Coimas. Mordidas. Sobornos. Con distintas palabras, un mismo fenómeno atraviesa América Latina. Miles de titulares de prensa, empresarios comprometidos y presidentes o ex presidentes bajo sospecha o directamente condenados revela la magnitud de la corrupción que sacude a la región.
Nada menos que Transparencia Internacional da cuenta que uno de cada tres latinoamericanos admitió haber pagado un soborno para obtener un servicio público. Además, seis de cada diez indicó que la corrupción aumentó en los últimos años.
En Rompkbzas nos propusimos repasar los principales casos que afectan a cada país de América Latina.
ARGENTINA
En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.
El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente –hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial– vio obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima (un soborno) por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.
El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: «No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento», llegó a decir.
Offshores. El caso de los Panamá Papers explotó a pocos meses de que Macri llegara a Casa de Gobierno. El residente ofreció una conferencia de prensa en Casa de Gobierno y brindó las primeras explicaciones. Sin embargo, la causa a cargo de Sebastián Casanello avanzó y ahora el fiscal Federico Delgado pidió nuevas pruebas y celeridad.
El diputado Darío Martínez (FPV), denunciante en la misma, «Encontramos 50 sociedades creadas en guaridas fiscales vinculadas al Grupo Macri. En 17 de ellas hay un Macri en el directorio y en el resto hay gente vinculada laboralmente del Grupo Socma». «Por lo que explicó Delgado en su dictamen, el gobierno argentino no está colaborando con la investigación y se desprende una clara maniobra de lavado, de manual», agregó.
Odebrecht. La constructora de Brasil, que para lavar cuentas ante la Justicia de los Estados Unidos desnudó un entramado de corrupción monumental involucró al amigo del presidente, jefe de la AFI, Gustavo Arribas. El financista y empresario Leonardo Meirelles declaró que envió pagos por 600 mil dólares a quien hoy alquila uno de los departamentos del jefe de Estado.
La empresa admitió haber pagado 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos, ntre 2007 y 2014, plena gestión K. Arribas fue al Congreso a dar explicaciones, pero no convenció a propios ni extraños. Solo habló de transferencia por 70 mil dólares por la venta de un inmueble. Días atrás, Macri estuvo en Brasil y allí pidió que ese país haga pública la lista de los argentinos involucrados en el «Lava Jato». ¿Limpiará el nombre de su amigo? Jugada arriesgada, ya que como aventuró en Clarín Julio Blanck «Nadie puede asegurar que en el quién es quién de la conexión argentina de Odebrecht quede a salvo la empresa constructora IECSA, de su primo Angelo Calcaterra».
Macri-Macri. La fiscal Gabriela Boquin alertó a todos. Explicó que el Estado argentino cerró un acuerdo perjudicial para las arcas públicas con quien fuera dueño del estatizado Correo Argentino. ¿A quién pertenece? A Franco Macri. Durante más de 15 años el Grupo buscó un arreglo para pagar la deuda que mantiene con el Estado. Siempre fue denegado. Con una inflación galopante, el monto original de la deuda se fue licuando. Tras la asunción de su hijo, el trámite avanzó y la oferta fue aceptada. ¿Cuánto influyó la llegada de Mauricio a presidente para lograr este resultado? Es la primera pregunta que deberá responder el juez que agrupe las denuncias que se multiplicaron ayer en Comodoro Py.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones:
Una de las causas que complica a la expresidenta es la conocida como «dólar futuro», la primera en la que es procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública».
El juez federal Claudio Bonadio, en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro durante el final de su segundo mandato, ordenó también el procesamiento de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Por esta misma causa, el magistrado tomó declaración indagatoria a Cristina tras señalar que el Banco Central (BCRA) afrontó pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el expresidente de la entidad y el exministro de Economía.
El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por los entonces jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri, y del PRO, Federico Pinedo, quienes no había acusado directamente a la ex mandataria.
Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner fue imputada ante la sospecha de haber recibido coimas –delito de “cohecho”– por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”.
La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se encontraban imputados en la causa, pero por presunto “enriquecimiento ilícito”.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.
Hotesur. Otra de las causas que acumula CFK es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, entre otros empresarios.
