En las presidenciales no hay posibilidades de que resulte electo un candidato distinto a Nicolás Maduro, aseguró en un comunicado la organización civil Súmate.
El escrito advierte como el Ejecutivo nacional usa, sin escrúpulos, los bienes y recursos del Estado para obligar a los electores a votar a su favor, bajo la amenaza de perder los beneficios otorgados a través de misiones y ahora centralizadas a través del mecanismo de control social denominado “Carnet de la Patria”
La ONG criticó que Maduro, el pasado 15 de enero, exhibiera como un logro el registro de 16 millones 595 mil 140 venezolanos, más de las dos terceras partes de los que hoy están inscritos en el Registro Electoral. “Lo más grave es que fue el propio Presidente de la República dos días antes de las elecciones express para alcaldes, del 10 de diciembre de 2017, quien llamó a votar: ´Yo llamo a toda Venezuela a votar, a votar, a votar, a salir a votar desde temprano con el Carnet de la Patria, porque el Carnet de la Patria con código QR nos permite registrarnos y ya en la puerta del centro electoral, nosotros nos registramos y entramos a votar.”
Según Súmate, esta acción atenta contra el ejercicio libre y secreto del voto, que el artículo 63 de la Constitución estipula como dos de las cuatro condiciones principales de este derecho.
La ilegalización de la tarjeta de la MUD y de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular por no haber participado en las elecciones express de alcaldes del 10 de diciembre, es una actuación contraria al Estado de Derecho, que se sustenta en la Constitución y en la ley de Partidos Políticos. Súmate también refirió la interpretación de esta última ley, hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 2016 y 2017 que favoreció el derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la República
Otro aspecto destacado por Súmate es la convocatoria inconstitucional e ilegal a un nuevo proceso de validación de las cuatro organizaciones con fines políticos, ilegalizadas el 27 de diciembre de 2017 por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que únicamente representa a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La ONG cuestionó además que en ese proceso de validación el CNE no permitió que el Movimiento Primero Justicia tuviera derecho al período de reparos, incumpliendo lo estipulado en su propio cronograma de validación publicado el 17 de enero de este año, en el que estaban previstos los días 3 y 4 de febrero para la subsanación por reparos de manifestaciones de voluntad. “Por esta omisión deliberada del CNE, este partido político quedó ilegalizado, lo cual puede interpretarse como una decisión ordenada por el Ejecutivo Nacional y los directivos del PSUV”.
También refiere el comunicado de Súmate a la prohibición al CNE de permitir la legalización como partido político de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La orden fue impartida por los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ) en sentencia Nº 53, dada a conocer el 25 de enero de 2018. Se buscaba impedir su participación en las elecciones presidenciales de este año, pues fue la tarjeta más votada en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
El escrito recuerda como antes de esta sentencia del TSJ, ya se había producido otra decisión para evitar la legalización de la MUD como partido político, informada por la rectora del CNE Tania D’ Amelio en la que se le impedía a esta alianza de partidos políticos de la oposición validar su tarjeta en el proceso convocado para el 27 y 28 de enero en los estados Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia). La justificación fueron supuestos procesos judiciales abiertos en su contra por denuncias de fraude en el proceso de recolección de las firmas para la solicitud del Referendo Revocatorio Presidencial en 2017.
La inhabilitación de algunos de los principales aspirantes a candidatos al cargo de Presidente de la República es otro motivo para creer que en las presidenciales del 22 de abril no tiene chance de ganar un candidato distinto a Nicolás Maduro
La premura en la convocatoria de las elecciones presidenciales, concretada el 7 de febrero, dos meses y medio antes de la realización del proceso, el 22 de abril de este año es, para Sumate una clara violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que estipula que la convocatoria, en la que se fija la fecha de elección, debe hacerse en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos. “Estos comicios corresponde realizarlos constitucional y legalmente en diciembre de 2018, ya que el nuevo Presidente de la República debe asumir el cargo el 10 de enero de 2019, cuando vence su período de seis años, según la Constitución
También el cronograma de las elecciones presidenciales es cuestionable para Sumate. Son 83 actividades necesarias para poder realizar estos comicios en 75 días continuos, ni una por día. “Es imposible cumplir 6 actividades, desde el corte preliminar hasta la publicación del Registro Electoral, en un plazo de 8 días”. Para las presidenciales de octubre de 2012 hubo un plazo de 70 días entre el corte preliminar y la publicación
La jornada de inscripción y actualización en el Registro Electoral, en un período de 10 días continuos, del 10 al 20 de febrero, como el supuesto despliegue de 531 puntos de los cuales nunca se supo su ubicación, no permitió atender a los cerca de 2 millones de nuevos electores potenciales en edad para votar, de acuerdo a las proyecciones poblaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2013.
Por estas razones, desde Sumate aseguran que no hay condiciones que permitan que el voto de los millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral se active libremente en estas elecciones presidenciales.
La ONG invitó a los venezolanos a seguir en la lucha por recuperar la institucionalidad del voto, derecho consagrado en la Constitución.
Nota de Prensa
