La decisión de Donald Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán tiene una consecuencia inmediata para el mayor exportador de Estados Unidos, el gigante aeroespacial Boeing. La reimposición de las sanciones revoca el pedido que pactó con dos aerolíneas de bandera persa para renovar su anticuada flota de aviones. Golpe también para su rival Airbus y otras multinacionales en el sector de la energía y de la automoción que anunciaron inversiones multimillonarias en el país.

Boeing se puso a trabajar para cerrar los pedidos antes de levantarse el embargo, con Barack Obama como presidente. Era una oportunidad para volver a entrar en una economía integrada por 80 millones de habitantes y rica en petróleo. Pero la supervivencia del doble contrato se puso en duda cuando tomó posesión el republicano, hasta el punto de que aparcó cualquier entrega. “Estamos consultado cuál será el próximo paso”, explica la compañía en una nota.

El contrato incluye medio centenar de aviones de pasillo único B737 MAX y una treintena de bimotores de largo recorrido de la familia B777 para Iran Air. El pedido se completaba con otra treintena de aviones B737 MAX para la compañía Aseman Airlines. El valor combinado de estos aviones se estima en 22.000 millones de dólares (18.500 millones de euros, al cambio actual), aunque estos contratos suelen estar sujetos a descuentos que lo dejan a la mitad. General Electric suministra los motores.

Dennis Muilenburg, consejero delegado de Boeing, ya indicó en la presentación de resultados que este doble contrato estaba apartado del resto de pedidos globales. Airbus, sin embargo, sí lo integra en su cartera y ejecutó tres entregas de los 98 aviones contratados. Pero las sanciones puede impedirle seguir adelante con la producción, porque más del 10% de los componentes que incorporan sus aviones están fabricados por compañías estadounidenses.

Es el ejemplo más evidente del impacto económico de la retirada en banda de Trump. En la misma situación se encuentran aerolíneas que como British Airways acaban de estrenar vuelos directos a Teherán y fabricantes de coches como Renault y el consorcio PSA, que tienen ya cerrados contratos para fabricar en Irán. Daimler y el grupo Volkswagen también retomaron las exportaciones al país árabe a los pocos meses de levantarse las sanciones económicas.

Seis meses de plazo

Las empresas que tienen negocios con Irán cuentan ahora con un plazo de entre 90 y 180 días para ajustarse al régimen de sanciones. Ese periodo pueden utilizarlo también para solicitar al Departamento del Tesoro, que controla las licencias a las exportaciones, si se pueden acogen a algún tipo de exención. Es una solución para petroleras como Royal Dutch Shell o Total, que tienen proyectos en marcha. BP optó por tomarse las cosas con más calma.

El levantamiento de las sanciones permitió a Irán exportar un millón más de barriles diarios. Ese grifo se cierra, lo que explica que el precio del petróleo vuelva a estar en máximos de tres años y medio. Para las firmas que adquieren directamente crudo iraní, el Tesoro indica que debe reducir significativamente sus compras mientras se examinan las posibles exenciones. Eso les obligará, en cualquier caso, a tener que buscar recursos alternativos si los necesitan para cubrir la demanda.

EE UU no compra crudo iraní, pero las sanciones si se pueden aplicar a firmas extranjeras que usen bancos de EE UU para adquirir el petróleo o que tengan negocios en territorio estadounidense. Es el caso de la china Sinopec, que cuenta con una filial que cotiza en Wall Street y que ya advirtió a los inversores de que podría verse penalizada si volvía a imponerse el embargo económico.

Arabia Saudí, principal aliado de EE UU en la región, ya ha dicho que está listo a compensar la pérdida de suministro. Las exportaciones de petróleo iraní rondan actualmente los 2,7 millones de barriles diarios, equivalente al 3% de la demanda global. Las sanciones, sin embargo, benefician a las petroleras porque permiten dar un impulso a sus ingresos gracias al alza de precios. No gana el consumidor, que ya ve como el precio de la gasolina sube también en el surtidor.