El expediente Hotesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que, se sospecha, podría haber buscado blanquear supuestos «retornos» derivados a obras públicas.
Ruta del dinero K. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.
A raíz de la declaración de Leonardo Fariña, la fiscalía argentina imputó a la exmandataria, lo que implica que será investigada formalmente para conocer su presunta vinculación con el lavado de dinero. Es posible que por esta causa Fernández sea citada a una indagatoria.
Enriquecimiento ilícito. El otro tema que podría comprometer a Cristina es la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la cual fue sobreseída junto a su marido años atrás por el juez Norberto Oyarbide.
Ahora, Margarita Stolbizer la volvió a denunciar y el fiscal Carlos Rívolo, junto con el juez Sergio Torres, están verificando si este hecho no es parte de lo que se investiga en el caso Hotesur y las presuntas maniobras de lavado de dinero que pudieron originar un enriquecimiento ilícito.
BOLIVIA
En 2015, un notable caso de corrupción sacudió al extinto Fondo Indígena, uno de los más destacados del gobierno del presidente Evo Morales. La Fiscalía General del Estado boliviano inició en ese entonces el destino de 6,8 millones de dólares correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena, que financiaba hasta este año acciones de desarrollo en zonas campesinas.
Las autoridades dicen que esos recursos fueron transferidos a cuentas de particulares y además investigan el destino de otros 14 millones de dólares.
En ese entonces, la Fiscalía le comunicó a CNN en Español que hubo 24 arrestados y más de 200 personas investigadas. Entre ellas varios colaboradores del presidente Evo Morales que estuvieron con él en las primeras etapas de la formación de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Por este caso no hubo acusaciones contra el presidente Evo Morales.
En diciembre de 2017, dos años después del inicio de la investigación, El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, ordenó concluir con las investigaciones de los 187 casos relacionados con el antiguo Fondo de Desarrollo Indígena.
«Hemos instruido a los fiscales que vayan valorando los indicios colectados en la etapa preparatoria de la investigación y emitan sus resoluciones, pero no hemos dicho, como alguien de manera mal intencionada decía, se ordenó que se cierre el caso», dijo a periodistas en La Paz el pasado 19 de diciembre, según reportó ABI.
«La gente que está siendo procesada está en otros departamentos, entonces en virtud a eso es que hemos pedido a la autoridad jurisdiccional que pueda disponer su remisión a estos departamentos donde corresponde».
Según el fiscal, 17 personas fueron imputadas por corrupción y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, según ABI.
BRASIL
Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras, se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.
Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario, pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. De hecho, exdirectivos de la compañía detallaron regalos a Lula y donaciones ilegales al expresidente Fernando Henrique Cardoso, sin ningún cargo en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD), pero con gran influencia en algunos sectores. El patriarca de la constructora, Emilio Odebrecht, acusó al que fue presidente brasileño entre 1995 y 2003 de recibir donaciones ilegales para financiar su última campaña presidencial. La trama de corrupción también salpica a otros dirigentes del partido, desde José Serra, ex canciller, y a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018. (Más información).
Barroso afirmó que el director de la Policía Federal (Segovia) pudo haber cometido “infracción administrativa o incluso hasta penal” por haberse pronunciado sobre una investigación a cargo de un comisario subordinado y por haber anticipado un resultado sin conocimiento del mismo.
Hasta ahora, no ha aparecido absolutamente nada que pueda ser base para corrupción contra el presidente brasileño, Michel Temer.
Temer, de 76 años, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en ser acusado de un crimen común, cuando el fiscal general Rodrigo Janot pidió el 26 de junio su inculpación por corrupción pasiva, como presunto beneficiario de un soborno ofrecido por la gigante de la alimentación JBS a cambio de favores para la empresa.
COLOMBIA
El gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, reconoció el pasado mes de marzo que Odebrecht les había financiado de forma irregular pagando los carteles electorales en 2010: «Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular», afirmó Prieto. Ante las declaraciones, el presidente colombiano difundió una declaración institucional a través de Twitter en la que condenaba esa financiación, pero no la negaba. Santos se limitó a asegurar que no estaba al tanto de los pagos y pidió que se investigase y sancionase a los responsables de las irregularidades.
