La histórica polarización entre colorados y liberales no genera expectativas de cambios

Carteles de propaganda del partido Colorado y la Alianza Ganar en Asunción. JORGE SÁENZ AP
FEDERICO RIVAS MOLINATwitter

Sergio pinta de gris una reja. Su casa tiene las paredes de placas de madera, sin ventanas, pero la puerta de hierro que protege la entrada es prolija, obra de un profesional. “Soy herrero”, dice, “pero hace cuatro meses que no consigo nada de nada”. Vive en la plaza de Armas de Asunción del Paraguay, frente a la sede del Gobierno y el Parlamento. Sergio, su mujer y su hija de 7 años huyeron meses atrás junto a otras 230 familias de la crecida del río que cíclicamente inunda su barrio, Chacarita, uno de los más pobres de la ciudad. Se han instalado en la plaza, de forma desordenada, en una aglomeración que surgió de la noche a la mañana entre asientos de plaza y una gran fuente. Sergio espera sólo la ayuda de la naturaleza para luchar contra el agua, porque hace tiempo que ya no cree en los políticos. “Soy colorado de toda la vida, pero esta vez votaré a los liberales. Si no cumplen votaré otra vez a colorados, al final son todos iguales”, se queja Sergio.

El voto de este paraguayo de 35 años no es una excepción. Sonia, su vecina, hará lo mismo este domingo. En Paraguay lo llaman “voto cruzado”, una modalidad que ha sembrado dudas sobre el favoritismo que el colorado Mario Abdo tiene en las encuestas sobre el liberal Efraín Alegre, de Alianza Ganar. Votar cruzado significa elegir candidatos de partidos diferentes para presidente, senadores y diputados. Sonia lo tiene claro: Alegre para presidente, el expresidente Fernado Lugo para senador, y un colorado para diputado. El impacto que puede tener esta dispersión es tal que el oficialista Partido Colorado ha usado los últimos días de campaña para pedir el voto “de punta a punta”, es decir todo al mismo color. Pero la verdadera batalla de la campaña es contra el desencanto.

El Partido Colorado nació en 1887 y está en el poder en Paraguay desde hace 70 años, con un breve paréntesis entre 2008 y 2012, con Lugo. El dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) hizo del Colorado su partido y fue también el Colorado el que dibujó la transición democrática, sin perder su carácter de fuerza de derecha conservadora pero con llegada a las capas populares. No es de extrañar que muchos paraguayos ya no crean en él y estén dispuestos, incluso, a mostrarlo con violencia. Hace un año, los intentos de reelección del presidente Horacio Cartes, colorado, provocó la furia de cientos de personas que quemaron el ingreso al Parlamento. Las consecuencias son visibles aún desde la calle, en una de las ochavas del edificio, donde los marcos de las ventanas de aluminio están arrancados y las paredes lucen negras por el hollín de las llamas.

Acampe de indígenas frente al Parlamento, en Asunción. REUTERS

Frente a esa misma esquina, un centenar de indígenas que reclaman por una vivienda acampan en improvisadas carpas de plástico negro. Son los expulsados del campo, víctimas del avance de los grandes latifundios productores de soja, fuente principal del ingreso de divisas al país. “Nadie se acuerda de los pobres, nunca”, dice una joven que persigue a un niño muy pequeño que corre entre carcajadas esquivando las carpas. Faltan horas para la elección y no sabe por quién votará. No parece preocupada. Cerca de allí, entre las tiendas de las arterias comerciales del centro, apenas se siente el bullicio electoral.

Hay banderas coloradas y algunas paraguayas colgadas en la plazas por los vendedores ambulantes. A lo lejos se escucha el retumbar de unos bombos, pero pertenecen a la promoción de un supermercado. La política parece estar en otro lado. ¿Quién ganará el domingo, entonces? “El que pague más”, dispara una vendedora de unos 40 años. “Dicen que pagan 100.000 guaraníes (18 dólares) por el voto en el conurbano de Asunción y 200.000 guaraníes aquí en el centro”, agrega.

Como ella, otros dirán que pertenecen al presidente Cartes aquel edificio y este otro hotel cinco estrellas recién levantados en el noroeste de la ciudad, donde crece a todo vapor una zona de grandes tiendas, torres de lujo y agencias de autos de alta gama. O que la ayuda internacional destinada a la ayuda social termina en el bolsillo de los políticos. Cosas como estas se escuchan todo el tiempo en la capital, sin que nadie las desmienta o las confirme con pruebas. Pero son evidencia del descrédito que tienen los políticos, de cualquier color.

Apenas Lugo mantiene algo de su buena imagen, por el recuerdo que muchos tienen de gestos de su gobierno simples pero de alto impacto. “Con él había medicamentos en los hospitales, y se le pagó una renta a los jubilados”, recuerda Sonia frente a su casa de madera. La mujer acaba de llegar, luego de vender ropa barata en un puesto en la calle. Con lo que gana junto a su marido envía a su hija pequeña a una escuela privada, a más de una hora en bus del centro, porque en las públicas “no aprenden nada”. Lo dice convencida, segura de que esfuerzo familiar por la niña valdrá la pena.

