Douglas Pereira, asesor nacional de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP), confirmó este viernes la intención de los trabajadores de participar en una huelga de hambre.

Pereira aclaró que es delicado el llamado a huelga de hambre de los ex trabajadores, para exigir el pago que le adeuda la industria petrolera, debido a que los manifestantes son, en su mayoría, de la tercera edad.

Pereira explicó, en exclusiva para El Nacional Web, que debido a la falta de medicamentos e insumos es un riesgo que los pensionados se sumen a la huelga de hambre. Sin embargo, aclaró que es decisión de cada persona su participación o no en la protesta.

“Hoy vinimos a una reunión acá en la asociación, hicimos un análisis y es delicado con las personas de tercera edad en una huelga de hambre, por la situación económica que está viviendo el país y con la falta de medicamentos y alimentos”, dijo Pereira .

Informó que para mañana entregarán un acta con las recomendaciones para evitar cualquier situación que afecte la integridad de los jubilados.

Jubilados y pensionados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) exigieron el pago de las deudas que le debe la empresa desde hace 10 meses. Las protestas se generaron en El Prado, ubicado en el sector Tía Juana del estado Zulia y la sede situada en El Tigre, estado Anzoategui.

Los pensionados exigen el pago de la deuda que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Apj-pdv le debe a los trabajadores, lo que representa un total de 7.055.000 bolívares. Es por ello que desde el lunes 5 de marzo iniciarán la huelga de hambre.

En un comunicado los pensionados responsabilizan de cualquier consecuencia negativa de la huelga al Fondo de Pensiones de la industria petrolera.

El Nacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, degradó y expulsó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a más de una decena de militares que manifestaron públicamente su descontento con el Gobierno y que, según consideró el jefe del Estado, incitaron a la rebelión.

La decisión se dio a conocer hoy y está contenida dentro de la Gaceta Oficial del país, con fecha del 28 de febrero, en la que se indican las sanciones contra 24 integrantes de la FANB «por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la Nación».

En el decreto se les acusa además de haber «creado estado de desequilibrio y zozobra, haber atentado contra la libertad y la independencia de la Nación, y haber hecho uso indebido desmesurado y desproporcional de armas de guerra poniendo en peligro la independencia y soberanía de la Nación».

A los 24 militares se les degrada «por ser indignos de pertenecer a FANB» y «por haber violentado con su conducta los valores y principios que representan a la Institución Militar».

Estas sanciones recaen sobre 13 altos cargos militares como los generales Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente en el exilio de la formación Voluntad Popular (VP); el exministro Hebert García Plaza, o el capitán Juan Caguaripano, que asaltó un cuartel el año pasado y llamó a oponerse a Maduro.

La Gaceta indica que para este grupo de 13 hombres la sanción «implicará necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales» sin que se establezca expresamente la expulsión de alguno de ellos del cuerpo castrense.

En cambio, el otro grupo de 11 sancionados lo integran jóvenes soldados a los que Maduro ha ordenado expulsar y separar de la FANB.

EFE

Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, denunció que el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha degradado, separado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional a 24 militares. “Llama la atención la forma como han sido redactados los decretos. Generalmente este tipo de penas accesorias son decretadas y publicadas de manera individual contra los afectados”, dice San Miguel en el comunicado.

Comunicado

Caracas, 2 de marzo de 2018

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros retoma la degradación, separación y expulsión de oficiales de la Fuerza Armada Nacional, como sanción militar, al ordenarlas contra veinticuatro (24) oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la mayoría de los cuales se encuentran detenidos y algunos exiliados del país.

Las sanciones se emitieron mediante los Decretos 3.298 y 3.299, ambos de fecha 28 de febrero de 2018, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.350, de esa misma fecha, y sin esperar sentencia definitivamente firme de los afectados con este tipo de pena accesoria a la pena principal, según lo prescribe el Código Orgánico de Justicia Militar.

El Presidente de la Republica, Nicolás Maduro Moros, ha degradado, separado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional a los siguientes oficiales:

GJ. Raúl Isaías Baduel, cédula de identidad Nro. 4.309.405.

MG. Hebert Josué García Plaza, cédula de identidad Nro. 7.713.057.

GD. Jesús Alberto Milano Mendoza, cédula de identidad Nro. 7.234.106.

V.A. Mario Iván Carratú Molina, cédula de identidad Nro. 2.126.515.

