La Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), presidida por la diputada Nora Bracho (Unidad/Zulia), tiene previsto realizar una sesión de trabajo en el estado Zulia, para evaluar la problemática eléctrica de la región e inspeccionarán las subestaciones eléctricas.

 

 

La información fue dada a conocer por la diputada Bracho en rueda de prensa ofrecida en la mencionada instancia donde estuvo acompañada de Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM) y de Julio Mayaudón, técnico de la Comisión.

 

 

Calificó de calamitosa la situación que se vive en el Zulia. “En este momento es intermitente la luz en la región, especialmente en Maracaibo, y es inconcebible que un estado productor de petróleo no tenga combustible para ser suministrado en las subestaciones de la región, tampoco le han realizado el mantenimiento requerido”.

 

 

Reiteró Bracho que el problema eléctrico del país se debe por una parte a la corrupción de este gobierno, de sus ministros y de ese cogollo de empresarios que pertenecen a ellos, y por otro lado a la desprofesionalización.

 

 

“Este gobierno corrupto le apaga la luz al desarrollo del país. Este gobierno es oscuridad, la energía la usa para ensombrecer y empobrecer más al venezolano. Lo que hace es tapar todos los actos de corrupción de sus funcionarios”, afirmó.

 

 

Indicó que la Comisión que preside tiene previsto realizar un foro la próxima semana donde participarán expertos de los diversos sectores que están siendo afectados por los cortes eléctricos.

 

 

Explicó la parlamentaria que en el país hay más de 200 estaciones termoeléctricas de las cuales muchas no están funcionando y que de estar activas, unas 70, pudiera haber un mediano funcionamiento del sistema eléctrico.

 

 

Bracho negó que el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) – al que pertenece- tenga responsabilidad en los apagones que se han suscitado en el Zulia. “Es una irresponsabilidad por parte del destituido por la AN, Luis Motta Domínguez y del gobernador Omar Prieto” inculparnos, dijo.

 

 

Destacó que el mandatario regional tiene que acostumbrarse a las protestas pacíficas porque son constitucionales. “Lo que exigimos es que resuelva la problemática para que el pueblo tenga una mejor calidad de vida, seguiremos en la calle defendiendo los intereses democráticos”. precisó.

 

 

Agregó la legisladora que han recibido denuncias de personas que han tenido que pagar el costo de transformadores para poder tener luz

 

 

Denunció que Ciro Portillo está siendo perseguido por “un gobierno que no quiere que se diga la verdad por haber denunciado el problema del sistema eléctrico en el Zulia, igual situación le ocurre a Winston Cabas”.

 

 

Por su parte, Cabas manifestó que es grave la situación eléctrica en la región sur occidental del país y en el Zulia, porque hay un déficit de generación termoeléctrica producto de la falta de mantenimiento, la falta de combustible y la desprofesionalización.

 

 

“Las centrales hidroeléctricas que alimentan esas regiones no reciben mantenimiento adecuado, los equipos están obsoletos y no se ha instalado la tercera turbina de la central hidroeléctrica La Vueltosa”, aseveró.

 

 

Destacó que en el estado Falcón pueden ocurrir grandes averías, fallas y racionamiento porque no tiene generación termoeléctrica y la poca energía que le llega es a través de una línea de transmisión desde Planta Centro que también, si no recibe mantenimiento programado, puede colapsar.

 

 

Añadió Cabas que en la región sur occidente hay una capacidad instalada de 6 a 7 mil megavatios y sólo se tiene disponibilidad entre el 15 y 20%.

 

 

Nota de Prensa 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, abogó hoy en una comparecencia ante la prensa junto a su par chileno, Sebastián Piñera, que «lo que está pasando en Venezuela llegue a su fin» y se restablezca «un gobierno democrático con elecciones transparentes».

 

 

«Ratificar nuestro compromiso a ayudar a que la democracia reine en toda al región y que lo que está pasando en Venezuela llegue a su fin restableciendo un gobierno democrático con elecciones transparentes», dijo Macri en la declaración conjunta posterior a la reunión bilateral que los dos presidentes mantuvieron en Buenos Aires.

 

 

 

En este sentido, Macri abogó por continuar el debate en torno a lo que se está «hablando» en el Grupo de Lima para ver cómo ayudar a los «hermanos venezolanos».