El País

Otro paso adelante en la negociación con Corea del Norte. El presidente Donald Trump ha anunciado en un tuit la liberación de tres rehenes estadounidenses en manos del régimen de Pyonyang. La entrega ha sido efectuada durante la visita a Corea del Norte del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien los trae de vuelta en su avión. Su estado de salud, según el presidente, es bueno. En el viaje también se ha fijado la fecha y lugar para el cara a cara entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de mayo de 2018

El gesto de Pyongyang no sólo allana la entrevista entre ambos dirigentes sino que ofrece a Trump un triunfo diplomático en un momento especialmente tenso. Su decisión de retirarse del pacto nuclear con Irán, anunciada este martes, ha desatado una inmensa ola de reprobación internacional. Aunque amortiguada en Estados Unidos, donde Irán juega el papel de satán mundial para amplios sectores de la derecha, estas críticas no dejan de erosionar la credibilidad de la diplomacia norteamericana. Pero con los rehenes en la mano, Trump puede desviar la atención y mostrar que su conducción de las negociaciones con Pyongyang va por buen camino.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de mayo de 2018

Los tres prisioneros eran los últimos norteamericanos en poder del régimen de Kim Jong-un. Tras la muerte del estudiante universitario Otto F. Warmbier, quien fue devuelto en fase terminal, se habían convertido en un punto crítico de las relaciones entre ambos países. Eran un ejemplo de la brutalidad de la tiranía que dirige con mano de hierro Kim Jong-un.

Todos ellos fueron arrestados en los últimos dos años bajo la acusación de espionaje. El que más tiempo llevaba entre rejas era Kim Dong-chul, un empresario hotelero de 62 años. Fue detenido en abril de 2016 por trabajar supuestamente para el servicio de inteligencia surcoreano. En uno de los espectáculos de denigración a los que tan aficionado es el régimen norcoreano, fue obligado a comparecer ante las cámaras y confesar sus crímenes. El segundo de los detenidos es Kim Sand-duk, de 50 años. Tras impartir un mes de clases en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang fue arrestado en abril de 2017 cuando iba a abandonar el país. El último en caer fue Kim Hak-song, otro profesor. Fue apresado el 6 de mayo de 2017.

El País

A instancias del gobierno, la justicia española cerró este miércoles el paso a una reelección del independentista Carles Puigdemont como presidente regional de Cataluña, obligando a los independentistas a escoger entre renunciar a la candidatura de su líder o celebrar nuevas elecciones.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso presentado este mismo miércoles por el ejecutivo del conservador Mariano Rajoy contra una reforma legal del Parlamento catalán para permitir una presidencia telemática de Puigdemont, actualmente en Alemania y pendiente de un proceso de extradición a España.

Al admitir el recurso, el pleno del Constitucional «suspende la ley» de la cámara catalana de forma cautelar mientras estudia el fondo del asunto, indicó una fuente del tribunal.

Además, el alto tribunal «advierte a (el presidente de la cámara, el independentista Roger) Torrent (…) de su deber de acatar la decisión», agregó la fuente.

Esta decisión deja sin opciones para ser presidente regional a Puigdemont, quien ya había chocado en enero contra un primer bloqueo del Constitucional que prohibió su investidura a distancia.

Puigdemont es «un prófugo de la justicia», remarcó el portavoz gubernamental Íñigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa luego de un consejo de ministros extraordinario que decidió presentar el recurso.

El grupo parlamentario del líder independentista, Juntos por Cataluña, había anunciado el sábado que intentaría investir a Puigdemont el 14 de mayo para cumplir con su promesa electoral de devolverle a la presidencia de la que fue cesado a finales de octubre por el gobierno central tras la fallida declaración de independencia.

Pero ya dejaron entrever que si no era posible, presentarían un candidato alternativo para formar un gobierno en la región, que lleva seis meses controlada directamente por Madrid.

Rajoy afirmó en el Congreso que su objetivo es «que se forme gobierno en Cataluña y acabemos con una situación de provisionalidad que no conduce absolutamente a nada».

«Ya está bien de marear la perdiz», insistió durante un tenso debate en el Congreso.

Durante su transcurso, Rajoy fue acusado de blando por el líder del partido de centroderecha Ciudadanos, Albert Rivera, que anunció que su formación, en claro ascenso electoral por su feroz oposición a los independentistas, le retiraba el apoyo en la gestión de la crisis catalana.

Investidura a contrarreloj

Los independentistas, con mayoría absoluta en el Parlamento catalán desde las elecciones de diciembre, pueden escoger presidente antes del 22 de mayo, fecha en que se deberían convocar nuevas elecciones si se mantiene el bloqueo.

