Líderes de la oposición venezolana llamaron este martes a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, que consideran un “fraude” para perpetuar en el poder al presidente Nicolás Maduro.

“Nuestro clamor más importante es que el mundo no reconozca las elecciones del 20 de mayo”, enfatizó en París el diputado Julio Borges, expresidente del Parlamento venezolano y uno de los principales dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Queremos elecciones libres en Venezuela, queremos elecciones de verdad, y lo que está planteado el 20 de mayo son unas elecciones en las cuales es imposible participar porque los candidatos o están presos, o están inhabilitados o están en el exilio”, dijo Borges a la AFP.

Tras recorrer varios países latinoamericanos, Borges inició el martes en Francia una gira europea junto al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y al coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, para exigir mayor presión contra el gobierno venezolano de cara a los comicios anticipados.

En París defendieron su causa ante el equipo del presidente Emmanuel Macron, quien se declaró recientemente partidario de una extensión de las sanciones europeas contra las autoridades venezolanas, a las que acusa de “deriva autoritaria”.

“Venimos a pedirle al gobierno de Francia incrementar la presión para que liberemos a Venezuela de la dictadura”, afirmó Ledezma, refugiado en España desde que se fugó en noviembre del arresto domiciliario que cumplía en su país por presunta conspiración.

“Se deben profundizar las sanciones personalizadas contra individuos coludidos con el régimen, que a su vez son responsables de violaciones de derechos humanos, están relacionados con narcotráfico y escandalosos hechos de corrupción”, prosiguió el líder opositor de 62 años.

Ledezma puso como ejemplo a Panamá, que incluyó a Maduro y a otras 55 personas entre funcionarios, dirigentes chavistas y particulares en una lista de “alto riesgo” por “blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Igualmente pidió apoyo a las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra mandatarios del gobierno venezolano. Y esto después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara el inicio de un examen preliminar para analizar si se cometieron delitos de lesa humanidad en el país, donde unas 125 personas perdieron la vida en 2017 durante manifestaciones opositoras.

– ‘Caminar hacia un matadero’ –

En opinión de los tres dirigentes de la MUD, las presidenciales “no ofrecen garantías de transparencia”.

“Han sido convocadas en contra de la Constitución y sin garantías electorales, de manera que hubiera sido caminar hacia un matadero el participar pasivamente sabiendo que íbamos a unas elecciones con un fraude electoral”, apuntó Borges.

Resaltó la “urgencia” que vive Venezuela, que sufre una severa escasez de productos básicos, sobre todo de medicamentos y alimentos, y una inédita escalada inflacionaria que alcanzará en 2018 el 13.000%, según la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos hablando de millones de venezolanos que se han ido del país porque no pueden comer, porque no pueden curarse, porque no tienen futuro”, denunció enérgico.

A su lado, Carlos Vecchio, cuyo partido es dirigido por Leopoldo López -quien cumple prisión domiciliaria en Caracas- llamó a la creación de un fondo internacional para brindar apoyo a estos venezolanos y a los países que los reciben.

Cientos de miles de venezolanos abandonaron el país en los dos últimos años.

Electo en 2013 tras la muerte del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), Nicolás Maduro espera renovar mandato frente al disidente del chavismo Henri Falcón, quien decidió concurrir en la cita a contravía de la MUD.

AFP

El mandatario nacional llamó a mantener a la par el «avance firme» de la gestión gubernamental

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este martes que el petro es parte del «impulso del crecimiento económico» del país y avizoró crecimiento y avance en el desarrollo de la nación. «El petro es un éxito, tenemos el motor de motores que impulsará los proyectos de activación económica», escribió el jefe de Estado en Twitter.

En diciembre del año pasado, el mandatario nacional anunció la creación del petro, el primer criptoactivo emitido por un Estado y el único, según el Gobierno, respaldado con 5 mil millones de barriles de petróleo del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, así como en reservas certificadas de diamante, gas y oro, medida que se concretó el 20 de marzo con su lanzamiento oficial, tras lo cual comenzó su venta oficial el 25 de ese mes, reseñó AVN.

En otro fragmento de su mensaje, divulgado este martes en la red social, Maduro destacó la «trascendencia» del período previo a las elecciones del 20 de mayo.

