El alza del salario mínimo y del ticket de alimentación anunciado el domingo por el presidente Nicolás Maduro no resuelve el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. El nuevo ingreso integral diario, equivalente a 26.583 bolívares, cubre apenas la compra de un café o una empanada (20.000 bolívares) a precios del 31 de diciembre pasado.

En la calle, ciudadanos consultados sobre la medida manifestaron más preocupación que alegría. “Cada vez que aumentan el salario los precios de las cosas se multiplican. Cuando vienes a cobrar los reales se volvieron sal y agua”, expresó Jesús Ramírez, pensionado del Seguro Social.

“Con ese aumento la comida y las medicinas se van a poner más caras”, relató María Núñez, ama de casa y trabajadora, en una panadería de los pocos comercios que abrieron ayer en Candelaria.

Maryolga Girán, asesora laboral de Conindustria, indicó que el alza de 40% del salario mínimo y del bono alimentación, calculado con base en 30 unidades tributarias, es un duro golpe para la estructura de costos de las empresas, las cuales se verán precisadas a reducir la nómina o incluso a cerrar.

La experta explicó que el ajuste gubernamental de 40% sobrepasa las previsiones presupuestarias de las empresas que, conscientes del impacto de la inflación sobre el ingreso de los trabajadores, vienen realizando cada dos meses. Para enero tenían previsto incrementos entre 25% y 35%.

“Todos los incrementos del salario y el bono alimentación del gobierno se han traducido en más inflación y mayor pérdida del poder de compra de los trabajadores, por lo que nadie se alegra con este tipo de medida”, aseveró Girán.

Destacó que el poder adquisitivo de los ingresos “debe ser sostenible en el tiempo y no en días como ocurre en Venezuela”. Insistió en que aumentar solamente el salario mínimo no resuelve el problema de la inflación y la devaluación por lo que el gobierno debe acometer un plan para recuperar la economía y reactivar el aparato productivo.

El presidente Maduro anunció el domingo los incrementos mensuales del sueldo mínimo y del ticket alimentación a 248.510 y 549.000 bolívares respectivamente, con lo que el ingreso integral del trabajador activo queda en 797.510 bolívares a partir del 1° de enero de 2018.

A juicio de Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la medida salarial del gobierno ratificará “la tendencia terrible que vivimos en 2016 y 2017: menos empresas en el sector de la economía formal que producen menos empleo”. Dicha situación, indicó, presiona al sector informal de la economía y da elementos a los venezolanos para irse huyendo de las dificultades económicas del país.

Recalcó que la actividad comercial en Venezuela es inviable por los controles del gobierno sobre los precios cuando suben progresivamente los costos de adquisición y producción. “Lo que vamos a seguir viendo son cierres de empresas”, advirtió.

Daño a los trabajadores. Igor Lira, directivo de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones, alertó: “Ese aumento ya se depreció 81% con la inflación registrada en diciembre, a lo que se sumarán las alzas de los precios de los productos y servicios en estos días. Cuando los trabajadores cobren el sueldo el 15 del presente mes ese dinero no alcanzará para nada”.

El representante de Fetratel cuestionó que el gobierno aplica el aumento salarial sin un programa de medidas económicas que frene la inflación, la cual cada vez más deteriora la calidad de vida del trabajador y su familia. Agregó que para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y los jubilados de la administración pública el alza salarial “es una miseria”.

Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, denunció “la dramática situación de los adultos mayores pensionados”, porque el ingreso de 317.914 bolívares al mes, producto de la sumatoria del nuevo salario mínimo más 99.494 bolívares del “bono de guerra económica”, no cubrirá los gastos de alimentos, medicinas y atención de salud.

Refirió que el Ejecutivo incurre una vez más en la flexibilización laboral al bonificar el ingreso, pues el monto fijado para el ticket de alimentos es mayor que el salario, lo cual implica un pago menor de prestaciones sociales y otros conceptos laborales como las vacaciones y las utilidades.

Insistió en que el ingreso global permite adquirir solo 6% de la canasta básica familiar, cuyo costo en noviembre pasado superó los 13 millones de bolívares.

Contra la OIT. La principal patronal venezolana, Fedecámaras, manifestó que el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Maduro irrespeta los convenios de Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo, pues la fijación del sueldo mínimo debe ser consensuada con las organizaciones de los empleadores y los trabajadores.

“Se violan los acuerdos internacionales que el país tiene firmados con la OIT, en los cuales todos los ajustes de salario mínimo tienen que ser consultados en el marco del diálogo social, tanto como con los trabajadores como con los empleadores”, dijo el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.

Según el dirigente gremial, el gobierno venezolano “repite los mismos errores de todos los aumentos previos con los que simplemente se toma una decisión para tratar de corregir las consecuencias de una hiperinflación, pero sin atacar las causas”.

Vuelve el ticket. El ministro del Trabajo, Néstor Ovalles, informó ayer que el retorno del pago del ticket de alimentación mediante la tarjeta electrónica y los talonarios con cupones forma parte de una política para enfrentar “el contrabando de efectivo”.

El funcionario aclaró que los empleadores escogerán la modalidad más conveniente y precisó que el pago del bono en la modalidad de cupón no es obligatorio.

Maryolga Girán indicó que con esta decisión el Ejecutivo reconoce su error con la medida de obligar a las empresas a depositar en efectivo el bono alimentación junto con el salario en la cuenta de nómina del trabajador. Considera más conveniente el uso de la tarjeta electrónica porque el talonario puede ser objeto de robo, creando problemas de inseguridad para el trabajador ya que en la práctica ese instrumento equivale a tener dinero en efectivo.

Anotó que otro inconveniente del cupón es el vuelto en efectivo en billetes de baja denominación, pues con 20, 50, 100, 500 y 1.000 bolívares no se compra ni un caramelo.