Como si algo faltara en la trama urdida por el gobierno para capturar y “neutralizar”, como suele decirse ahora, al grupo rebelde que comandaba el ex policía y piloto Oscar Pérez, las agencias de noticias traen a nuestra consideración un elemento nuevo: la opinión de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien está residenciada en Bogotá gracias a la protección que le ha otorgado el presidente Juan Manuel Santos.
Para la antigua jefa del Ministerio Público, según la agencia AFP, lo ocurrido con Oscar Pérez no es otra cosa que una “ejecución extrajudicial vista por el mundo entero (…) donde no se garantizó la vida de estos jóvenes”.
Pero la fiscal Ortega no se detuvo en esa sentencia tan radical, sino que fue más allá y aseguró que Oscar Pérez y una media docena de sus compañeros de la llamada Resistencia fueron “masacrados por las fuerzas militares y policiales”. Tales señalamientos tocan directamente no solo a quienes comandaron las fuerzas que actuaron en la “batalla de El Junquito”, sino que abarcan también (y esto es lo más grave) a los altos mandos del gobierno que dieron su consentimiento a una operación de represalia, atropellada y torpe, cuyo resultado estaba prácticamente previsto dada la magnitud de las fuerzas desplegadas para rendir y capturar a un grupo bien armado pero muy pequeño en cuanto a sus integrantes.
Tal despliegue de fuerzas hundió la misión desde el comienzo y puso en evidencia que la operación contra Oscar Pérez iba más allá de su captura, tal como sucedió finalmente. Para mayor indigencia mental, las fuerzas del oficialismo arrastraron refuerzos de cuerpos paralelos (los llamados colectivos) que nada tenían que buscar en un operativo netamente policial y, siendo condescendiente, militar.
Pero como es bien sabido y olvidado, si algo puede suceder… sucederá. Los refuerzos de las bandas armadas oficialistas, que por nada del mundo tenían que estar allí, fueron tiroteados mortalmente por el grupo rebelde y, para mayor humillación, uno de sus jefes más “representativos” no sobrevivió a la batalla. ¿Qué motivó al gobierno de Maduro a exponer a su gente de confianza a un riesgo tan extremadamente peligroso?
La respuesta está a la vuelta de la esquina: la guerra al interior del partido del oficialismo, PSUV, en el cual a falta de un jefe férreo y dominante como Chávez, medran jefecillos sin mayores atractivos que no sean sus baladronadas y sus actos de fuerza para hacer sentir en medio de la mediocridad. Movilizar tanquetas, usar armas de guerra y desplegar una fuerza ridículamente desproporcionada para liquidar a un pequeño, aunque audaz enemigo que luchó hasta la muerte, es y será un error que nadie puede ocultar.
Indica, además, la gran dispersión de esfuerzos de un gobierno con muchos cabecillas pero huérfano de jefes que, por ello mismo, pueden quebrarse en minúsculas situaciones de emergencia y peligro. Esta muerte de Oscar Pérez y su grupo rebelde de Soldados en Franela, como se hacen llamar, nos muestra una cara de una Venezuela que está al arbitrio de un juego de dados, de una suerte que puede o no llegar a su destino.
Editorial de El Nacional
