A juicio del diputado José Guerra, lo fundamental para resolver el problema económico  de Venezuela es refinanciar la deuda  y aplicar un nuevo  modelo económico.

“Si no hay refinanciamiento  de la deuda externa, el  incumplimiento de pago  (el  default) se va a agravar y puede  acentuar la  crisis económica que tenemos hoy. En otras palabras, lo que estamos viendo es nada  con lo que puede venir si no atacamos  el problema económico a tiempo”, afirmó.

Para Guerra es  necesario ir a un cambio del modelo económico  que le abra las puertas del financiamiento externo, un nuevo esquema de política  económica  que abra el país  a la inversión extranjera, reiteró.

“Venezuela tiene que cambiar el modelo económico. No hay solución sin el refinanciamiento  de la deuda”, acotó.

El parlamentario aseguró que los acreedores de Venezuela están montando los casos para tratar de cobrar compulsivamente las acreencias que mantienen contra el Estado, tal como  lo ha hecho ConocoPhillips.

El economista consideró que esto se puede evitar con dos cosas esenciales: renegociando la deuda y aprobando a través de la Asamblea  Nacional de  una normativa  que permita salvaguardar los activos nacionales y que no lo puedan tomar compulsivamente los acreedores, partiendo o  siguiendo la experiencia de Irak, según dijo.

Insistió que si  Venezuela no sale del incumplimiento de pago, en este país no va entrar un dólar  por financiamiento y los pocos dólares  que  ingresen por la poca  producción petrolera  no serán suficientes.

“Hay que  hacer un cambio,  un viraje  urgente  en la política económica refinanciando la deuda, ponerse al día con los pagos   y encauzar  la economía y recuperar la producción petrolera”, subrayó.

Aseguró  que a Venezuela  se le  viene encima el  vencimiento  de la deuda  de mayo  hasta diciembre, sumando los intereses, más  la  acreencia con  ConocoPhillips.  La deuda supera  los  de  más de 13 mil millones de dólares (US$)  “no podemos pagar esta deuda”, afirmó.

Posponer la reconversión monetaria

En opinión del parlamentario, el gobierno tiene listo el decreto donde  pospone la reconversión monetaria prevista para el 3 y 4 de junio.

“No es posible sacar de circulación 10 mil millones de piezas monetarias del  cono monetario actual y circular el mismo día 6 mil millones más, es imposible”, aseveró.

Precisó  que aún  no ha llegado el nuevo cono al país y que la banca  no está preparada ya que se requiere  45 días para actualizar un cajero (ATM).

Finalmente Guerra exhorto al gobierno a suspender la reconversión monetaria, a ser más sensatos,  y no sumarle más problemas al ya sufrido pueblo venezolano.

Carlos Morillo /Foto: Arles Arcia / Prensa AN

La institución acusó al medio de supuestamente “promover el odio” y desconocer a las “autoridades legítimamente constituidas”

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició este martes un procedimiento sancionatorio contra El Nacional Web por supuestamente «incumplir con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte)».

En el procedimiento se acusa al medio de «incumplir» el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medio Electrónicos así como en el artículo 14 de la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por la asamblea nacional constituyente, organo considerado fraudulento.

Conatel acusa a El Nacional Web de “difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas e incitar y promover el odio”.

Conatel inicia procedimiento administrativo sancionatorio al “El Nacional Web”
por el presunto incumplimiento del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

https://t.co/AbHEMaf83S pic.twitter.com/fYpaHXJIqq

— Conatel Venezuela (@Conatel) 22 de mayo de 2018

A continuación el comunicado completo:

Conatel inicia procedimiento administrativo sancionatorio al medio electrónico “El Nacional Web” Este 22 de mayo se notificó al medio electrónico «El Nacional Web» la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de la Resorteme.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) notificó este 22 de mayo de 2018 el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio al medio electrónico “El Nacional Web”, por el presunto incumplimiento del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme) al difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas y además incitando, y/o promoviendo el odio; ilícitos administrativos previstos en el artículo 27, numerales 1, 4 y 5 citados en la misma ley, así como en el artículo 14 de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Con base a ello, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, se acordó con carácter provisionalísimo, la aplicación de la medida cautelar nominada, dirigida a abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía, pudiendo generar alteraciones en la población, al ofrecer información errada o infundada que, en consecuencia, infrinja los supuestos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, así como la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Con el objeto de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso que ampara a todos los administrados, se les otorgó diez (10) días hábiles para exponer sus alegatos y defensas, y cinco (5) días hábiles para oponerse a la medida acordada, todo ello de conformidad con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Finalmente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones reitera una vez más su total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, explicó este martes en la Asamblea Nacional, que el Gobierno de Nicolás Maduro carece de legitimidad de origen y de desempeño; que la abstención en las recientes elecciones presidenciales se produjo en buena medida porque la oposición no presentó un candidato que legitimara el evento, y que debe construirse “una unidad muy sincera”.