Hasta el momento, todos los candidatos presentados a la presidencia fueron bloqueados por la justicia: Puigdemont estaba en el extranjero y sus dos sucesores, el activista Jordi Sánchez y al exportavoz gubernamental Jordi Turull, se encuentran en prisión.

Como a otros siete líderes independentistas, el juez del Tribunal Supremo a cargo de la investigación del intento de secesión de octubre les decretó prisión preventiva al procesarlos por rebelión, delito punible con hasta treinta años de prisión.

La oposición en Cataluña y el gobierno central los acusan de escoger deliberadamente a estos candidatos para hacerse las víctimas.

«Ni el Estado, ni el gobierno, ni los jueces, ni esta cámara tienen la culpa de que ustedes sean incapaces de formar un gobierno», reprochó Rajoy a un senador independentista durante un debate en la cámara alta.

Ahora se espera que en los próximos días Puigdemont designe un sucesor de su confianza como presidente.

«Si no hay una ventana de oportunidad para investir al presidente Puigdemont antes del día 14, se investirá a otro», avanzó el martes la portavoz de su formación Elsa Artadi, uno de los nombres que se barajan para la presidencia.

De confirmarse, supondría romper la promesa electoral de «restituir el gobierno legítimo» de Cataluña que permitió a la candidatura de Puigdemont convertirse en la más votada dentro del bloque independentista en las elecciones de diciembre.

El hipotético candidato dispondría del apoyo de Juntos por Cataluña (34) y el otro gran partido independentista Izquierda Republicana (32), con lo que podría ser escogido en mayoría simple por 66 diputados a favor, 65 en contra y 4 abstenciones del partido independentista radical CUP.

AFP

Gina Haspel, designada por Donald Trump para dirigir la CIA, prometió este miércoles que de ser confirmada en el cargo por el Senado, no recurrirá a la tortura, como lo hizo la agencia con apoyo legal tras los atentados de 2001 en suelo estadounidense.

Haspel, de 61 años y subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) luego de realizar durante tres décadas operaciones encubiertas, dirigió al menos durante parte de 2002 una prisión secreta en Tailandia, donde los detenidos sospechosos de pertenecer a Al Qaida eran frecuentemente torturados.

«Después de haber servido durante esos tiempos tumultuosos, ofrezco mi compromiso personal, claro y sin reservas, de que bajo mi liderazgo la CIA no retomará esos programas de detención e interrogatorio», dijo Haspel ante el Senado.

«Mirando hacia atrás, es claro que la CIA no estaba preparada para conducir un programa de detención e interrogatorio», expresó.

«Interrogatorios», no tortura 

Oficialmente, el programa era definido como un «interrogatorio mejorado» y recibió apoyo del sistema judicial estadounidense durante el gobierno de George W. Bush, y por lo tanto los responsables se niegan incluso a mencionar la palabra «tortura».

Posteriormente, una comisión del Senado llegó a la conclusión de que se trataban simplemente de torturas bajo una cuestionable protección legal.

Este miércoles, Haspel evitó condenar ese programa, que fue aplicado entre 2002 y 2005, período durante el cual ciudadanos extranjeros detenidos en lugares secretos en todo el mundo eran sometidos torturas, en especial al llamado «waterboarding», que simula un ahogamiento.

Más tarde, como alta responsable de la CIA, Haspel también es señalada de haber destruido videos que mostraban esas prácticas.

Al ser presionada por los senadores sobre las razones por las que no denunció esas torturas en el momento adecuado, Haspel se limitó a responder que seguía órdenes superiores.

Además, justificó, ese programa de torturas había ayudó a obtener «valiosa información» que permitió desarticular tentativas de nuevos atentados en territorio estadounidense.

«Como todos los que trabajamos en centros de antiterrorismo y en la CIA en esos años luego del 11 de Septiembre (de 2001), todos creíamos en nuestro trabajo», dijo.

«Recibimos la instrucción de asegurar que nuestro país no fuera atacado nuevamente. Y nos informaron que las técnicas en el programa de la CIA eran legales y que habían sido autorizadas por la más alta autoridad legal del país y por el presidente», agregó.

Un «trabajo extraordinario» 

Por ello dijo estar convencida de que «hicimos un trabajo extraordinario. Para mí la tragedia fue que la controversia sobre el programa de interrogatorios arrojó dudas sobre lo que ha sido una enorme contribución para proteger este país».

