación.

Se trata de monseñor Cristián Caro Cordero, obispo de Puerto Montt (sur de Chile) y monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar, obispo de Valparaíso (puerto cerca de Santiago).

Este último, fue acusado en 2012 por un exseminarista de haber cometido abusos sexuales, pero la demanda no prosperó en la justicia civil.

Por el momento, el papa reemplazó a los tres obispos renunciantes por «administradores apostólicos».

Desde que estallaron en 2001 los casos de abusos sexual, primero en Irlanda y luego en Estados Unidos, las denuncias contra sacerdotes y religiosos se han multiplicado por todo el mundo, desde el corazón de Europa hasta América Latina.

AFP

Decenas de socorristas se unieron este lunes a los pobladores de San Miguel Los Lotes, en un último esfuerzo para encontrar los cuerpos de casi 200 desaparecidos en el poblado devastado por la erupción del volcán de fuego de Guatemala.

Los grupos de búsqueda regresaron el domingo a la zona destruida en busca de más víctimas tras reanudarse los operativos en la zona, suspendidos el miércoles por la tarde debido a la inestabilidad del terreno y la actividad del coloso.

Un rescatista en la llamada «zona cero» afirmó a la AFP que la temperatura del material que cubre San Miguel Los Lotes a cinco centímetros de profundidad es aún de 84 grados centígrados.

«Todos los restos de cuerpos que encontramos se nos deshacen en las manos», contó el socorrista, que prefirió no dar su nombre. Aun así, los vecinos se resisten a abandonar los restos de sus familiares enterrados en este poblado cercano a la ciudad sureña de Escuintla.

Carlos Renato Cortés ha subido a la zona cero cada día desde la erupción a cavar con pico y pala en busca de los tres cuerpos atrapados en casa de su cuñado, enterrado junto a su mujer e hijo en la casa que colinda con la suya.

El hombre de 44 años desistió el miércoles de la búsqueda de su mujer, María Hortensia, y de sus tres hijos, sepultados bajo grandes piedras que cubrieron su casa. Su hijo mayor se salvó porque en el momento de la tragedia estaba en Antigua Guatemala. «Lo que queremos es estar tranquilos de haberlos hallado, pero el gobierno no nos han dado nada para limpiar», dijo Cortés.

«Ya ésta área es un cementerio», lamentó en el lugar el sacerdote católico panameño Eliecer Rodríguez, en referencia a San Miguel Los Lotes.

La violenta erupción del volcán, la más potente en los últimas cuatro décadas, ha dejado hasta ahora 110 personas muertas y 197 siguen desaparecidas, según datos oficiales.

El religioso caminaba por el poblado rociando agua bendita para pedir «por el descanso eterno» de los fallecidos y «la consolación» de los familiares. Tres monjas y otros feligreses lo acompañaban con rosarios en las manos.

Un grupo de vecinos logró que dos máquinas excavadoras prestadas por empresas entraran en San Miguel Los Lotes, a pesar de la amenaza constante del volcán de Fuego, que el lunes amaneció con una intensa fumarada de cerca de 1.000 metros de altura sobre el cráter.

Morales en la mira

La constante actividad volcánica de la montaña de 3.763 metros de altura, situada a 35 km al suroeste de la capital, pone en peligro las labores de rescate pues sigue lanzando flujos piroclásticos, una mezcla de gases tóxicos, piedras y materia volcánica que baja a gran velocidad y arrasa todo lo que encuentra a su paso, según el instituto de Vulcanología (Insivumeh).

«Se van hacer operaciones de búsqueda, localización y recuperación si así fuera necesario; los pobladores podrán ingresar a sus comunidades con rescatistas y esto será apoyado por maquinaria de gobierno y civil», afirmó en rueda de prensa Sergio Cabañas, secretario de la Conred, el domingo por la noche.

Cabañas se encuentra en el ojo de las críticas por supuestamente no haber autorizado a tiempo la evacuación de la zona. La tragedia también ha desgastado la débil popularidad del presidente Morales, un excomediante de televisión salpicado por acusaciones de corrupción.

Morales prefirió consensuar con los vecinos de San Miguel Los Lotes la decisión de declarar la zona camposanto, lo cual obligaría a detener las tareas de búsqueda, mientras aumentan las peticiones de dimisión del mandatario por negligencia en el manejo de la respuesta a la catástrofe natural.

AFP

El expresidente panameño Ricardo Martinelli ingresó este lunes en prisión tras ser extraditado por Estados Unidos a Panamá, donde la justicia lo acusa por cargos de espionaje contra opositores durante su gobierno.

