Diputado Edgar Zambrano envió carta

En la misiva el parlamentario le recordó al funcionario Alfredo Ruíz que el despacho que representa debe ser garante de la protección de los derechos humanos. Recordó que el burgomaestre de Barquisimeto presenta graves problemas de salud

El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, no desmayará en su propósito de ver a todos los presos políticos en libertad, de hecho este viernes 10 de noviembre envió al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, una carta en la cual le solicita “activarse” en función de impulsar una medida humanitaria a favor del Alcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos quien se encuentra  “ilegítima y arbitrariamente detenido” desde el 28 de julio en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Zambrano, en el mencionado escrito, solicita al Defensor del Pueblo mediar para que se le otorgue una medida humanitaria al Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien  presenta un delicado estado de salud, tanto que, su vida corre peligro. Agregó que la detención del mencionado burgomaestre se produjo el día 28 de julio del presente año y que desde entonces, debido al trato inhumano que ha recibido y las condiciones de reclusión al cual ha sido sometido su estado físico se ha deteriorado significativamente.

El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 21 de Septiembre se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del Alcalde Alfredo Ramos y hasta los momentos no se ha recibido respuesta a esta solicitud. Destacó, además, que apenas hace un día envió una carta del mismo tenor al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

“Esta es la carta número 133 que enviamos al Palacio de Miraflores con el objeto de abogar por la libertad de los presos políticos que existen en nuestro país, no descansaremos hasta lograr la libertad de todas estas personas”, precisó el parlamentario quien explicó que esta loable labor la lleva a cabo en su condición de diputado y elector del estado Lara.

Zambrano destacó que de acuerdo al Artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Defensoría del Pueblo debe ser garante de la protección de los derechos humanos especial y muy especialmente el derecho a la vida el cual se le está vulnerando al alcalde Ramos. .

Caso Alfredo Ramos

Como se recordará el Alcalde del Municipio Irribarren del estado Lara, Alfredo Ramos, fue arbitrariamente detenido en su despacho por un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El hecho se llevó a cabo el pasado 28 de julio del presente año luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia procedió a destituirlo y a condenarlo a 15 meses de prisión debido al supuesto desacato a la sentencia que le exigía evitar barricadas en su jurisdicción.

Ramos, además, fue inhabilitado políticamente, sobre su persona pesa un alerta roja de Interpol y fue recluido en la sede del Sebin, ubicada en El Helicoide, aquí en la ciudad capital. Cabe destacar que este mismo procedimiento se les ha aplicado a 14 alcaldes más. Algunos de éstos han logrado salir del país como es el caso de los alcaldes David Smolaski (El Hatillo) y Ramón Muchacho (Chacao).

La esposa del mencionado burgomaestre, Carmen de Ramos, ha utilizado las redes sociales, especialmente Twitter, para indicar lo siguiente: “Informamos al país que el Alcalde Alfredo Ramos padece enfermedades crónicas que ponen en riesgo su vida. Solicitamos al presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, conceda medida humanitaria para resguardar su salud”.

Trascendió que Zambrano realizará otras tantas diligencias en pro de lograr la libertad de otros presos políticos tales como los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) condenados por los hechos del 11 de Abril de 2002, los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, los generales Raúl Isaías Baduel y Ángel Vivas, la Juez María Lourdes Afiuni y los estudiantes y ciudadanos comunes que han participado en manifestaciones públicas o han utilizado las redes sociales para manifestar su descontento con el Gobierno Nacional.

Yira Yoyotte

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la ley sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente establece sanciones penales “exorbitantes” y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet.

Relatoría de la CIDH señala que restricciones de la Ley contra el Odio «podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela»

Washington.- Una relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a derogar la ley contra el odio aprobada esta semana, por considerar que puede conducir a una «grave afectación» del derecho a la libertad de expresión en el país.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH «considera de la mayor importancia que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada», indicó el ente en una declaración según informó AFP.

Es necesario que se «rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela», apuntó, llamando a realizar una «discusión abierta y participativa» sobre el tema «a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos».

La Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, propuesta por el presidente Nicolás Maduro tras protestas en su contra que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último, fue aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano que rige el país con poderes absolutos desde agosto pasado.

En su declaración del viernes, la Relatoría manifestó su «grave preocupación» por la norma, y recordó que fue adoptada «a través de un trámite expedito» y «sancionada sin intervención» del Parlamento.

Además, señaló que «establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión».

La ley castiga los delitos de odio hasta con 20 años de cárcel y prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que los inciten.

Para la Relatoría, estas restricciones «podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática».

