La aeronave llevaba 71 personas abordo y se ha salido de la pista durante el aterrizaje y ha colisionado en un campo de fútbol cercano
Un avión de la aerolínea bangladeshí US-Bangla airlines se ha estrellado este lunes durante su aterrizaje en el aeropuerto de la capital de Nepal, Katmandú, dejandoal menos 40 muertos, según informó el director del aeropuerto internacional Tribhuvan de la capital nepalí, Raj Kumar Chhetri.
El portavoz del aeropuerto, Prem Nath Thakur, ha detallado que el avión -que llevaba 71 personas abordo- se ha salido de la pista durante el aterrizaje y ha colisionado en un campo de fútbol cercano.
Nueve de los 30 pasajeros rescatados hoy de un avión accidentado en Katmandú han muerto en el hospital al que fueron trasladados después, según ha confirmado el portavoz de la Policía de Nepal, Manoj Neupane. Además hasta el momento han recuperado los cuerpos de 31 en los restos del avión.
El aparato se ha incendiado después del siniestro, según ha recogido el diario nepalí ‘Kantipur’. Los equipos de rescate del aeropuerto y el Ejército trabajan en la zona.
BREAKING NEWS: Passenger jet crashes during landing at Kathmandu airport. We’re live from the scene https://t.co/193jwlgVxb pic.twitter.com/MnOeEIUKZu
— Daily Mail Online (@MailOnline) 12 de marzo de 2018
Las autoridades del aeropuerto de Katmandú confirmaron hoy que hay un número indeterminado de muertos entre los restos de un avión, pero afirmaron que aún no saben el número exacto.
En la última década ha habido varios accidentes de avionetas o aviones de pequeño tamaño en Nepal con decenas de muertos, muchos de ellos turistas que visitaban el montañoso país enclavado en la cordillera del Himalaya.
Esta imagen tomada de un video provisto por el Departamento de Policía de Nueva York muestra el lugar donde se estrelló un helicóptero en el East River en Nueva York el domingo, 11 de marzo de 2018.
Cinco personas murieron el domingo por la noche después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en el río Este (East River en inglés) de la ciudad de Nueva York, según las autoridades.
Un portavoz de la policía de Nueva York confirmó las muertes el lunes por la mañana.
Un video tomado por un transeúnte y difundido en Twitter muestra a la aeronave roja cuando se precipitaba hacia el río, donde volcó y sus hélices golpeaban el agua mientras se hundía.
El aparato, contratado para una sesión fotográfica, se desplomó cerca de Gracie Mansion, la residencia del alcalde. Una persona, el piloto, logró salir por su cuenta y fue auxiliado por un remolcador, indicaron funcionarios.
Los pasajeros fueron rescatados por buzos de la policía y de los bomberos, que tuvieron que liberarlos de los cinturones de seguridad que los mantenían boca abajo dentro del aparato, dijo Daniel Nigro, jefe de los Bomberos.
“Tomó tiempo a los buzos para sacar a estas personas. Trabajaron con mucha rapidez, con tanta como les era posible”, señaló Nigro. “Fue una gran tragedia la que hemos tenido”, agregó.
Testigos ubicados en un paseo marítimo cerca de donde cayó el helicóptero dijeron que el aparato hacía mucho ruido cuando volaba, después se precipitó de súbito en el agua y se hundió rápidamente. Sin embargo, el piloto salió a la superficie sujeto a un dispositivo de flotación al momento en que un remolcador y otras embarcaciones de la policía se aproximaban al lugar.
Yellow buoys that a New York police officer said are suspending a helicopter that crashed on the East River float next to a NYPD police boat at a pier in Manhattan, New York on Sunday, March 11, 2018. The helicopter crashed into New York City’s East River Sunday night and flipped upside down in the water, killing at least a few people aboard and leaving some others in critical condition, officials said. (AP Photo/Andres Kudacki)
Boyas amarillas que suspenden el helicóptero que se estrelló en el East River flotan junto a un barco de la Policía de Nueva York el domingo, 11 de marzo de 2018.
“El agua esta fría. El aparato se hundió muy rápidamente”, declaró Mary lee, de 66 años, al New York Post. “Para cuando llegamos ya no podíamos verlo. Estaba sumergido”.