El nombre del presidente vinculado al caso Odebrecht ya había aparecido en boca de la Fiscalía, que aseguró que que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. En febrero, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que respondía únicamente al testimonio de un exsenador detenido, Otto Bula, pero que no había prueba física de que ello ocurriese, por lo que pidió que se investigase, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.
En enero de 2017 fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después. Sin embargo, el exsenador se desdijo luego de sus palabras, afirmando que nunca las había pronunciado, en una declaración escrita dirigida al Consejo Nacional Electoral, el organismo encargado de la investigación.
ECUADOR
Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. La Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre elcaso Odebrecht en Ecuador, según informó EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa deberá presentarse en las próximas horas ante la Fiscalía para declarar en una investigación sobre un presunto millonario perjuicio al Estado en la venta de petróleo a China y Tailandia.
El organismo indaga un posible perjuicio al Estado ecuatoriano en ventas anticipadas de petróleo que aplicó el gobierno de Correa (2007-2017) para recibir miles de millones de dólares a cambio de la posterior entrega de crudo, principalmente a China, que se convirtió en el mayor prestamista del país.
El periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio sostiene en una denuncia presentada ante la Fiscalía que hubo presuntas irregularidades en las negociaciones con China y Tailandia, que dejaron perjuicios por 2200 millones de dólares al Estado.
«Yo solo firmé una preventa (anticipada) petrolera, la de 2010. Nos daban 1000 millones (de dólares por parte de China) y autorizaba el convenio (…) para que se pague con petróleo», añadió Correa.
EL SALVADOR
Francisco Flores, presidente de El Salvador entre 1999 y 2004, falleció el 30 de enero del 2016 a los 56 años. Flores estaba bajo arresto domiciliario desde octubre del 2014 y pasó en ese momento a estar recluido en una celda de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Se le acusaba de haberse quedarse con unas donaciones del gobierno de Taiwán cercanas a los 15 millones de dólares, que estaban destinados a proyectos de lucha contra la pobreza y ayuda a afectados por terremotos en El Salvador.
El exmandatario siempre se declaró inocente de los cargos en su contra. Hace pocas semanas, en junio pasado, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de El Salvador inició el embargo de nueve propiedades de Flores, quien cuando murió no había recibido todavía una sentencia. La familia de Flores se ha defendido diciendo que las fincas, terrenos y casas embargadas son bienes heredados y no adquiridos por Flores durante su mandato.
El otro caso que involucra a El Salvador es el de Elías Antonio Saca, presidente entre el 2004 y el 2009 y quien fue detenido en octubre del 2016 por orden de la Fiscalía General junto con otras seis personas, por presunta corrupción.
Saca está acusado de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero. Su abogada ha dicho que él está confiado en salir bien librado de esta acusación. Saca ya enfrentaba desde comienzos del 2016 una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, porque no justificó ingresos de poco más de 5 millones de dólares.
GUATEMALA
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigan si hubo malversación de fondos y fraude en el subsidio a la instalación del plan de transporte público conocido como Transurbano. En este marco fueron detenidos el ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), impulsor de esta instalación, ocho ex ministros y un viceministro. Entre estos se encuentra el ex titular de Finanzas Juan Alberto Fuentes, quien desde 2015 preside la organización de ayuda humanitaria Oxfam Internacional.
En sus comienzos, el Transurbano fue beneficiado por exenciones fiscales y subsidios para combustible y seguridad. La investigación busca verificar si se pagaron sobreprecios en la compra de ómnibus y si la entrega de subsidios a empresas fue discrecional.
Las empresas que operan el servicio colectivo Transurbano fueron denunciadas en el 2015 por varios reparos que juntos suman 1.744 millones de Quetzal (US$234 millones). Este caso se encuentra bajo reserva en el Ministerio Público (MP), había comunicado hace unos días la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Mientras era trasladado, ya detenido, Fuentes dijo que cuando dejó el cargo, en 2010, pidió que se investigaran presuntas “anomalías” en la entrega de subsidios y que no se canalizaran más recursos a una de las empresas involucradas en el Transurbano. Eso no sucedió y, al ser consultado sobre por qué no acudió a la Justicia, Fuentes dijo que no tenía pruebas suficientes.