 

 

 

Por su parte, Piñera, aunque no se pronunció sobre el tema durante su intervención, remarcó que a Argentina y Chile, además del pasado, les une el presente, al compartir «valores y visiones», e hizo énfasis en el valor de la «democracia, libertad, respeto a los derechos humanos y el estado de derecho».

 

 

Las elecciones presidenciales de Venezuela, pautadas por el Ejecutivo de Venezuela para el próximo 20 de mayo, se realizarán sin la participación del grueso de la oposición, que se niega a asistir a unas votaciones que considera se realizarán de forma fraudulenta.

 

 

EFE 

El Tribunal Supremo venezolano en el exilio inauguró hoy una nueva oficina en Panamá, que se une a las ya existentes en Estados Unidos, Chile y Colombia y desde donde trabajarán los magistrados venezolanos con asilo político en Panamá.

 

«Es un espacio de trabajo donde semanalmente vía Skype hay reuniones con el resto de magistrados, como también lo hay en Colombia, Chile y en distintas ciudades de Estados Unidos», explicó el magistrado venezolano Rommel Gil, que actualmente vive en Estados Unidos.

 

 

La oficina se encuentra en la sede de la Comisión Panameña de los Derechos Humanos, en el barrio financiero de la capital, y será el centro de trabajo de los cuatros magistrados venezolanos que tienen asilo político en el país centroamericano: Gustavo Sosa, Manuel Antonio Espinosa, José Sabino y Milton Ladera.

 

 

Gil explicó en una rueda de prensa celebrada en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá que el tribunal «legítimo» al que pertenece celebra semanalmente «sesiones ordinarias» vía Skype y cada 15 días «sesiones plenarias».

 

 

El magistrado compareció en calidad de portavoz de sus compañeros residentes en Panamá, que no pueden intervenir en actos públicos por su condición de asilados, y rehusó responder explícitamente a la pregunta de los periodistas de si cuentan con la autorización del Gobierno panameño para sesionar en el país.

 

 

«Cuando usted le da el asilo a unos magistrados en Caracas, ya hay un reconocimiento, el cual agradecemos a todos los gobiernos que nos han brindado asilo político», indicó.

 

 

Tanto Gil como los cuatro magistrados asilados en Panamá forman parte del grupo de 33 magistrados designados en julio pasado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que iban a reemplazar a 33 jueces en ejercicio de esa instancia considerados al servicio del Gobierno y en cuyo nombramiento hubo presuntas irregularidades.

 

 

Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente no los ratificó y los jueces abandonaron Venezuela después de que el presidente Maduro anunciara que irían presos «uno por uno».

 

 

El 13 de octubre pasado, 18 de ellos se configuraron como «Tribunal Supremo en el exilio» en una ceremonia de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

 

 

«No somos políticos, no somos los magistrados ni de la MUD (la principal coalición opositora) ni del Gobierno, somos los magistrados de la República», afirmó Gil.

 

 

Una docena de miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) organizó una protesta a las puertas del Colegio Nacional de Abogados de Panamá para denunciar que la apertura de la oficina del supremo en el exilio «atenta contra la soberanía del país» y es fruto de la «injerencia política de la OEA».

 

 

EFE

Es una mañana de viernes y lo único que se escucha en los pasillos y salones de la blanca construcción con techos de chapa metálica es el siseo de las palmas movidas por el viento.

 

 

 

Los pupitres de la escuela pública “Orlando García”, ubicada en la localidad de Socopó, a unos 600 kilómetros de Caracas, están arrumados en las aulas de pisos de cemento y por las que hasta febrero circulaban 384 alumnos, de primero a sexto grado.

 

 

 

Casi tres millones de niños en Venezuela de tres a 17 años asisten de forma intermitente a clases o se ausentan del todo, según el estudio Encovi de tres grandes universidades, debido a cortes de luz y agua, falta de comida o de transporte en un país donde la hiperinflación pulverizó sueldos de maestros y padres.

 

 

 

Sin clases y mal alimentados, se anticipa al menos una generación futura que podrá aportar poco a una economía que ya lleva cinco años en recesión, según especialistas.

