Una segunda ronda pondrá a prueba la disposición a diálogo de los negociadores del Gobierno y la oposición, que se sentarán este viernes en Santo Domingo para concretar acuerdos que destraben el complejo panorama venezolano.

La mesa de negociación política tuvo un primer encuentro el 1 de diciembre y cuenta con el apoyo de países garantes, aprobados durante una concertación previa: México y Chile -por la oposición-; Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

Dos temas claves centran el debate: por el lado oficialista, el cese de la “guerra económica” y el levantamiento de las sanciones que sobre altos funcionarios de gobierno aplicó Estados Unidos. Mientras por el lado opositor, buscan con afán «garantías» para la realización de comicios presidenciales.

Ambos sectores coinciden en una misma aspiración: lograr acuerdos este viernes 15 de diciembre. Uno de los principales negociadores de la oposición, Luis Florido, resaltó la importancia de alcanzarlos, porque “es lo que aspira el país». Pero dejó claro que «una cosa es el deseo y otra la realidad».

Mientras que del lado oficialista se pronunció en la misma tónica el jefe de los negociadores del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez: «Esperamos lograr acuerdos con la oposición el 15D». E incluso, retó a la coalición «a asumir la valentía de suscribir lo que ya (se) ha venido acordando».

Los puntos según el oficialismo

Seis puntos están sobre la mesa que mantiene en tensión a las partes. Al menos, según lo que reveló Jorge Rodríguez, pues sobre la agenda se han cuidado desde la opositora en sus declaraciones.

    -Primero: La soberanía de Venezuela. El oficialismo cuestiona lo que consideran son políticas de «injerencia y agresión» en los aspectos «político y económico» o intervencionistas. Eso incluiría, según diversos analistas, el retiro de sanciones.

   -Segundo: Cronograma y «garantías electorales». En ellas la coalición opositora cifra las esperanzas del establecimiento de nuevos Poderes, convencida de un eventual triunfo en comicios presidenciales.

   -Tercero: Comisión de la Justicia y la Verdad. Participación en convocatorias de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que implicaría su reconocimiento oficial por parte de la oposición.

   -Cuarto: Acatamiento por parte de la Asamblea Nacional (AN) de las sentencia del Poder Judicial. Pues sigue en condición de «desacato», lo que impide su actuación legal, según la óptica de los Poderes controlados por mayoría oficialista.

   -Quinto: Económico y social. Combate a la «guerra económica y violencia hacia el sistema monetario». La causante, según el gobierno, de las distorsiones que generan inflación, merma en la producción, escasez y desabastecimiento.

   -Sexto: Reconocimiento internacional de la ANC. Misma que la oposición dice desconocer, pero ante la que tres de cuatro gobernadores opositores electos se juramentaron.

Panorama Económico 

La situación ocurre en momentos cuando el gobierno reporta disminución en la producción petrolera, la principal fuente de ingreso de divisas para la nación sudamericana, donde no se publican actualmente indicadores económicos oficiales.

Por ellos, los negociadores del oficialismo esperan de la MUD que interceda ante Washington para que éste levantadas las sanciones que impiden transar una nueva deuda venezolana, luego de que se declarara la situación de «default» tras diversos impagos por parte de la administración Maduro.

Las peticiones de la oposición 

Por el lado opositor, un punto de honor es la libertad de los denominados presos políticos. De la lista de 382 así contabilizados por el Foro Penal Venezolano, habría «114 que pueden ser liberados en los días después de que se firme el acuerdo», según señala Luis Florido.

Además, está previsto la creación de un equipo que se encargaría del «seguimiento y cumplimiento de los acuerdos», lo cual también entrará e debate este 15 de diciembre.

Aunque existen amplias reservas en antiguos acompañantes acerca de la concreción de acuerdos, son mayores los deseos de que se logre humo blanco para superar las dificultades en que se encuentra Venezuela.

Canal humanitario

Una de las voces mundiales visibles es la de la Santa Sede, con particular relevancia si se tiene en consideración que la Ciudad Estado fue la única «nación» invitada formalmente por Gobierno y oposición a participar en una mediación.

Y fue el Vaticano, a través del Cardenal Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, quien reveló los cuatro puntos del acuerdo al que se llegó pero que no se cumplió.

No obstante, el Vaticano apoya que un grupo de países acompañe el diálogo en Venezuela, según señaló desde junio el Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, Bernardito Auza, cuando apenas comenzaban las conversaciones al respecto.

La opinión de la Iglesia también tiene importancia capital. Al menos para la oposición, que se reunió con la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) antes de iniciar el proceso de diálogo. Los obispos establecieron como «precondición» la apertura de un canal humanitario.

Pero, aún cuando la petición fue soportada en los informes de Cáritas Venezuela, en los cuales dieron cuenta -incluso ante el Papa Francisco- de la situación de salud, desnutrición y mortalidad infantil en Venezuela, éste ha pasado a segundo plano.

Posiciones encontradas

También abundan las advertencias: «No firmaremos un acuerdo que no contemple todos los aspectos necesarios que hay que conseguir para salir de la crisis en Venezuela». Lo dijo en una entrevista el diputado Simón Calzadilla, miembro del equipo de negociación opositor.

Pero las peticiones dejan más espacio a dudas que a certidumbre. Esperan «que el Gobierno retome el hilo constitucional, respete la Constitución», y defina un Consejo Nacional Electoral (CNE) «que dé confianza a los venezolanos».

Algo que considera fundamental «para crear un clima de convivencia política» que permita «darle una salida democrática, participativa y electoral», a la situación actual venezolana.

En el proceso de diálogo participan cinco gobiernos de América Latina que, a través de cancilleres sirven como garantes del proceso. Mientras, en la nación sudamericana crece la solidaridad en un intento desesperado por salvar vidas relacionadas con la desnutrición, un deficitario sistema de salud y la imposibilidad de conseguir o adquirir alimentos.

De un lado lo atribuyen a la guerra económica y articuladas políticas internacionales, conspiradoras y golpistas. Del otro, a un sistema de gobierno que consideran debe ser cambiado. En medio, millones en espera de acuerdos que les devuelvan la garantía del derecho a la vida y la recuperación de la felicidad tan característica del venezolano.

GV