80 pasajeros de la aerolínea Estelar con destino a Panamá quedaron varados este lunes en la tarde luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informara que la línea no tenía permiso de aeronavegabilidad.

El vuelo debió partir a la 1:45 pm de ayer, por lo que los pasajeros aseguraron sentirse estafados debido al alto costo del pasaje, reseñó La Verdad de Vargas.

“Hace unos minutos nos informaron que no tienen permiso para volar. Nos están indicando que el avión está en Porlamar, cuando son las 4:00 pm. El supervisor nos está mintiendo porque tampoco han tramitado permisos en el INAC”, dijo uno de los afectados.

El costo del pasaje hace un mes fue de 4.800.000 bolívares.

Aseguraron que también hay personas varadas en Panamá.

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La pugna entre grupos antagónicos por el control de la frontera para la comisión de ilícitos habría sido el motivo por el cual cuatro hombres irrumpieron en un bar de la parroquia El Palotal, municipio Bolívar, y tras vaciar sus pistolas dejaron cinco personas muertas y 13 heridas, el sábado en la noche.

Laidy Gómez, gobernadora del Táchira, indicó que era necesario revisar las actuaciones de los organismos de seguridad encargados del resguardo de la soberanía en el área limítrofe.

“En la frontera, este tipo de hechos han sido propios de los irregulares y a veces los organismos que tienen competencia en la materia hacen silencio. Dónde está la soberanía nacional que permite que se genere este tipo de violencia. En el momento de los hechos, cuando los representantes del gobierno regional se apersonaron, los vecinos del sector decían y reiteraban que este tipo de acciones eran situaciones generadas entre grupos irregulares que se peleaban por el control de la zona”, dijo Gómez.

Las personas fallecidas, identificadas como José de los Santos Borges, Franklin Francisco Parra, Juan Carlos Puche, Leonardo Efrén Jaimes y Yulidy Zambrano, fueron trasladadas al Hospital Central de San Cristóbal mientras que los heridos por impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, fueron llevados por particulares al Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta. No hay parte oficial sobre su estado de salud pero trascendió que es estable.

Wilfredo Cañizares, director de la ONG de defensa de derechos humanos Progresar, de Cúcuta, la crisis de Venezuela está contribuyendo a la inserción de venezolanos que cruzan a Colombia en grupos irregulares.

“Hemos encontrado en las dinámicas de criminalidad de los dos últimos años, que estos grupos se están nutriendo de venezolanos, de gente joven. Se está aprovechando la crisis social y económica, sobre todo de la frontera. Incluso, tenemos casos de jóvenes del centro de Caracas, vinculados a estos grupos ilegales”, indicó Cañizares.

Violencia estatal, impunidad, falta de institucionalidad, obstáculos a la libertad de expresión y persecución política son algunas de las violaciones a los derechos humanos que marcaron este año, aseguraron organizaciones no gubernamentales.

Representantes de Cofavic, Movimiento Vinotinto y Provea señalaron que durante 2017 hubo una violación transversal de los derechos elementales de los ciudadanos, en otras palabras, se violaron todos los derechos humanos.

Situación que, consideraron, condujo a que algunas instituciones y organismos internacionales centraran su mirada en Venezuela.

«Debemos admitir que en 29 años que tenemos trabajando, este ha sido el peor para los venezolanos, tantos en los derechos sociales como en civiles y políticos», expresó Rafael Uzcátegui, director de Provea.

Indicó que la expansión de la pobreza y el derrumbe de la institucionalidad democrática en el país reflejan la grave situación en materia de derechos humanos.

Manuel Virgüez, director de la asociación civil Movimiento Vinotinto, manifestó que el Estado de manera transversal ha violentado los derechos humanos en todas las ramificaciones. «Es algo inédito en América Latina, quizás el único caso similar puede ser Cuba», apuntó.