 

 

 

“Con hambre ni se enseña, ni se aprende”, dijo Víctor Venegas, presidente en Barinas de la Federación de Trabajadores de la Educación de Venezuela. “El hambre la tiene el niño y también la tiene el docente, es un cuadro verdaderamente patético lo que estamos viviendo”.

 

 

 

La suspensión de clases es un golpe a uno de los mayores legados atribuidos al fallecido presidente Hugo Chávez, nacido en el estado Barinas -donde se ubica Socopó-, ya que el sistema educativo fue una prioridad de su Gobierno.

 

 

 

A pesar de la situación, el presidente Nicolás Maduro dijo en marzo que aún con la crisis económica “no se ha cerrado ni una escuela, al contrario, se han abierto 100, 200, 300”.

 

 

 

El gobernador de Barinas, Argenis Chávez, hermano del difunto presidente Chávez, dijo el 3 de abril en una conferencia de prensa que los cierres de Socopó y de otras regiones son “parte del plan de la oposición para tratar (…) de sabotear el proceso de elecciones del 20 de mayo”.

 

 

“ME DESMAYÉ”

 

 

 

En la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, la crisis económica se nota en la casa de Isabel Colina, de 43 años, quien dijo que perdió 10 kilos en los últimos meses.

 

 

 

Una de sus dos hijas, Magdalena, quien tiene 14 años y asiste a un liceo público, dijo sentirse afortunada porque “aunque sea tengo un poquito que comer” gracias a la ayuda de su abuela, pero que otros estudiantes no tienen la misma suerte.

 

 

 

” Cuesta un poco estudiar así”, dijo Magdalena.

 

 

 

Uno de los atractivos para que los niños fueran a clase en tiempos de crisis eran los programas oficiales de alimentación, pero ya han sido reducidos o no llegan a algunas escuelas, según padres y maestros, ante los agobios financieros del gobierno.

 

 

 

 

 

“Desde hace meses en la escuela donde mis niñas estudian, no dan comida”, dijo Carmen Beatriz Peñaloza, de 67 años, a cargo de cuatro nietos en Torbes, en el estado andino de Táchira.

 

 

 

Una de las nietas de Peñaloza dijo que se ha desmayado por comer poco. “Estábamos cantando el himno (nacional), yo me sentía mareada. Ese día sólo había comido una arepa, me desmayé”, recordó Juliani Cáceres, de 11 años.

 

 

 

“Puede que haya debilidades en la distribución (del programa de alimentación) en algunos municipios, y siempre estamos atentos a corregirlos”, admitió el ministro de Educación Elías Jaua. Pero el programa “va a continuar, se va a expandir”, aseguró a Reuters en Barinas.

 

 

 

“CAMINO AL SIGLO XIX”

 

 

 

En el sector público -que conforma el grueso del sistema educativo- el salario mensual de un maestro es de unos 1,2 millones de bolívares, unos 20 dólares a la tasa oficial, pero poco más de un dólar al tipo de cambio en el mercado paralelo.

 

 

 

En el sistema privado, algunos docentes ganan unos 3,3 millones de bolívares, indicaron profesores. Pero un kilo de café en Barinas cuesta alrededor de un millón de bolívares.

 

 

 

“Con mi último sueldo logré comprar un kilo de carne y un kilo de azúcar”, dijo Roxi Gallardo, una profesora de 35 años en la ciudad andina de San Cristóbal que, como muchos, busca salir del país.

 

 

 

Según el parlamento, bajo control opositor, la inflación fue de mas de 8.800 por ciento en doce meses hasta marzo.

 

 

 

Desde septiembre, cuando el tsunami de la hiperinflación impactó a los venezolanos, un 50 por ciento de los estudiantes y un 40 por ciento de los maestros en Barinas han dejado de ir algunos días o por completo a las aulas porque no pueden cubrir sus gastos, dijo Venegas, del gremio docente.

 

 

 

“En educación vamos en camino al siglo XIX”, dijo Luis Bravo, jefe de Memoria Educativa, una base de datos e investigación sobre el sistema docente venezolano de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más antigua del país.

 

 

 

A este ritmo “indudablemente que vamos a tener un pueblo de analfabetos”, dijo Venegas.

