El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la acusación por lavado de activos contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, detenidos desde julio pasado, será presentada en diciembre, según dijo hoy a medios locales.
EFE
“Este es un caso de lo que ve el doctor (Germán) Juárez, que está culminando unas diligencias de probación, que es una pericia que se necesita”, dijo Sánchez en una entrevista con el programa Cuarto Poder.
El fiscal general agregó que “la defensa legal (de los imputados) también han pedido diligencias, entonces para diciembre estamos mandando la acusación fiscal”.
Humala y Heredia fueron detenidos en forma preventiva el pasado 14 de julio por orden del juez Richard Concepción bajo la sospecha de haber recibido dinero de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas electorales del 2006 y 2011, respectivamente.
El expresidente peruano (2011-2016) será procesado en prisión, mientras que la Fiscalía también trabaja en el pedido de extradición contra el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) por presuntamente haber solicitado un soborno de 20 millones de dólares a Odebrecht para adjudicarle la construcción de la carretera Interoceánica.
Sobre este tema, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro declaró, en el mismo programa de televisión, que el requerimiento de extradición de Toledo estará en el despacho del juez de la investigación preparatoria antes que termine este año, dado que la orden de detención contra el exmandatario se dictó en febrero pasado.
Castro explicó que “si bien se habla de la ruta del dinero (del soborno), nosotros hablamos de la ruta completa, porque existía un eslabón perdido que ya, a nivel probatorio, lo tenemos cerrado y bastante concreto”.
El fiscal del caso precisó que la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde vive Toledo, “no es un pedido cualquiera”, pues debe cumplir con los estándares del ordenamiento jurídico procesal penal de ese país.
De otro lado, el fiscal Sánchez respondió, a la denuncia del legislador fujimorista Daniel Salaverry por supuesta omisión funcional, que sí hay una investigación en curso contra las empresas vinculadas a Odebrecht, en los proyectos que llevaba a cabo en Perú.
Salaverry y la bancada fujimorista criticaron que la Fiscalía no haya presentado alguna denuncia formal contra las empresas consorciadas con Odebrecht, entre las cuales está la peruana Graña y Montero, bajo el argumento de que protegía a otros grupos de poder.
Tras la denuncia de Salaverry, trascendió en los medios peruanos que el empresario Marcelo Odebrecht había confirmado a fiscales peruanos que su empresa financió la campaña electoral de la excandidata Keiko Fujimori en 2011.
“Dentro del proceso especial existe una fase de corroboración, si recordamos en audiencia sobre (el expresidente) Toledo, (el exdirectivo de Odebrecht, Jorge) Barata dijo que las empresas consorciadas tenían conocimiento del pago de sobornos, pero que estos dichos deben ser corroborados”, afirmó Sánchez.
El fiscal de la Nación reiteró que su función radica en velar que cada trabajo se realice con independencia, y descartó su intervención en alguno de los casos en particular.