V.A. Carlos Rafael Molina Tamayo, cédula de identidad Nro. 3.806.667.

GB. Ángel Omar Vivas Perdomo, cédula de identidad Nro. 4.629.893.

GB. Antonio José Rivero González, cédula de identidad Nro. 6.355.302.

GB. Ramón Antonio Lozada Saavedra, cédula de identidad Nro. 4.314.607.

GB Eduardo José Báez Torrealba, cédula de identidad Nro. 4.566.781.

Cnel. Antonio Ramón Semprúm Valecillos, cédula de identidad Nro. 5.200.560.

CC. Leamsy José Salazar Villafaña, cédula de identidad Nro. 11.992.552.

Cap. Juan Carlos Caguaripano Scott, cédula de identidad Nro. 8.289.733.

Cap. Javier Enrique Nieto Quintero, cédula de identidad Nro. 10.155.129.

PTTE. Marco Antonio Briceño Camacho, cédula de identidad Nro. 19.965.816.

PTTE, Ronald Leandro Ojeda Moreno, cédula de identidad Nro.20.760.807.

PTTE. José Ángel Rodríguez Araña, cédula de identidad Nro. 19.825.312.

PTTE. Luis Alejandro Mogollón Velázquez, cédula de identidad Nro. 17.354.295.

PTTE. Eliezer Daniel Vásquez Guillén, cédula de identidad Nro. 17.718.514.

PTTE. José Daniel González Bolaños, cédula de identidad Nro. 19.349.782.

PTTE. Luis Eduardo Berbesi Torres, cédula de identidad Nro. 19.541.245.

PTTE. José Ignacio Medina Marmolejo, cédula de identidad Nro. 19.349.869.

PTTE. Josué Abraham Hidalgo Azuaje, cédula de identidad Nro. 18.002.866.

PTTE. Francisco Pablo Rodríguez Ojeda, cédula de identidad Nro. 19.720.578.

PTTE. Jefferson Gabriel García Dos Ramos, cédula de identidad Nro. 22.440.758.

La medida, que ya había sido aplicada por Maduro en 2016 contra militares incursos en delitos de tráfico de drogas, se aplica en esta ocasión por delitos contra la Integridad, Independencia y Libertad de la Nación, entre ellos traición a la patria y probablemente espionaje, según se deduce de los considerandos que contiene el Decreto.

Para Control Ciudadano, con estos Decretos se violan los principios contenidos en el Código Orgánico de Justicia Militar, pues las medidas de separación, degradación y expulsión de la FANB son penas accesorias a la principal y los Decretos no mencionan cuales han sido los delitos por los cuales han sido juzgados estos veinticuatro oficiales, como tampoco las penas principales que deben cumplir.

En el caso de todos los oficiales almirantes y generales mencionados en el decreto 3.299, incluidos el Coronel Antonio Ramón Semprún Valecillos, el Capitán de Corbeta Leamsy José Salazar Villafaña, y los Capitanes Juan Carlos Caguaripano Scott y Javier Nieto Quintero, ordena expresamente la pérdida del grado y de condecoraciones.

Para Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, “llama la atención la forma como han sido redactados los decretos. Generalmente este tipo de penas accesorias son decretadas y publicadas de manera individual contra los afectados”. En el caso de los decretos 3.298 y 3.299 se mezclan los nombres de oficiales, presuntamente involucrados en hechos punibles que se cometieron sin conexión de tiempo modo y lugar entre ellos, al punto que algunos de estos oficiales, se encuentran en el exterior exiliados.

San Miguel considera que “este tipo de decretos, la forma como han sido redactados y el momento en que son promulgados, dada la profunda crisis política, económica y social, resultan eficaces como medios para ejercer mayor coerción a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, a la vez que demostrar, por parte del Jefe de Estado y Comandante en Jefe, frente a competidores, que tiene el poder sobre la FANB”.

“Estas sanciones son básicamente morales y no suelen ser aplicadas por delitos políticos en Venezuela. Al punto que Hugo Chávez Frías, por los hechos del 11, 12 y 13 de abril del 2002, no las aplicó. Tampoco fueron utilizadas en su momento, contra los involucrados en las intentonas de golpe de estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1.992, quienes han conservado sus grados y condecoraciones”, explicó la Presidenta de Control Ciudadano.