 

 

 

Eudys Olivier, una ama de casa de 39 años, dijo en su casa en una humilde zona de San Félix, en el sureño estado Bolívar, que entiende la importancia de la educación para sus hijos, pero que se mantiene con poco más de un millón de bolívares que gana su esposo Yirbis Mendoza trabajando en una panadería,

 

 

 

“Si no hay suficiente comida, prefiero dejarlos en casa”, dijo Eudys, madre de un chico de nueve años y una niña, de ocho. “Quiero que mis hijos vayan a diario a la escuela porque es su futuro, pero no puedo mandarlos hambriento.

 

 

Reuters

 

Nataly Angulo V./ Maracaibo/ nangulo@laverdad.com
Cuatro horas al día se quedan sin electricidad el llenadero lo que hace retrasar el despacho. Un trabajador de la estatal afirma que el problema no es por inventario. “Hay suficiente gasolina”

Horas pasan los marabinos en las colas para surtir el combustible. (Foto: Lizaura Noriega)
Hasta tres horas pueden tardar los usuarios para surtir de gasolina los tanques de sus carros en las estaciones de servicio en Maracaibo. Las largas colas se deben a los retrasos en el despacho del combustible, cuyo proceso se ve afectado por las restricciones en el servicio eléctrico.

Al menos tres horas al día está sin electricidad Bajo Grande, donde llenan de gasolina las gandolas que surten a las bombas. Tras el racionamiento pierden una hora más por el restablecimiento del sistema para comenzar con el llenado.

Bajo Grande trabaja las 24 horas del día, pero su proceso se paraliza por al menos cuatro horas diarias cuando entra en el racionamiento. Durante ese tiempo se pierde el llenado de gandolas y se retrasa el despacho de combustible, confirmó una fuente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A los retrasos por el problema de la electricidad, se suma que al menos 60 por ciento de la flota de transporte está parada por cauchos y aceite. “Sólo están operativos 35 cisternas para surtir la gasolina. Antes cada unidad hacía tres viajes en la mañana y otras tres en la noche; pero ahora hace hasta cuatro en cada turno por la contingencia de las gandolas paradas”, contó la fuente.

El trabajador de la estatal desmintió que se trate por baja de inventarios. “Hay suficiente gasolina”.

Los apagones también afectan a las estaciones de servicio en la capital zuliana, cuya mayoría no cuenta con plantas eléctricas por lo que deben cerrar la bomba. Y ante el cierre de las estaciones, los usuarios migran a las que están en funcionamiento y se forman las largas colas.

Retrasos en la producción

Los retrasos en el despacho del combustible también afecta a los ganaderos en los municipios Machiques y Rosario de Perijá. Jorge Núñez, directivo de Gadema, informó que el transporte de leche es intermitente porque los camiones tardan hasta ocho horas para lograr surtir de gasolina. “Toda la producción se va atrasando”.

 

 

Nataly Angulo V. 

La Verdad

 

 

Un juez de la Audiencia Nacional española, les concede la libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid, mientras se decide sobre su entrega a Venezuela

 

 

Un juez de la Audiencia Nacional española dejó hoy en libertad a los que fueran jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, tras su detención este miércoles en Madrid a petición de Venezuela.

 

 

El juez Fernando Andreu considera que los dos pueden permanecer en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid, mientras se decide sobre su entrega a Venezuela, que reclama a ambos por un presunto delito de blanqueo, dijeron a Efe fuentes jurídicas.

 

 

Tras la detención de estos dos colaboradores de Chávez, en cumplimiento de una orden de detención cursada por Venezuela para su extradición, la Policía les ha puesto a disposición del juez.

 

 

El abogado de los detenidos, Manuel Varela, atribuyó su detención a la búsqueda de «chivos expiatorios» por parte del actual Gobierno venezolano «para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo».

 

 

 

Guillén y Velásquez Figueroa, que son esposos, están señalados en la investigación de los «papeles de Panamá» por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, el pasado 10 de abril a través de Twitter.

 

 

Esta misma investigación sitúa a ambos como personas muy cercanas al exmandatario, en concreto, a Guillen como enfermera de Chávez y extesorera de la nación y a su esposo como jefe de seguridad del fallecido jefe de Estado.

 

 

En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana practicó registros a las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento «se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela».

