Samsung lanzará el Galaxy Note 9 el próximo 9 de agosto en un evento Unpacked en Nueva York.

Samsung planea lanzar el Galaxy Note 9, la siguiente generación de su popular smartphone de gran tamaño el próximo 9 de agosto, de acuerdo a un reporte publicado por Mark Gurman de Bloomberg quien tiene una reputación impecable con relación a filtraciones de este tipo.

Aunque el nuevo modelo tendrá el un diseño exterior similar al del Note 8, planea tener un nuevo procesador de Qualcomm y sobre todo hacer innovaciones importantes con la cámara, que suele ser de los puntos fuertes a la hora de la diferenciación entre marcas y razones de compra por parte de consumidores. Samsung también suele impulsar el uso de un stylus junto con el teléfono tanto para aplicaciones creativas como personas que se sienten cómodas usando pantallas táctiles con ese tipo de accesorios.

El evento Unpacked se celebrará en Nueva York y el smartphone estará disponible para su venta a finales de agosto, lo cual estaría en la misma línea con lanzamientos de años pasados.

El Samsung Galaxy Note 8 fue uno de los smartphones mejor valorados del año pasado desde esta publicación y por lo general es considerado de los mejores teléfonos Android.

Hipertextual

Tras el incidente de VPNFilter aumenta la concienciación sobre la vulnerabilidad del dispositivo

Son pocos los ordenadores hoy en día carentes de las más elementales medidas de protección, como un antivirus o cortafuegos; sin embargo, esta concienciación no ha sido asimilada todavía en un dispositivos mucho más letal y omnipresente en todos los hogares: el router. Este dispositivo permite la conexión inalámbrica a internet y por su propia naturaleza, se encuentra permanentemente conectado, para bien y para mal. Talos, la división de ciberinteligencia de Cisco y descubridora del letal malware VPNFilter, destaca que proteger el router “resulta muy difícil”, dado que la mayoría de ellos se encuentran conectados directamente a la red sin ningún tipo de protección intermedia y separados únicamente por un usuario y contraseña que en la mayoría de los casos viene determinado de fábrica.

El router es, además, un dispositivo que es considerado como cualquier otro electrodoméstico en el hogar, que simplemente se conecta a la red eléctrica y funciona, cuando en realidad, si no está convenientemente protegido, es equiparable a una ventana abierta para los hackers. ¿Cómo podemos protegernos adecuadamente ante un eventual ataque?

Deshabilitar el acceso remoto

El principal peligro de un dispositivo conectado es que pueda ser gobernado desde el exterior, y precisamente los routers suelen contar con una opción que permite el acceso a su panel de control desde el exterior. Esta función permite que los operadores -los que, por lo general, proveen del router a los abonados- puedan acceder remotamente al dispositivo en caso de avería o problemas de velocidad. Desde McAfee España recalcan la importancia de desactivar esta función si el dispositivo lo permite pese a evitar que los operadores puedan acceder al mismo; “es como si el banco nos pide las claves por teléfono para acceder remotamente a nuestra cuenta corriente”, explica a EL PAÍS Francisco Sancho, product manager de la compañía.

Cambiar la contraseña por defecto

Se trata posiblemente del principal error que cometemos en casa: no preocuparse por cambiar la contraseña que da acceso al panel de control del dispositivo. En muchas ocasiones, los enrutadores salen de fábrica con contraseñas que se repiten o en peor de los casos, estas credenciales se filtran en la red haciendo que el acceso al dispositivo de forma remota sea instantáneo y sin conocimiento por parte del usuario. El problema reside en que el grueso de los particulares no conoce cómo se accede al panel de control y esta dificultad ha logrado crear un punto débil en nuestro sistema con consecuencias insospechadas. Un informe llevado a cabo este mismo año por ciberexpertos estadounidenses ha desvelado la existencia de “un ejército de bots” en busca de vulnerabilidades en routers domésticos que son luego utilizados como puente para llevar a cabo ataques masivos. Precisamente McAfee está trabajando con Telefónica en España para evitar estos quebraderos al usuario y automatizar la seguridad de su router de forma remota.

Cuidado con el resto de dispositivos conectados

Si bien el ataque de VPNFilter se ha ceñido -que se conozca, por el momento- a los routers, desde Sophos recuerdan que no se debe bajar la guardia y aplicar los consejos también en los objetos conectados (IoT) como televisores, bombillas, enchufes, cámaras, etc., que cuentan con un acceso a internet permanente y son susceptibles de ser atacados. “Suelen ser equipos que presentan niveles de seguridad muy bajos”, explica a EL PAÍS Iván Mateos, ingeniero de la firma de seguridad, con lo que “es recomendable mantenerlos actualizados y restringir su acceso desde el exterior”.

Mantener el firmware actualizado a la última versión

Este experto recuerda precisamente la importancia de asegurarse que el router lleva la última versión del sistema operativo, ya que “muchos fabricantes han publicado ya su parche de seguridad” para atajar la amenaza concreta de VPNFilter. Si el usuario desconoce cómo hacerlo, desde Sophos recomiendan contactar directamente con el operador para que éste se asegure de que el dispositivo está convenientemente actualizado.