Ahora, la agencia de espionaje está sujeta a nuevos parámetros de actuación que prohíben el uso del «waterboarding» y otros métodos de interrogación que equivalen a torturas.

«Apoyo el elevado estándar moral al que este país ha decidido someterse. Nunca, nunca llevaría la CIA de vuelta a un programa de interrogatorios. Apoyo la ley. No apoyaré un cambio en esa ley», afirmó.

Según Haspel, su «brújula moral es muy fuerte. No permitiría que la CIA adopte actividades que pienso que son inmorales, aunque sean técnicamente legales».

Trump le otorga un respaldo irrestricto: «Mi muy respetada nominada para ser directora de la CIA, Gina Haspel, ha sido criticada porque fue demasiado dura con los terroristas», tuiteó Trump esta semana.

Pero entre los 13 miembros de la comisión del Senado (siete republicanos, 6 demócratas), varios son escépticos.

Cuatro demócratas (Kamala Harris, Dianne Feinstein, Ron Wyden y Martin Heinrich) han pedido a Dan Coats, el jefe de inteligencia nacional, que haga públicos todos los documentos clasificados relativos al papel de Haspel en los programas de interrogatorio de la CIA.

Feinstein se preocupa por «promover a una persona que ha estado implicada en el programa de tortura a la cabeza de la CIA, la agencia responsable de uno de los capítulos más sombríos de nuestra historia».

Vida misteriosa 

El presidente de la Comisión, el republicano Richard Burr, dijo confiar en que Haspel será confirmada, al destacar que casi hay consenso sobre su capacidad para dirigir la CIA.

La vida de Haspel, en apariencia una mujer sobre todo sonriente, está rodeada de mucho misterio debido a que hizo gran parte de su carrera en los servicios secretos de la CIA.

Su corta biografía menciona que se unió a la agencia de inteligencia en 1985, con la que ha trabajado en África, Europa y Asia, así como en el centro antiterrorista de la CIA, al que se sumó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 que dejaron más de 3.000 muertos en el país.

Once años después, fue nombrada directora adjunta de operaciones secretas a nivel mundial, y luego directora adjunta de la CIA en 2017. Ahora fue llamada a suceder a Mike Pompeo, nombrado secretario de Estado.

Habla español, francés, ruso y turco; y es fanática del cantante de country Johnny Cash.

AFP

El subsecretario de Estado de EEUU, John Sullivan, anunció que su Gobierno concederá 18,5 millones de dólares adicionales a Colombia para apoyar a los venezolanos que huyen de la crisis que azota a su país.

Así lo anunció Sullivan durante la 48ª Conferencia de las Américas, celebrada en el Departamento de Estado y auspiciada por el centro de estudios Consejo de las Américas.

Los 18,5 millones aportados directamente al Gobierno colombiano para lidiar con la llegada de refugiados venezolanos se suman a los 2,5 aportados en el pasado marzo, mientras que EEUU también ha canalizado recursos para ellos a través de la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas (Acnur).

En su intervención, Sullivan insistió en que el Gobierno de Nicolás Maduro debe permitir que entre la ayuda humanitaria internacional, e insistió en la falta de la legitimidad de los comicios presidenciales convocados para el 20 mayo.

«Seguimos apoyando al pueblo venezolano y su derecho a celebrar unas elecciones libres y democráticas», insistió el diplomático estadounidense.

Durante la Cumbre de las Américas, celebrada en Lima el mes pasado, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, anunció 16 millones de dólares de ayuda humanitaria para los venezolanos que han abandonado el país debido a la crisis política y económica a través de las Naciones Unidas.

Aquella fue la mayor ayuda destinada hasta la fecha, por tanto, la de hoy es la mayor partida dotada por el Gobierno estadounidense para paliar la crisis humanitaria que viven los refugiados venezolanos.

Se calcula que cerca de 550.000 venezolanos están instalados ya en Colombia debido a la profunda crisis económica que vive su país, mientras que unos 35.000 cruzan cada día la frontera con Colombia, algunos en busca de medicinas y alimentos, otros en busca de un futuro mejor para establecerse de forma permanente.

Venezuela ha perdido más del 40 % de su producto interior bruto (PIB) en los últimos cuatro años y registra una inflación disparada que se espere alcance el 13.000 % este año, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Infobae