En la medicatura forense de Bello Monte afirmaron que el gobierno pretende aplicar un procedimiento de incineración similar al del Picure, mientras reinaba el hermetismo sobre los hechos
Un fuerte despliegue militar cerró ayer los accesos a la morgue de Bello Monte que comenzó el lunes en la noche. Funcionarios militares indicaban que se trataba de un tema “de seguridad de Estado”, y había una razón: el cadáver del ex inspector del Cicpc Óscar Pérez permanecía allí desde el lunes a las 6:30 pm, se conoció de forma extraoficial. Un empleado de la morgue, que pidió reservar su identidad, informó que sobre el posible reclamo, que aún no se había producido por parte de familiares de Pérez, existía “una orden del gobierno: aplicar similar procedimiento que el de José Antonio “El Picure” Tovar Colina (ocurrida en mayo de 2016) cuyo cadáver fue cremado para no entregárselos a sus deudos”.
Sin embargo, Danahis Vivas, esposa del ex policía, pidió al gobierno desde el exterior que le de acceso a la identificación del cadáver. “La familia exige al gobierno de Venezuela que permita identificar el cuerpo de Óscar Pérez. No autorizamos su cremación”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.
Uno de los seis cuerpos ingresados junto con el de Pérez fue entregado a sus familiares. Se trata de José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Los parientes no quisieron hablar con la prensa.
El hermetismo persistió en la medicatura forense. Nadie comentaba la operación policial que culminó con la muerte del ex jefe de Operaciones de la División Aérea y Brigada de Acciones Especiales del Cicpc y de sus otros seis acompañantes, ni tampoco de la muerte de Henkel Vásquez, líder del colectivo Las Tres Raíces de la parroquia 23 de Enero, durante la misma acción, en la urbanización El Araguaney situada en el kilómetro 16 de El Junquito.
Confirmación tardía. Transcurridas más de 24 horas de los hechos registrados en El Junquito, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en rueda de prensa, solo a medios del Estado, sobre la muerte de Óscar Pérez junto con seis de sus acompañantes.
Sobre los hechos, Reverol expresó: “Una célula terrorista se enfrentó a varias comisiones, donde cayeron dos funcionarios policiales y siete miembros del grupo de Óscar Pérez, ex funcionario del Cicpc”.
Además de Pérez, entre los fallecidos mencionó a Daniel Soto, Abraham Lugo, José Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Israel Agostini, Lisbeth Ramírez Mantilla. “A pesar de tratar de negociar la rendición pacífica, iniciaron de manera violenta el enfrentamiento en contra de los funcionarios”, dijo Reverol al ignorar el último mensaje del ex policía, transmitido por video en Instagram: “Estamos heridos y nos están disparando”, dijo Pérez, y gritó: Nos vamos a entregar, no sigan disparando”.
Reverol identificó a cinco detenidos como Javier Dejón González, quien presuntamente suministraba material terrorista; Juan Carlos Urdaneta, encargado de la logística; Eva María Lugo; Antonio Pérez; William Sequera, por ser dueño del vehículo de traslado, y Vanessa Lugo. El grupo recibía financiamiento del exterior”, aseguró sin especificar el país origen del presunto financiamiento. Tampoco mencionó la detención de William Aguado, médico de la PNB y supuesto propietario de la casa donde se ocultaba Pérez y su grupo en El Junquito, en su apartamento en Caricuao, se informó extraoficialmente.
Añadió que los aprehendidos serían juzgados por terrorismo.
Sobre la forma cómo ubicaron a Pérez, Reverol dijo: “En el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista, dónde se encontraba y nos llevó a un lugar en la parroquia El Junquito del distrito capital”. Luego añadió que el grupo fue rastreado después de que uno de los integrantes ofreció una entrevista para un canal de televisión que no mencionó, pero que es CNN en Español.
Allegados a Pérez, no obstante, tienen otra impresión sobre cómo dieron con su paradero. “Ellos fallaron en el principio básico de toda operación táctica: quedarse dos noches seguidas en el mismo lugar, en eso pecaron, ellos sabían a lo que se estaban arriesgando”, dijo el comisario retirado del Cicpc Armando Marcano, compañero de labores de Óscar Pérez.
Marcano calificó al ex policía como “el único hombre que burló la seguridad del país, su mayor debilidad y eso causó molestia, porque dejó ver que quienes rigen el gobierno son unos ineptos”, dijo al hacer referencia al vuelo en helicóptero que realizó Pérez el 27 de junio de 2017, desde donde lanzó unas bombas sonoras en las adyacencias de la sede del TSJ.
Por ROSIBEL CRISTINA GONZÁLEZ
RCGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
PERFILES:
Policía desde chiquito
Óscar Pérez creció en los pasillos del Cicpc de Parque Carabobo. Su madre, Aminta Rosa Pérez Carrero, se desempeñó como secretaria de ese organismo en las áreas: Experticia de vehículos y Homicidios, a mediados de los años 70.
Tirsa Antuárez, comisario jubilada del cuerpo detectivesco y allegada a la familia, señaló que Pérez “siempre quiso ser policía y despertó interés en la investigación. Era un muchachito que metía la nariz en todo”.
Su trayectoria como funcionario lo llevó a ocupar la jefatura de Operaciones en la División Aérea y en la Brigada de Acciones Especiales.
“Era un muchacho rebelde, con ideales de libertad. Incorruptible, fiel al uniforme y a la institución. Tenía mucho parecido con su madre, los mismos ojos y la sonrisa pícara”.
Luego de los hechos del 27 de junio del 2017, Óscar Pérez envió a su esposa, Danahis Vivas, junto con sus tres hijos a la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora en México, desde los últimos meses del año pasado.
Un líder con antecedentes
Heiker Vásquez se convirtió en líder del colectivo Las Tres Raíces, de la parroquia 23 de Enero, por su apego al proceso revolucionario que comenzó Chávez y por su relación con Freddy Bernal, ex jefe policial del grupo CETA de la PM, quien manejó los colectivos de ese sector donde fue elegido como el diputado que más votos recibió en las primeras elecciones legislativas de 1998. Con Bernal, quien coordina los Comité Locales de Abastecimiento y Producción como ministro, logró el control de la distribución de la comida que el gobierno reparte en sectores populares. El Ministerio Público, durante la gestión de Luisa Ortega, abrió seis expedientes por siete homicidios y extorsión. Vásquez se sumó a los cuerpos policiales en la operación de captura de Pérez. Allegados no descartan que Vásquez fue llamado al lugar, como lo hicieron con Juancho Montoya, quien fue miembro del grupo Carapaica de Policaracas, en los hechos del 18 de febrero de 2014
