En el artículo que sigue me concentraré solo en 65 páginas de las casi 400 que integran el “Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, y que fue presentado el pasado 29 de mayo en Washington por Luis Almagro, secretario general de ese organismo, acompañado por los expertos Santiago Cantón, de Argentina; Irwin Cotler, de Canadá, y Manuel Ventura Robles, de Costa Rica.
En su conjunto, el informe es terrorífico. La mera revisión de su índice pone en claro la naturaleza del régimen: presos políticos, desaparición forzada de personas, arbitrariedad de las detenciones, desacato de las órdenes judiciales, politización de la justicia, allanamientos ilegales, persecución de niños y adolescentes, y otras numerosas violaciones de los derechos humanos, que han conducido a los expertos a recomendar a la Corte Penal Internacional dar comienzo a un proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad.
Esas 65 páginas están dedicadas a la tortura ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro. Deben ser las páginas venezolanas de contenidos más atroces producidas en los últimos 100 años. A las organizaciones Foro Penal, Human Right Watch, Vente Venezuela y, de modo muy destacado, al Instituto Casla, dirigido por Tamara Suju, se debe la información recopilada en el informe. Las 72 incidencias contenidas en el documento se refieren a “cuando menos 289 casos de tortura”. Es importante advertir que el informe contiene información recopilada hasta septiembre de 2017. Después de esa fecha, las diversas políticas de violación de los derechos humanos han continuado en ejecución y, de acuerdo con diversos informes, han empeorado. De hecho, con las diligencias que Tamara Suju ha realizado recientemente ante la Corte Penal Internacional, suman ya 99 expedientes o incidencias que afectan a más de 600 personas. Insisto: a más de 600 personas que han sido objeto de torturas.
Desde hace 16 años, con disciplina admirable, Suju ha venido investigando y recopilando información sobre la práctica de la tortura del poder venezolano. Lo que comenzó con el gobierno de Chávez como una política selectiva se ha masificado con Maduro. Los testimonios dejan claro que, tanto en el Sebin como en la Dirección de Contrainteligencia Militar, los dos principales ejecutantes de las políticas de tortura, reciben órdenes de la Vicepresidencia y del más alto nivel del Poder Ejecutivo.
Esto es medular: la mayoría de los torturados lo han sido solo por protestar. El que sea un derecho garantizado en la Constitución no ha impedido que se cometa la más abyecta de las atrocidades que es posible concebir en contra de un ser humano indefenso: someter su cuerpo a un castigo sistemático, provocarle experiencias de dolor que están más allá de lo humano. Quien lea las 65 páginas a las que me he referido difícilmente permanecerá impasible ante la ferocidad de los hechos. Cuando un poder diseña una política de Estado que consiste en someter a las personas a la más monstruosa experiencia conocida –la de torturar a seres humanos por sus convicciones–, ha cruzado un umbral del que no tiene regreso: se trata de una decisión que significa, ni más ni menos, acabar con las vidas de quienes le resistan.
El catálogo de acciones cometidas en contra de indefensos es rigurosamente perverso. En la página 32 del informe se lee: “La Sra. Suju describió los diversos tipos de tortura utilizados, que incluyen: brutales golpizas, descargas eléctricas, el empleo de gases y polvos lacrimógenos en espacios confinados, la negación de alimentos y agua, el mantener a las víctimas en posiciones agotadoras para provocar dolor y sufrimiento, el aislamiento por largos períodos, violaciones y otras formas de violencia sexual y tortura psicológica. Expuso que el gobierno aplica lo que denominó un ‘guion’ en materia de tortura: la finalidad que persiguen determina el tipo de tortura. Por ejemplo, si el objetivo no es obtener una confesión sino castigar e intimidar a la víctima, se dejan marcas deliberadamente en la cara, los brazos y/o las piernas”.
Estas acciones no reconocen limitaciones de género. Al contrario, en contra de las mujeres se suman castigos directamente relacionados con su condición: “Yolibeth Colmenares fue brutamente golpeada por 5 policías, que le dieron golpes y puntapiés en todo el cuerpo. Fue bañada con heces fecales e, incluso, la hicieron tragarlo y además fue bañada con orines que sacaron de los baños de los calabozos, donde orinan los presos, abriéndole el pantalón para echárselo en sus partes íntimas, dejándola en estas condiciones por más de 24 horas, provocándole una grave infección. Fue arrastrada más de 50 metros mientras la golpeaban, pasándola por encima de heces que estaban en las calles, cuando no dejó que la metieran en el momento de su detención en una tanqueta, junto con otros detenidos”.