Explicó que en el país hay una situación de Estado fallido. «Donde no hay institucionalidad, la población está en condición vulnerable, nada funciona y en todas las áreas hay irrespeto de todos los derechos humanos», indicó.

El director del Movimiento Vinotinto afirmó que el patrón más resaltante fue la represión en materia de derechos civiles y políticos contra los manifestantes, el uso del aparato judicial para perseguir y criminalizar a la población y la falta de justicia en los casos de funcionarios de seguridad que utilizaron las fuerzas del Estado para reprimir las manifestaciones.

Añadió que de los tres casos de víctimas de la represión que han seguido, solamente en uno ha habido una acción judicial contra los responsables. «Existen otras causas donde hay funcionarios detenidos, pero el proceso se encuentra estancado. Hay casos en que todavía ni siquiera han identificado a los culpables», expresó.

Virgüez dijo que lo que vive Venezuela es comparable con lo que ocurrió en Ruanda en la década de los noventa. «Ahora se recuperó tanto de la crisis política, como la crisis económica. Es una demostración de que sí se puede recuperar la situación de Venezuela», expresó.

Vulneración

Liliana Ortega, directora de Cofavic, aseguró que la impunidad y la violencia fueron los dos aspectos más resaltantes del agravamiento de la vulneración de los derechos elementales de los ciudadanos. «Venezuela enfrenta una grave crisis de derechos humanos, la cual ha sido comentada por organismos internacionales», manifestó.

Agregó que la violación de derechos se manifestó también a través de las detenciones arbitrarias, de la inseguridad ciudadana, de las ejecuciones extrajudiciales, ataques a la libertad de expresión, entre otros temas de derechos económicos, civiles y culturales.

Dijo que de acuerdo con cifras del Ministerio Público, 99% de los casos de violación de derechos humanos permanecen en la etapa inicial de la investigación y no logran que la causa llegue a las manos de un juez independiente. Advirtió que la impunidad endémica que hay en el país trae consigo descomposición social, pérdida de la credibilidad en las instituciones del Estado.

«Tuvimos un corto verano en el Ministerio Público, lo que nos recordó la importancia de una Fiscalía imparcial, independiente y al servicio de los ciudadanos», refirió Uzcátegui en relación con las acciones judiciales tomadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz antes de ser destituida por la asamblea nacional constituyente.

«El caso de la detención ­por parte del Sebin­ de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, resume la ausencia del Estado de Derecho y de la institucionalidad. Desde julio fue secuestrado y no ha habido ninguna audiencia», expresó.

Acusó al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría de ser garantes de la impunidad. «Están cooptadas a favor del partido del gobierno», dijo.

La Asamblea Nacional instaló ayer la Comisión Delegada, integrada por la directiva y los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes, y estará habilitada hasta el próximo 5 de de enero, fecha en la que se renovará la directiva del Poder Legislativo.

Durante la sesión se aprobó un acuerdo en favor de los presos y perseguidos políticos y abordó el tema de la violación de los derechos humanos. «El gobierno, de manera sistemática, se ha encargado de hacer de 2017, el año con mayor índice de violación de derechos en la historia», dijo el diputado Édgar Zambrano (AD).

Calificó estas acciones como actos «desproporcionados de abuso de poder de todos los funcionarios implicados, incluso aquellos que pertenecen a la administración de justicia». Y subrayó: «Como Parlamento rechazamos estos hechos».

El legislador abogó por brindar atención médica inmediata para todos los presos políticos, en especial al ex alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien presenta severos problemas de salud. «Maduro y sus funcionarios se hacen la vista gorda ante los padecimientos de salud de algunos presos políticos. Exigimos la libertad plena de todos ellos», indicó.

En el acuerdo también se exhorta a los tribunales a revisar cada caso para que se «acuerden medidas alternativas a la privación de libertad en favor de los presos políticos que padecen enfermedades para que sean atendidos adecuadamente».