Rocío San Miguel
Presidente
Control Ciudadano.

NP/@ovesede

Vie, 02/03/2018 – 09:57Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, denunció que el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha degradado, separado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional a 24 militares. “Llama la atención la forma como han sido redactados los decretos. Generalmente este tipo de penas accesorias son decretadas y publicadas de manera individual contra los afectados”, dice San Miguel en el comunicado.

Comunicado

Caracas, 2 de marzo de 2018

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros retoma la degradación, separación y expulsión de oficiales de la Fuerza Armada Nacional, como sanción militar, al ordenarlas contra veinticuatro (24) oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la mayoría de los cuales se encuentran detenidos y algunos exiliados del país.

Las sanciones se emitieron mediante los Decretos 3.298 y 3.299, ambos de fecha 28 de febrero de 2018, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.350, de esa misma fecha, y sin esperar sentencia definitivamente firme de los afectados con este tipo de pena accesoria a la pena principal, según lo prescribe el Código Orgánico de Justicia Militar.

El Presidente de la Republica, Nicolás Maduro Moros, ha degradado, separado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional a los siguientes oficiales:

GJ. Raúl Isaías Baduel, cédula de identidad Nro. 4.309.405.
MG. Hebert Josué García Plaza, cédula de identidad Nro. 7.713.057.
GD. Jesús Alberto Milano Mendoza, cédula de identidad Nro. 7.234.106.
V.A. Mario Iván Carratú Molina, cédula de identidad Nro. 2.126.515.
V.A. Carlos Rafael Molina Tamayo, cédula de identidad Nro. 3.806.667.
GB. Ángel Omar Vivas Perdomo, cédula de identidad Nro. 4.629.893.
GB. Antonio José Rivero González, cédula de identidad Nro. 6.355.302.
GB. Ramón Antonio Lozada Saavedra, cédula de identidad Nro. 4.314.607.
GB Eduardo José Báez Torrealba, cédula de identidad Nro. 4.566.781.
Cnel. Antonio Ramón Semprúm Valecillos, cédula de identidad Nro. 5.200.560.
CC. Leamsy José Salazar Villafaña, cédula de identidad Nro. 11.992.552.
Cap. Juan Carlos Caguaripano Scott, cédula de identidad Nro. 8.289.733.
Cap. Javier Enrique Nieto Quintero, cédula de identidad Nro. 10.155.129.
PTTE. Marco Antonio Briceño Camacho, cédula de identidad Nro. 19.965.816.
PTTE, Ronald Leandro Ojeda Moreno, cédula de identidad Nro.20.760.807.
PTTE. José Ángel Rodríguez Araña, cédula de identidad Nro. 19.825.312.
PTTE. Luis Alejandro Mogollón Velázquez, cédula de identidad Nro. 17.354.295.
PTTE. Eliezer Daniel Vásquez Guillén, cédula de identidad Nro. 17.718.514.
PTTE. José Daniel González Bolaños, cédula de identidad Nro. 19.349.782.
PTTE. Luis Eduardo Berbesi Torres, cédula de identidad Nro. 19.541.245.
PTTE. José Ignacio Medina Marmolejo, cédula de identidad Nro. 19.349.869.
PTTE. Josué Abraham Hidalgo Azuaje, cédula de identidad Nro. 18.002.866.
PTTE. Francisco Pablo Rodríguez Ojeda, cédula de identidad Nro. 19.720.578.
PTTE. Jefferson Gabriel García Dos Ramos, cédula de identidad Nro. 22.440.758.

La medida, que ya había sido aplicada por Maduro en 2016 contra militares incursos en delitos de tráfico de drogas, se aplica en esta ocasión por delitos contra la Integridad, Independencia y Libertad de la Nación, entre ellos traición a la patria y probablemente espionaje, según se deduce de los considerandos que contiene el Decreto.

Para Control Ciudadano, con estos Decretos se violan los principios contenidos en el Código Orgánico de Justicia Militar, pues las medidas de separación, degradación y expulsión de la FANB son penas accesorias a la principal y los Decretos no mencionan cuales han sido los delitos por los cuales han sido juzgados estos veinticuatro oficiales, como tampoco las penas principales que deben cumplir.