Celia Skyvaril, de 23 años, dijo al Daily News que pudo ver a una persona sobre lo que parecía una balsa que gritaba y pedía auxilio.
Se desconocen las causas de la caída de la aeronave. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) emprendieron las investigaciones.
Las autoridades no informaron de momento los nombres del piloto ni de los pasajeros.
El helicóptero fue recuperado en la operación de rescate y remolcado hasta un muelle.
Voz de América
Escuela privada Las Adjuntas, Carmen Lameda/FotoFrancisco Bruzco/Crónica Uno
La agudización de la crisis económica no permite que las instituciones educativas aseguren su operatividad para el año próximo. A cuatro meses de que finalice el período escolar, hay planteles que anunciaron un cierre técnico ante las autoridades del Ministerio de Educación, publica Crónica Uno.
Por Carmen Victoria Inojosa @victoriainojosa
La Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas señala que a principios de año cesaron actividades 13 colegios en Caracas, 5 en Maracaibo y 4 en Puerto Ordaz. Esto ocurre en un contexto en el que aumenta el número de niños y jóvenes fuera del sistema escolar: la Encuesta Condiciones de Vida alerta que en los 2 últimos años el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años descendió de 78 % a 71 %.
De 14 aulas, a la Unidad Educativa Carmen Lameda le quedan abiertas 7. Coloridas carteleras, maestras sonrientes, niños repitiendo lo que les enseñan: un día de actividad escolar regular. Nadie comenta que este será el último año escolar para todos en esa institución. Pero en la dirección sí. Después de 21 años de servicio –que se cumplirán el 21 de este mes– el colegio, en el sector La Gran Parada de la parroquia Macarao, ya se encuentra en cierre técnico.
La directora Raquel Martínez lo anunció en enero a la comunidad de padres, representantes, personal docente, administrativo y obrero, así como a las autoridades del Ministerio de Educación. El motivo: la “inconsistencia financiera” que viven desde hace tres años. “El año escolar pasado fue muy duro, por lo que no quería abrir en septiembre. Tuve que cerrar la mitad de la escuela, en diciembre vendí una parte del terreno para pagarles a las maestras. Solicité préstamos porque incluso nosotros como directivos no teníamos cómo hacer mercado. No cobramos desde diciembre”. Y agrega:
“Me siento utilizada por el Ministerio de Educación y la Alcaldía. Después de lograr que me dieran un subsidio, después de mucho tiempo, entonces ahora se vuelve insuficiente. Por lealtad a mí misma decidí cerrar. A lo mejor este colegio era mi verdadera misión, pero que ahora se hace imposible por todas las cosas”.
Martínez asegura que la matrícula actual (205 alumnos) podría ser menos, pues muchos han dejado de asistir a clases por no tener alimentos, agua –el suministro lo suspenden de miércoles a domingo–. Quizá forman parte de los 2,8 millones de estudiantes que asisten de manera irregular a clases por fallas en el servicio de agua, alimentación y transporte, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de 2017, que elaboran las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar. “Esta semana no hubo comida del Programa de Alimentación Escolar. Tuvimos supervisión de la alcaldía y había solo 66 niños”, cuenta Martínez.
Lo que va quedando en los salones son carteleras que dicen “Bienvenidos al nuevo año escolar” y los pupitres vacíos. Esta institución, que atiende a niños de educación inicial hasta sexto grado en el horario de 6:50 a. m. a 5:30 p. m., ya cerró los salones de cuarto y quinto grado, y unificó las dos secciones de primer grado y el preescolar.
La pérdida de matrícula y personal docente, la morosidad y el cerco económico hace inviable para Martínez continuar con el proyecto educativo. El subsidio que reciben de la Alcaldía de Libertador son 202 bolívares por cada estudiante. Los de básica pagan 151.000 bolívares y los de preescolar 161.000 bolívares.
La pérdida de matrícula y personal docente, la morosidad y el cerco económico hace inviable para Martínez continuar con el proyecto educativo. El subsidio que reciben de la Alcaldía de Libertador son 202 bolívares por cada estudiante. Los de básica pagan 151.000 bolívares y los de preescolar 161.000 bolívares.