Por su parte, cuando era trasladado a la sede del Poder Judicial, la Torre de Tribunales, Colom dijo: “Para nosotros todo es legal, pero esperemos qué es lo que el juez dice”. El ex presidente tenía previsto viajar esta semana a Honduras, donde presidiría la mesa de trabajo entre el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras que, de modo similar a la CICIG, es un tribunal especial de un organismo internacional –la Organización de Estados Americanos– que colabora con las investigaciones judiciales en ese país.
Estas aportaciones, según el MP y la CICIG, fueron ilegales, dado que en la legislación de Guatemala no existe ninguna normativa que permita este tipo de pagos a una entidad privada para la puesta en marcha de un sistema de transporte que compite en la capital con el Transmetro, perteneciente a la Municipalidad, y con los autobuses rojos, que operan sin ningún tipo de control.
Durante su mandato, Colom defendió la legalidad de estas aportaciones millonarias, que según recalcó, iban dirigidas a poner en marcha un sistema de transporte público seguro que fuera una alternativa a los autobuses rojos, que sufren casi a diario asaltos y asesinatos de pilotos y de pasajeros por parte de las pandillas.
Sin embargo, tanto desde la Procuraduría General de la Nación, como desde la Procuraduría de los Derechos Humanos se advirtió de que el Ejecutivo de Colom, perteneciente al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no podía destinar dinero público a una empresa privada.
Colom se convirtió en el segundo presidente en ser arrestado en los últimos años, ya que su sucesor, Otto Pérez Molina, tuvo que renunciar a su cargo y después fue detenido, también acusado de delitos de corrupción de los que se declara inocente.
MÉXICO
Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a «altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]». Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de sobornos se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso.
Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula (Estado de Hidalgo).
En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.
A principios de este mes de abril, la fiscalía mexicana citó a declarar al exdirector de Pemex y a otros 17 empleados de la empresa estatal que participaron en contratos con la constructora. Por su parte, la petrolera ha publicado los contratos firmados con Odebrecht.
La ramificación mexicana del caso atañe incluso al expresidente Felipe Calderón (en el poder entre 2002 y 2006) con la publicación de un correo electrónico de una filial de la constructora para intentar que Lula da Silva intercediera ante Calderón para beneficiar la inversión brasileña en México.
HONDURAS
El 28 de marzo del 2016, el expresidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994) se declaró culpable de participar en una trama de sobornos en la Concacaf cuando dirigía el futbol de su país.
Callejas admitió su culpabilidad por cargos de crimen organizado y fraude electrónico. El también expresidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre el 2002 y el 2015 es uno de los 42 individuos a quienes se les acusa de haber aceptado unos 200 millones de dólares en supuestos sobornos a cambio de derechos de transmisión y comercialización de varios eventos futbolísticos.
La pena máxima que podría afrontar callejas es de 20 años de cárcel.
PANAMÁ
Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.
Una jueza en Estados Unidos concedió libertad bajo fianza al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
La justicia tomó en cuenta su salud, edad y su condición de exmandatario. La fianza es de un millón de dólares y Martinelli deberá residir en su vivienda en Miami.
Martinelli está detenido en la cárcel federal de Miami desde el 12 de junio a la espera de que se defina el proceso de extradición que se le sigue en Panamá.
El exmandatario está acusado en su país por espiar conversaciones telefónicas y correos electrónicos, sin autorización judicial, de al menos unas 150 personas, incluyendo políticos, periodistas, empresarios y dirigentes sindicales. Además tiene pendientes más de media docenas procesos judiciales por diversas causas.
(CNN)
PERÚ
La trama de corrupción de Odebrecht salpica a varios expresidentes peruanos. La Fiscalía anticorrupción solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Toledo, residente en París, negó en una entrevista al programa Cuarto Poder haber recibido los sobornos denunciados. En febrero un juez ordenó detenerlo y emitió una orden de captura internacional. El Gobierno de Lima ofrece una recompensa de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) por informaciones que conduzcan a su apresamiento.
El expresidente, casado con una mujer judía con pasaporte israelí, recibió el pasado mes de febrero un portazo de las autoridades de Israel, que negaron la entrada al país. El presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que deportase a Toledo, que cuenta con permiso de residencia en Estados Unidos.