En el caso de todos los oficiales almirantes y generales mencionados en el decreto 3.299, incluidos el Coronel Antonio Ramón Semprún Valecillos, el Capitán de Corbeta Leamsy José Salazar Villafaña, y los Capitanes Juan Carlos Caguaripano Scott y Javier Nieto Quintero, ordena expresamente la pérdida del grado y de condecoraciones.

Para Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, “llama la atención la forma como han sido redactados los decretos. Generalmente este tipo de penas accesorias son decretadas y publicadas de manera individual contra los afectados”. En el caso de los decretos 3.298 y 3.299 se mezclan los nombres de oficiales, presuntamente involucrados en hechos punibles que se cometieron sin conexión de tiempo modo y lugar entre ellos, al punto que algunos de estos oficiales, se encuentran en el exterior exiliados.

San Miguel considera que “este tipo de decretos, la forma como han sido redactados y el momento en que son promulgados, dada la profunda crisis política, económica y social, resultan eficaces como medios para ejercer mayor coerción a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, a la vez que demostrar, por parte del Jefe de Estado y Comandante en Jefe, frente a competidores, que tiene el poder sobre la FANB”.

“Estas sanciones son básicamente morales y no suelen ser aplicadas por delitos políticos en Venezuela. Al punto que Hugo Chávez Frías, por los hechos del 11, 12 y 13 de abril del 2002, no las aplicó. Tampoco fueron utilizadas en su momento, contra los involucrados en las intentonas de golpe de estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1.992, quienes han conservado sus grados y condecoraciones”, explicó la Presidenta de Control Ciudadano.

Rocío San Miguel
Presidente
Control Ciudadano.

NP/@ovesede

El lapso de postulaciones a las elecciones presidenciales de Venezuela, que se celebrarán el próximo 20 de mayo, culminó hoy y de los cinco candidatos que se medirán con el presidente y aspirante a la reelección Nicolás Maduro, solo un opositor es conocido, el exchavista Henri Falcón.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que había dado un plazo de dos días (lunes y martes) para la postulación de candidatos, señaló que hasta este viernes a las 16.00 hora local (20.00 GMT) recibiría la formalización de las candidaturas a las presidenciales tras la prórroga de estos comicios convocados originalmente para abril.

Durante estos cinco días se inscribieron seis candidatos, el presidente Maduro, el pastor evangélico Javier Bertucci, el militar retirado Francisco Visconti, el ingeniero Reinaldo Quijada, el empresario Luis Alejandro Ratti y el opositor Falcón, un político que en 2010 se separó del chavismo y luego pasó a unirse a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Sin embargo, la MUD ha rechazado la inscripción de Falcón para medirse en estas elecciones, pues la colación ha dejado claro que no participará en estos comicios por considerarlos un «simulacro electoral» y hoy reiteró que no tiene ningún candidato para las presidenciales.

«Es importante que lo sepa el mundo, la unidad democrática no tiene candidato inscrito en las elecciones», dijo en rueda de prensa el diputado Juan Guaidó, dirigente de la formación Voluntad Popular (VP) y jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (Parlamento).

El legislador habló en nombre de la MUD y reiteró que el exgobernador Falcón «se deslindó de la unidad» opositora al postular su nombre para las presidenciales, desatendiendo la decisión conjunta de no participar en estos comicios hasta tanto no existan mejores condiciones electorales.

Entretanto, el CNE organizó un evento para la firma, por parte de los candidatos, de un «acuerdo de garantías electorales», en el que entre otras cosas se destaca «la equidad en el acceso a los medios públicos y privados», la reapertura del registro de votantes en el exterior.

También se acordó alejar la difusión de propaganda de los centros electorales el día de los comicios, así como asegurar la vigilancia militar de los candidatos y de los comicios en general.

Durante este evento, que fue firmado por tres de los seis candidatos, Falcón pidió que se «juegue limpio» en los comicios de mayo.

«Queremos y deseamos que se juegue limpio, y que podamos de verdad respetar la voluntad de la mayoría de los venezolanos que reclaman un cambio pacífico en Venezuela», declaró Falcón luego de firmar el acuerdo.

El líder del partido Avanzada Progresista (AP) defendió que las condiciones que se incluyen en este texto son «nuevas garantías electorales», unas premisas de las que exigirán su cumplimiento.

Reiteró que Venezuela «reclama un cambio» y que esa es su «tarea: derrotar al hambre, la inflación y a este Gobierno por la vía democrática para abrir espacios a la reconciliación».