Esta semana realizaron nuevos cálculos tras el incremento de salario decretado en marzo. “No sé si podamos llegar a julio, por ley deberíamos. Tendríamos que elevar la matrícula a 272.000 bolívares en el caso de preescolar, y 300.000 bolívares para los de básica. Esto para pagar un sueldo básico al personal. Nos sentimos ahogados. Tenemos la escuela prestada”.
La directiva recurrió al Ministerio de Educación en busca de soluciones, pero no obtuvo respuesta. Pedían la renovación del permiso para el funcionamiento del preescolar y el aumento de la cuota de subsidio por cada alumno.
La reubicación de estudiantes continuará hasta garantizar que en julio todos tengan un cupo en otra institución. “Un niño tenía mucho miedo y su mamá no quería que fuese a un colegio público. Otra me comentó que la niña no quería entrar a los baños porque en las paredes escribían groserías. Otro estudiante de preescolar le dijo a su mamá: ‘La Raquelita esa nos quiere cerrar la escuela”, cuenta llorando la directora. Y pregunta: “¿Cómo hago? A los colegios privados no los toman en cuenta. No es posible que no pueda darle ni bono a mis maestras, no puedo competir con papá Estado”.
Martínez todavía no tiene planes para cuando la institución cierre definitivamente. “Mis hijos se van del país, yo me traeré de oriente a mi mamá, que está pasando trabajo. Soy diabética y tengo 48 años. Me quedaré desempleada junto con mis 18 trabajadores”.
A esta situación se enfrentarán también otros planteles de la zona. Luego de que Martínez presentó a la supervisora circuital el comunicado de cierre se realizó una reunión del consejo de directivos del sector, que agrupó a 14 planteles. En ese momento 2 preescolares subsidiados también anunciaron el cierre.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativos Privados en Caracas, Fausto Romeo, señala que los colegios no tienen capacidad de pago. “En octubre de 2017 teníamos un reporte de cierre de 10% en todo el país. En enero se incrementó 15%, adicional a los que ya se habían cerrado. Hay unos costos fijos que son lo que nos está faltando. Anteriormente, entre costos fijos y costos variables uno podía solventar, pero ahora no”. Expresa que hace 2 meses 13 colegios cerraron en Caracas, 5 en Maracaibo y 4 en Puerto Ordaz. “A lo mejor está sucediendo el cierre de un colegio diario”, expresa.
Pérdida de escuelas
De acuerdo con datos del informe 2018 del estado de la educación en el país, elaborado por el coordinador de la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana de la Universidad Central de Venezuela, Luis Bravo, entre el período escolar 2013-2014 y el 2014-2015 dejaron de existir 12 planteles privados –incluyendo los subvencionados por el Ministerio de Educación y el Estado. De 4.871 se pasó a 4.859.
El informe, elaborado con base en información pública oficial, indica que las instituciones oficiales también cierran sus puertas. Para el período escolar 2004-2005 se contaron 24.940 escuelas, pero el total para 2006-2007 fue de 22.901. Eso significa que 2.039 planteles desaparecieron. Hasta 2015 la memoria y cuenta del Ministerio de Educación indicó que en el país existían 27.626 instituciones, entre públicas y privadas. Pero el 9 de enero, como cita el informe de Bravo, el ministro Elías Jaua aseguró que eran 25.500 las “habilitadas para seguir el proceso de formación escolar”. Una diferencia de 2126 escuelas.
“De un año a otro puede haber un diferencial de 100 escuelas y uno pregunta qué es lo que pasa. Eso se debe en principio a la debilidad de la información y en segundo lugar a que aquí no se están construyendo muchas escuelas. Está ocurriendo un fenómeno, y es que nunca las escuelas oficiales se cerraban; se disolvían con otro nombre, pero no cerraban”, explica Bravo.
La construcción de nuevas escuelas ha sido precaria. Según el informe anual de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, en 2015 se construyeron 27, entre escuelas y liceos bolivarianos, unidades educativas, escuelas técnicas y simoncitos. Pero en 2014 y 2013 no se llegaron a construir más de 17.
No garantizan operatividad
Ante la inviabilidad económica en el país, donde solo en enero, según la firma Econométrica, la inflación fue de 95,3 %, a la fecha los planteles privados no pueden garantizar la operatividad para el próximo año escolar.