«Vienen por delante seis semanas cruciales, avancemos con paso seguro en ese cambio que ya está en marcha, sembrando y cosechando soluciones con esfuerzo, con trabajo y con valentía», publicó en la referida red social.

AVN

La Fiscalía emplaza al ex funcionario a comparecer el lunes 16 de abril a tribunales que, de no personarse en el juzgado o justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia «podrá convertirse en orden de detención»

Javier Alvarado,  ex viceministro  de Desarrollo Eléctrico, fue citado a declarar ante la Justicia española el próximo 16 de abril por recibir supuestamente sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambio de contratos.

La Fiscalía Anticorrupción de España apunta a Alvarado por su gestión al frente de la empresa pública Electricidad de Caracas en 2009, cuando Duro Felguera se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros.

Alvarado fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional española, tras haber sido rechazada su solicitud de hacerlo por videoconferencia o comisión rogatoria y después de que el 26 de febrero se tuviera que posponer su comparecencia al alegar problemas de salud que le impedían desplazarse a España sin sufrir «un grave riesgo vital».

Ahora el juez remite al informe forense aportado a la causa el 21 de marzo, que considera a Alvarado «un paciente médicamente estable» y descarta «contraindicaciones formales para volar», según consta en el auto al que tuvo acceso Efe.

Por ello, le emplaza para el lunes 16 y apercibe que, de no personarse en el juzgado o justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia «podrá convertirse en orden de detención».

Alvarado cerrará la ronda de declaraciones de los investigados, entre los que figuran los dos últimos presidentes de la compañía española, Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Del Valle, que defendieron la legalidad de los acuerdos y negaron haber entregado 105 millones de dólares (89 millones de euros) al ex vicepresidente de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, actualmente en prisión provisional.

Unos hechos que fueron refutados por el propio Villalobos ante el magistrado, al que relató que su relación con Duro Felguera, iniciada en 2011, se limitó a aspectos «básicamente informativos» sobre ingeniería y posibles cambios legislativos que pudieran afectar a la empresa.

Respecto a su retribución, sostuvo que aunque cobraba una elevada comisión de 5,5 %, la heredó del contrato inicialmente suscrito entre Duro Felguera y la multinacional española Técnicas Reunidas (Terca), entonces presidida por Luis Barrios, también investigado.

El pasado septiembre la Fiscalía española denunció a todos ellos ante el juez por presunto cohecho internacional y blanqueo a raíz de una investigación de 2015, posterior al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La querella advertía de tres acuerdos, el primero firmado en diciembre de 2008 con Barrios al mando de Terca y paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de asesoramiento y asistencia técnica prestados a Duro Felguera para la construcción de la central termoeléctrica.

Ya en 2011 Terca, «debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados», cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son copropietarios Villalobos y su esposa.

El relato también incluye a la ex abogada del Ministerio de Energía de Venezuela Julia Van den Brule, señalada por haber recibido presuntamente un pago de 70.000 euros en 2009, quien en su comparecencia aseguró que no estaba al tanto de nada y que no tenía capacidad de decisión alguna.

 EFE

A partir del 6 de abril comenzará el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (Ramv), el proceso estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la supervisión del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que brindará asesoría para que los ciudadanos venezolanos hagan este proceso.

El proceso se cumplirá en todo el país, de manera especial en La Guajira, Norte de Santander y Arauca, según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Iván Márquez.

En 523 puntos de 51 municipios de Colombia, se realizará el censo para los venezolanos que permanecen en Colombia de manera irregular, por lo que los migrantes podrán acercarse desde este viernes y hasta el próximo 6 de junio a las personerías municipales de los municipios escogidos para hacer su registro.

El gerente para la frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, fue claro en explicar que la información que se recoja en este proceso «no podrá ser utilizada» para iniciar procesos de deportación.

Además, Muñoz aseguró que el registro lo deberán realizar únicamente los venezolanos que permanezcan en Colombia de manera irregular. Quienes tengan cédula de extranjería o permiso de permanencia no deberá hacer el proceso.

El registro servirá como fundamento para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria y para determinar la posible ampliación de la oferta institucional.

El Tiempo