El País

JOSÉ MENDIOLA ZURIARRAIN

Imagen:TechSpot

La protección de datos ofrece más poder y nuevos derechos para los ciudadanos (Shutterstock)

La reciente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos  (RGPD) europeo, el pasado 25 de mayo, obliga a  las empresas a cambiar sus políticas de privacidad, adaptar sus comunicaciones y, sobre todo, a transformar las dinámicas de obtención y gestión de los datos personales.

La puesta en marcha de esta legislación, aprobada ya hace dos años, se produce en un contexto en el que la titularidad, los límites a la explotación y la  protección de los datos está en el debate público, fruto del reciente escándalo de Cambridge Analytica y Facebook.

El RGPD recoge prerrogativas importantes para los usuarios, como que se deberá recabar el consentimiento explícito en forma inteligible y fácil, así como comunicarles de dónde se han obtenido sus datos y para qué se van a usar, entre otras muchas cuestiones. En resumen, ofrece más poder y nuevos derechos para los ciudadanos y pretende garantizar una gestión de los datos más clara y transparente.

Para poder adaptarse al reglamento, muchas empresas se han esmerado en prepararlo todo para evitar las cuantiosas sanciones económicas previstas. Además, debemos tener en cuenta que la nueva normativa obliga no solo a las compañías europeas, sino a todas aquellas que procesen datos de clientes/usuarios que sean ciudadanos europeos. Esto afectará a empresas en todo el mundo; de hecho, ya existe una demanda por 7.000 millones de euros por incumplimiento a Google, Facebook, Instagram y WhatsApp y, como señala el Wall Street Journal (WSJ),  incluso restaurantes en EUA están preocupados por cumplir con el RGPD.

Algunas empresas han reaccionado rápidamente. Facebook acaba de anunciar que extenderá el reglamento europeo a los 2.000 millones de usuarios que tiene  por todo el mundo. Otras, como The Washington Post, ponen precio a la privacidad de los datos y lanzanun modelo de suscripción específico para usuarios provenientes de Europa. Por último, encontramos aquellas que, para no tener que adaptarse, limitan el acceso  a sus servicios a usuarios europeos, con la controversia legal que esto también está provocando.

En este contexto, sin duda, las empresas latinoamericanas van a tener que adaptarse también en un esfuerzo para poder seguir manteniendo la actividad digital en un mercado importante como es el europeo.

América Latina no cuenta con una regulación común, por lo que cada país ha abordado la situación de una manera diferente. Sin embargo, existe la voluntad de intentar definir algún tipo de norma de protección de datos común. De hecho, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) impulsó, en junio de 2017, un documento que establecía un marco regulatorio para la protección de datos para los Estados Iberoamericanos.

Algunos países han tomado como referencia la legislación europea, y más específicamente la española, en materia de protección de datos.

Concretamente, Argentina, a raíz de la aprobación en 2016 de la nueva normativa europea, ya empezó a dar pasos para mantener su legislación acorde con los cambios que se iban a producir, ajustándose al Convenio 108 para  la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (considerado la piedra angular de la actual normativa europea). Y, en estos momentos, al igual que Uruguay,  está estudiando cómo adecuar su normativa para mantener un estatus adecuado al estándar europeo.

Otros países como México, Colombia y Costa Rica son conscientes del impacto económico que puede generar la aplicación del RGPD y también han mostrado su interés en poder gozar de un nivel adecuado de  protección.

Gonzalo Alonso, ex director general de Google para Iberoamérica (2005-2009), lanzaba recientemente una contundente advertencia: «Iberoamérica está perdiendo el tren de la transformación digital». Y señalaba que, a pesar de tener potencial para ser una «segunda europotencia», la falta de homologaciones al estilo europeo mantiene la región como «una bola de repúblicas desorganizadas». De ahí la necesidad de tomar medidas a nivel regional, para evitar que los beneficios económicos y sociales de la imperativa transformación digital no pasen de largo en Latinoamérica.

Importar el modelo europeo puede suponer una oportunidad en  la región  para solventar problemas emergentes respecto a la protección de datos y la privacidad que se plantean a causa de tecnologías como el Big Data o el uso intensivo de redes sociales y plataformas de ecommerce y, además, puede proporcionar diferentes beneficios, como la atracción de inversiones en aquellos países dispuestos a competir en el mercado europeo, o el aumento reputacional que puede suponer adoptar una normativa más exigente y respetuosa con los usuarios.

Pero, además, la adopción de un estándar común basado en la protección digital de los ciudadanos puede ser un paso para avanzar hacia una política común de desarrollo digital para la región como factor de crecimiento, productividad e inclusión. Teniendo en cuenta, también, que en una economía digital globalizada es un modelo que fácilmente tendrá una aplicabilidad internacional.

Antoni Gutiérrez-Rubí