Transcurrieron más de dos meses en los que los familiares de Nelson Luis Reyes Medina, de 23 años de edad, lo buscaban por distintas sedes policiales y hospitales de Caracas. El jueves 4 de enero recibieron una llamada de una amiga de la familia que trabaja en el hospital Ana Pérez de León, en la que les avisaron la mala noticia: habían encontrado el cadáver de un hombre que presentaba una herida en la cabeza ocasionada por un objeto contundente, en el Puente Independencia, en la autopista Francisco Fajardo, con una tarjeta de débito que pertenecía a Reyes Medina. El cuerpo lo habían ingresado en la morgue de ese centro de salud.

El 22 de octubre a las 12:00 de la noche Reyes Medina se dispuso a salir junto con dos amigos al club nocturno de ambiente Triskel, ubicado en Altamira. Salió de su casa, localizada en el sector Los Alpes, en El Cementerio, y llegó a ese local, donde, de acuerdo con los familiares, se separó de sus acompañantes y acordaron encontrarse horas después para irse del sitio. Cuando ya eran las 5:00 am, uno de los amigos intentó encontrarlo sin éxito. Por ello tomó un taxi hasta su vivienda y después le escribió a Reyes Medina un mensaje privado por Facebook, relataron los parientes.

El martes siguiente a la fecha de su desaparición, la hermana de la víctima pudo ingresar a la cuenta de su hermano en esa red social y fue cuando leyó el texto que había recibido del amigo. Desde el momento de su desaparición sus números telefónicos se encontraban fuera de servicio. Inmediatamente interpusieron la denuncia en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y, aunque también lo buscaban por cuenta propia, no pudieron hallarlo.

Una vez informados el jueves 4 de la trágica noticia del hallazgo, los familiares de Reyes Medina se presentaron en la medicatura forense de Bello Monte a donde fue llevado el cadáver para esperar los exámenes de identificación realizados por los antropólogos. Debido a que el cuerpo estaba en un muy avanzado estado de descomposición y no podían identificarlo a primera vista, tenían la esperanza de que no se tratara de Reyes Medina más allá de que en uno de los bolsillos de su pantalón había una tarjeta de débito con su nombre. Sin embargo, los análisis les fueron entregados y con ellos se desvanecieron las esperanzas albergadas por los parientes.

Familiares consternados por el hecho dijeron que Reyes Medina estaba desempleado, luego de trabajar en una clínica en el CCCT.

Los familiares de Nelson Luis Reyes Medina desconocen el móvil del asesinato y aseguraron que él siempre acostumbraba a salir de fiestas, aunque nunca había desaparecido por tanto tiempo. Es por ello que debido a su ausencia prolongada, decidieron emprender la búsqueda de su paradero. Anteriormente los parientes se habían trasladado a la morgue de Bello Monte para verificar si se encontraba ahí. No obstante, en esa oportunidad no lograron hallarlo.

La osamenta de Joel Henrique Sanz, de 33 años de edad, fue localizada por vecinos en una playa del sector Caño Madrid, en Higuerote, el 18 de diciembre. Casi un mes después, los familiares aguardaban ayer la identificación del cadáver para poder retirarlo. Ellos relataron que después del hallazgo los residentes reportaron la situación al Cicpc, organismo encargado de la investigación criminal, pero los funcionarios nunca se presentaron en el lugar para levantar el cadáver. Por esa razón decidieron incinerarlo, pues el mal olor que se desprendía debido a la descomposición les impedía realizar sus actividades, como recolectar guacucos en la orilla de la playa.

Los parientes aseguraron que Henrique Sanz se encontraba desaparecido desde el 10 de diciembre cuando salió de su vivienda en Higuerote a las 7:00 am para dirigirse a trabajar como agricultor. Pasaron los días y no aparecía. Por ello empezaron a buscarlo sin éxito alguno. De acuerdo con lo narrado por sus familiares, Sanz presuntamente robaba cacao en una finca cuando lo sorprendieron y lo mataron.

El 20 de diciembre fue trasladado a la morgue de Bello Monte, donde se le realizaron los estudios odontológicos forenses correspondientes para su identificación y fue allí donde les notificaron a sus allegados que se trataba de Henrique Sanz, quien deja huérfano a un niño de 5 años de edad y a un adolescente de 13 años de edad.

