Condenada en varias ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo por las condiciones de sus prisiones y denunciada públicamente por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Bélgica arrastra desde hace décadas un problema de respeto a los derechos humanos en sus cárceles.
“Las instancias internacionales (…) señalan como punto negro la situación carcelaria en Bélgica”, declaró hoy a Efe el responsable belga de la materia de la Liga de Derechos Humanos (LDH), Manuel Lambert.
Bélgica cuenta con 34 prisiones, de las que 16 se encuentran en Flandes (norte), otras 16 en Valonia (sur) y dos en Bruselas (centro). El Gobierno federal es responsable de los centros y las diferentes comunidades de las políticas de reinserción de los presos.
La situación de esos centros ha adquirido especial protagonismo después de que la Fiscalía belga pidiese información a las autoridades españolas sobre las condiciones de detención a las que podrían verse sometidos el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados con él a Bélgica: Antoni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret.
El Gobierno español ha remitido al Ministerio Público belga un documento de 15 páginas ilustrado con fotografías en el que detalla las posibles condiciones de detención de los afectados.
Parte de la opinión pública española, que no el Gobierno, interpretó que la petición belga estaba fuera de lugar, al disponer España de mejor reputación en la materia.
Sin embargo, otros expertos consideran que el requerimiento podría servirle a la Fiscalía belga para cargarse de argumentos frente a un eventual alegato de los abogados de los cinco políticos catalanes contra las prisiones españolas a las que podrían ser enviados.
“Es bastante inusual como procedimiento, pero las dos interpretaciones son válidas”, explicó a Efe el abogado penalista Pierre Chomé, que no descarta que se trate de una maniobra “preventiva” del fiscal.
Un informe publicado este año por el Consejo de Europa, con datos de 2015, señalaba a Bélgica como el tercer país con más superpoblación carcelaria de los 47 Estados que forman parte de ese organismo con sede en Estrasburgo.
La superpoblación carcelaria media en Bélgica, según ese estudio, es de 127 presos por cada 100 plazas, sensiblemente por encima de los 119,6 internos de España y sólo por delante de Hungría (129,4) y Macedonia (138,2).
Entre los problemas más graves que el Consejo de Europa le achaca a Bélgica destaca su incapacidad para garantizar los derechos elementales de los presos cuando se producen huelgas de funcionarios penitenciarios.
El último paro de gran amplitud se registró entre abril y junio de 2016, hechos por los que la Justicia belga condenó al Estado por no haber impedido que los internos sufrieran un “trato degradante” durante esos meses.
La masificación y las huelgas son críticas recurrentes a las cárceles belgas, pero no son las únicas.
El Observatorio Internacional de Prisiones cuestionaba en su informe 2014-2016 a Bélgica por disponer de celdas sin baño, con colchones por el suelo y por no garantizar el acceso de los detenidos a condiciones básicas de higiene en instalaciones donde conviven con ratas, ratones y cucarachas.
En julio de 2017, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) difundió una “declaración pública” contra Bélgica en la que señalaba en relación con las huelgas carcelarias que “jamás ha observado un fenómeno análogo” en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.
“Bélgica ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo” por sus cárceles y “es el único Estado de Europa Occidental que ha recibido una declaración pública del CPT, algo que es extremadamente raro”, resume Lambert.
En la citada declaración se señala que “el respeto a la dignidad humana de todas las personas detenidas debería constituir la prioridad más alta” de las autoridades, a las que se reclama con carácter “urgente” que busquen una solución.
Esa publicación llevó a la sala internacional del tribunal de Amsterdam, un mes después, a suspender la entrega de ocho sospechosos de narcotráfico a Bélgica mientras no solucione los problemas de sus cárceles.
Bélgica, que desde 2010 alquilada celdas a la vecina Holanda a razón de 60.000 euros al año por recluso, ha intentado corregir la situación, principalmente construyendo nuevas cárceles y planificando centros de detención psiquiátricos.
Sin embargo, la superpoblación ha seguido aumentando en 2017, según datos publicados el pasado abril por las administraciones penitenciarias, con una tasa de masificación del 10,8 % en 2016 y del 16,4 % en 2017, a lo que el Gobierno respondió proponiendo “vacaciones prolongadas” a los internos con delitos menores: una semana en prisión, otra en casa.
“Desde hace mucho tiempo, hay un importante problema de sobrepoblación carcelaria en Bélgica (…). El Gobierno ha tomado medidas, pero el problema persiste”, declaró a Efe un portavoz de Amnistía Internacional.
Fuente: Unión Radio
Por Confirmado: David Gallardo
