El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución insistió hoy en que Irán “nunca” renunciará a su capacidad militar y que los misiles son “los principales elementos del poder disuasorio” del país

“Nunca aceptaremos desarmarnos de nuestra capacidad de disuasión”, subrayó el subcomandante de este cuerpo elite, Hosein Salamí, según la web oficial de los Guardianes.

“Los enemigos, a medida que nos amenazan, nos piden que nos desarmemos, está petición es inmoral, irracional y ambiciosa”, dijo el subcomandante.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en enero pasado con abandonar el acuerdo nuclear firmado entre Irán y seis grandes potencias en 2015 si no se imponen más restricciones a Teherán, y debe anunciar una decisión al respecto el próximo 12 de mayo.

Junto con su homólogo francés, Emmanuel Macron, abrió la puerta a negociar un nuevo pacto multilateral con Irán para limitar el sistema de misiles balísticos de Teherán y su influencia en la región.

En opinión de Salimí, “los estadounidenses tienen una estrategia en el oeste de Asia y en la región del golfo Pérsico que es crear un misterio de seguridad y un equilibrio del poder”.

En el marco de esta estrategia -continuó el subcomandante- consideran a Irán una amenaza pese a que “está en la vanguardia en la lucha contra el terrorismo” en países como Siria e Irak.

Salimí denunció que Washington pretende mostrar a los países árabes que Irán es “un elemento amenazador” y de este modo tener una “presencia dominante” en la región para limitar el poder de la República Islámica.

El subcomandante de los Guardianes también criticó que con este objetivo EEUU vende a los países árabes gran cantidad de armas a cambio de cientos de millones e dólares.

El nuevo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó ayer a Irán desde Riad de ser el “mayor” apoyo al terrorismo en el mundo y de “desestabilizar” toda la región de Oriente Medio.

EFE / Teherán

El exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) murió hoy a los 86 años en un hospital militar en La Paz a causa de una obstrucción respiratoria, informó a Efe su abogado, Frank Campero.

García Meza falleció esta madrugada tras sufrir una serie de paros cardíacos por el “deterioro en su estado físico” en los últimos meses, dijo Campero.

El abogado recordó que el exmilitar fue operado hace unos 20 años, cuando le insertaron una válvula en el corazón, e indicó que por su edad ya no era posible volver a operarlo.

“Tener estos infartos que ha tenido de manera prolongada y continua ha acabado con su vida hoy a las tres de la madrugada (07.00 GMT) aproximadamente”, indicó.

García Meza, extraditado a Bolivia por la Justicia brasileña en marzo de 1995, fue sentenciado por un tribunal boliviano a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por delitos de su dictadura, en la que murieron y desaparecieron varios dirigentes de izquierda, entre ellos el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El exdictador fue condenado a reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en el altiplano, al igual que su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.

En esta gestión se iban a cumplir 23 años de su condena, si bien pasó al menos los últimos cinco años ingresado en un hospital militar de La Paz aquejado de dolencias cardiacas.

Hace dos años le fue rechazada una petición de libertad condicional.

En enero de 2017, el Tribunal de Roma sentenció a García Meza y a otros siete exmilitares de Latinoamérica a cadena perpetua por crímenes cometidos contra ítalo-latinoamericanos en el denominado Plan Cóndor, una operación represiva impulsada por los regímenes de América Latina entre las décadas de 1970 y 1980.

La defensa de García Meza anunció en su momento que apelaría aquella sentencia al considerar que el exdictador no tuvo opción de defenderse en el proceso seguido en Italia.

EFE

Un informe del periódico Wall Street Journal que asegura que la justicia de Estados Unidos investiga por dicha actividad ilegal al número dos del partido FARC. Esto ha causado una controversia por las implicaciones que puede tener en el acuerdo de paz.

“Si el proceso de paz se ve sometido a las presiones y decisiones arbitrarias de las agencias antidroga de EE.UU., su estabilidad se pone en alto riesgo”, manifestó hoy en su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo y defensor de las negociaciones de paz.

El trabajo periodístico publicado ayer asegura que agentes de la DEA y funcionarios de Colombia realizan una investigación contra Iván Márquez por supuesta conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos.

Una de las pruebas que supuestamente tiene la DEA contra Márquez es un video que obtuvieron las autoridades tras interceptar un celular.

La publicación, que sale a la luz veinte días después de la detención con fines de extradición por narcotráfico de Jesús Santrich, explica que el supuesto video de Márquez es posterior al 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz del Gobierno y la FARC.

Márquez aseguró que detrás de lo publicado está el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de utilizar informaciones viejas “para hundir la esperanza de paz”.

“Esto ya es el colmo. Como lo dije, el fiscal y todos los que están detrás de él, quieren llevarse el proceso de paz al infierno. Es hora que el país reaccione”, escribió en Twitter.

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que “no posee investigación por narcotráfico contra Iván Márquez, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz”.