 

 

El letrado Varela mostró su satisfacción con la decisión del juez Andreu, pues considera que ahora se podrá demostrar que ambos «son víctimas de un régimen corrupto que los está usando, tanto a ellos como a otros, para esconder su responsabilidad por la actual situación del pueblo venezolano»

 

 

A su juicio, «no había ningún motivo» para mantenerles privados en libertad al sostener que «las alegaciones provenían de un régimen criminal con una larga historia de abuso de los organismos de justicia internacional».

 

 

 

 

Funcionarios del Cicpc y de la PNB detuvieron a Jonathan Loyo. El niño estaba hospitalizado hace varios días por padecer del virus AH1N1

La noche de este miércoles un hombre identificado como Jonathan Loyo disparó dentro de las instalaciones del Hospital de Niños J.M. de los Ríos y causó destrozos en la Unidad de Cuidados Intensivos y en una máquina de hemodiálisis, tras enterarse de la muerte de su hijo que se encontraba hospitalizado hace varios días por padecer del virus AH1N1.

 

 

 

Comisiones policiales se trasladaron al centro de salud y detuvieron a Loyo, quien amenazó al personal médico luego del fallecimiento del niño. Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, confirmó la muerte de un bebé de 9 meses en el J.M. de los Ríos infectado por el virus AH1N1 e informó que hay otros dos pacientes en el hospital, uno en terapia intensiva y otro en emergencia. “No hay vacunas para AH1N1 y el personal del hospital está desprotegido”.

 

 

 

En las últimas semanas han tenido lugar varias protestas de pacientes y sus familiares para denunciar la falta de insumos, equipos, personal y agua en este centro de salud, lo que afecta la aplicación de los tratamientos.

 

 

EU

 

En una asamblea realizada de los cinco bloques de transporte del Área Metropolitana decidieron comenzar a cobrar ese ajuste a partir del primero de mayo

 

 

 

A partir del martes 1 de mayo los transportistas de Caracas amenazan con comenzar a cobrar 5 mil bolívares el pasaje en Caracas, según denuncia el presidente del Comité de Usuarios de Transporte, Luis Alberto Salazar.

 

 

 

Actualmente el pasaje se ubica en dos mil bolívares, un ajuste que fue también impuesto por los conductores sin autorización de las autoridades municipales. Y con este aumento sería el tercer incremento de este año.

 

 

 

Según Salazar, los transportistas al salir de una reunión realizada ayer manifestaron “salimos a cobrar 5.000 en el urbano a partir del lunes y esperaremos las medidas económicas que anunciará tu presidente Maduro el 1ro de Mayo para convocar un Consejo Central Nacional y tomar las decisiones pertinentes”.

 

 

 

Afirmó que como comité de suarios “rechazamos el incremento a 5.000 Bs que de forma unilateral el gremio de transporte pretende imponer bajo los causales del elevado costo de los insumos para operar obviando las responsabilidades del Gobierno al no cumplir con los compromisos establecidos en las mesas de negociaciones”.

 

 

 

Destaca que esta decisión afecta a los usuarios ya que los ingresos económicos no les permite el desplazamiento en las ciudades del país, sin tomar en cuenta la imposibilidad del traslado de los mismos a sus centros de trabajo.

 

 

EU

El PMA, organismo perteneciente a la ONU, refirió que un 90% de los cerca de 35 venezolanos que llegan diariamente al país vecino tienen algún tipo de “inseguridad alimentaria” por lo que buscan con el plan atender a los más vulnerables

 

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU dio inicio a un plan para atender a 350 mil venezolanos de los cerca de 660 mil que han llegado a Colombia y atajar así la crisis humanitaria desatada en la región fronteriza, anunció este jueves el director regional de esa agencia, Miguel Barreto.

 

 

 

«El objetivo a través de esta respuesta es llegar a (atender a) 350 mil personas que han llegado desde Venezuela, particularmente a los más vulnerables, mujeres y niños, de una manera rápida», comentó Barreto en una entrevista con Efe.

 

 

 

Según los datos con los que cuenta el PMA, el 90% de los cerca de 35 mil venezolanos que cada día llegan a Colombiana tienen «algún tipo de inseguridad alimentaria», bien por falta de «acceso, disponibilidad o consumo», explicó.

 

 

EFE