En los últimos meses el Gobierno de Perú ha congelado las cuentas bancarias, propiedades y vehículos de ocho empresas brasileñas, incluida la constructora, y el Congreso ha aprobado modificar la Constitución para que los delitos continuados de corrupción no prescriban. Kucyznski ha llegado a reconocer el impacto de la trama sobre las cuentas peruanas: «No podemos negar que el ‘caso Odebrecht’ es un freno a la economía», declaró a principios de marzo.
Toledo no es, sin embargo, el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del exmandatario Ollanta Humala, que dirigió el país entre 2011 y 2016, se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial y una declaración, difundida en Twitter por un exprocurador anticorrupción, en la que Marcelo Odebrecht confirmaba que había entregado tres millones de dólares a Humala para financiar la campaña electoral de 2011 del expresidente. Antes de estas revelaciones, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.
La trama salpica también a un expresidente anterior, Alan García, que presidió Perú en dos etapas (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011). El jefe del grupo especial de fiscales para el caso en Perú, Hamilton Castro, incorporó a principios de este mes de abril a García en la lista de investigados por supuestas irregularidades en la concesión, en 2008, de dos tramos de la línea uno del metro de Lima. En marzo Perú mandó detener a un alto cargo de la Administración Humala, Juan Carlos Zevallos, que presidió el organismo de supervisió de infraestructuras, por recibir presuntamente 750.000 dólares para favorecer la ejecución de dos tramos de la Carretera Interoceánica sur, la misma que implica a Toledo.
Además, en enero las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro. En suelo peruano, en abril se ha detenido a Félix Moreno, presidente de principal puerto peruano, el de Callao, acusado de recibir dos millones de dólares de sobornos de la compañía Odebrecht.
Pero no solo por la corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. La Administración peruana tuvo que cancelar en febrero el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Fue multado.
La economía peruana enfrenta un riesgo «muy grave» por un evento sistémico en el sector de la construcción, que ha estado bajo escrutinio por investigaciones a empresas con millonarias obras por ejecutarse, dijo este lunes la ministra de Economía, Claudia Cooper.
En una presentación en el Congreso, afirmó que la inversión pendiente de empresas vinculadas a actos de corrupción asciende a 30.000 millones de soles (US$9.191 millones), equivalente a un 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
«Hoy tenemos una situación en que la economía está en un riesgo muy grave, por un riesgo sistémico en el sector real, que es la construcción», dijo la ministra en el Parlamento.
La ministra acudió al Congreso a exponer el proyecto de ley que reemplazaría al Decreto de Urgencia 003, que asegura los proyectos de inversión cuyas empresas contratistas se han visto vinculadas al escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht.
Cooper afirmó que el proyecto que sustituirá al referido Decreto, asegura el pago para los trabajadores y proveedores que tengan las empresas condenadas o que hayan confesado actos de corrupción.
«Hoy tenemos una situación en que la economía está en un riesgo muy grave, por un riesgo sistémico en el sector real, que es la construcción», dijo la ministra en el Parlamento.
“En el fideicomiso, en el caso de las empresas condenadas o que han confesado, lo primero que tenemos es una retención del 50% del precio de venta neto, que es lo que más se aproxima a la utilidad (…) con esto estamos asegurando el pago de proveedores, trabajadores y otras deudas”, dijo.
Cooper explicó que el precio de venta es básicamente el valor de la empresa, menos las deudas que están asignadas al proyecto involucrado.
Obra pública y APP. “El fideicomiso también se carga con los pagos que se hace por obra pública, es decir, los pagos que hace el Estado cada vez que tenga que honrar ese tema, así como el cofinanciamiento por Asociaciones Público Privadas (APP), donde hay una retención del 10%”, señaló la ministra.
Indicó que ese fondo del fideicomiso estará en el Banco de la Nación, la cual es una entidad independiente y que no tiene ningún conflicto de interés con ninguna de las empresas involucradas.
“De esa manera ponemos en cautela, los bienes, los flujos y otros, para garantizar el pago de la futura reparación civil”, manifestó.
Cooper afirmó que el procurador público es quien establece el pago de la reparación civil, pero es el juez quien la determina, y esto es algo que se mantiene en el proyecto de ley, respecto al Decreto de Urgencia 003.
