Desde el lunes pasado, la crisis del transporte público en el estado Vargas se agudizó porque no hay vehículos que cubran la ruta urbana Catia La Mar-Caribe. Escolares, personas de la tercera edad y el resto de los peatones deben caminar largos tramos desde las parroquias La Guaira, Maiquetía y Carlos Soublette hasta los planteles o lugares de destino; en el caso de las más zonas más distantes, como Caraballeda y Catia La Mar, los usuarios esperan hasta dos horas en una parada.

Sergio Cárdenas, presidente del Bloque Unido de Transporte, señaló que los conductores se cansaron de reunirse con las autoridades debido a que no obtienen respuesta sobre el incremento de las tarifas y consideró que no hay voluntad política para atender la emergencia del servicio. “El problema debería ser una de las prioridades del alcalde José Alejandro Terán, pero él está extraviado. Tengo 15 días esperando por una reunión con la que él se comprometió”.

Informó que desde el pasado lunes hay menos buses en circulación porque los choferes no tienen recursos para cubrir los gastos básicos de los vehículos. “Un litro de aceite de motor supera el millón de bolívares y una unidad requiere varios litros porque la flota es vieja. Con la actual tarifa solo obtenemos los ingresos suficientes para mantener el carro a media máquina. Preferimos tenerlos parados”, aseguró.

Señaló que no se puede presionar al sector sacando camiones convoy de la GNB para paliar la crisis. “Ese Plan Centella se convirtió también en una tortura para el usuario debido a que es lo único que está circulando en las vías, pero con cinco camiones no se resuelve el problema del servicio y, además, no son aptos para mujeres y niños. La solución no es solo un aumento de tarifa sino parar la inflación y de eso no se ocupan”.

La Cámara de Representantes del Congreso de Florida aprobó este jueves, de manera unánime, una medida que prohíbe al estado y a sus agencias realizar intercambios comerciales con empresas que hayan hecho negocios con el gobierno encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela.

La medida es una muestra de apoyo a los venezolanos y a “su batalla para restaurar la democracia” frente a un “dictador brutal”, según dijo la republicana Jeanette Nuñez, una de las promotoras de la medida.

La aprobación de la norma en la Cámara Baja se da después de que el gobernador de Florida, Rick Scott, ratificara esta semana, en un encuentro con la comunidad venezolana radicada en este estado, que daría todo su apoyo a medidas que permitan acabar con el régimen de Maduro.

El gobernador de Florida, donde se asienta la más grande comunidad de venezolanos en EE UU, ha sido un crítico del gobierno de Maduro. En octubre de 2017 presentó también una medida que prohibía inversiones de este estado que beneficiaran al régimen venezolano.

“El régimen de Maduro está hiriendo y oprimiendo a las familias venezolanas cada día más y he sido absolutamente claro de que el Estado de Florida no lo tolerará”, señaló hoy Scott por medio de un comunicado.

En el Senado la medida pasó ya un comité y le restan otros dos antes de alcanzar el pleno de la Cámara Alta para su debate.

Uno de los promotores de la iniciativa en el Senado, José Javier Rodríguez, indicó que el voto unánime a favor de la medida en la Cámara de Representantes constituye un apoyo al pueblo venezolano y a “la causa de la libertad y de la democracia” en esa nación.

“Debemos continuar presionando a las agencias estatales para evitar la inversión de los dólares de nuestros contribuyentes en compañías que apoyan regímenes dictatoriales y opresivos como el de Maduro en Venezuela”, manifestó el senador.

Rodríguez resaltó que la medida es una respuesta a la compra que hizo en 2017 Goldman Sachs de bonos emitidos por Pdvsa por un monto de 2.800 millones de dólares.

Antonio Ledezma se reunió con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para pedirle aplicar sanciones personalizadas para los violadores de derechos humanos en Venezuela y su respaldo a las incidencias que tramita la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«Solicitamos aplicar sanciones personalizadas para violadores de derechos humanos y respaldo para incidencias que tramita Corte Penal internacional», indicó Ledezma en su cuenta de Twitter tras el encuentro con Kuczynski.

El ex alcalde de Caracas acompañó el mensaje con una fotografía de su reunión con Kuczynski y la canciller peruana, Cayetana Aljovín, en la casa del mandatario en Lima.

Además, agradeció a Kuczynski por el apoyo al exilio venezolano, tras constatar en Lima el alto número de venezolanos solicitando un permiso temporal de trabajo ante la oficina de Migraciones.

Horas antes, Ledezma criticó que Maduro piense asistir a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril próximo y aseguró que el mandatario es un genocida que ha sido acusado ante el Tribunal Penal de La Haya.