Desde la Asamblea Nacional, Ramos Allup explicó sus razones para considerar “de facto” al Gobierno de Nicolás Maduro, no sin antes recordar que el Parlamento aprobó la declaratoria de responsabilidad política, el abandono del cargo y la consecución del antejuicio de mérito que sentenció el Tribunal Supremo en el exilio:

“Los especialistas en ciencias sociales, suelen diferenciar entre lo que se llama legitimidad de origen y legitimidad de desempeño. La legitimidad de origen ex ante, que es la que deviene en razón de una elección, que te da la condición de legítimo. Y la que se llama legitimidad de desempeño o ex post, que es la que tiene alguien porque con sus hechos, con sus actos, obtiene el reconocimiento común (…) bueno, en este caso como dicen en mi tierra, por cualquier lado catalina es tuerta, porque Maduro ni tiene legitimidad de origen, ni tiene legitimidad de desempeño, y ese es el gobierno que de facto estamos padeciendo nosotros”, apuntó.

Posteriormente, Ramos se refirió a la situación de la oposición, argumentando que debe construirse una unidad “sincera”, trayendo a colación el documento que firmaron todos los partidos políticos de la alternativa democrática el pasado 19 de julio de 2017:

“Nosotros, compañeros, si no decimos las cosas claras, nunca vamos a construir una unidad fiable: nosotros el 19 de julio de 2017 suscribimos un documento que en su punto cuatro dice así: el candidato o candidata de la unidad para asumir la presidencia de la República, será escogido mediante el método de elecciones primarias nacionales. Si firmé esto ¿para qué voy a decir el candidato soy yo? Ayúdame, súmame, pero ¿quién es el candidato? Yo. ¿Hubo consenso? ¡no, yo! ¿Te eligió alguien? ¡no, yo! Entonces una candidatura, por muy práctico y prodigioso que sea el candidato, nadie le va a empujar el carro a un auto calificado y autodesignado (…) entonces tenemos que empezar por ahí hermanos y hermanas, a decir que cualquiera que se autocalifique va a perder”, sentenció.

Finalmente, expresó su apoyo al documento que declara como ilegítima la elección del 20 de mayo:

“Nosotros señor presidente, perdonen la sinceridad, pero una forma de evitar los infartos es expresarse. Nosotros vamos a votar el proyecto de acuerdo (…) me bajo de esta tribuna con la esperanza puesta en este pueblo de Venezuela que es mucho mejor que la dirigencia política. Tenemos que estar pendiente de cada uno de nuestros actos, no estemos tan pendientes del espejo, estemos pendiente de la gente que anda por allí que no come, que no tiene medicinas y que su familia se ha tenido que ir de Venezuela”.

NP

Exteriores tacha de «inexplicable» la postura del ex presidente del Gobierno y afirma que «ha perdido la credibilidad»

El Gobierno español acogió ayer con estupor el mensaje conciliador y comprensivo con el régimen de Nicolás Maduro que lanzó el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Un mensaje contrario al rotundo rechazo que buena parte de la comunidad internacional ha expresado a la vista de que las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Venezuela no han cumplido con ninguna de las condiciones de libertad y transparencia exigibles para el reconocimiento de los resultados.

Desde el Ministerio de Exteriores se calificó la posición del ex mandatario español como «inexplicable» y se aseguró que su intento de mediación «ha perdido toda la credibilidad» ante el propio pueblo venezolano y ante las instancias internacionales.

Fuentes autorizadas del departamento que encabeza Alfonso Dastis recuerdan que a Rodríguez Zapatero se le apoyó desde el Gobierno «mientras existía alguna posibilidad» de encauzar hacia vías democráticas la actitud de Maduro, pero esas esperanzas decayeron hace tiempo.

