Halliburton, la empresa mundial de servicios petroleros, anunció el pasado 23 de abril que decidió deducir de sus cuentas por cobrar la inversión restante de 312 millones de dólares en Venezuela, debido a que la producción de petróleo en el país continúa desplomándose, pues atraviesa una aguda polarización política y una gran crisis económica.
Esta estrategia se esperaba desde hace mucho tiempo porque la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), desde hace varios años se ha retrasado en el pago de sus adeudos con las empresas que mantienen y operan sus pozos de petróleo y gas.
“Este es un paso más en el colapso de la industria petrolera venezolana”, comentó Francisco Monaldi, experto venezolano en energía de la Universidad Rice, “porque significa que los contratistas de servicios petroleros, que son absolutamente fundamentales para las operaciones, poco a poco van dejando el país a su suerte”.
La producción diaria de crudo en Venezuela, el país con las reservas más grandes del mundo, se ha desplomado en 200.000 barriles con respecto a finales del año pasado, lo que representa el nivel más bajo en treinta años. Esa caída ayudó a elevar los precios del petróleo mundial en semanas recientes a más de 70 dólares por barril y ha hecho que los precios de la gasolina en Estados Unidos alcancen su nivel más alto para esta temporada en los últimos tres años.
PDVSA ha despedido a más de ochenta ejecutivos en meses recientes y sus operaciones han quedado a cargo de un mayor general de la Guardia Nacional sin ninguna experiencia en el negocio petrolero. Las tensiones entre la empresa nacional y las compañías extranjeras que operan en el país han aumentado a medida que los funcionarios militares asumen más cargos de supervisión petrolera.
Dos empleados venezolanos de Chevron, un socio importante de PDVSA, fueron arrestados la semana pasada después de que se negaron a firmar un contrato.
Christopher Weber, director de Finanzas de Halliburton, atribuyó la decisión de deducir los activos de la empresa en Venezuela a distintas razones, incluyendo el colapso de la moneda venezolana y el deterioro del clima político. También mencionó las sanciones de Estados Unidos, que prohíben a inversionistas o empresas estadounidenses adquirir o vender nueva deuda de PDVSA.
Se prevé que el gobierno de Donald Trump endurezca esas sanciones después de la elección presidencial de Venezuela que se celebrará el 20 de mayo; probablemente prohibirá la exportación de crudo ligero estadounidense que Venezuela mezcla con su crudo pesado para transportarlo a través de oleoductos. El gobierno incluso podría bloquear las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos, el mercado más importante de Venezuela.
La reelección del presidente Nicolás Maduro, es casi segura. La oposición está boicoteando la votación porque, según sostienen sus líderes, el proceso está amañado. El gobierno y PDVSA ya se encuentran en incumplimiento de pagos con respecto a más de 50.000 millones de dólares en bonos porque no han pagado los intereses correspondientes desde finales del año pasado.
No obstante, Halliburton comentó que continuará operando en el país. “La empresa mantendrá su presencia en Venezuela y gestionará con sumo cuidado su exposición en el futuro”, dijo Halliburton en un comunicado.
La empresa, con sede en Houston, dedujo una deuda de 647 millones de dólares en Venezuela el año pasado. Schlumberger, el principal competidor mundial de Halliburton, también contabilizó una deducción antes de impuestos de 938 millones de dólares en Venezuela a finales del año pasado.
Halliburton hizo el anuncio al mismo tiempo que declaró una ganancia en el primer trimestre de 46 millones de dólares, una mejoría en comparación con la pérdida de 32 millones de dólares durante el mismo periodo el año pasado.
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