«La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informa que el señor Ricardo Martinelli Berrocal se encuentra recluido en el Centro Penitenciario El Renacer», dice un breve comunicado del ministerio de Gobierno.

La cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, es donde estuvo detenido el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega desde que llegó extraditado de Francia en 2011 hasta cerca de su muerte en 2017.

La cancillería panameña había informado que a las 08h44 locales (13H44 GMT), el gobierno de Estados Unidos entregó «en territorio panameño» a Martinelli, «cumpliendo con la orden de extradición autorizada por el subsecretario de Estado John Sullivan».

Escoltado por alguaciles federales, Martinelli salió en un vuelo de Jet Logistics del aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, de Miami.

Antes de abordar el avión, saludó a periodistas que se encontraban en el aeropuerto estadounidense. Vestido de beige y esposado de manos, el expresidente (2009-2014) dijo a los reporteros: «¡Estoy listo para ver el Mundial!», haciendo un gesto con el pulgar arriba.

«El señor Martinelli viene por los dos delitos por los que se le acusa, que son inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública, que es lo que se conoce como peculado», dijo el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, al canal TVN-2.

Un comunicado del departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que Martinelli es acusado en su país de «monitorear ilegalmente las comunicaciones de más de 150 personas entre 2012 y 2014 usando un amplio sistema de vigilancia y de desviar más de 10 millones de dólares en fondos públicos».

Hincapié añadió que Panamá ha pedido también a Estados Unidos la extradición de los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, acusados de cobrar 56 millones de dólares en comisiones a la empresa brasileña Odebrecht.

Partidarios de Martinelli, de 66 años, protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia de la capital panameña en su apoyo.

Temen una nueva fuga

La justicia panameña investiga también a Martinelli por otra veintena de casos de corrupción, pero bajo el tratado con Estados Unidos de 1905, solamente puede ser procesado por los delitos por los cuales fue pedido en extradición.

Además, llega a su país en un año agitado políticamente, con elecciones generales el próximo año, a las que el expresidente quiere presentarse como alcalde, diputado o vicepresidente.

Transparencia Internacional estima que hasta 1% del PIB de Panamá, unos 600 millones de dólares, podrían haberse perdido por corrupción durante la presidencia de Martinelli.

«Ricardo Martinelli continúa teniendo los medios financieros y el apoyo político en Panamá que podrían permitirle escapar de la justicia si las autoridades no actúan con todo el peso y la fuerza permitidas por la ley», dijo Olga de Obaldia, directora ejecutiva de Transparencia International Panamá.

Hay que estar atento a que «no pueda abrir todas las vías hacia la impunidad, ya sea que huya del país o incluso se postule para un cargo de elección popular con el fin de obtener inmunidad», añadió.

El expresidente panameño Martín Torrijos (2004-2009) dijo recientemente que el futuro de Panamá «está en juego» con la llegada de Martinelli, porque va a poner «a prueba» las instituciones del país.

Tras trasladarse a Miami en 2015 para eludir los procesos judiciales, Martinelli fue detenido el 12 de junio del año pasado.

«Favores» a EEUU

Multimillonario empresario de supermercados, accedió al poder con el 60% de los votos y un discurso contra la corrupción, pero tras su paso por el gobierno, se acumularon las denuncias por escándalos.

El exgobernante afirma que todo se debe a una «vendetta» política de Juan Carlos Varela, su exvicepresidente y actual mandatario.

Su equipo legal había intentado detener la extradición alertando que corría el riesgo de ser torturado, pero el Departamento de Estado estadounidense desestimó este argumento.

Los abogados también apoyaron su caso diciendo que Varela había mostrado «falta de compromiso» con los intereses de Estados Unidos, por ejemplo cuando rompió relaciones con Taiwán y las restableció con Venezuela.

Dijeron que, en cambio, Martinelli sí había hecho «favores» a Estados Unidos, por lo cual esperaban reciprocidad.

«Cuando la CIA me pidió que interceptara un barco norcoreano que estaba dejando Cuba y cruzaba el canal de Panamá, yo no pestañeé», escribió el propio Martinelli en una carta pública.

Esos argumentos no bastaron.

«Algunos pensaron que por los grandes favores que hizo Martinelli a Estados Unidos, (Washington) tendría que actuar de manera recíproca y ayudarlo», dijo a la AFP Mitchel Doens, exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata) y uno de sus querellantes.

«Pero (…) no creíamos que Estados Unidos iba a cargar con un estigma de haber dado protección a un delincuente de la talla de Ricardo (Martinelli)», añadió Doens.

AFP