La intervención militar en Rio sirve al presidente brasileño de coartada para no sufrir una derrota en el Congreso en uno de sus principales proyectos económicos

El programa de reformas económicas del presidente brasileño, Michel Temer, ha embarrancado tras fracasar la más pregonada y la más polémica de todas, la del sistema de pensiones. Temer venía insistiendo en ella desde hace meses, hasta el punto de situarla como el gran -y casi único- objetivo político de su último año de mandato, una especie de culminación a un programa liberal que incluyó también el establecimiento de un techo para los gastos públicos y una reforma laboral. Pero el presidente ha arrojado la toalla tras perder el pulso con una parte de sus aliados políticos en el Congreso, reacios a aprobar una reforma muy impopular a pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.

Si hay una virtud que ni sus más acérrimos adversarios niegan al presidente brasileño es su astucia para el regate corto. Y la ha vuelto a demostrar. Con una hábil maniobra, Temer ha logrado que el debate público en Brasil haya arrinconado de la noche a la mañana el asunto que lo monopolizaba hasta el hastío. Desde hace meses, los medios casi no hablaban de otra cosa que de los intentos desesperados del Gobierno, así como de las constantes presiones de inversores internacionales y de la gran empresa nacional, para aprobar una reforma que obligaba a un cambio de la Constitución y, como tal, requería el apoyo de dos tercios del Congreso. En vista de que el tiempo se agotaba y cada vez estaba más claro que los esfuerzos de Temer iban a fracasar, el presidente solo tenía dos opciones, ambas muy embarazosas: o retirar el proyecto o exponerse a una sonora derrota en el Congreso. Hasta que se sacó de la chistera una ingeniosa escapatoria.

La pasada semana, el Gobierno sorprendió al país con una medida inédita desde el fin de la dictadura, en 1985: la llamada al Ejército para entregarle todas las competencias sobre seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro, sacudido por la violencia de las bandas de narcotraficantes que se han hecho dueñas de las favelas. La aparatosa decisión no solo cambiaba el foco del debate público, sino que traía consigo un efecto secundario que brindaba a Temer la disculpa perfecta para enterrar el controvertido proyecto. La Constitución brasileña prohibe realizar ningún cambio en su texto mientras persistan las medidas excepcionales de intervención en algún Estado. Y la decisión del Gobierno de entregar a los militares el control de la seguridad en Río estará vigente hasta final de año, justo cuando acaba el mandato de Temer.

La primera reacción negativa para el presidente vino el pasado viernes de la agencia de calificación Fitch que, como había hecho en enero Standard&Poor’s, rebajó la nota de la deuda brasileña debido a sus «persistentes y amplios déficist» unidos al «fracaso para legislar reformas que mejoren los resultados de sus finanzas públicas». Pese a todo, ese mismo día la Bolsa de São Paulo cerraba la semana en máximos históricos. Y la legión de economistas y comentaristas de los medios que vaticinaba un apocalipsis si la reforma no se se aprobaba de inmediato ha rebajado notablemente el tono.

«Este es un país acostumbrado a posponer sus soluciones y, por eso, ironiza diciendo que es el país del futuro», lamenta, en declaraciones a este diario, Gustavo Franco, uno de los economistas más prestigiosos del país y arquitecto del llamado Plan Real, que en los años noventa alumbró una nueva moneda y estabilizó su economía. «Siempre se deja todo para más adelante mientras aplazamos el momento de tomar la medicación. Ahora perdemos más tiempo. Aunque era optimista suponer que se podría aprobar esta legislatura».

La reforma, según todas las encuestas, suscitaba un amplio rechazo popular, sobre todo entre la izquierda que, el pasado abril protagonizó una huelga general contra ese proyecto y el que modificó las normas del mercado laboral. Con todo, el debate abierto en las últimas semanas ha servido para poner de manifiesto los abusos de un sistema que concede enormes privilegios a algunos colectivos, sobre todo entre los niveles más altos de los empleados públicos. El propio Temer clamó, en la reciente cumbre de Davos, contra esos privilegios, aunque le faltó explicar que él mismo es uno de los ejemplos más claros. El actual presidente, que tenía una plaza de fiscal,  pudo jubilarse con solo 58 años (la edada media está en 55) y percibe una pensión mensual de 22.100 reales (6.805 dólares). Tampoco ha ayudado mucho a la campaña del Gobierno que del proyecto se excluyesen colectivos como el de los militares.

Brasil gasta aproximadamente un 12% del PIB en su sistema de pensiones, aunque, según algunos cálculos, de persistir el actual envejecimiento de la población, la cifra podría crecer hasta diez puntos porcentuales en las próximas cuatro décadas. El Gobierno pretendía ahorrar 480.000 millones de reales (148.000 millones de dólares) en diez años estableciendo la edad mínima de jubilación en 65 años para los hombres y en 62 para las mujeres. Los detractores del proyecto argumentan que esas edades, habituales en los países desarrollados, perjudicarían a los sectores más pobres de la población, con una baja esperanza de vida. La frustrada propuesta había renunciado a aumentar a 25 años el tiempo mínimo de cotización. Lo dejaba así solo para los funcionarios públicos y en 15 para el sector privado. Los críticos venían argumentando desde tiempo atrás que muchos trabajadores condenados a pasar casi toda su vida laboral con empleos informales tendrían muy difícil completar los 25 años.