El País

Federico Rivas Molina

El Gobierno pide “sentarse a la mesa” con el sector empresarial, pero no se pronuncia sobre la represión y la violencia que se ha extendido por el país

Un manifestante camina entre barricadas en Managua. ALFREDO ZUNIGA AP

Tras tres días de manifestaciones, 10 muertos y decenas de heridos, el Gobierno de Daniel Ortega reculó la noche del viernes en su posición intransigente y afirmó que está dispuesto a un “diálogo” con la empresa privada, que horas antes se había distanciado del Ejecutivo sandinista y anunciado una marcha nacional para el próximo lunes. El anuncio lo hizo Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, quien informó que el presidente comparecerá ante la nación este sábado al mediodía, hora local de Nicaragua, junto al jefe del Ejército, Julio César Avilés, y la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Murillo, sin embargo, no se refirió a la represión oficial desatada contra las manifestaciones que se desarrollan en todo el país y que han dejado una decena de fallecidos, una radio incendiada, saqueos y edificios públicos ardiendo en llamas.

“El Gobierno ha aceptado reinstalar la mesa de diálogo. Al escuchar el llamado del COSEP [Consejo Superior de la Empresa Privada ] respondemos a ese llamado y confirmamos nuestra disposición de continuar el diálogo”, dijo Murillo, quien afirmó que la reforma de la Seguridad Social que desató la indignación de miles de nicaragüenses no es más que “una resolución administrativa”, aunque en realidad el presidente Daniel Ortega la promulgó por decreto y la publicó en el diario oficial del Estado, en una decisión unilateral que fue rechazada por las principales cámaras empresariales del país.

El Gobierno, que hasta ahora había mantenido su cerrazón sin importarle la violencia desatada a nivel nacional, dijo que estaba abierto a discutir estas reformas, escuchar y “seguir trabajando” en ellas, porque, según la también primera dama Murillo, “no fueron discutidas de la mejor manera”.

De esta manera, el Gobierno acepta la escalera que la empresa privada le brinda para salir de la crisis, pero también recula en su intento de imponer sus reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, lo que demuestra que Ortega solo está dispuesto a negociar en situaciones extremas y con un único interlocutor. Está por verse cuál será la respuesta de la cúpula empresarial, que el jueves compareció en pleno ante los medios de comunicación exigiendo un cese de la represión, el respeto al derecho de la población a manifestar su descontento y el fin de la censura contra los medios de comunicación.

“Daniel Ortega hará el sábado una puesta en escena”, dijo a EL PAÍS la periodista y líder feminista Sofía Montenegro. “Esto es una tercia, pero no cambia el panorama. El hecho es que hay una ley sobre la Seguridad Social, publicada en La Gaceta, que generó un movimiento de indignación. El enojo en Nicaragua es de tal magnitud, que el Consejo Superior de la Empresa privada (COSEP, la principal cámara empresarial del país) camina sobre una delgada línea roja. Cualquier acuerdo entre Ortega y el COSEP es un arreglo entre cúpulas, porque el COSEP es un representante más de la sociedad civil, pero no representa a la ciudadanía”, explicó Montenegro. “Una verdadera mesa de diálogo tiene que tener representaciones de todos los sectores, un debate nacional público y transparente. Antes que eso se debe suspender la represión de inmediato, restablecer la libertad de expresión y dejar de perseguir a los estudiantes”, agregó la analista.

Se abre de esta manera un nuevo escenario en Nicaragua, en el que está por verse si los empresarios volverán al modelo de “consenso” en el que discutían todos los temas importantes solo con el Gobierno, sin tomar en cuenta a otros interlocutores o se abre un verdadero diálogo público en el que participen otros sectores de la sociedad.

También está por verse si esta marcha atrás del Gobierno cesará la indignación de cientos de miles de nicaragüenses que han salido a las calles en todo el país a manifestar un descontento por años incubado. El viernes se mantenía la represión contra miles de estudiantes que se manifestaban en las principales universidades públicas del país. La cifra de muertos ascendió a diez, entre ellos Álvaro Conrado, de 15 años, y un estudiante universitario identificado como Michael Cruz.

“Lamentamos la pérdida de valiosas vidas de nicaragüenses. Estamos hablando de diez hermanos fallecidos. Mañana (sábado) vamos a hablar de los nombres de esta tragedia”, dijo la vicepresidenta Murillo.

Managua era la noche del viernes un polvorín. En varios puntos de la ciudad se podían escuchar detonaciones y disparos. Los manifestantes quemaron varios Árboles de la Vida, estrafalarios monumentos de hierro y luces que Murillo mandó a plantar en toda la ciudad y que son considerados el símbolo del poder de Ortega y su esposa. Las imágenes mostraban a grupos de nicaragüenses luchando bajo el fiero sol para derribar esas moles de metal. También se quemaron letreros enormes de la pareja presidencial, pero las escenas más dramáticas se vivieron en León, donde incendiaron la sede del INSS y otros edificios públicos, además de Radio Darío, una emisora crítica con el Gobierno; en Masaya, donde decenas de personas construyeron barricadas en las calles y se registraron saqueos a negocios; y la turística Granada, donde hubo un intento de quemar la alcaldía. En Managua los manifestantes intentaron quemar la Radio Ya, afín al Ejecutivo.

La crisis que vive Nicaragua ha demostrado que Ortega solo está dispuesto a negociar al borde del abismo, pero también ha hecho evidente un malestar nacional con el régimen que se ha trasladado a los estudiantes de las universidades públicas, hasta ahora silenciados por el Gobierno. Son ellos los que marcarán el paso en las próximas horas.

El País

Carlos Salinas