La investigación del asesinato quedó a cargo del Eje de Homicidios del Cicpc de Higuerote con la finalidad de aclarar los hechos que condujeron a su muerte.

Habitantes afirman que el sector Caño Madrid está a merced de la delincuencia y que es una de las zonas más peligrosas de Higuerote. “Vas para allá y es un atraco seguro. Allí se reúnen quienes delinquen y es muy riesgoso pasar por ahí”, señalaron.

Mayas la noche de este lunes mientras que la parte superior fue hallada en la avenida Fuerzas Armadas en un contenedor de basura.

La periodista Lysaura Fuentes señaló que la parte inferior del cadáver fue encontrada por un grupo de indigentes que hurgaban en la basura mientras que la parte superior la hallaron trabajadores de Supracaracas en el botadero de basura de la carretera vía La Mariposa.

El hombre presentó un tiro en la cabeza  según lo informado por el periodista Román Camacho.

Las autoridades no han informado el motivo del asesinato. Sin embargo, ya realizaron las labores pertinentes para el levantamiento de los restos.

Habitantes del sector Bajo Pauji cerraron el acceso de vehículos en Los Naranjos (municipio El Hatillo). Protestan debido a que desde hace tres semanas no cuentan con servicio de agua.

Usuarios de las redes sociales informaron que el tránsito en ambos sentidos fue cerrado por los habitantes quienes exigen a Hidrocapital que les dé una respuesta por las fallas en el servicio.

Los ciudadanos señalan que funcionarios de la Policía de Baruta cerraron el paso en Cerro Verde para desviar a los vehículos.

El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, recomendó a los usuarios de la mencionadas vías utilizar la ruta de Los Solares.

Los habitantes exigen la presencia del presidente de Hidrocapital, Eddison Torrealba.

Los más recientes ataques contra los comercios pequeños, medianos y grandes, mediante la modalidad del saqueo controlado que aplica la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, son parte del plan del gobierno de Nicolás Maduro ejecutado desde hace dos años para criminalizar y destruir el aparato productivo del país, advirtió la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios.

El presidente de Atraem, Alfredo Padilla, manifestó que esta estrategia se evidencia con las expropiaciones de las empresas, confiscaciones de miles de hectáreas de tierras productivas, la ley de arrendamiento y los más recientes ataques contra las tiendas de ropa y calzado, y los supermercados privados.

Explicó que al comprar la mercancía para su venta, el dueño del negocio debe añadirle al costo final del producto variables como el traslado, pago de impuestos y mobiliario, sueldo de los empleados y su legítima ganancia de 30%. “Cualquier comercio es quebrado automáticamente cuando la Sunddeobliga a los propietarios a vender la mercancía casi a precio de costo, sin tomar en cuenta la hiperinflación que imposibilita reponer inventarios”, denunció.

Padilla aseguró que, a pesar de esta dura realidad, el comerciante y el emprendedor se niegan a morir y sobreviven con una creatividad extrema al convertir el negocio en venta de verduras o lo que pueda comprar el consumidor. Indicó que los kiosqueros y los vendedores informales son obligados a cancelar un valor agregado al que les preste el punto de venta para así poder seguir trabajando.

El dirigente social reveló que “incluso hay policías que cargan puntos electrónicos y extorsionan al buhonero diciéndole que lo pueden usar a cambio de una vacuna. La crisis llega a niveles tales que casas de familia son convertidas en minicentros comerciales con alquileres muchos más baratos”.

Isabel Pereira, representante del Cedice, alertó que la intervención del Sundde en los supermercados de los últimos días “es el golpe final del régimen en su estrategia de quitar al ciudadano el poder sobre su propiedad, en lo que el consumidor comprará solo los productos que el gobierno le provea,mientras que el empresario cerrará el establecimiento o lo cederá al Estado porque no puede mantenerse con las fiscalizaciones, multas e intervenciones”.

Destacó que al final el gobierno obligará a los ciudadanos a depender exclusivamente de la bolsa y la caja de alimentos CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) y los productos en mercados oficialistas a cielo abierto.

Según cifras del Cedice, en diciembre de 2017, Sundde realizó 8.108 acciones (6.106 y 1.776 fiscalizaciones y ventas supervisadas a tiendas de alimentos) además del decomiso de 2 millones de unidades de productos y obligó a 1.200 tiendas a bajar los precios en 30% y 50%.