También cuestionó como «alarmantes» la penalización de expresiones de interés público con «figuras vagas y sanciones exorbitantes», así como «la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación» y «la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos».

La Relatoría ya condenó en septiembre el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela y urgió al gobierno de Maduro a garantizar su operación sin distinciones por su línea editorial.

EU

El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Remigio Ceballos, evaluó este viernes los aspectos operativos del Plan República que se activará el próximo 6 de diciembre de cara a las elecciones municipales del 10 de diciembre.

Así se dio  a conocer a través de la cuenta oficial en la red social Twitter (@ceofanb), donde además informaron que Ceballos por medio de videoconferencias, Ceballos intercambió información con los comandantes de la Regiones Estratégicas de Defensa Integral y de las Zonas Operativas de Defensa Integral con el fin de «establecer estrategias en la ejecución del Plan República».

AJ @CeballosIchaso: realiza vídeoconferencia con los Cmdtes de REDI y ZODI fin impartir ordenes emanadas del CJ @NicolasMaduro para garantizar protección a los servicios públicos en sus diferentes regiones. pic.twitter.com/v30QK2YeUC

— CEOFANB (@ceofanb) 10 de noviembre de 2017

Es importante recordar que el Plan República tiene como tarea fundamental garantizar la paz, el orden público y la tranquilidad en los eventos comiciales.

También centra su actuación en la garantía de seguridad en los centros de votación, de los electores y del personal acreditado, así como en el resguardo de los insumos, equipos y maquinaria electoral.

Servicios públicos 

Como parte de las tareas asignadas por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la protección a los servicios públicos del país, durante esta jornada también se trataron estrategias para evitar el sabotaje o ataques a las distintas fuentes de servicios.

De igual forma, Ceballos sostuvo encuentro con el superintendente William Contreras para la ejecución la ejecución de fiscalización y inspección a empresas publicas y privadas productoras de alimentos.

En la reunión informal del Consejo de Seguridad estarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Zeid Ra’ad al Hussein, comisionado para los derechos humanos

Estados Unidos espera que una reunión convocada el lunes sobre Venezuela allane el camino para impedir que la crisis se convierta en una amenaza a la seguridad, según documentado estadounidense enviado ayer al Consejo de Seguridad.

La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, dirigirá el lunes próximo la reunión informal del Consejo el que discutirá la crisis en Venezuela, y que en su opinión puede empeorar aún más con la declaración de un eventual default de su deuda.

“La comunidad internacional precisa trabajar junta para enfrentar la crisis que se está desarrollando y su impacto humanitario en Venezuela, antes de que empeore y potencialmente se convierta en una amenaza a la paz internacional y la seguridad”, dijo la misión estadounidense en un documento.

Venezuela atraviesa una severa crisis tras protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que en abril dejaron más de 100 muertos. A raíz del desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para evitar el cese de pagos, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.

Venezuela está no obstante al borde de un default por el pago retrasado de un bono de su petrolera Pdvsa y busca reestructurar y refinanciar su deuda de aproximadamente 150.000 millones de dólares. En los últimos 6 meses más de medio millón de venezolanos se han refugiado en Colombia y países de la región, según el documento estadounidense.

“Los vecinos de Venezuela carecen de los recursos y capacidad para absorber este flujo de gente desplazada y expone a los más vulnerables al tráfico de personas y la explotación sexual”, señaló Estados Unidos.

“La economía continúa derrumbándose, y la situación posiblemente solo empeorará, especialmente con el país en riesgo de caer en default de su deuda”, alertó.

Los integrantes del Consejo escucharán a varios oradores, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Los otros invitados son Zeid Ra’ad al Hussein, comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; el abogado Julio Henríquez, coordinador internacional de la ONG Foro Penal, y Joseph Donnelly, de Caritas International.

Estados Unidos quería invitar también a la reunión al Grupo de Lima, integrado por 12 países latinoamericanos y Canadá, que han instado al jefe de la ONU y al sistema de Naciones Unidas a atender la crisis venezolana, pero este finalmente decidió que sería contraproducente participar, dijo un diplomático suramericano que pidió no ser identificado.

Haley solicitó al Consejo que se centre en Venezuela tras una reunión a puerta cerrada sobre la crisis en mayo pasado. Hasta ahora el Consejo sostiene que las organizaciones regionales son las más indicadas para intentar resolver el problema.

El dato

Las autoridades colombianas deportaron a Venezuela a un grupo de indígenas, la mayoría menores de edad, que permanecía desde hace semanas en Cúcuta. Dormían en la calle y se dedicaban a la venta de artesanías. Los indígenas, más de 70 niños y 35 adultos, provenían de Machiques, en el estado Zulia.

AFP