“Todos los colegios pequeños que no pueden hacer ajustes para cancelar sueldos y salarios están a punto de cerrar. Estamos en fase de subsistencia. Casi todos a punto de cierre”, asegura el presidente de Andiep, Alejandro Conejero. Son 164 colegios que agrupa la organización. “Quisiéramos asegurar la operatividad, pero eso no depende de nosotros sino de cómo se mueva la economía del país; a este ritmo de la inflación y este éxodo de docentes y alumnos, cada día se hace más difícil”, enfatiza Conejero.
El presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada, Pedro Castro, destaca que los 200 colegios que integran la organización tratan de finalizar el año escolar. “Estamos sobreviviendo”.
Ante la crisis, una de las medidas que los planteles han tenido que tomar ha sido la disminución de servicios. En un colegio del Country Club, hasta el año pasado se incluyó en la matrícula la posibilidad de que el estudiante estuviese en tres actividades extracurriculares. Ahora ofrece una, y las demás las debe cancelar el representante. “Todos los colegios hemos disminuido los servicios, sobre todo actividades extracátedra, como las culturales y las deportivas. Otros los cobran aparte. Hemos eliminado servicios de psicología”, dice Conejero.
El mantenimiento de instalaciones y jardines se imposibilita. “Nos hemos reducido a servicios mínimos: clases y materias exigidas por el Ministerio de Educación”, agrega el representante de Andiep. Preside una escuela en la que, desde hace un buen tiempo, las canchas que eran de grama natural ahora son de tierra. “No tenemos agua y ya no podemos comprar cisternas para regar la grama. Tenemos dos años sin renovar la batería de baños, hemos cerrado cuatro salones porque no tenemos cómo reparar el compresor del aire acondicionado”. Esto no ha afectado la parte académica de los estudiantes porque han podido ser reubicados en otras aulas debido al éxodo: se han ido 115 alumnos de una población de 1665.
Los ajustes en la mensualidad son otra práctica en los colegios. Puede ser cada mes, bimestral o trimestral. El último ajuste que Conejero hizo fue de 34 % en febrero. En otro colegio del Country Club en lo que va de período escolar han acordado con padres y representantes cuatro incrementos. El año pasado fueron seis. En otras instituciones los ajustes responden a los aumentos salariales que ordene el Ejecutivo.
Educación privada se restringe
En septiembre de 2017 el ministro Elías Jaua indicó que 200.000 estudiantes ingresaron al sistema público, pero no explicó en qué contexto. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 señala, en cambio, que en los 2 últimos años el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años descendió de 78 % a 71 %. También indica que existe una caída en el número de inscritos en educación privada: “La pérdida del poder adquisitivo en los hogares parece haber incidido sobre una menor demanda de servicios privados, especialmente en las edades de cursar educación inicial o universitaria”.
Lea el reportaje completo en Crónica Uno
Una de las más significativas lecciones del régimen de Chávez y Maduro se refiere a la destrucción. Nada hay en Venezuela, absolutamente nada, que no haya sido erosionado, pervertido o demolido. El lector puede hacer el ejercicio por sí mismo. Piense en los ámbitos más significativos de la Venezuela de hace veinte, treinta o cuarenta años. Pregúntese cuál es hoy el estado de la industria petrolera; de la infraestructura vial; del sistema eléctrico; de los sistemas del transporte, sean públicos o privados; de la calidad y funcionamiento del sistema educativo; del funcionamiento de los servicios de salud. Pregúntese por el estado de cosas en la minería, especialmente en la vasta región sur del territorio. Pregúntese por la protección ambiental de cuencas hidrográficas, selvas tropicales o de las zonas que están protegidas por legislaciones ambientales.
Piense el lector en el funcionamiento de las instituciones. En el estado de la productividad de todas las industrias. En el estado de la seguridad personal y patrimonial en el país. Piense en las cuestiones más básicas de la existencia. Trabajar y obtener un ingreso. Levantar a los hijos, prepararles un desayuno y llevarlos a la escuela. Salir a comprar comida y medicamentos. Enfermarse e ir a un centro de salud a buscar un diagnóstico y un tratamiento. Movilizarse de un lugar a otro. Elegir algún entretenimiento para los hijos o la familia –ir a un parque, visitar un museo, pagar una entrada para ver una película–.
Hoy por hoy, todas estas cosas son imposibles o casi imposibles, o están cargadas de dificultades. O no las hay, o no funcionan, o son insuficientes o son inalcanzables. La realidad en Venezuela, esto tenemos que aceptarlo, es la de un país en guerra.
Informes de Médicos sin Fronteras, de otras organizaciones no gubernamentales y de organismos multilaterales señalan que en el mundo están en curso 30 guerras o conflictos armados. En la prensa del mundo, casi a diario, se publican reportajes que hablan de cómo transcurre la vida cotidiana en esos países. Los dedicados a los hechos en Siria son, posiblemente, los más difundidos. Por las proporciones del conflicto y la duración de la guerra –ya ha sobrepasado los seis años–, Siria se ha convertido en un referente de la conflictividad fanática, de los intereses geopolíticos de las grandes potencias, y de una existencia cotidiana asediada por múltiples y recurrentes riesgos y dificultades.
¿Son comparables las realidades de Siria y Venezuela? No en los términos básicos. En Siria hay un conflicto armado, que ha causado algunas de las escenas y sufrimientos más atroces del siglo XXI, mientras que en Venezuela se trata de otro fenómeno: una red de bandas de delincuentes ha tomado el poder y ha destruido el país, a una velocidad que sobrepasa cualquier previsión. El delincuente en el poder no es distinto al atracador que acecha a un peatón en la calle: su lógica es la de quitarle sus bienes, al costo que sea, incluso el de la vida, para disfrutarlo. En ambos casos los objetivos son los mismos: robar de forma ilimitada, lograr la impunidad, inventar formas de huir (la asamblea nacional constituyente, el adelanto de elecciones, los CLAP, la colonización de los poderes públicos, son formas de huida, de desesperada búsqueda de la impunidad).
Aunque sean procesos distintos, las secuelas de ambas realidades –la de Siria y la de Venezuela– merecen ser contrastadas. En casi 7 años de guerra militar, en Siria han muerto 300.000 personas. En Venezuela, un poco más de 150.000 han sido asesinadas por la sumatoria de la delincuencia y de la violencia del Estado especializado en ejecuciones sumarias. En Siria, alrededor de 6 millones de personas han abandonado el país en las más diversas condiciones: refugiados, migrantes legales o ilegales, etcétera. En Venezuela, en el mismo período, más de 3 millones han emigrado hacia unos 50 países no fronterizos –hacia América Latina, Europa y Norteamérica, principalmente–, y casi medio millón ha cruzado, por vía terrestre, las fronteras hacia Colombia y Brasil.
En Siria, todos los días, casi 7 millones de personas deben resolver cómo se alimentarán. En Venezuela, la cifra se cuadruplica: 28 millones de personas se preguntan cada mañana qué comer, dónde conseguir los alimentos y, lo fundamental, sin poder prever a qué precios los encontrarán, en un escenario de hiperinflación, que el gobierno alimenta y alimenta con sucesivos aumentos que destruyen la economía, las empresas, la productividad y el empleo.
En Siria, a propósito del invierno, las organizaciones no gubernamentales que actúan en la zona advertían en diciembre de 2017 que casi 100.000 recién nacidos y menores de 6 años estaban en peligro de morir por desnutrición, enfermedades y falta de tratamientos médicos. En Venezuela, las mismas advertencias hechas por Cáritas, multiplican por 3 esa cifra: la población de los pequeños en riesgo es de 300.000.
La de Siria y la de Venezuela son dos guerras distintas. Pero son guerras. La sociedad venezolana afronta ahora mismo una persecución que está acabando con sus vidas. Es una guerra de baja intensidad, que mata de forma paulatina. Lentamente. Una guerra que socava. Que debilita. Que cierra los caminos. De ahogo y aplastamiento. La pregunta que sigue sin contestarse es la de si los 50 o 60 jefes de las bandas de delincuentes, su voracidad por robar y mantener la impunidad, lograrán imponerse o no a los millones de familias que claman por una vida de libertad, trabajo y acceso a los bienes básicos.
Editorial de El Nacional
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