La directiva del Sindicato de Trabajadores de la Prensa destacó que en el transcurso de todo el año 2017, se contabilizaron un total de 498 agresiones a trabajadores de la prensa, lo que representa un alza de 26,5% con respecto del mismo período en 2016, cuando se registraron 360 casos. Está por encima también de los reportes de 2015 (280 casos) y de 2014 (420).
En el informe publicado por el Sntp, aparece que “en el 70% de los hechos reportados durante 2017 en todo el país, los responsables o victimarios fueron efectivos de los organismos de seguridad de Estado”, por lo que a juicio de ellos, “la intención del Gobierno es silenciar -a cualquier precio- el descontento por la crítica situación económica y social que afronta el país en la actualidad, razón que ha creado mayores dificultades para el trabajo de los periodistas y, en consecuencia, para el ejercicio colectivo de los derechos a expresarse con libertad y a acceder a la información de interés público”.
Abril y mayo fueron los meses con el mayor número de incidencias (98 en el primero y 99 en el segundo), coincidiendo con los días de más protesta social y, también, de mayor represión. Luego julio con 70 casos y junio con 55.
El Sntp documentó también la detención ilegal de al menos 66 trabajadores de la prensa, fundamentalmente periodistas que daban cobertura a las manifestaciones de calle o que hacían trabajos de investigación en torno a presuntos hechos de corrupción, incluidos corresponsales extranjeros. Julio, abril y junio fueron los mese con más encarcelamientos: 14, 11 y 10 respectivamente.
Menos medios
Al menos 49 medios de comunicación audiovisuales fueron cerrados en Venezuela durante el 2017, los casos más recientes, las emisoras 92.9 fm y Mágica 99.1 fm. Se trata de 46 estaciones de radio y tres canales de televisión.
También los canales colombianos RCN Televisión y Caracol Televisión, y la cadena CNN en Español, fueron sacados de la parrilla de las cableoperadoras que funcionan en el país.
Se mantienen las restricciones de la prensa escrita, fundamentalmente en el acceso al papel periódico, cuya importación y distribución en el mercado local siguió durante todo el año monopolizada por el Gobierno. Unos 20 rotativos tuvieron que cerrar mientras que todos redujeron su paginación y tiraje para garantizar la circulación.
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