Falcón, que se mostró seguro del cambio, aseguró que tras su llegada a la Presidencia el país será reconocido por la comunidad internacional y «rescatará» las relaciones con los aliados fundamentales de Venezuela «con respeto a nuestra soberanía».

Por su parte, Maduro aseguró que su país ofrece más garantías electorales que cualquier país de Europa, por lo que criticó que se señalen como fraudulentas las votaciones del 20 de mayo.

Maduro pidió a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dictar talleres sobre la transparencia de los comicios en el país ante los embajadores europeos acreditados y ante «todo el cuerpo diplomático» que opera en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Dijo que los países pueden aprender sobre «garantías electorales» en Venezuela y citó el caso de Colombia, donde, aseguró, no hay auditorías a los comicios, «el voto no es secreto» y «no tienen una sola garantía los candidatos presidenciales».

Entretanto, otro de los candidatos que firmó este acuerdo fue el pastor evangélico Javier Bertucci quien destacó su procedencia de la vida religiosa como argumento de cambio frente a los políticos tradicionales.

«Creo que se agotó el liderazgo político en este país que no produce los cambios necesarios para que nuestra sociedad pueda desarrollarse y tener futuro», sostuvo el candidato del partido Esperanza para el Cambio.

Defendió que la «sensibilidad» que posee por su fe cristiana le permite poner su liderazgo «a favor y al servicio de un país».

EFE 

El diputado Juan Guaidó señaló que el llamado «acuerdo de garantías electorales» firmado ayer por Nicolás Maduro, Henri Falcón, y otros candidatos formales a la Presidencia, es insuficiente para que el bloque opositor cambie de parecer frente el llamado a las urnas

El diputado a la AN, Juan Guaidó, rechazó la postulación de Henri Falcón a las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró este viernes que no tiene candidatos para las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que considera serán «fraudulentas» y sin garantías.

«Es importante que lo sepa el mundo, la unidad democrática no tiene candidato inscrito en las elecciones», dijo en rueda de prensa el diputado Juan Guaidó, dirigente de Voluntad Popular (VP) y jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN).

El legislador habló en nombre de la MUD y reiteró que el exgobernador Henri Falcón, miembro de la coalición opositora, «se deslindó de la unidad» al postular su nombre para las presidenciales, desatendiendo la decisión conjunta de no participar en estos comicios hasta tanto no existan mejores condiciones electorales.

En este sentido, dijo que el llamado «acuerdo de garantías electorales» firmado ayer por Maduro, Falcón, y otros candidatos formales a la Presidencia, es insuficiente para que la MUD cambie de parecer frente el llamado a las urnas.

No obstante, ponderó como una «pequeña victoria» que el Gobierno haya cedido en varias de las exigencias hechas por la MUD durante el proceso de diálogo que mantuvieron en República Dominicana y que acabó sin acuerdos.

«¿Es una pequeña victoria? Sí, ceden a la presión nacional e internacional, a la necesidad de reconocimiento (…) este régimen es sujeto a presión», dijo Guaidó tras asegurar que todavía se pueden lograr condiciones ideales para que la MUD decida participar en las presidenciales.

El dirigente de VP reiteró que el Parlamento no reconocerá las votaciones del 20 de mayo, cuando también se escogerán los legisladores de los 23 cuerpos estaduales y de los 335 organismos municipales.

La Asamblea Nacional encabezará la conformación de un «frente amplio» que incluya a gremios y organizaciones de todo tipo para ampliar la «base social de participación» en la búsqueda de un eventual cambio de gobierno.

Guaidó advirtió a Maduro que insistir en celebrar las presidenciales sin las garantías que la MUD exige puede llevarlo a que buena parte de la comunidad internacional no lo reconozca como jefe del Estado, lo que tendría «consecuencias para el pueblo de Venezuela».

Tras el anuncio hecho este por el presidente Maduro este jueves del aumento del costo de la Unidad Tributaria, el trámite para sacar el pasaporte por la vía regular pasó a 390 mil bolívares

Los costos se incrementaron tras el ajuste de la Unidad Tributaria anunciado por el presidente Nicolás Maduro. (Foto: Archivo)

El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves un aumento de salario que además incluyó un nuevo costo de la Unidad Tributaria (UI) que pasó de 300 a 500 bolívares.