A continuación, para cerrar este artículo, y porque creo que no es necesario agregar ni una palabra más, copio la sección completa que el informe dedica a uno de los casos, el de Juan Miguel de Souza:
“Fecha y lugar de la detención: Juan Miguel de Souza, 51 años, ingeniero en computación, fue acusado por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de supuestamente conspirar a través de la red social Twitter, y de la supuesta contratación de hackers informáticos para suspender el servicio telefónico de Cantv en los planes de la ‘Salida II’. Fue detenido sin orden judicial el 21 de enero de 2015, tras un allanamiento de su domicilio por parte del Sebin. Estuvo desaparecido y sus familiares no tuvieron conocimiento de él hasta el 11 de febrero del 2015, cuando recibieron una llamada de Juan Miguel indicándoles que se encontraba recluido en La Tumba.
“Instituciones o personas que participaron en las torturas: agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
“Métodos de tortura: Juan Miguel de Souza estuvo en una celda de castigo a muy bajas temperaturas, y constantemente privado de sueño. Fue golpeado y quemado con cigarrillos. Sufrió torturas psicológicas, amenazas en contra de su vida y la de sus hijas. El Sebin también agredió a sus hijas. No recibió atención médica. Sus abogados fueron intimidados y amenazados y decidieron no seguir con su caso.
“Juan Miguel de Souza estuvo encarcelado en La Tumba, conocido como un centro de torturas blancas, construido especialmente para detenidos que el gobierno considera enemigos políticos. En los dos años que estuvo recluido, pasó seis meses incomunicado, sumando las veces que fue castigado. Solo podía salir al pasillo común cuando iba al baño. No escuchaba otro sonido sino las voces de los otros presos. La baja temperatura ocasionó erosiones en la piel y agrietamientos dolorosos. Sufrió alteración total del sueño; mala y escasa alimentación. Era despertado con agua fría. Los funcionarios a veces le apagaban las luces para que pudiera dormir, ‘si se portaba bien’. Recibió golpes en el pecho y en la espalda. Fue quemado con cigarrillos cuando se negó a declarar en contra de políticos de la oposición, interrogado por la propia fiscal Katherine Harrington, que quería inducirlo a decir estas acusaciones. Esto sucedió en cuatro oportunidades.
“Recibió torturas psicológicas. Recibió amenazas de muerte, le decían: ‘@enyukote (nombre de usuario en Twitter), tú no te imaginas cuánto tiempo pasamos buscándote, no te imaginas cuántas horas de sueño perdimos por tu culpa, todas esas horas nos las vas a pagar’. Sus hijos también fueron blancos –le decían en qué escuela estaban sus hijos, de qué color estaban vestidos–. De hecho, uno de ellos fue sacado por un funcionario del Sebin del autobús escolar, y lo levantaron por la camisa y los oficiales le decían que ‘dijera la verdad de su papá’, luego bajaron a la niña de 12 años, pero la gente intervino para evitar que siguieran amedrentándolos. La hija mayor, Michelle De Sousa, fue amedrentada en una calle de Caracas, por un funcionario del Sebin que salió de un sitio donde estaba escondido y cuando Michelle pasó, junto con su hermana, las agarró por el cabello, y luego sujetó a Michelle y le preguntaba: ¿dónde están?
“La falta de atención médica oportuna ocasionó que una infección que tenía en una muela, 7 meses después de estar en La Tumba –que le producía terribles dolores– le produjera que se le reventara el tímpano del oído izquierdo. Juan Miguel tenía mucho dolor al orinar, orinaba sangre, sin saber que estaba desarrollando cáncer de próstata. Lo privaban de los medicamentos que le llevaba la familia. Nunca fue atendido de esta dolencia mientras permaneció en La Tumba. Incluso se puso en huelga de hambre para que lo atendieran y tampoco lo logró. Luego, fue hospitalizado en el Hospital Militar con cáncer en la próstata nivel 8.
“Fue privado de su derecho a la defensa, al imponerle un defensor público. Fueron asignados 4 abogados que renunciaron a la defensa por temor. Uno de ellos estuvo un mes con el caso y luego habló con los familiares y les dijo que no podía continuar con el caso, porque tenía demasiada persecución, porque Juan Miguel era un preso de Diosdado Cabello. El 23 de diciembre de 2017 fue puesto en libertad bajo la condición de que se exiliara inmediatamente fuera del país. Al día de hoy, no hay ningún detenido por las torturas sufridas”.
Editorial de El Nacional