«No entiendo qué viene a hacer a la Cumbre de las Américas un genocida como Nicolás Maduro, que además está acusado de crímenes de lesa humanidad actualmente en el Tribunal Penal de La Haya. Cursa ya un expediente muy bien documentado introducido por la fiscal Luisa Ortega», declaró Ledezma en una emisora.

Ledezma afirmó que el pasado 15 de enero el ex policía sublevado Óscar Pérez fue víctima de un asesinato extrajudicial que constituye un crimen de lesa humanidad.

«Venezuela es adherente al Estatuto de Roma. Este caso de ajusticiamiento extrajudicial a Pérez se produjo en vivo y en directo. Gente rendida, por órdenes de Nicolás Maduro, fueron acribillados. Eso encaja en el artículo 8 de crímenes de guerra», sostuvo.

Ledezma pidió que los países de América Latina apliquen sanciones personalizadas contra el gobierno de Maduro, tal como han hecho la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

«No se trata de mensajes de compasión. Se trata de solidaridad efectiva. Le voy a pedir al presidente Kuczynski que América Latina aplique sanciones», sostuvo.

El ex alcalde de Caracas aseguró, además, que en Venezuela opera una mafia y que su país está en manos de bandas de narcotraficantes.

«Según la oficina de Viena de Naciones Unidas, queda claro que 60% de la cocaína que llega a Europa proviene de Venezuela», acotó.

Ledezma permanecía en arresto domiciliario desde 2015, acusado de conspiración y asociación criminal, pero huyó de su país el 17 de noviembre pasado a través de la frontera con Colombia, desde donde tomó un vuelo a España y anunció una gira internacional para denunciar al gobierno de Maduro.

Los transportistas que cubren las rutas de la ciudad de Caracas, acordaron en asamblea aumentar la tarifa del servicio y cobrar el pasaje unificado de 3.000 bolívares para cualquier trayecto en la capital, lo que representará un incremento de 200% en un mes.

Luis Colmenares, presidente del Bloque Este, señaló que con este aumento se busca que las pocas unidades que aún prestan servicio continúen funcionando, pese al elevado precio de los repuestos. “Hacemos todo por sobrevivir porque también padecemos la mala administración de este gobierno”, dijo.

Indicó que la decisión fue acordada por los cinco bloques debido a que no recibieron respuesta del ministro de Transporte, Carlos Osorio, quien se negó a aprobar el reajuste de la tarifa a 2.000 bolívares que plantearon los conductores a finales de diciembre. “Le comunicamos que era justo cobrar 2.000 bolívares a comienzos de 2018 y no lo implementó, por lo que incrementaremos el pasaje a 3.000 bolívares desde el jueves 1º de febrero si no se reúne con nosotros”.

El reajuste del pasaje a 280 bolívares fue el último publicado en Gaceta Oficial el 25 de agosto de 2017, por lo que Colmenares solicitó al Ministerio del Transporte autorizar el aumento de 100% en un marco de legalidad. “No podemos seguir esperando por la resolución. Nuestra situación es crítica y ahora tenemos una sola voz”.

Colmenares aseguró que los cinco bloques paralizarán el servicio el martes próximo en toda Caracas también para exigir al gobierno la dotación de aceite, cauchos y repuestos que desde hace meses no reciben.

Pasaje condicionado. Los transportistas reaccionaron de esa manera al anuncio presidencial  de implementar el carnet de la patria en un lapso mínimo de 30 días, como mecanismo de pago para el transporte público. Colmenares cuestionó esa decisión luego de considerarla inviable ante la falta de equipos y recursos para su activación. “Si en dos años nunca funcionó el sistema de pago para el pasaje estudiantil, ¿cómo pretenden hacer esto? ¿Con cuáles máquinas? No es viable”, indicó.

Pedro Jiménez, presidente del Bloque Suroeste, tildó de irresponsable la propuesta de Nicolás Maduro. “No fuimos consultados y no entendemos de qué se trata ni cómo funcionaría ese mecanismo”. Desestimó las acusaciones de desvío de recursos destinados al pago de pasaje estudiantil. “Me imagino que se referirán a Fontur, porque es a ellos y a sus gerentes a quienes les llegan los recursos”, señaló.

Inversión para el Metro

Ricardo Sansone, miembro de la ONG Familiametro, explicó que la implementación del carnet de la patria para cancelar el servicio del Metro requiere unas modificaciones técnicas que ameritarían tiempo e inversión. Una plataforma tecnológica a través de un hardware que se active en cada uno de los torniquetes y un sistema de pago online serían indispensables. “Lo lógico es unificar el funcionamiento de las tarjetas de pago de Sitssa y el  ferrocarril, pero desconozco con qué lenguaje o chip trabaja el carnet de la patria”, refirió.