El economista Gustavo Franco se encuentra entre los defensores de la reforma ya que entiende que el sistema actual permite que «un grupo de jubilados privilegiados explote a una mayoría de trabajadores jóvenes que pagan sus cotizaciones». Franco, con todo, es optimista ya que cree que, tras el debate de los últimos meses, «la mentalidad del país sobre este tema ha cambiado» y «la solución surgirá en 2019» tras la elección de un nuevo presidente y un nuevo Congreso.

El País

Elena Bonilla desvió a su cuenta personal 600.000 dólares cinco días antes de que su marido dejara el cargo

El vehículo en el que iba Bonilla, tras ser arrestada este miércoles. REUTERS

La ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, mujer del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), fue detenida este miércoles en Tegucigalpa acusada de corrupción, según ha informado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

La Misión de la OEA en Honduras investigaba contratos hidroeléctricos antes de ser mutilada

La Maccih y el Consejo Anticorrupción (CNA) acusan a Bonilla de transferir 12 millones de lempiras (moneda de Honduras, unos 600.000 dólares) de la cuenta del despacho de la Primera Dama a una cuenta personal solo cinco días antes de que su esposo abandonara la Presidencia.

Seis vehículos blindados llegaron la noche del martes a una residencia de las afueras de Tegucigalpa donde arrestaron a Bonilla y a su cuñado Mauricio Mora, para proceder a su interrogatorio. La ex primera dama, de 48 años, tampoco ha podido justificar el destino de al menos seis millones de dólares que el gobierno entregó para tareas de representación.

La detención esta noche de Elena Bonilla era un secreto a gritos. EL PAÍS adelantó hace tres semanas que la Misión contra la corrupción (Maccih) ultimaba dos investigaciones que implicaban de lleno a la familia Lobo.

La primera, por desfalco, contra Elena Bonilla y que fue ejecutada este miércoles. La segunda apunta directamente al propio Lobo por sus vínculos con el cartel de Los Cachiros en la concesión de proyectos hidroeléctricos, los mismos contra los que protestaba la ecologista asesinada Berta Cáceres.

«Hoy es un gran paso contra la impunidad», escribió en su cuenta de Twitter la directora del Consejo Anticorrupción, Gabriela Castellanos, al conocer la noticia.

La detención de Elena Bonilla es el último del capítulo de corrupción y desgracias que rodea a la familia Lobo. Tras ganas las elecciones en 2010, su Gobierno estaba destinado a sellar las heridas que unos meses antes había dejado el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

Su gestión, sin embargo, se ha convertido en una de las más corruptas de años recientes. Además de la detención de su esposa, un hijo de Porfirio Lobo, Fabio Lobo, está encarcelado en Nueva York acusado de tráfico de cocaína. Lobo fue condenado a 24 años de cárcel por mover avionetas desde Haití a Estados Unidos entre 2009 y 2014, justamente en los años en que su padre era presidente de Honduras. Al latrocinio familiar se suman las desgracias personales. La semana pasada falleció otro de los hijos de la pareja, Cristian Javier Lobo, por problemas de alcohol.

La detención ordenada por la Maccih y el CNA podría tensar aún más la relación entre la Misión de la OEA y la clase política local, que sueña con que desaparezca de sus vidas.

El 18 de enero, el Congreso de Honduras aprobó una reforma de ley que impide investigar a la Misión al transferir gran parte de sus competencias al Tribunal de Cuentas, controlado por los partidos políticos.

Con esta reforma cinco diputados que estaban encarcelados por quedarse con dinero público destinados a ONG fueron liberados inmediatamente. El pacto de impunidad, como es conocido, frenó también una investigación que implicaba a otros 60 diputados más, incluido el presidente del Congreso. Sin embargo, la sospecha es que «la red es más amplía y podría llegar a 140 diputados, incluido el presidente», señaló a este diario el jefe de la Maccih.

La detención de Elena Bonilla es la última victoria del dimitido Juan Jiménez Mayor, exjefe de la Misión de la OEA contra la impunidad. Como si fuera el Cid Campeador, capaz de ganar una victoria después de muerto con su sola presencia sobre un caballo, Mayor y su equipo armaron la investigación durante más de un año reuniendo pruebas sobre los presuntos delitos de Bonilla.

La paradoja es que la noticia llega dos semanas después de la dimisión de Mayor por ofrecer escasos resultados en el tiempo que lleva instalada la mesa, según su jefe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La detención de Bonilla ha demostrado que la paciencia no es el don más cultivado por Almagro.