En el documento se exige que se cumpla lo establecido en la legislación venezolana. «Los tribunales que adelantan procesos contra personas acusadas por razones políticas que hagan cesar todas las medidas desproporcionadas de coacción personal y que garanticen el debido proceso».

Los parlamentarios también se refirieron al acoso a los periodistas durante este año y exigieron garantías para que puedan ejercer sus funciones sin ninguna restricción y que su vida no corra peligro en el cumplimiento de sus labores.

«Rechazamos la sistemática violación a los derechos humanos a los periodistas y los trabajadores de la prensa lo cual constituye grave violación a la libertad de expresión».

La Comisión Delegada acordó denunciar ante la Unicef, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo por los abusos cometidos por los funcionarios del Sebin y del Saime con los 120 niños que tenían previsto viajar a Perú para reencontrarse con sus padres. «No podemos acostumbramos a este tipo de atrocidades. ¿Qué necesidad había de anularles el pasaporte?, dijo Juan Guaidó.

Los conductores del Táchira pasan entre 7 y 120 horas en fila para poder surtir con combustible sus vehículos. En la capital sancristobalense, las colas superan las 20 cuadras, lo que ha provocado un gusanillo de carros en diferentes sectores de la ciudad que termina congestionando calles y avenidas por encontrarse una cola con otra, bloqueando el tráfico.

Laidy Gómez, gobernadora del Táchira, dijo que cuando llegaban 70 cisternas con combustible al día, se podía surtir los 29 municipios del Táchira. Indicó que hace 10 días esta cantidad se redujo a 59 gandolas.

“Esto nos genera un colapso en la salud, la producción agropecuaria. Los ferieros de La Grita han denunciado que se están dañando las cosechas porque no pueden salir al interior del país a distribuir los alimentos. Tenemos situaciones de emergencia en las que las ambulancias no pueden atenderlas y trasladar personas al Hospital Central de San Cristóbal porque no tienen gasolina”, explico.

Hizo un llamado a Pdvsa porque “el Táchira está en crisis”, aunque reconoció que las fallas en los despachos se están registrando en Mérida y Barinas.

“Hoy, tanto las internacionales como las bombas convencionales están en caos. Tenemos municipios en los que tienen 3, 4 y 5 días que no les ha llegado el combustible. En el caso de San Cristóbal, volvió el caos extremo. Volvimos a ver a los ciudadanos dormir en las gasolineras”, dijo Gómez.

Indicó que no existe justificación para mantener las estaciones de servicio especiales o las alternativas porque desde octubre no ingresa un centavo a las finanzas del gobierno regional por concepto de la venta de combustible.

Parte de las gasolineras en las que se expende carburante entre Bs. 300 y Bs. 720 el litro, fueron asignadas por  Pdvsa a la gobernación del Táchira durante el mandato de José Vielma Mora para reinvertir las ganancias en obras sociales: “Qué sentido tienen estas bombas internacionales más que contribuir con el contrabando”, preguntó Gómez.

Elías Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo, informó este lunes la recuperación de una camioneta Ford roja, involucrada en varios secuestros en Chacao, Baruta, Prados del Este, Terrazas del Ávila, Sebucan y Santa Eduvigis.

“Gracias al llamado de los vecinos. Comisión de Polihatillo, en coordinación con las Fuerzas de Acción Especial (FAES), recuperan en Los Naranjos la camioneta Ford Explorer Roja utilizada en recientes secuestros”, dijo Sayegh.

Este fin de semana fueron difundidos en redes sociales dos videos en los que se ve uno de los modus operandi que emplean los delincuentes para secuestrar a los venezolanos en Caracas.

En uno de los materiales audiovisuales, compartidos por el periodista Román Camacho, se ve a un hombre que iba a hacer ejercicio al Ávila. De repente, cuando la víctima se encontraba frente a Tarzilandia, los antisociales llegaron en una Explorer roja, lo interceptaron y se lo llevaron.