En la controversia terciaron los candidatos presidenciales, quienes sostienen que si miembros de la FARC han seguido dedicados al narcotráfico después de la firma de la paz, deberán responder ante la justicia.

El candidato Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, dijo a periodistas que “si hay las pruebas (…) que está en el narcotráfico, pues tiene que responder por ese narcotráfico”.

Igualmente el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras, aseguró que si el segundo de la FARC es culpable, entonces “como cualquier colombiano tiene que responder ante la justicia nacional y extranjera”.

Entre tanto, el candidato del uribista Centro Democrático, Iván Duque, recordó que cuando fue detenido Santrich él pidió que las autoridades establecieran si había otros jefes de la FARC implicados en narcotráfico.

“Ahora todo parece indicar que sí hay otros cabecillas y me parece que esta debe ser la oportunidad (…) para exigirle a la FARC que entregue toda la información de sus vínculos con el narcotráfico y que se llegue hasta el fondo de las investigaciones para extraditar a todo el que haya que extraditar”, dijo.

Márquez, que ocupará uno de los cinco escaños de la FARC en el Senado, decidió el pasado 19 de abril trasladarse “temporalmente” a una de las zonas donde están reunidos exguerrilleros de la FARC en Miravalle, en el sureño departamento del Caquetá, mientras se resuelve el caso de Santrich.

Junto con Santrich fueron detenidos Armando Gómez, alias “El Doctor”, Fabio Simón Younes Arboleda y Marlon Marín, este último sobrino de Márquez, quien aceptó colaborar con la justicia de EE.UU. y viajó a ese país en calidad de testigo protegido.

Al menos 9 periodistas, uno de ellos fotógrafo de la agencia francesa AFP, se encuentran entre las 21 personas que murieron en un doble atentado suicida reivindicado por el Estado Islámico (EI) en el centro de Kabul, informaron diferentes fuentes.

La ONG Comité de Seguridad de los Periodistas Afganos (AJSC) informó en su cuenta de Twitter de que tiene constancia de la muerte de 9 periodistas en la explosión de Kabul, aunque no ofreció sus identidades.

El portavoz del Ministerio de Salud Pública de Afganistán, Wahidullah Majroh, indicó a Efe que entre los fallecidos están Khair Muhammad, de la cadena afgana Tolo News, y Ebadullah Hananzai, de la emisora Azadi Radio.

El fotógrafo Shah Marai, de AFP, también murió por la explosión, según confirmó la propia agencia en su cuenta de Twitter.

“El fotógrafo en jefe de Agence France-Presse en Kabul, Shah Marai, ha muerto. Murió en una explosión contra un grupo de periodistas que habían corrido al lugar de un ataque suicida en la capital afgana”, indicó el medio francés.

La cadena de televisión 1TV informó de que un cámara, Nawroz Rajabi, y el reportero Ghazi Rasouli fallecieron en el ataque.

También falleció un periodista de Jahan TV, que aún no ha sido identificado.

El portavoz de la Policía local, Hashmat Stanekzai, indicó a Efe que un atacante suicida hizo detonar una primera bomba en su motocicleta sobre las 8.00, hora local (3.30 GMT), en el área de Shashdarak, en el distrito policial número 9 de la capital afgana.

Alrededor de media hora más tarde se produjo una segunda explosión, cuando según Stanekzai, “un suicida que se disfrazó de periodista con una cámara en la mano” hizo detonar los explosivos que portaba entre un grupo de civiles y periodistas que habían acudido a la zona para cubrir el suceso.

El EI reivindicó los atentados en un mensaje en la red social Telegram señalando que un primer terrorista detonó su chaleco explosivo en el edificio de la Inteligencia afgana y un segundo hizo lo mismo en la calle para sorprender a las personas que habían huido del primer ataque y “hacerlos pedazos”.

Los periodistas y los medios que trabajan en Afganistán son objeto habitual de los ataques de los grupos insurgentes.

En 2014 la fotoperiodista alemana Anja Niedringhaus, de la Agencia AP, murió tiroteada cuando cubría un evento electoral en provincia de Khost (oeste) y ese mismo año el periodista afgano Sardar Ahmad, de AFP, murió junto a su mujer y dos de sus tres hijos en un ataque contra el hotel Serena de Kabul.

En enero de 2016, un terrorista suicida se inmoló contra una furgoneta que transportaba empleados de una productora audiovisual en Kabul, una acción en la que fallecieron al menos 8 personas, 7 de ellas civiles, y otras 28 resultaron heridas.

En el vehículo viajaban empleados de Kaboora Production, una compañía afgana de unos 200 empleados que trabaja para medios como Tolo News.

En un informe presentando el pasado enero, la AJSC indicó que el número de periodistas muertos en territorio afgano en 2017 se elevó a 20, calificándolo como “el más mortífero” de los últimos 15 años, con un 54 % más de muertes que en 2016, cuando la cifra se situó en 13.

Afganistán se encuentra en el puesto 118 de 180 en el ránking sobre la libertad de prensa 2017 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). EFE