Caracas, 20 de enero de 2018
Nosotros, integrantes del Bloque Constitucional de Venezuela, respaldamos firmemente la Exhortación de los Obispos venezolanos en ocasión de celebrar su CIX Asamblea Ordinaria Plenaria, en fecha 12 de enero de 2018, por considerar que el documento describe la realidad de la tragedia social que padece actualmente el pueblo venezolano y con verdadera sensibilidad pastoral, ilustra las tareas que debe asumir la población ante la emergencia económica de cara al cambio de rumbo que se necesita para recuperar la prosperidad de la Nación. En tal sentido:
El llamado que nos hace la Iglesia a despertar y reaccionar, nos motiva civilmente a activarnos para enfrentar a un régimen totalitario y rentista, infectado por el morbo de la corrupción, que con su actitud indolente ha permitido la muerte por hambre y enfermedad de miles de venezolanos; que menosprecia la vida de quienes por culpa de sus ejecutorias públicas se arriesgan a huir del territorio en condiciones precarias; un régimen que se exhibe sin contención frente a acólitas instituciones que incumplen su deber de controlarlo; que viola los derechos humanos, haciendo uso desproporcionado de la fuerza en contra de civiles disidentes e irrespeta los pactos y tratados internacionales sobre el uso de las armas de guerra contra civiles, la fuerza pública y el tratamiento a personas en situación de entrega y rendición, llegando al extremo de ajusticiar a quienes lo adversen, desobedeciendo los mandatos constitucionales que establecen que “el derecho a la vida es inviolable”.
El diálogo y las negociaciones entre el régimen y los representantes de la MUD, en las condiciones que se dio, estaba inexorablemente condenado al fracaso pues, no lo precedieron las condiciones mínimas de reconocimiento y respeto institucional entre los interlocutores; y, no hubo transparencia en la fijación de los objetivos ni en el establecimiento de la agenda. Por ello, sus resultados efectivos, de haberlos tenido, no gozarían de la confianza y credibilidad de la población.
Requerimos de manera urgente transitar el camino de la recuperación socio-económica del país, y al mismo tempo, el respeto de los entes públicos a los derechos fundamentales del ciudadano; por eso el Bloque Constitucional comparte la gran dosis de esperanza que poseen las acciones ciudadanas concretas que, inspiradas en las palabras de la Iglesia y en su doctrina católica, contribuyan con el cambio en la conducción polítco-institucional del país.
Para ello, los retos de un nuevo gobierno de unidad nacional deben estar orientados en una primera etapa de transición, a detener el colapso provocado por el actual régimen, atendiendo con carácter de emergencia nacional temas coyunturalmente básicos del venezolano como lo son, el producir alimentos; detener la inflación; recuperar la estabilidad de precios y el valor de nuestra moneda; reactivar la industria petrolera; incentivar el empleo y reducir el subempleo de la administración pública; redimensionar la agricultura y hacerla tecnificada, moderna y diversificada como eje central de la producción de alimentos y materias primas para la industria; establecer un sistema tributario justo; examinar y renegociar la deuda externa; y, compartir con la economía privada el gasto social.
Estas tareas económicas garantizarían la recuperación inmediata de un nivel aceptable en los costos y beneficios propios de una anhelada convivencia colectiva de los ciudadanos de todos los sectores, hoy perdida en Venezuela a causa del desempeño de un régimen que permanentemente arremete contra la empresa privada y el emprendimiento económico de los particulares.
Paralelo a lo anterior, se impone una serie de tareas encaminadas a restablecer la continuidad de los servicios públicos con los estándares mundiales de calidad y respeto a la condición humana; adecentar los cuerpos de seguridad y reorientar las actividades de los componentes de la Fuerza Armada Nacional al estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales, sin llegar a ser nunca más, instrumentos al servicio de una parcialidad política.
En el orden institucional, los cambios que debe provocar un nuevo gobierno no son menos apremiantes sustituir los integrantes de los poderes públicos no puede quedar sólo en el electoral y en la revisión a fondo de su sistema, pues resulta indispensable también, nombrar los Magistrados del TSJ y remover a los miembros del Poder Ciudadano, ya que todos ellos son serviles a una ideología totalitaria. Solo así comenzaría el proceso de consolidación de la necesaria independencia y autonomía de los poderes, hoy inexistente.
El Bloque Constitucional realizó grandes esfuerzos en enero de 2016 ante la Asamblea Nacional para que se designaran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dado que aquellos elegidos en diciembre de 2015 lo fueron de manera espuria; sólo fue el 21 de julio de 2017 cuando la Asamblea Nacional eligió y juramentó una renovación parcial de magistrados del Tribunal Supremo. A los 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en este último proceso, con apego a las normas constitucionales, el régimen no les permito instalarse en sus respectivas Salas, y al ser perseguidos decidieron hacerlo en el exterior. Por tanto, el Tribunal Supremo de Justicia tiene hoy en sus Salas personas que no son magistrados al haber sido sustituidos por los que legítimamente designó la Asamblea Nacional, y por tanto, son nulas de pleno derecho todas sus decisiones y sentencias en cualesquiera de sus Salas.
Es cierto, la democracia volverá a fortalecerse el día en que cada persona mayor de 18 años, venezolana, pueda volver a ejercer su voto libremente, sin coacción ni represalias de ningún tipo; pero al mismo tempo, volveremos a ser República el día en que el valor político de esa voluntad individual manifestada en un voto, se respete y esté garantizada. Sin instituciones autónomas e independientes eso no es posible.
Capítulo especial en la transición, será el tema del rescate de la Justicia. La Justicia en la Venezuela “Madurista”, se compra y se vende por dinero o a cambio de beneficios, prebendas o nombramientos, convirtiéndose en una de las causas de nuestra opresión, judicializando la represión y criminalizando la política.
Tenemos hoy un poder judicial que junto a la perversa estrategia de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, han logrado desestabilizar al país institucionalmente, convirtiéndose ambos en la práctica, en eficaces instrumentos de la estrategia de persecución política del régimen. El compromiso que asume el Bloque Constitucional de Venezuela, es contribuir con la reinstitucionalización de la Justicia en Venezuela, lo que supone desarrollar acciones vinculadas al desarrollo de una amplia y permanente jornada de trabajo durante todo el año 2018 que contribuya al consenso necesario para el cambio político y la reinstauración de la democracia, que con mucho sacrificio una generación de insignes venezolanos recuperó el 23 de Enero de 1958.
El Bloque Constitucional, consciente de la importancia de la participación de la comunidad internacional en la crisis que sufre Venezuela, hará llegar copia del presente pronunciamiento a las organizaciones internacionales y los gobiernos interesados en su solución.
Con este acuerdo de apoyo del Bloque Constitucional de Venezuela a la exhortación pública hecha por los Obispos venezolanos, queremos despertar las fibras republicanas de la mayoría de los ciudadanos para trabajar juntos por el rescate de Venezuela.
Por el Bloque Constitucional de Venezuela:
Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y Rene Molina Galicia.
Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha.
Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael, Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Iván Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero.
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidenta), Norma Delgado Aceituno, Jorge Otaiza.
Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres (Zulia).
