El incremento del patrimonio personal producto de herencias o legados por terceros está exento del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), más no así el producto económico que pueda obtenerse por el desarrollo de actividades sobre estos bienes.

La aclaratoria la hizo el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, quien explicó que la medida se encuentra establecida en la normativa tributaria vigente donde se informa que bienes recibidos quedan exentos del compromiso tributo tomando en cuenta que la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos establece el pago por este concepto en los casos que corresponda.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) contempla en su artículo 14, numeral 7, que “los donatarios, herederos y legatarios, por donaciones, herencias y legados que perciban” califican como exentos del pago de este tributo. “Cuando una persona recibe unos bienes en herencia incrementa su patrimonio, pero esta operación está exenta del pago de este impuesto, porque en Venezuela existe una ley específica que grava la transferencia gratuita producto de legados. Con este tipo de normas se evita la doble tributación”, explicó Cabello Rondón.

No obstante, el producto económico que pueda obtenerse por el desarrollo de actividades sobre estos bienes, como su venta, arrendamiento o uso, está sujeto al pago del ISLR, en virtud de las disposiciones de la ley.

“El producto de la venta de bienes heredados considerado como enriquecimiento personal, sí estaría sujeto al pago del ISLR, en las condiciones plazos y formas establecidos en la legislación que regula la materia”, recalcó el Superintendente

La incertidumbre legal, así como la falta de definiciones claras de términos claves, evidencian una insuficiencia de regulación para las criptomonedas y la necesidad de su desarrollo para darle una plataforma más firme a las iniciativas en ese sector, aseguró Fernando Fernández, abogado experto en ética de los negocios y Derechos Humanos en el evento Escenario 2018, organizado por Aristimuño Herrara & Asociados.

Fernández afirmó que se necesitan definiciones desde qué es una criptomoneda y que se incorpore en las leyes venezolanas, que hasta ahora no lo contemplan y que “a pesar de las iniciativas brillantes, Venezuela está a la zaga en el tema legal”.

El abogado refiere que para que el petro o cualquier otra criptomoneda, sea considerado legalmente una moneda en el país, el Banco Central de Venezuela debe determinarlo como tal, previa modificación de las leyes que regulan la materia.

Además, sugiere la modificación de la Ley de Delitos Informáticos, retomar los delitos monetarios (eliminados en el año 2001) y legislar para mitigar los riesgos que la actividad de las criptomonedas trae consigo como cualquier otra actividad humana.

“Ningún espacio está libre del delito, pero eso aumenta en la medida en que hay mayor indefinición”, apunta el especialista.

En cuanto al petro, señala que tiene varios “techos legales”, empezando por el artículo 12 de la Constitución, que establece que los recursos del país son inalienables. Mencionó también la Ley de Minas (artículo 2) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos (artículo 3). Mientras por el externo, las sanciones estadounidenses representan una amenaza para quienes adquieran el criptoactivo venezolano.

Banca y Negocios

Tenedores del bono venezolano 2034 se están organizando para demandar al país ante una corte en Nueva York, con el fin de exigir el pago, en lo que sería la primera acción legal por el impago en el que cayó la República.

Algunos inversionistas ya han enviado cartas al gobierno y a la petrolera estatal PDVSA para exigir el pago, y algunos están considerando emprender acciones legales, dijo a Redd Latam uno de los inversionistas involucrados.

El pago del cupón de $70 millones del bono 2034 venció el 16 de enero y el período de gracia finalizó el 15 de febrero. Venezuela y PDVSA deben casi 2 mil millones de dólares en pagos de intereses vencidos. El gobierno asegura que envió el dinero a Euroclear, pero que está siendo detenido por los controles de cumplimiento. Una persona familiarizada con el proceso dijo que Venezuela ha enviado una serie de pagos parciales, lo que hace que sea más difícil para los beneficiarios asegurarse de que todos los fondos provengan de fuentes soberanas convencionales.

El profesor Mitu Gulati de la Universidad de Duke y el profesor de la Universidad de Carolina del Norte Mark Weidemaier escribió recientemente en el blog Creditslips que los titulares podrían tener una buena razón para acelerar y demandar ahora. El objetivo no sería confiscar efectivo o activos, sino “negar la mayoría de las herramientas de reestructuración de República y PDVSA, mejorando significativamente el apalancamiento cuando finalmente se produzca una reestructuración y facilitando su mantenimiento”.

Gulati dijo a Redd Latam que una demanda sería “protección contra un intento en el futuro de usar CAC”, refiriéndose a las cláusulas de acción colectiva a través de las cuales la República podría obtener el consentimiento para una reestructuración del 75% u 85% de los titulares. El bono 2034 tiene una disposición de CAC que permite a Venezuela restringir los holdouts con el consentimiento del 85% de los titulares.

El momento en que se presentará la demanda no está establecido todavía, pero parece no ser en el plazo inmediato. Los demandantes deben reunir al menos a 25% de los acreedores, organizar un grupo de abogados y otros procesos que toman tiempo.

Es un “proceso costoso, complicado e intrincado”, dijo otro inversionista a Redd Latam, mientras otro más les aseguró que el mayor obstáculo para reunir a un grupo para acelerar fue la falta de liquidez en el mercado y los precios que han sido más altos que lo que prefieren algunos inversores en apuros.

Otra fuente señaló que el mundo podría terminar “plagado de juicios contra Venezuela” que llevarán años en despejarse y sugiere que la mejor estrategia es esperar un cambio de gobierno, que podría darse tan pronto como este año, y luego ver si está dispuesto a trabajar con los tenedores de bonos para llegar a un acuerdo.