«Zapatero no nos representa», recalcaron ayer desde el Ministerio añadiendo, no obstante, que «no se le desautorizará porque nunca se le ha autorizado para nada».

En un comunicado emitido horas después de conocerse el resultado electoral, Exteriores afirmaba que, «en concertación con los socios internacionales», apoyará los intentos de negociación «aceptados por todas las partes» -la mediación de Zapatero es rechazada por la oposición-, «en los que se demuestre con hechos la voluntad genuina de contribuir al regreso de Venezuela a la institucionalidad democrática, al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales y a la búsqueda de soluciones que palíen la grave crisis humanitaria que afecta a la población venezolana».

En medios próximos al ministro aseguraron que por el momento no ha existido ningún contacto del ex presidente con Dastis. Igualmente descartaron seguir el ejemplo de una docena de países que ya ha anunciado la llamada a consultas de sus representantes diplomáticos en Caracas.

Nuevas sanciones

El embajador español en Venezuela ha regresado recientemente a su puesto tras meses de ausencia, decidida en reciprocidad a la retirada del embajador venezolano en Madrid. El Ejecutivo considera que en la actual situación lo conveniente es el mantenimiento de la legación diplomática en plenitud de funciones para velar por los 200.000 españoles que viven en el país caribeño.

Ahora el Gobierno español prepara los argumentos que defenderá el próximo lunes en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. La diplomacia española no duda de que la mayoría de los socios apostará por imponer nuevas medidas de sanción contra el régimen de Maduro.

Medidas que podrían suponer ampliar el listado de siete dirigentes chavistas a los que ya se castiga con la prohibición de entrar en territorio de la Unión y con la congelación de sus activos. Entre estos dirigentes figura ya el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Ahora podría añadirse al listado el nombre del propio Maduro.

La UE también mantiene en vigor un embargo de armas y equipamientos susceptibles de ser utilizados para reprimir o mantener bajo vigilancia a la ciudadanía. Todas estas medidas, que fueron decididamente impulsadas por España, se concibieron en un principio como reversibles siempre y cuando el Gobierno venezolano emprendiera el camino del diálogo y la negociación.

Medidas contra la petrolera estatal

Esta posibilidad, en opinión de las fuentes diplomáticas consultadas, ha quedado ya cegada, de manera que el Gobierno no dudará en abogar por nuevas sanciones con la única condición de que las mismas no impacten sobre la población venezolana. En este sentido se descartan medidas que afecten directamente a la industria petrolera estatal (PDVSA) porque no harían sino perjudicar aún más a la ciudadanía.

Madrid reaccionó ayer al nuevo triunfo de Maduro, plagado de acusaciones de fraude, con el mismo malestar expresado por los principales países de la Unión. El Gobierno ya albergaba pocas esperanzas de un proceso electoral que consideraba manipulado desde su origen para reeditar el mandato del heredero de Chávez. El escaso margen que había para la duda, de hecho, se esfumó cuando todas las fuerzas de la oposición, a excepción de la liderada por Henri Falcon, decidieron dar plantón a las urnas.

Así, después de que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer el veredicto de la votación, el Ministerio consideraba «evidente» que en el proceso electoral venezolano «no se han verificado los requisitos indispensables» de participación en igualdad de condiciones de todos los partidos políticos y candidatos, ni la composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral, así como tampoco un calendario electoral viable y pactado, ni tampoco las garantías técnicas requeridas para el escrutinio por los estándares internacionales. En estas condiciones, añadía, «la desconfianza de una mayoría de los ciudadanos venezolanos en el proceso electoral, se ha traducido en una elevada abstención».

EL MUNDO.es
Foto: CRISTIAN HERNÁNDEZ / EFE  

El Bloque Constitucional emitió un pronunciamiento al considerar como fraude electoral el proceso ilegítimo que se llevó a cabo en el país el pasado 20 de mayo.

PRONUNCIAMIENTO

Frente a la concreción del fraude electoral que se verificó el día 20 de mayo de 2018, a la comunidad:

1) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, por ser consecuencia de unas elecciones convocadas ilegítimamente por el Consejo Nacional Electoral, a instancia de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en violación del período constitucional y con ausencia de las garantías electorales propias del Estado Democrático de Derecho.

2) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, al incurrir el Consejo Nacional Electoral en desacato, al admitir la participación de Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra inhabilitado para ocupar cargo público alguno como consecuencia de la autorización dada por la Asamblea Nacional el pasado 15 de abril del presente año, al legítimo Tribunal Supremo de Justicia para que este continúe conociendo judicialmente de la querella penal que contra él fue interpuesta por la Fiscal General de la República por graves hechos de corrupción vinculados al caso Odebrecht;

3) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, porque la Fuerza Armada Nacional incurrió en desacato a la sentencia del legítimo Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de mayo de 2018, al no aprehender al ciudadano Nicolás Maduro Moros como le fue ordenado en virtud de habérsele dictado medida judicial preventiva privativa de libertad.

También en desacato procedieron las autoridades policiales, específicamente, el Cuerpo de Investigaciones CientíficasPenales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.),al incumplir la orden de aprehensión que les fue debidamente notificada y permitir que el mencionado ciudadano procediera sin ejecutar la restricción de su libertad, judicialmente ordenada.

4) El fraude electoral también se verificó en el proceder igualmente delictual del ciudadano Nicolás Maduro Moros, denunciado por uno de los candidatos que optó por participar a pesar de las circunstancias expuestas, al violar éste un supuesto acuerdo en el que se habría comprometido a no infringir la Ley Electoral con los anunciados “puntos rojos”, los cuales, sin embargo, sí fueron instalados para vincular la acción del voto con la pertenencia al partido de gobierno y la posibilidad de recibir prebendas.

5) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, porque pese a la evidente abstención de casi el 83% de la población, debidamente documentada en los medios de comunicación social, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral expresó unas cifras de participación que no se corresponden con la realidad.

Cabe destacar que antes del proceso electoral, la comunidad internacional (la mayoría de los países de la región, el Grupo de Lima, Unión Europea, Secretaría general de la OEA, entre otros) advirtieron que no se reconocerían los resultados y luego de verificado el proceso fraudulento ya se han manifestado estos países así como organismos internacionales de derechos humanos en el desconocimiento del proceso electoral del 20 de mayo de 2018.

En consecuencia de lo anterior, Venezuela se encuentra en una situación de vacío de poder, pues no existe un titular legítimo en el cargo de Presidente de la República, toda vez que el ciudadano Nicolás Maduro Moros:

Ha sido declarado en falta absoluta por la legítima Asamblea Nacional;

Fue suspendido del cargo e inhabilitado políticamente por el legítimo Tribunal

Supremo de Justicia antes del proceso electoral del 20 de mayo pasado; y,
Pesa sobre él medida preventiva privativa de libertad y se halla sometido a una querella penal por existir causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, previstos en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Todas las anteriores consideraciones, son suficientes para permitirnos afirmar y denunciar ante la opinión pública que el ciudadano NICOLAS MADURO MOROS, NO ES FORMALMENTE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NI PUEDE SER RECONOCIDO COMO PRESIDENTE ELECTO debido al fraude electoral de fecha 20 de mayo de 2018 y a la causa penal que contra él existe, previa a esa fecha.

En razón de lo expuesto, este BLOQUE CONSTITUCIONAL insta a la Asamblea Nacional, a que en base al exhorto del legítimo Tribunal Supremo de Justicia contenido en la sentencia de fecha 3 de mayo de 2018 y a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante la falta absoluta, ahora por ausencia de un Presidente electo, encargue de la Presidencia de la República al Presidente de la Asamblea Nacional, mientras se proceda a realizar elección directa, secreta y acorde con los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, con un nuevo órgano comicial integrado por representantes legítimamente designados en perfecto apego a las reglas constitucionales, quienes permitan el libre ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos sin indebidas restricciones; sin presos ni inhabilitados políticos, garantizando así el pluralismo político, preconizado por el artículo 2 de nuestra Constitución, vigente aspiración de una República Democrática en un Estado de derecho y de Justicia, por cuya permanencia luchamos.

En Caracas, a los 22 días del mes de mayo de 2018.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha.
Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Iván Pérez Rueda y Moisés Troconis Villareal Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidenta), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado.

Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), RoldanTorres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres (Zulia).