Acción Democrática no está dispuesta a renunciar a 75 años de trayectoria y, aunque ve en la nueva validación de partidos –ordenada por la asamblea nacional constituyente– un acto que viola la Constitución y los derechos políticos de los ciudadanos, asistirá “para no abandonar espacios democráticos”.

El diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de AD, calificó como un exabrupto la medida tomada por la instancia oficialista con la cual se pretende desarticular de las fuerzas opositoras más importantes en el país.

“Para nadie es un secreto que esta decisión es de carácter político y viola toda norma constituida en el país. Pero no es por la vía del abuso de poder y los obstáculos para evitar la participación ciudadana que el chavismo se mantenga en el gobierno”, dijo.

Zambrano resaltó que la una nueva revalidación de las nóminas de los partidos “constituye un adefesio jurídico, pero a la vez un reto para los partidos de la policromía. Habrá que ir con un pañuelo en la cara, con la nariz tapada, pero con mayor contundencia y categoría que en el proceso reciente en el que no hubo oportunidad para que todos los que pudieran participar lo hicieran”.

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, dijo que la decisión de la constituyente contradice la norma del Poder Electoral, en cuanto a la renovación de las nóminas de las organizaciones partidistas. Enfatizó en que no debe ser reconocida ni acatada, pese al costo político que esta pueda tener.

“Es ilegal e inconstitucional porque la Ley de participación política establece un supuesto en el que se refiere a la no participación en dos procesos electorales nacionales de forma consecutiva. Sin embargo, ese supuesto no aplica en este caso ni para Primero Justicia ni Acción Democrática, ni Voluntad Popular porque solamente dejaron de participar en un proceso municipal”, dijo el diputado.

Agregó que la ANC está otra vez actuando al margen de sus competencias y usurpa funciones de otros poderes: “Aunque esa constituyente no se hubiera consumado mediante un fraude, no tiene facultad para modificar las leyes. No obstante, si fuese legítima su prioridad debe ser la redacción de un texto para modificación o creación de una nueva Constitución. Hacer leyes usurpa competencias de otros poderes”.

Indicó que Primero Justicia aún no define si asistirá al proceso, pero esta semana se reunirán para abordar el asunto. Voluntad Popular comenzó ayer las discusiones internas; el diputado Juan Guaidó dijo que la decisión se tomará dentro de la organización.

Entre marzo y abril del año pasado los principales de oposición renovaron sus nóminas, a pesar de los obstáculos que se presentaron durante la actividad.

La mañana de este martes la Línea 2 del Metro de Caracas presentó un fuerte retraso.

Usuarios de Twitter reportaron que en la estación Las Adjuntas esperaron hasta media hora para poder abordar un tren. En la estación Ruiz Pineda llegaron dos trenes en una hora.

La cuenta oficial de Twitter del Metro de Caracas informó que en la estación La Yaguara había alta demanda de usuarios para las 7:46 am.

La estatal de transporte aseguró que hacía todo lo posible por atender la situación y liberar los andenes.

La noche de este lunes, Ciudad Guayana (estado Bolívar) volvió a presentar disturbios y robos a comercios en varios sectores.

Pableysa Ostos, periodista de la fuente de sucesos, señaló que reportes de las localidades detallan que personas intentaron abrir o lograron saquear locales en los sectores Las Amazonas, Villa Bahía, Las Teodokildas y la UD-145. Esta situación se prolongó hasta la madrugada del martes.

Hasta que los funcionarios llegaron y lograron controlar la situación al menos 6 comercios fueron violentados. Para la mañana de este martes, más de 20 personas han sido detenidas por lo ocurrido.

El domingo hubo saqueos en varios comercios, principalmente en los sectores Las Malvinas y UD-146. Desde ese momento funcionarios mantuvieron esos sectores resguardados, al igual que las zonas Core 8, Alta Vista, el Centro de San Félix, UD-145 y Castillito.

Tras la noche del domingo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron allanamientos en Las Malvinas y UD-146 donde recuperaron parte de los productos robados. De este operativo también resultaron varios aprehendidos.

Representantes de la ONG Fundación de Derechos Civiles y Equidad denunciaron que ayer cuando se presentaron en el tribunal para constatar el estado jurídico de Andrea González, Betty Grossi y Juan Miguel de Sousa, que fueron liberados el 23 de diciembre por orden de la comisión de la verdad de la asamblea nacional constituyente, les informaron que estas personas se encuentran libres bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad y no en libertad plena.

Joel García, vicepresidente de la ONG, manifestó que el Tribunal 1° en función de Juicio con jurisdicción nacional y competencia en delitos asociados al terrorismo contradijo el acta de liberación suscrita por el Sebin, en la cual establece que los ciudadanos quedaban en libertad plena.

“Ellos firmaron un acta en la que decía que quedaban en libertad plena por decisión de la presidente de la comisión de la verdad, Delcy Rodríguez. Ahora el tribunal nos informa que tienen una medida cautelar y que el juicio de apertura es hoy”, expresó. Indicó que la audiencia quedó diferida para el 7 de febrero por incomparecencia del Ministerio Público.

Otros de los liberados ese día fueron 12 de los 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao que fueron procesados por la muerte del periodista Ricardo Durán.

Su abogado Zoraida Castillo exigió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el traslado del expediente al Tribunal 7° de Control –que conoce de la causa– para así gestionar el sobreseimiento del caso, una vez que sean liberados los dos polichacaos que permanecen detenidos en el Sebin de El Helicoide.

Los funcionarios tienen boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016, la cual fue ratificada el 3 de enero de 2017 por el tribunal, la defensa y el Ministerio Público.

Castillo manifestó que desconocen la razón por la cual dejaron presos al comisionado y al supervisor de Polichacao, Fred Mavarez y Reggie Jackson Andrades, respectivamente. “Con la misma arbitrariedad que metieron preso a los 14, dejaron detenidos a ellos 2. La orden de libertad es una sola y tiene los 14 nombres”, agregó.

Los 12 policías liberados deben presentarse cada 15 días en el tribunal que lleva la causa. Su abogado espera que la medida cautelar sea por poco tiempo, ya que la boleta de excarcelación solicita la libertad plena de los funcionarios.

Castillo informó que el próximo paso jurídico es solicitar el sobreseimiento de la causa, debido a que no hay elementos suficientes para acusarlos. Afirmó que esto fue admitido por el fiscal del Ministerio Público que investigó el hecho. Sin embargo, indicó que, por ahora, el tribunal que conoce del expediente no puede decidir sobre el caso porque desde mayo del año pasado el expediente reposa en poder del presidente del Tribunal Supremo. “La causa está paralizada. Exigimos que se envié el expediente al tribunal correspondiente”, acotó.