“Por otro lado, para las empresas condenadas o que han confesado, la deuda tributaria se cobra contra el fideicomiso, acá lo que no queremos es que la Sunat termine embargando proyectos que los haga inviables, pues si eso termina ocurriendo, el proveedor no cobra y el trabajador tampoco”, explicó.
Lima. El proyecto de ley que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado y busca la reactivación de la economía”, que reemplazaría al Decreto de Urgencia 003, debe priorizar a las empresas y los trabajadores, señaló este lunes el representante de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, Hugo Alache.
“Le hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que considere que las empresas y los trabajadores son prioritarios, no la reparación civil (…) la cuenta de fideicomiso debe ser para el pago de proveedores, trabajadores, seguridad social y la Sunat”, manifestó.
Alache sostuvo que el proyecto de ley del Ejecutivo ha eliminado ese punto, pues no considera a los proveedores, tema que vía telefónica le plantearon a los funcionarios del Viceministerio de Economía del MEF.
De igual forma, señaló que el monto dado por el Procurador Público de 3.400 millones de soles (US$1.100 millones) para la reparación civil, es una cantidad que no tiene sustento, como lo ha dicho el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
“Entonces, el tratar que el 50% vaya a la reparación civil, es la ruina”, manifestó.
Aseguró que el único resultado del D.U. 003 ha sido la quiebra de 169 empresas de un total 450. «Si en diciembre eran 147, a marzo de este año, el 80% ya estarán quebradas. Desde diciembre del 2016, más de 60 mil trabajadores se encuentran impagos», sostuvo.
“Este nuevo proyecto de ley dice claramente que la reparación civil tiene que basarse en las normas internacionales que han sido aplicadas en los 13 otros países donde Odebrecht ha cometido el mismo tema de corrupción, algo que en el Perú no se asumió”, añadió.
“Todo este proyecto está simplemente contra Odebrecht, al estar contra Odebrecht está contra los proveedores, quienes somos los únicos quebrados”, insistió.
Agregó que se tome en cuenta los artículos 6.3 y 6.2 de un proyecto del Legislativo, donde se da prioridad a los trabajadores y al pago de seguro social y la Sunat.
REPÚBLICA DOMINICANA
Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.
Según el acuerdo, «dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles». Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es «el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos».
VENEZUELA
Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.
Con información de Antonio Jiménez Barca, Gil Alessi, Tom C. Avendaño, Joan Faus, Javier Lafuente, Ana Marcos, Luis Pablo Beauregard, Raúl Tola y Carlos E. Cué.
iscales de Estados Unidos anunciaron el lunes cargos contra cinco exfuncionarios venezolanos acusados de pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a obtener un tratamiento favorable de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), informa Reuters.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue presentada en una corte federal en Houston, Texas, y fue hecha pública después de que España extraditase el viernes a César Rincón, uno de los exfuncionarios que trabajó como gerente general de Bariven, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos.
Entre los otros acusados figuran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela; Rafael Reiter, exjefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA; y Luis Carlos de León, exfuncionario de la compañía eléctrica estatal.
Rincón, Villalobos, Reiter y De León fueron arrestados en octubre en España por solicitud de las autoridades de Estados Unidos, en medio de una investigación internacional sobre sobornos en PDVSA.
De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia en España. La acusación también menciona a Alejandro Istúriz Chiesa, un exasistente del presidente de Bariven y quien permanece prófugo.
Los cinco enfrentan cargos de conspiración y lavado de dinero. De León y Villalobos fueron acusados además de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés).
Además, los fiscales estadounidenses creen que Rafael Ramírez, expresidente de la paraestatal venezolana PDVSA y exembajador ante la ONU, recibió sobornos como parte de una red multimillonaria de corrupción en la industria petrolera de Venezuela, según un funcionario al tanto de la investigación en Estados Unidos que recoge El Nuevo Herald.
Ramírez, que era uno de los funcionarios más poderosos de Venezuela hasta que renunció a su puesto en las Naciones Unidas en diciembre, es señalado de haber recibido, aunque no es formalmente encausado en un acta acusatoria contra otros cinco altos funcionarios que fue dada a conocer parcialmente el lunes.
Espectador.com
ROMPKBZA