Este ajuste influye en los precios para el trámite de documentos como es el caso del pasaporte en sus distintas modalidades.

El trámite administrativo (12 UT) pasa de 3.000 a 6.000 bolívares. Los usuarios que debían pagar 234 mil bolívares para tramitar el documento ahora deberán cancelar 390 mil bolívares. Para la prórroga el costo es de 162 mil bolívares.

El último ajuste para sacar el pasaporte se realizó el pasado mes de noviembre.

Para realizar cualquiera de estas solicitudes se debe ingresar a la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en www.saime.gob.ve que, según reportes de usuarios, tiene semanas sin funcionar. Otros señalan que opera por pocos minutos al día.

@laverdad.com

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo el viernes que pese a los pocos avances en la resolución de la crisis en Venezuela, Estados Unidos seguirá presionando hasta conseguir un cambio democrático en esa nación sudamericana.

“Como diplomática para mí es frustrante porque hemos apoyado el diálogo [en Venezuela] por mucho tiempo y no vemos avance en ese frente», reconoció la diplomática durante una discusión sobre el estado de la democracia en América Latina, que se llevó a cabo en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, junto a legisladores hispanos que representan ese estado.

No obstante, dijo que los esfuerzos estadounidenses, junto a los de otros aliados en la región van a continuar. «No vamos a detenernos…”, aseveró Haley.

La diplomática mencionó una lista de problemas que afectan a Venezuela como la existencia de grupos criminales, el narcotráfico, la migración de venezolanos a otros países, todo como resultado de la crisis, a lo que señaló que “tenemos que ir más al fondo para controlarlo para que no llegue a EE.UU. porque es una situación peligrosa”.

En la discusión, en la que actuaron como anfitriones el senador Marco Rubio y los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo e Ileana Ros-Lehtinen, Haley también abordó las relaciones de Estados Unidos con Cuba y la lucha por las libertades civiles y la democracia en el hemisferio.

La embajadora también aprovechó para mencionar detalles de su reciente gira por Honduras y Guatemala, que dijo demuestra un amplio interés por la región y las relaciones bilaterales con esos países.

En Guatemala la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley se reunió con el presidente Jimmy Morales.

El senador Rubio dio la bienvenida a Nikki Haley y destacó la designación por parte de la administración del presidente Donald Trump de este 2018 como «el Año de las Américas», lo cual, dijo, no ha quedado en simple “retórica” como los hechos lo demuestran.

Rubio citó los anuncios del gobierno de Trump a inicio de este año sobre las relaciones con Cuba y Venezuela, así como la gira del secretario de Estado, Rex Tillerson y la de Haley por Centroamérica y anunció que la embajadora tiene previsto visitar Colombia.

Nikki Haley se reunió con legisladores hispanos en la Universidad de Florida.
Por su parte, el congresista Díaz-Balart agradeció en un comunicado la participación de Haley y «la atención dedicada a nuestro hemisferio que enfrenta retos en temas como la corrupción, el narcotráfico y los derechos humanos».

Díaz-Balart también se refirió al régimen de Raúl Castro «que continúa la opresión desde hace décadas sobre el pueblo cubano, mientras provee soporte ilícito a otros regímenes impostores en la región, incluyendo los de Venezuela y Nicaragua».

«Al promover la democracia, la sociedad civil y los derechos humanos en nuestro hemisferio, promovemos la estabilidad y la prosperidad entre nuestros vecinos», señaló.

En declaración a los medios locales, Ros-Lehtinen y Diaz-Balart afirmaron que la Casa Blanca podría anunciar nuevas sanciones contra los gobiernos de Venezuela y Cuba

“Y eso es presionar a Maduro y ayudar al pueblo de Venezuela que carece de ayuda humanitaria de todo tipo. Así que hay un sentido de optimismo…puede ser que la administración del presidente Trump tome más sanciones contra entidades petroleras”, dijo la congresista Ros-Lehtinen.

Consultada el jueves sobre la posibilidad de que Washington aplique un embargo petrolero a Caracas, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el gobierno de Trump evalúa todas las opciones.

“Estamos considerando todas las opciones para restaurar la democracia en Venezuela, incluidas sanciones individuales y potencialmente financieras”, expresó.

Washington ya tomó medidas contra el presidente Maduro y sus funcionarios y prohibió a entidades estadounidenses comprar más deuda del Estado venezolano o de la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela.