A 16 años de estos acontecimientos el parlamentario dijo que el Ministerio Público y el Sistema de Justicia deben devolverles la libertad plena a todos estos funcionarios policiales. Recordó que dos de ellos ya tienen la pena cumplida y aún permanecen legalmente en la Cárcel de Ramo Verde
Este miércoles, a propósito de cumplirse 16 años de los hechos del 11 de Abril del 2002 el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, lamentó que los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM), que fueron imputados por los sucesos del 11 de Abril del 2002, siguen presos injustamente a pesar, incluso, que dos de ellos ya tienen la pena cumplida.
El parlamentario dijo que tanto el Ministerio Público como el tribunal penal del estado Aragua que conoce de esta causa deben cumplir lo contemplado en la Constitución Nacional y demás leyes de la República, especialmente el Código Orgánico Procesal Penal, y proceder de inmediato a otorgar la plena libertad a estos funcionarios a los cuales, por cierto, no se les comprobó culpabilidad alguna en los hechos que cobraron la vida de al menos 19 venezolanos.
Como se recordará un día como hoy, hace exactamente 16 años, se llevó a cabo una gran marcha, convocada por sectores de la oposición venezolana, a efectos de reclamar, entre otras cosas, respeto a los trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que habían sido injustamente despedidos de sus puestos de trabajo. Además el descontento nacional en torno a la figura del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, crecía significativamente.
Al llegar al centro de la ciudad capital, la movilización pretendió llegar hasta el Palacio de Miraflores, hecho que provocó enfrentamientos armados que cobraron la vida de casi una veintena de ciudadanos. Los funcionarios de la PM, trataron de impedir el desvío de la marcha, pero dada la gran cantidad de personas dicho propósito no se cumplió. La avenida Baralt y sus alrededores fue el lugar donde se registró la mayor cantidad de decesos. Los venezolanos aún recuerdan a los llamados “Pistoleros del Puente Llaguno”, individuos que bajo el pretexto de defender la revolución, dispararon a mansalva contra las personas que participaban en la marcha convocada por el sector opositor. Mucho se ha hablado de la supuesta presencia de francotiradores apostados en los edificios cercanos al Palacio de Miraflores, pero eso nunca fue investigado debidamente.
Ese día, después de conocerse la muerte de 19 venezolanos un sector de la Fuerza Armada Nacional se pronunció en contra del presidente Hugo Chávez Frías, situación que lo obligó a abandonar el poder solo por unas horas. El día 13 de abril, en medio de un hecho inédito, el Jefe de Estado volvió a su cargo.
Los organismos competentes en la materia, policiales y judiciales, abrieron una investigación sobre estos hechos. Dicha investigación culminó responsabilizando penalmente a varios funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, entre ellos, Marco Javier Hurtado, Arube Pérez Salazar, Julio Rodríguez, Luis Enrique Molina, Erasmo José Molina y Héctor José Rovaín, quienes están injustamente condenados a 30, 29, 17 y 16 años de prisión, todos recluidos aún en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda.
El diputado Edgar Zambrano recordó que apelando a su condición e invocando el Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha enviado un número significativo de correspondencias institucionales tanto al Presidente Nicolás Maduro como al Ministerio Público a fin de solicitar se haga justicia en este caso.
“Una vez más hago un llamado a los órganos del sistema de justicia, es decir, al Defensor del Pueblo, al Ministerio Público, al tribunal de la causa y a la Presidencia de la República para que se otorguen las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad que merecen estos hombres que han permanecidos 15 años injustamente privados de libertad”, señaló el parlamentario.
Agregó el parlamentario que esta gravosa situación ha generado daños irreparables en lo moral, económico, social y psicológico a las madres, esposas, hijos y demás familiares de estos funcionarios.
Yira Yoyotte
Foto: Teilhard Bonalde
