El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas contra el constituyente, Diosdado Cabello, y otros tres ciudadanos venezolanos dentro de la campaña de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro, a dos días de las elecciones presidenciales.
Además de Cabello, Estados Unidos incluyó a su hermano José David Cabello Rondón; a su esposa, la ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a Rafael Alfredo Sarria Díaz, reseñó la agencia Efe.
El Tesoro sanciona a influyente ex funcionario venezolano y su red de corrupción
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al venezolano Diosdado Cabello Rondón (Cabello) de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La OFAC también designó a otras tres personas por ser funcionarios actuales o anteriores, o por actuar en nombre de personas designadas como figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello, designado para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, designada para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; y Rafael Alfredo Sarria Díaz, frontman de Cabello (“testaferro”), designado para actuar en representación de Cabello. Además, OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp. OFAC bloquearon aún más 14 propiedades en Florida y Nueva York, propiedad de Sarria directamente o a través de sus compañías.
“El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Esta Administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano, y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los EE. UU.”
Estas designaciones reflejan el compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para responsabilizar a los funcionarios corruptos y apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia. Estados Unidos continuará tomando las medidas apropiadas, incluida la designación de personas para sanciones, para responder a la situación en Venezuela a medida que se desarrolla. Las sanciones de EE. UU. No necesitan ser permanentes; están destinados a cambiar el comportamiento. Sin embargo, consideraríamos levantar sanciones para las personas sancionadas bajo E.O. 13692 que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el gobierno, y combatan la corrupción en Venezuela.
Diosdado Cabello Rondón
Cabello es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, o el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido político del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros (Maduro), a quien la OFAC designó de conformidad con E.O. 13692 el 31 de julio de 2017. Cabello es un ex teniente del ejército que forjó un estrecho vínculo en la academia militar venezolana con el ex presidente venezolano, ahora fallecido, Hugo Chávez (Chávez). Cabello es también ex presidente y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, el cuerpo legislativo venezolano, y permaneció como diputado de la Asamblea Nacional hasta que el régimen de Maduro usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y creó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de la cual Cabello es actualmente un miembro. Cabello ha ocupado numerosos cargos dentro del gobierno venezolano, habiéndose desempeñado previamente como Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Ministro del Interior y Justicia, Ministro de Infraestructura, Director de la Comisión Nacional Venezolana de Telecomunicaciones (CONATEL) y Gobernador del estado de Miranda.
A menudo se lo menciona como el segundo hombre más poderoso en Venezuela, después de que Maduro-Cabello ha mantenido importantes posiciones de liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo elevó a la posición de Ministro de Interior y Justicia. Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes en el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC ), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el servicio de inteligencia nacional venezolano. Cabello ha afianzado una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos.
A mayo de 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), que informó a Cabello. Rangel Gómez fue designado por la OFAC de conformidad con E.O 13692 el 5 de enero de 2018 como funcionario actual o ex funcionario del Gobierno de Venezuela. Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gomez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente y explotar minas. En particular, extrajeron y extrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano de propiedad estatal, Corporación Venezolana de Guyana; aunque FdO era un negocio legítimo, Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia.
Además del lavado de dinero y las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico. Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano Tareck El Aissami (El Aissami), a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martin Olivares, quien fue designado de conformidad con la Ley Kingpin el 7 de mayo de 2018, en actividades ilícitas. A fines de 2016, Cabello y Martin trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos. También a partir de principios de 2017, Cabello exigió información de la burocracia del gobierno venezolano sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, que pueden haberlo ayudado a identificar otras drogas.
José David Cabello Rondón
José David Cabello Rondón (José David) es el actual Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o la Administración Nacional Integrada de Aduanas e Impuestos (SENIAT). Anteriormente se desempeñó como Ministro de Infraestructura y Ministro del Poder Popular para las Industrias. José David ha utilizado su acceso como el jefe de la agencia venezolana de impuestos y aduanas para extorsionar dinero para beneficio personal de los venezolanos. A fines de 2017, Cabello, en su rol de Primer Vicepresidente Ejecutivo del PSUV, y José David como Jefe del SENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras. Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del SENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas. Los funcionarios del SENIAT le darían a la empresa la opción de pagar una sola multa grande al SENIAT o una multa más pequeña al SENIAT con una comisión menor a los funcionarios. Las compañías registrarían los sobornos como transacciones comerciales. Los funcionarios del SENIAT reciben cada vez más los sobornos pagados a cuentas bancarias venezolanas temporales establecidas específicamente por temor a las sanciones financieras de los Estados Unidos contra altos funcionarios y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras.
Más allá de extorsionar las ganancias de la Administración de Aduanas e Impuestos de Venezuela, en septiembre de 2017, los hermanos Cabello, actuando en calidad de altos funcionarios del gobierno venezolano, aprobaron un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas dirigidas a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Rafael Alfredo Sarria Diaz
Rafael Alfredo Sarria Díaz (Sarria) ha lavado dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde 2010. Sarria actúa en nombre o representación de Cabello como su principal líder, o “testaferro”, asesorándolo, ayudándolo y beneficiándose a sí mismo de Cabello. ganancias corruptas y ganancias ilegales. Los dos han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varias propiedades inmobiliarias en Florida que se registraron con su propio nombre. En realidad, Sarria actuó como el representante nombrado de Cabello en la propiedad de estas propiedades. A partir de 2015, Sarria continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016, estuvo involucrado en actividades de narcotráfico en nombre de Cabello. A partir de 2018, Sarria asesora y asesora a Cabello, y se beneficia de la inversión de la riqueza corrupta de Cabello.
Simultáneamente con la designación de Sarria, OFAC bloqueó tres compañías en Florida que son propiedad o están bajo el control de Sarria: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp., a través de las cuales Sarria posee 12 propiedades en Florida. Sarria posee una propiedad adicional en Florida y otra propiedad en Nueva York a su nombre.
Marleny Josefina Contreras Hernández
Marleny Josefina Contreras Hernández está casada con Cabello y es la Ministra del Poder Popular para el Turismo, así como la Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. Deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las relaciones entre personas de los EE. UU. O dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas designadas.
